Comunicado EPR 30 de junio del 2011

http://www.youtube.com/watch?v=GVZ5iPXyWhg

AL PUEBLO DE MÉXICO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La masacre de Aguas Blancas que arrojó el asesinato de 17 campesinos indefensos de la Organización Campesina de la Sierra Sur del estado de Guerrero (OCSS), cuyo único “delito” fue el pedir la solución al cumplimiento de la entrega de apoyos agrícolas, ha significado desde el Estado: el aniquilamiento de toda aquella expresión del pueblo que se atreva a protestar o manifestarse para exigir sus derechos ciudadanos; la fabricación de delitos para justificar la política de represión, porque Aguas Blancas es parte de las masacres que se dieron en el país como la de Acteal en Chiapas, Agua Fría en Oaxaca y El Charco en Guerrero.

Para el Estado mexicano, Aguas Blancas es la continuidad de la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales que hoy se siguen desempeñando en el aparato represivo; la creación de figuras político-jurídicas inoperantes que sólo fungen como medida cosmética al régimen; la burla descarnada y descarada hacia los familiares de las víctimas a quienes prometieron resarcirles un daño irreparable: la pérdida de sus seres queridos con una “ayuda humanitaria” que nunca llegó, becas que dejaron de pagarse, pensiones suspendidas, dádivas selectivas que terminaron por romper los lazos fraternales que los unían.

Y por desgracia, un modus vivendi para vivales y leguleyos que medran con el dolor de las víctimas por la ausencia forzada de los seres queridos, que siguen padeciendo viudas y huérfanos.

Pero Aguas Blancas también ha significado la continuidad de la resistencia y la voluntad popular de combatir, porque este es un pueblo que a pesar de ser reprimido no ha sido doblegado y a pesar de la brutalidad y la intención perversa del Estado de paralizarlo y aniquilarlo, ha venido respondiendo combativamente, generando variadas formas de lucha y exigiendo la solución de viejas y nuevas demandas que gobiernos priístas y panistas se niegan a resolver.

El estado de sitio que anula de facto derechos constitucionales, los operativos policiaco-militares que violan sistemáticamente derechos humanos, las detenciones arbitrarias que han llenado las cárceles de inocentes y presuntos delincuentes, las ejecuciones extrajudiciales, los miles de desaparecidos por motivos políticos y sociales son una expresión del recrudecimiento de la represión que el Estado mexicano ha decidido implementar, un indicativo de las medidas pro fascistas que este gobierno está empeñado en imponer violentamente. En pocas palabras una agresión policiaco-militar permanente contra todo el pueblo.

Las manifestaciones de rechazo y condena al gobierno antipopular por sus medidas represivas tienen diferentes expresiones, desde la rabia contenida hasta la acción política de masas, desde la impotencia ahogada hasta el grito desgarrador de condena política, desde la resistencia civil pacífica hasta la lucha de resistencia popular combativa; todas son producto del descontento popular, ambas condenan la desigualdad social, exigen el fin de la política militarista y de la supuesta lucha en contra de la delincuencia organizada que desangra y consume las vidas de miles de jóvenes. Nos enfrentamos a políticas neo maltusianas para el control de la población.

Si doloroso resulta asimilar el crecimiento del número de víctimas de la política militarista de Felipe Calderón Hinojosa, más doloroso es acompañar las manifestaciones de resistencia civil pacífica que vuelven a recorrer caminos con resultados inciertos por la necedad de este gobierno; cierto que no debemos dejar caer esta expresión de lucha, todos debemos remontar el dolor, la impotencia contenida, la rabia prolongada con acciones políticas de masas que no sólo desenmascaren al gobierno sino que lo obliguen a resolver las necesidades, las demandas populares y dar por terminada su política militarista.

Recurramos a la memoria histórica, analicemos pacientemente la realidad nacional y asimilemos las experiencias vividas en las diferentes etapas de la lucha de clases en el país para reducir los costos en vidas humanas en la lucha popular y evitar la frustración, el desánimo, la desesperanza, la fragmentación, la contención de la voluntad popular de combatir. Se trata que todos asimilemos la necesidad histórica de combinar todas las formas de lucha para evitar quedar reducidos a una sola que limite la iniciativa y la creatividad popular, son tiempos de impulsar y generalizar la resistencia popular combativa.

