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viernes, 2 de abril de 2010

Abogan ante la CIDH por dos indígenas detenidos en 1997


Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 13

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pilar Noriega, de Abogados y Abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos; Alejandra Nuño, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, y Servicios Legales Información y Estudios Jurídicos argumentaron que hubo fabricación de pruebas y tortura contra Juan García Cruz y Santiago Sánchez, quienes fueron detenidos y torturados el 6 de junio de 1997 por policías judiciales y del Distrito Federal.

García Cruz, originario de Puebla, y Sánchez, de Tlaxiaco, Oaxaca, cumplen condena de 40 años de prisión en el penal Neza Bordo, en el estado de México, acusados de delitos que hasta hoy no les han sido probados, expusieron las abogadas ante la CIDH.

Dijeron que según la versión de los agentes judiciales que los detuvieron, “el 6 de junio de 1997, Juan y Santiago se encontraban afuera de la estación del Metro Acatitla –ciudad de México–, a las 14:30 horas, armados y repartiendo propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR), e invitaban a la gente que pasa por ahí a unirse a esa organización”.

Los agentes declararon que después de platicar con los detenidos, accedieron a llevarlos a su casa de seguridad, un cuarto de vecindad ubicado en los alrededores. Los policías señalan que ahí encontraron propaganda del EPR y armas de fuego; sin embargo, no existe inventario de objetos encontrados, mismos que debieron ponerse a disposición del juez.

Juan y Santiago sostienen que fueron detenidos la madrugada del 6 de junio de 1997 en su domicilio, por personas vestidas de negro que nunca se identificaron, y ante las amenazas de tortura y muerte que recibieron firmaron papeles en blanco ante el Ministerio Público.

Las abogadas expusieron en la audiencia ante la CIDH que este caso tiene base en una clara persecución política, pues los acusaron a causa de hacer notar que se estaba deteniendo gente del EPR en esa época. En los Loxicha, Oaxaca, fueron apresados decenas de personas a las que se les vinculó con el EPR, a otras se les detuvo en la ciudad de México.

Aunado a ese proceso federal, se les abrió otro en el estado de México por hechos ocurridos en diciembre de 1996, en los que se les acusa de asesinar a un policía, lesionar a otro, asaltar un transporte colectivo y robar un automóvil; sin embargo, los testigos de los sucesos no reconocieron a Juan y Santiago como los agresores, pero por las declaraciones de los agentes sobre los hechos, se les dio calidad de pruebas irrefutables.

Noriega y Nuño, expusieron ante la CIDH que durante el proceso, quienes defendían a Juan y Santiago no ofrecieron pruebas en su favor, y cuando ellos nombraron defensores particulares ya se había vencido el periodo de entrega de pruebas, por lo que quedaron sin oportunidad de defensa y se violó su derecho al debido proceso.

