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domingo, 19 de abril de 2009

Con Calderón, récord de abusos militares


JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En los dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar a tribunales militares a civiles.


Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.


Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como en el gobierno de Felipe Calderón.En apenas dos años y cuatro meses, la institución ha acumulado más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses.


Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.Este es un extracto del reportaje principal que publica la revista Proceso en su edición1694 que empezó a circular este domingo 19 de abril.


fuente- proceso

domingo, 5 de abril de 2009

Propone PRD que autoridad civil juzgue a militares que violen derechos humanos


El PRD en el Senado presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Militar, para que los miembros de las fuerzas armadas que se vean involucrados en violaciones a las garantías individuales de civiles sean juzgados por la autoridad civil y no por la militar, como ocurre actualmente.En la exposición de motivos, el PRD sostiene que se deben reconocer las acciones de las fuerzas armadas que, por órdenes directas, han tenido que enfrentar la amenaza del crimen organizado y proteger las vidas y la integridad de los ciudadanos.Sin embargo, dice, en medio de la difícil situación que enfrenta la ciudadanía y tomando en cuenta esta exigencia a las fuerzas castrenses para proteger a la población, resulta preocupante que persistan diversas denuncias contra los mismos miembros de las fuerzas armadas.Hasta el año pasado, agrega, dichos reportes hablaban de más de 6 mil quejas en contra del Ejército por violaciones graves a los derechos humanos, incluso algunos realizados bajo el amparo de operativos contra el narcotráfico.Frente a estos problemas, la reacción de la sociedad civil y de diversos grupos organizados ha sido demandar constantemente a las autoridades para detener no solo la escalada delictiva que parece incontenible, sino también para sancionar a los militares que hayan cometido algún delito contra la población o sus integrantes.El PRD sostiene que ya en alguna ocasión, la ONU le pidió al gobierno mexicano que modifique su legislación a fin de que se asegure a la sociedad la pronta y transparente investigación de los delitos cometidos por militares en contra de civiles.En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha señalado por su parte que dichos delitos abarcan violaciones graves como la privación de la vida, la tortura, el robo o la intimidación, ilícitos que han sido documentados varias veces desde el primer año del gobierno de Felipe Calderón. Menciona que varios organismos y sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por que no persistan obstáculos en torno a la sentencia que deben recibir los involucrados en más de 500 averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros del Ejercito.El PRD considera en su iniciativa que se requiere, sin duda, de la urgente redefinición por parte de todas las autoridades competentes, para que exista una mayor legitimidad en los cuerpos encargados de nuestra seguridad nacional. Para desahogar estas acciones, continúa, es necesario analizar en primera instancia los derechos de los militares y principalmente los alcances de las restricciones a los mismos en razón a su pertenencia como miembros castrenses. Es preciso, por lo tanto, exponer los alcances del actual artículo 13 constitucional, que garantiza un mecanismo para evitar la discriminación del derecho de igualdad civil para ser juzgado y proteger las garantías individuales.

fuente- la Cronica de hoy