El hecho de que el jefe del Ejecutivo se sentara en Chapultepec para un diálogo, con la parte del pueblo que hoy exige el fin de su política militarista, significa un logro del pueblo en resistencia, de las víctimas y los directamente agraviados que hoy desenmascaran, una vez más, el carácter represivo de este gobierno. Desnudaron al jefe del Ejecutivo exponiéndolo en su verdadera dimensión, en un encuentro en donde las respuestas a las exigencias populares estaban prefabricadas para no dar solución e intentar desactivar esta expresión de resistencia y descontento popular, para vanagloriase con el gobierno norteamericano de que aun el panismo mantiene el control político y económico en el país.

La política militarista está sentando sus reales y lo que priistas y panistas no se atrevieron a realizar, hoy lo instrumentan desde la izquierda institucionalizada con su política de “tolerancia cero”. Al formalizar un estado de sitio en todo el país se tiene ya como resultado, mayor generalización de la corrupción e impunidad; un avasallamiento policiaco militar de la población y un desbrozamiento del camino para facilitar las pretensiones de la ultraderecha de imponer y consolidar un Estado policiaco militar en el país. Con los operativos policiaco-militares implantados por la Conago los cuerpos represivos ven en cada ciudadano un presunto delincuente.

Toda aquella persona de izquierda que olvide que el principal problema del país es la miseria y la desigualdad social y no la delincuencia, que plantee como objetivo prioritario la seguridad pública como condición necesaria para el desarrollo actúa bajo el fetiche legitimador de los intereses oligárquicos y convalida las pretensiones de la ultraderecha. En consecuencia los pasos que va dando son en dirección contraria a la izquierda.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!

Aguas Blancas para nosotros significa la respuesta del pueblo contra la represión; una forma de lucha necesaria ante la criminalización del descontento popular; una respuesta de autodefensa de las masas contra los crímenes de Estado; una respuesta organizada a la represión generalizada; una propuesta revolucionaria para ser frente a la represión del Estado y, una acción política de masas como parte de la autodefensa popular, persistencia en la lucha revolucionaria y compromiso que hoy refrendamos.

¡ESTAMOS PRESENTES!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!

¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Recuerdan masacre de Aguas Blancas y las violaciones de derechos humanos en Guerrero

Oaxaca, México.- Organismos civiles, denuncian la persisten violación de los derechos humanos en el estado de Guerrero en el marco de la masacre contra campesinos indígenas en Aguas Blancas, que este 28 de junio cumple 14 años de haberse perpetrado.

Texto integro de la carta enviada a esta redacción por la Red de Defensores de Derechos Humanos:

Este 28 de junio se cumplen 14 años de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero en la cual fueron asesinados 17 campesinos y heridos más de 30 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

En la actualidad los actores intelectuales y materiales de este crimen, entre ellos: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero en esa fecha, junto con José Rubén Robles Catalan, Secretario de Gobierno, además de los miembros de la policía motorizada y la policía judicial del estado que participaron en aquella ocasión, se encuentran en libertad y bajo el cobijo de la impunidad que les brinda el propio Estado Mexicano. En los hechos lo que se pretende es dejar en olvido estos hechos indignantes.

En la actualidad, en Guerrero persisten las violaciones a los derechos humanos. Así lo demuestra la Misión Civil de Observación que acudió a las comunidades de Puerto de las Ollas y las Palancas. También basta recordar las ejecuciones de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Oganización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

Lo cual se suma al atentado de Margarita Martín de las Nieves, esposa de Manuel Ponce. Los hechos más recientes son las ejecuciones de Leonel Castro Santana, de 28 años de edad, y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, de 17, ambos de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Tierra Caliente.

Además de las denuncias en contra de efectivos del ejército por hostigamientos, abusos, maltratos, masacres, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas, que bajo el argumento de la lucha contra el “crimen organizado” y “la guerrilla” cometen delitos en contra de las comunidades indígenas, creando un clima de tensión y vulnerabilidad, hechos constatados y documentados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

La sistemática violación a derechos humanos en Guerrero no esta desligada del contexto nacional, en que cada estado de la república se convierte en experimento de orden militar (estados de excepción, de operativos de contrainsurgencia, de militarización…) en el que las autoridades civiles van quedando progresivamente relevadas de sus funciones.