fuente- la jornada

sábado, 22 de agosto de 2009

Dos jóvenes de Cuernavaca detenidos y torturados por el ejército


ACCION URGENTE DOS JOVENES DE CUERNAVACA DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR EL EJERCITO. La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia centro de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000, con teléfono y fax 7773185568 y correo electrónico http://mx.mc461.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cidhmorelos@gmail.com, recibió la queja presentada por los jóvenes SILVERIO IVAN JAIMES FILIO y JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la DETENCION ARBITRARIA, CONFINAMIENTO EN INSTALACIONES MILITARES, TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA, AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL, AMENAZAS CONTRA FAMILIARES SI LOS DENUNCIABAN Y ROBO DE SUS PERTENENCIAS, por lo que presentaron formal denuncia ante la procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009, de acuerdo a los siguientes testimonios:
"El día de ayer 14 agosto de 2009, siendo aproximadamente las veintidos horas con treinta minutos llegamos junto con mi primo JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ al semáforo que se encuentra sobre la avenica Cuahunahuac, a la altura del estacionamietno del centro comercial Chedraui donde nos paramos en el semáforo en nuestro vehículo marca Nissan tipo Tsuru y al ver a unas personas nos insultaron y nos empezamos a palabrear, cuando de repente llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habiamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar, cortando cartucho a sus armas, que nos iban a llevar a Filo de Caballo y que nos iban a dejar colgados boca abajo y que si sabiamos nadar y bucear porque nos iban a aventar al agua, y que si deciamos que pertenecían al Ejército que ya tenían nuestros datos, domicilio de nuestras casas y que iban a tomar represalias contra nuestra familia. Desde el principio nos empezaron a preguntar y querían a fuerza el nombre de alguien que vendiera droga, que nosotros sabíamos y que les dijéramos, que ellos sabían que nosotros teníamos antecedentes penales de robo de auto y de casa-habitación y que vendíamos drogas. Para ese momento ya nos habían separado a mi primo y a mí en distintos lugares y yo escuchaba los quejidos de mi primo, y cuando entraban unos camiones nos decían que guardaramos silencio o nos iba a ir peor. Creo que esabamos en las instalaciones del Campo Militar. Nos golpeaban en todo el cuerpo cuasándonos lesiones, nos quitaron los zapatos. A mi me quitaron mi playera y con esa misma me taparon la cara y si haciamos un movimiento nos pegaban. Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegana con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares. Nos quitaron todas nuestras pertenencias: cuatro mil pesos en efectivo, teléfono celular marca motorola, nextel número 2741638, licencia de chofer, CURP, credencial de elector, así como documentos de la UAEM pertenecientes a mi hermano JOSE ANTONIO GUADARRAMA JAIMES. Después de que no lograron que les dijerámos que teniamos culpa alguna y después de amenazarnos, nos subieron al camión y nos fueron a dejar a un paraje de Monte Casino en el bosque rumbo a Huitzilac, diciéndonos que ahí era Filo de Caballos, nos bajaron del camión a punta de golpes y cubiertos de la cara y nos dejaron en nuestr auto con las llaves escondidas en el asiento de atrás. De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada", narró a esta Comisión Silverio Ivan Jaimes Filio, de 22 años de edad, casado, empleado y con domicilio en la colonia Flores Magón de Cuernavaca.
Por su parte, Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23 años, casado, empleado y vecino de la colonia Flores Magón, narró lo siguiente: "Cuando viajábamos con mi primo Silverio Ivan a comprar a Chedraui en el auto nos paramos en el semáforo y cuatro personas del sexo masculino vestidos de civiles que cruzaban la calle nos hicieron señas de pararnos totalmente y se nos dejaron ir a golpes y nos tiran al suelo, cuando llegó una camioneta con el logo de la PFP y bajaron cinco personas y nos levanatarony quitaron identificaciones, y como al minuto y medio llegó un caminón Dina en el que iban a bordo militares y nos subieron, quitándome mi licencia de conducir y mil doscientos pesos en efectivo. En el transcurso del camino nos empiezan a golpear, se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en las espaldas de mi primo y en la mía y nos daban de patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que no sabíamos en la que nos habíamos metido, que a los militares no los puede uno voltear a ver, y que eso era el principio y que lleganmdo nos iba a cargar la chingada, y que había unos negrotes que nos iban a violar y que un tipo nos iba a dar toques en donde sentíamos más sensibilidad en las uñas y las manos o los pies. Al llegar a la 24a. Zona Militar bajaron a mi primo y lo comenzaron a golpear, nos decían que nos iban a ahogar, preguntando si queríamos aprender a nadar o bucear, que nos iban a tirar en la barranca y que ojalá nos encontraran nuestros familiares antes que los perros. Nos bajaron del camión y nos volvieron a golpear. Nos dejaron sobre la carretera federal con dirección a la Ciudad de México, por Montecasino, y dejaron el vehículo a un lado".
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
DETENCION ARBITRARIA.
El ataque a la libertad personal está claramente prohibido por los artículos 14, 5, 17, 20 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9, 11 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 7, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La detención sin orden de aprehensión, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, también se tipifica como delito de Detención-Desaparición, considerado como de lesa humanidad, por lo que las referencias de los militares a los métodos de "bucear" recuerda claramente los métodos de la "guerra sucia" de los años 70s cuando fueron desaparecidos cientos de personas sobre todo en el estado de Guerrero.
CONFINAMIENTO DE CIVILES EN INSTALACIONES MILITARES.
Ningún civil puede ser detenido y confinado en instalaciones militares de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana.
TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA.
Nadie puede ser sometido a penas ni tratos crueles. inhumanos e infamantes, de acuerdo a la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tanto estatal como federal.
AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL.
AMENAZAS DE REPRESALIAS CONTRA FAMILIARES.
ROBO.
Todos estos elementos están claramente tipificados en la Constitución, en los Códigos penales y de procedimientos.
DEMANDAMOS.
Ante esta grave situación que ha sido legalmente denunciada ante la PGJ, demandamos:
Primero: Investigación imparcial, profesional, apegada a derecho, inmediata y expedita, por parte de la PGJ del Estado de Morelos. La PGJ de Morelos tiene ante sí la posibilidad de culminar un proceso a través de la integración adecuada de la carpeta de investigación SC01/6398/2009 y llamar a comparecer como presuntos responsables a los elementos militares del camión Dina 1004276.
Segundo: La aplicación de medidas cautelares de protección para garantizar plenamente la integridad personal (artículos 19 y 22 de la Constitución) de Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez y de sus familiares, por parte de la PGJ y de las instancias estatal y federal de defensa de los derechos humanos no jurisdiccionales (Comisión estatal y CNDH).
Tercero: El inmediato retiro del Ejército Federal mexicano a sus cuarteles para respetar lo establecido en el artículo 129 de la Constitución.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Antecedentes.
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos, como el reciente de la familia Zamora González, cuya queja ha sido presentada ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia.
fuente- kaos en la red

lunes, 17 de agosto de 2009

Examinarán violaciones de derechos humanos en Honduras


Tegucigalpa, 17 ago (PL) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará a partir de hoy las denuncias de la sociedad civil e instituciones hondureñas sobre las violaciones cometidas aquí por el régimen golpista.
Integrada por 12 expertos, la CIDH permanecerá en el país hasta el próximo viernes, según anunció su presidenta, la venezolana Luz Patricia Mejía Guerra, quien llegará este lunes.Desde el viernes comenzaron a arribar los miembros de ese equipo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos el primer vicepresidente de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich y el segundo vicepresidente y Relator para Honduras, el chileno Felipe González.También forman parte de la delegación el Comisionado estadounidense Paolo Carozza y el secretario ejecutivo, el argentino Santiago Cantón.
En el hotel Intercontinental de Tegucigalpa, establecerán su sede temporal a fin de recibir denuncias sobre las transgresiones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado contra el depuesto presidente Manuel Zelaya.
Posteriormente recorrerán otros territorios de esta nación centroamericana y al final comunicarán las observaciones preliminares de la visita, precisaron directivos de la delegación.
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado informó que entregará a la CIDH un informe sobre las violaciones cometidas por el régimen de facto.
Funcionarios gubernamentales del gabinete de Zelaya también aportarán evidencias, sostuvo la ex vicecanciller Patricia Nicona.Distintos sectores y organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ratificaron intereses similares.
Hasta la fecha cinco misiones internacionales de derechos humanos examinaron la situación de este país tras el golpe castrense y de manera coincidente reflejaron la represión militar y otros actos contra las libertades ciudadanas.
fuente- prensa latina

viernes, 24 de julio de 2009

Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército



Gustavo Castillo García

Estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón se ha hecho el mayor número de quejas contra militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo con 19 años de existencia–; las cifras señalan que es en entidades en que se llevan a cabo los llamados operativos conjuntos, como Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, donde más denuncias se han presentado.
Al respecto, el general Jaime Antonio López Portillo, director de Derechos Humanos de la Sedena, afirmó en conferencia de prensa que la mayoría de los delitos que cometen los militares en la llamada guerra contra el crimen organizado “son de carácter imprudencial, de una manera colateral en la acción de las tropas”.
A pesar del alto número de denuncias, el general López Portillo resaltó que la justicia militar no hace concesiones a sus elementos, prueba de lo cual es que en la actualidad hay 53 militares sujetos a proceso penal, y 12 ya sentenciados en lo que va de la presente administración federal por delitos que –en al menos 20 casos– se han tipificado como homicidio, violencia contra las personas, homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio calificado, tortura, extorsión y lesiones, así como sólo un caso por inhumación clandestina.
Para el general López Portillo, el Código de Justicia Militar es suficiente para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas, aunque admitió que delitos como el homicidio no están en su legislación, por lo que tienen que recurrir a la aplicación de códigos penales del fuero común o al Código Penal Federal, para dictar sentencias.
Las cifras
De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la Sedena, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la CNDH recibió 570 quejas contra los soldados; en el de Ernesto Zedillo, mil 689; en el de Vicente Fox, mil 225, y en dos años y medio de gestión de Felipe Calderón se han acumulado 2 mil 453 denuncias.
En cuanto al número de recomendaciones que ha enviado la CNDH por violaciones a los derechos humanos, de 1990 a la fecha han sido 67, pero en lo que va de la gestión de Calderón ha remitido 35: siete durante 2007, 14 en 2008 y 14 en lo que va de este año.
Por lo que hace a la personalidad jurídica de los promoventes de las denuncias, en diciembre de 2006 ocho civiles se quejaron; en 2007 fueron 292; en 2008, mil 100, y en lo que va de 2009, 888.
Asimismo, por lo que hace a militares que se quejaron de la violación de sus garantías individuales por parte de la Sedena, las estadísticas son: en 2006, nadie; en 2007, 84; en 2008, 43, en lo que va del año, 49.
Por región, la secretaría ubica las siguientes estadísticas de quejas promovidas: 195 en Saltillo, Coahuila; 84 en Morelia y 72 en Apatzingán, ambos municipios de Michoacán; 58 en Tijuana, Baja California; 54 en Durango; 52 en Chilpancingo y 45 en El Ticui, ambos en Guerrero; 35 en Villahermosa, Tabasco; 33 en Culiacán, Sinaloa; 29 en Reynosa, Tamaulipas; 27 en Mihuatlán, Oaxaca; 22 en “Tacubaya”, Distrito Federal; 18 en Cuernavaca, Morelos, y 12 en Guadalupe, Zacatecas.
El militar fue el encargado de la Sedena para responder a las críticas que se han vertido por organismos no gubernamentales, la CNDH y hasta funcionarios de Estados Unidos en el sentido de que el Ejército está violando las garantías individuales, que no se sanciona a los responsables y que se debe suprimir el fuero de guerra.
El titular de Derechos Humanos de la Sedena aseveró que a la institución lo que le interesa, “en primer lugar, es no permitir que el Ejército se convierta en una turba sin disciplina, (porque) sin el régimen jurídico correspondiente, quién lo va a controlar”.
El general expuso que “es importante que la población civil esté del lado de las fuerzas armadas”, ya que su lucha es por el bienestar de los mexicanos.
Mencionó que desde la creación de la CNDH, en 1990, hasta julio de 2009, el organismo ha emitido 67 recomendaciones a ese instituto castrense por violaciones a derechos humanos de un total de 5 mil 937 quejas.
Precisó que durante el gobierno de Felipe Calderón la CNDH ha recibido 2 mil 461 quejas, que han derivado en 35 recomendaciones; afirmó que 395 denuncias han concluido sin responsabilidad para el personal militar, y 525 se encuentran en trámite.
De acuerdo con el militar, el aumento en el número de quejas se debe a una mayor cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, y afirmó que existen abogados, sin precisar si son defensores de miembros del crimen organizado, que interponen quejas ante organismos de derechos humanos y las utilizan para allegarse pruebas que favorezcan a sus clientes.
También mencionó que se han detectado casos en los que grupos de personas promueven denuncias con machotes, por lo que consideró que también se está realizando una estrategia de desprestigio contra el Ejército.
fuente- la jornada