A 14 años de la masacre de campesinos en Aguas Blancas, exigimos:

1. Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas.
2. Alto a la militarización de Guerreo y del País.
3. Alto a la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos.
4. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del País.
5. Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos.

Atentamente

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Aguas Blancas, el entorno

De impunidades, venganzas y traiciones está lleno el transcurrir social por estos pueblos guerrerenses. En estas tierras, los valerosos yopes resistieron la dominación mexica y el entrometimiento de los españoles. Los independentistas Morelos, Alvarez, Galeana y Guerrero, representando a las mayorías de indios y mestizos, lucharon por este territorio de Coyuca de Benítez. El nombre del municipio y a la vez cabecera municipal es en honor a doña María Faustina Benítez –esposa de don Juan Alvarez–, quien nació en el Barrio de San Nicolás de Coyuca, hoy ciudad de Coyuca de Benítez.
En Acapulco se dio el movimiento encabezado por Juan R. Escudero, a principios del siglo XX. Luego, se vino la influencia de la Revolución de 1910-17, las luchas campesinas zapatistas lograron el ejido y las comunidades agrarias. Se fundaron las uniones de pequeños productores de maíz, de copra, de café, cooperativas forestales, de pescadores, etcétera. Pero los caciques políticos, terratenientes regionales y grandes comerciantes nunca han aceptado que la riqueza se distribuya más equitativamente y hacen lo propio para defender sus intereses.
En el año 1967 –igual en el puerto–, el gobierno en turno ordenó la masacre de más de cuarenta copreros, sólo por impedir su derecho de reunión. En ese mismo año, pero en Atoyac se da la otra masacre para reprimir una asamblea de maestros y padres de familia inconformes por el maltrato a los alumnos por parte de una mala maestra. Entonces, el profesor Lucio Cabañas Barrientos se hizo guerrillero, lo siguieron muchos campesinos. Y también lo persiguieron numerosos soldados. Una de sus proezas –a principio de los setenta– fue haber retenido al candidato a gobernador del PRI, Rubén Figueroa Figueroa y exigir por él un rescate.
En el 74, muere Lucio en combate, sus compañeros se repliegan. No así sus enemigos, al contrario, aumentan sus operativos y coordinación para perseguir, detener, torturar y desaparecer a los ex guerrilleros y simpatizantes, lo que se llama la “guerra sucia”.
Es además, la justificación de las autoridades para contrarrestar las protestas y demandas de las organizaciones sociales y sus dirigentes. Acusarlos de radicales –y ahora de narcos–, es la manera más fácil de criminalizar su labor social en las comunidades y anularlos del escenario político. Al parecer, los que detentan y ejercen el poder sobre el pueblo, lo hacen con el talante del otrora reconocido general Gabriel de Armijo, enemigo acérrimo de Juan Alvarez, quien ante la menor sospecha de los ciudadanos de ser proclives a los rebeldes, sin ningún miramiento los mandaba fusilar. Yo me pregunto si el general enviado del virrey Apodaca ya estudiaba a Nicolás Maquiavelo, porque tenía fama de sanguinario.
La matanza en el vado de Aguas Blancas: 28 de junio de 1995. Hoy se cumplen 14 años de aquella masacre y de su impunidad. Por ello el impulso de escribir esta nota, que clama justicia y se suma al homenaje por los 17 campesinos asesinados y los 33 heridos por armas de fuego, disparadas por decenas de agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, en una irracional emboscada a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que bajaban de Guapinolar, Tepetixtla, Colonia del Río, Atoyaquillo y Paso Real, pueblos pertenecientes al municipio de Coyuca de Benítez.
¿Por qué los mataron? Si los militantes de OCSS sólo se dirigían a un mitin para exigir a las autoridades de Atoyac la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, uno de sus compañeros detenido y desaparecido hacía poco más de un mes. Todos los comisionados viajaban en dos camionetas pasajeras, iban a una protesta pacífica, nadie llevaba armas. Absurda celada ese miércoles por la mañana. Tratemos de atar cabos.