jueves, 25 de junio de 2009

CIDH demanda a México por caso de indígena guerrerense

AFP Publicado: 25/06/2009 15:02
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que demandó ante la Corte Interamericana a México por la violación y tortura de una mujer indígena en 2002.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), introdujo la demanda contra México por la violación y tortura por parte de soldados de la indígena Me'phaa Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 en el Estado de Guerrero, sin que se haya establecido una investigación que resultara en la sanción de los responsables, y la reparación de la víctima.
Por otra parte, la CIDH también demandó a Bolivia por la desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y de su padre José Luís Ibsen, en 1971 y 1973, respectivamente, indicó un comunicado.
La comisión acusó al Estado de Bolivia de no investigar debidamente el hecho, sancionar a los responsables, encontrar a una de las víctimas y reparar adecuadamente a los familiares.
La CIDH, con sede en Washington, actúa habitualmente como antesala de los casos de violación de derechos humanos en la región, antes de que lleguen a la Corte, ubicada en San José.
fuente- la jornada

jueves, 18 de junio de 2009

Mujeres violadas en Atenco buscan condena internacional al Estado Mexicano

La tortura sexual es aceptable para las autoridades mexicanas. Obviamente es una de las medidas que ellas consideran necesarias para amedrentar a la gente y evitar olas de resistencia ante una situación económica y social intolerable. Tres años después de las violaciones denunciadas por veintiseís de las cuarenta y siete mujeres detenidas arbitrariamente en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, ni siquiera uno de los responsables se encuentra en la cárcel.
Hoy manifestantes ante la FEVIMTRA en la ciudad de México rechazaron el reino de la impunidad en el país.
En Febrero de este año, la Suprema Corte de la Nación reconoció la existencia de las graves violaciones de derechos humanos en Atenco, pero se negó a enjuiciar a los altos mandos responsables por los crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunez, Nazario Gutiérrez y Ardelio Vargas.
Se supone que Guadalupe Morfin es defensora de los derechos humanos de las mujeres de México. Ella encabeza una entidad conocida como la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Cometidos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Pero a pesar de que las mujeres violadas en Atenco han presentado sus denuncias debidamente, la FEVIMTRA no ha consignado a un solo policía por estos delitos sexuales violentos. Evidentemente, Guadalupe Morfín y su jefe Eduardo Medina Mora han tomado la decisión de que nadie pagará por estos crímenes.
A nivel estatal, el único policía que había sido sentenciado por las violaciones, Doroteo Blas Marcelo, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En dos otros procesos por delitos no graves como “abuso de autoridad”, las irregularidades continúan.
Ante la falta total de justicia en México, las mujeres llevan su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr una condena internacional al Estado Mexicano. Las protestas en las calles siguen.
fuente- Kaos en la red

martes, 12 de mayo de 2009

Ordena CIDH a Estado dar medidas cautelares a Coache

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano dar medidas cautelares para el activista de la APPO, Marcelino Coache Verano, quien hace unas semanas fue 'levantado' y torturado por presuntos policías estatales. Yéssica Sánchez Maya, presidenta del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, explicó que ante la recomendación del CIDH el gobierno mexicano está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del líder de la APPO y su familia.
En conferencia de prensa, la defensora de derechos humanos manifestó que fue necesaria la intervención de la CIDH ante la situación grave hacia Coache Verano, quien ha sido víctima de persecución, amenazas de muerte, hostigamiento y agresiones. Sánchez Maya condenó que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se niegue a investigar y detener a las personas que el pasado 4 de marzo del 2009, secuestraron y torturaron a Coache Verano. “De ahí que los defensores de derechos humanos optamos por poner en evidencia internacional la persecución hacia los grupos opositores al gobierno de Ulises Ruiz; esto permitió que la CIDH interviniera y solicitara al gobierno mexicano otorgar medidas de protección a favor de Coache Verano y su familia”.

Finalmente comentó que la CIDH otorgó medidas cautelares: Ref MC-120-09 México, solicitándole al Estado Mexicano que de manera urgente implementará medidas para garantizar la integridad física y psicológica del activista de la APPO y su familia; “responsabilizando desde este momento al gobierno de cualquier circunstancia que merme la integridad física y psicológica de la familia Coache Verano”
fuente- Infominuto

lunes, 20 de abril de 2009

Inicia encuentro de defensores de los derechos humanos en Guerrero

Chilpancingo, 20 Abr (Notimex).- Organismos nacionales e internacionales, de defensa de los Derechos Humanos, iniciaron hoy un foro internacional sobre la criminalización de los defensores de los Derechos Humanos y de la Protesta social en México.
Representantes defensores de derechos humanos de países de América Latina, así como del interior, expertos en la materia, y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunen con la finalidad de conocer las condiciones en que llevan a cabo su labor los defensores en México.
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias ante "la intransigencia" de las autoridades gubernamentales, en torno al papel que juegan los defensores de los Derechos Humanos.
Pero, además, estudiarán la creación de figuras penales para criminalizar el derecho a la protesta, a la cual, se dijo, tienen derecho todos los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución Política.
En el encuentro, que se lleva a cabo hoy y mañana, participan Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) por sus siglas en inglés, y Belissa Guerrero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su intervención ante los defensores asistentes, de varios estados de la República y de América Latina, Guerrero dijo que la situación de la violación a las garantías individuales no ha mejorado durante los últimos años.
Recordó que situaciones de violaciones y de la falta de garantías, durante el 2008 la CIDH emitió 28 medidas cautelares en México a favor de los defensores y la situación se torna aun más, según los asistentes, porque se pretende los involucrar los casos violaciones con el crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachonillan" es uno de los organizadores del foro, cuyo director, Abel Barrera Hernández, informó que el encuentro dará seguimiento a la audiencia que sostuvieron los organismos de derechos humanos de Guerrero en octubre del año pasado con la CIDH.
fuente- SDP noticias

sábado, 28 de marzo de 2009

CIDH pide que tribunales civiles juzguen abusos militares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció porque los tribunales civiles juzguen las violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por militares.Expresó su preocupación porque la justicia militar investigue y juzgue abusos y delitos cometidos pos miembros del ejército.
Al concluir el 134 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional indicó que el Estado tiene obligatoriedad de suministrar todos los recursos legales para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El 20 de marzo, un colectivo de organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria y Pro Juárez, entre otros, presentaron el documento "Violaciones a la Convención Americana por la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos en México".
Informaron que el actual sexenio aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército en 600% de los cuales 99% queda impune.
Durante la audiencia pidieron que en México se suprima el fuero militar y que los juzgados civiles sean los encargados de investigar los abusos de los elementos castrences.
Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH le preguntaron a los representantes de las secretarías de Gobenación, Defensa Nacional y Relacionex Exteriores si México ya había definido una postura sobre las interpretaciones al código de justicia militar y por qué no se investigaban las violaciones a los derechos humanos.
Pero no hubo respuesta del Estado mexicano a las inquietudes de la comisión ni a los señalamientos a las organizaciones.
Se limitaron a mencionar que las fuerzas armadas está comprometidas en el respeto a los derechos humanos y que existía un proceso intenso para capacitar a los elementos castrenses en la materia.
Al finalizar el actual periodo ordinario, la CIDH expresó "su preocupación porque en algunos países de la región --incluido México-- se continúa empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía".
Explicó que la jurisdicción militar es "excepcional" y sólo debe ser utilizada para delitos de función, todas aquellas conductas de los militares en servicio activo que vayan contra los bienes jurídicos castrenses.
"Los Estados tienen la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron o no cometidas por militares", manifestó.
La CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró su 134º período ordinario de sesiones del 16 al 27 de marzo de 2009.
En 2009 se cumplen 50 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se celebrará una ceremonia conmemorativa durante la primera semana de septiembre en Chile, donde el 18 de agosto de 1959 se tomó la decisión de crear la Comisión.