Se entiende que la ejecución sumaria fue cuidadosamente planeada por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo de aquel senador que fuera rehén de la guerrilla en los años setenta. Se sabe que el martes 27 en la tarde, un día antes de la masacre, el gobierno estatal giró instrucciones para que “los responsables del hospital municipal de Atoyac estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas”, también “para que varios grupos de policías salieran por la noche hacia Coyuca de Benítez”. Y que el gobernante habló por teléfono (a las 20:15 horas) con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que no iba a permitir que el grupo de la OCSS llegara a la manifestación programada, “son gente muy violenta”, expresó.
Y lo que se sabe, por los videos y sobrevivientes, los victimados fueron encañonados, bajados de los vehículos y puestos “pecho tierra”. Y se dio la orden de dispararles a sangre fría, los agresores desde sitios estratégicos descargaron sus armas por varios minutos sobre los indefensos. Y entre el gobernador y los policías falsearon los hechos: que “fue un acto de contrainsurgencia del EPR”, que “uno de ellos los agredió a machetazos”, que “alguien disparó primero” y que “otros alzados les querían quitar sus rifles”, que “la fuerza pública actuó en defensa propia”. Después se aclaró que a los aniquilados también les habían “sembrado armas”.
“¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?”, horas después de la matanza, en una segunda llamada telefónica (a las 18:20 horas), Figueroa le decía a María de la Luz Núñez con tono de satisfacción. Tal parece que ordenó la letal frase de “Mátenlos en caliente”, con que el dictador Porfirio Díaz sentenciaba a los grupos de personas que se sublevaban contra él.
Para el crimen de Estado hubo supervisión desde un helicóptero: a bordo iban el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. Abajo, el comandante Manuel Moreno González, que dirigía el operativo. Muchos funcionarios más y policías, incluido el ex gobernador Figueroa, son autores intelectuales y materiales del asesinato en masa. Que no escapen al juicio político y penal correspondientes. Que se haga justicia a los deudos de los ejecutados y víctimas sobrevivientes.
Nombres de los 17 campesinos ejecutados: Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Rogel Gervasio, Paz Hernández González, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Climaco Martínez Reza, Efraín Vargas Zavayo, Mario Pineda Infante, Florente Rafael Ventura, José Rebolledo Gallardo, Francisco Blanco Muñoz, Heliodoro López Vargas, Anacleto Ahueteco Coyote, Simplicio Martínez Reza y Gregorio Analco Tabares. Están escritos allí en el vado, en una lápida blanca.
Algo preocupante...
Yo pienso que cuando un déspota gobierna sin credibilidad, trata de obtenerla con medidas coercitivas y hasta perversas. Entonces utiliza a la institución del Ejército para hostigar a la sociedad civil, para desquitarse con el pueblo, para hacer “guerra sucia”. Y entonces, sin paz democracia y justicia, pues menos se hace caso a las demandas de servicios básicos, salud, educación, agrarias, abasto, derechos humanos, proyectos productivos, precios del café, el maíz o coco, frijol...
Don Hermenegildo Galeana también perdió la vida cerca de Coyuca, en El Salitral. En ese paraje Tata Gildo dio su última pelea el 27 de junio de 1814, enfrentando a 14 dragones enemigos comandados por el realista Armijo. A un año de los festejos del bicentenario de la Independencia, los restos mortales del más valiente insurgente todavía no se han recuperado. ¿O será que el héroe nos sigue esperando en las montañas para una mejor celebración?
El Lamento coprero de José de Molina, entre otros versos dice: “A nuestras autoridades, / yo les vengo a preguntar: / ¡los crímenes cometidos, / cuándo se resolverán? / El llanto de tus palmeras / no se escuchó aquí en Los Pinos, / ¡será que los que murieron / eran puros campesinos! / ¡Lloren huérfanos y viudas, / la justicia ha de llegar!”. In memóriam. n
salomongj@hotmail.com

fuente- la jornada

Masacre de Aguas Blancas

La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande).
En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), matando a 17 campesinos.
En primera instancia, el gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer negó los hechos, pero más tarde se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR.