Amnistía Internacional pide a México que investigue la muerte del periodista estadounidense Brad Will

Por Agencia EFE – hace 40 minutos

Londres, 18 feb (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno de México que investigue la muerte del periodista estadounidense Brad Will después de que el activista político acusado por equivocación de su asesinato saliera en libertad.

En un comunicado, AI celebró la puesta en libertad del activista Juan Manuel Martínez y pidió a las autoridades que investiguen "los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad" durante las violentas protestas políticas que se produjeron en Oaxaca en 2006, que costaron la vida a Will y a otras 17 personas.

"Hacía tiempo que se tenía que haber producido esta puesta en libertad", manifestó Kerrie Howard, vice-directora de AI para las Américas, quien destacó que "Juan Manuel ha sido utilizado como un chivo expiatorio por las autoridades mexicana para afirmar que se habían producido progresos en la investigación en el caso de Will".

AI indicó que la detención de Martínez "fue el resultado de una investigación profundamente corrupta por parte de la Procuraduría General del Estado" e insistió en que Will fue tiroteado a bocajarro pese a que la autopsia oficial determinó que le dispararon desde una distancia media.

Amnistía recordó que la resolución de este caso se convirtió en prioritaria después de que el Congreso de EEUU lo convirtiera en un obstáculo para financiar la Iniciativa Mérida, un programa de asistencia y cooperación bilateral en materia de seguridad.

Howard subrayó que "el auténtico autor del asesinato de Brad Will sigue suelto" y pidió que "se garantice la seguridad de Juan Manuel y que reciba una compensación apropiada por el sufrimiento innecesario que ha sufrido a consecuencia de su encarcelamiento".

La organización también denunció que nadie haya comparecido ante la Justicia mexicana por los asesinatos que se cometieron durante las protestas de Oaxaca y acusó a la Procuraduría de realizar un investigación parcial e incompleta, en la que las pruebas forenses realizadas estaban plagadas de errores.

Juan Manuel Martinez formaba parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la organización que organizó las protestas de 2006, y Brad Will estaba filmando un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía local cuando fue abatido por un disparo.

fuente- Agencia EFE

Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan el Nobel a Obama

Reuters y Afp

Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2009, p. 24

Washington, 9 de diciembre. Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) cuestionaron hoy el Premio Nobel de la Paz al presidente estadunidense Barack Obama con el argumento de que éste no ha hecho lo suficiente en materia de derechos humanos para merecer el galardón que le será entregado el jueves en Oslo, Noruega.

De su lado, el vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs, dijo que el presidente entiende y sabe que no está al mismo nivel que Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calculta, quienes también recibieron ese galardón.

HRW y AI instaron a Obama a utilizar su discurso de aceptación para renovar el liderazgo de Estados Unidos en la lucha en favor de los derechos humanos, luego de que su reputación fuera dañada por los abusos cometidos durante la guerra contra el terrorismo del anterior gobierno del republicano George W. Bush.

Las organizaciones humanitarias dijeron que su pragmatismo a veces se dio a expensas de no hablar acerca de los derechos humanos en países como China, el mayor acreedor de Washington y una nación fundamental en los esfuerzos por lidiar con la crisis financiera internacional.

Él ha creado una falsa elección entre tener que hablar enérgicamente sobre los derechos humanos o ser pragmático y obtener resultados en otras cuestiones, dijo el director ejecutivo de AI en Estados Unidos, Larry Cox.

La directora asociada de HRW, Carroll Bogert, dijo que el gobierno parece haber cometido un error de cálculo cuando estimó que Estados Unidos podía ser un país más prominente en la arena internacional si minimizaba el tema de los derechos humanos.

Por último, Fidel Castro acusó a Obama de haber llevado a cabo un acto cínico al haber aceptado el Nobel de la Paz, y consideró que su política en Afganistán es la misma que la de Bush.

fuente- la jornada

Autoridades ignoran crímenes del Ejército: AI

El Universal Ciudad de México Martes 08 de diciembre de 2009 12:00
Amnistía Internacional (AI) señaló que existe un patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operaciones de seguridad, los cuales tanto autoridades civiles como militares mexicanas niegan e ignoran.

En un comunicado difundido por la organización, acusan a las autoridades del país de no investigar exhaustivamente las denuncias de abuso cometidos por el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.“Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso aún es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg.

Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar”, afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional.

Según AI, a finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2 mil quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008. En 2007 sólo se recibieron 367, 182 en 2006.AI "cree que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento de los abusos".

Pide Amnistía Internacional a la SCJN, justicia para Oaxaca

Amnistía Internacional considera que el informe de los jueces investigadores y la ponencia de un ministro son positivos en la medida que señalan varios abusos cometidos durante los sucesos. Sin embargo, la organización considera que el texto bajo consideración no refleja la gravedad ni la forma generalizada en que se cometieron las violaciones de derechos humanos y no identifica con claridad la obligación del Estado de deslindar todas las responsabilidades por tales abusos graves.

Amnistía Internacional siempre ha reconocido que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y que la parálisis de Oaxaca durante varios meses tuvo un serio impacto en los derechos de muchas personas en Oaxaca. Sin embargo, es también evidente que representantes del Estado no solo hicieron uso de la fuerza excesiva para reprimir a los manifestantes, como el informe lo señala, sino que además estaban implicados en homicidios ilegales, tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Estos hechos nunca han sido investigados debidamente y el informe presentado ante la SCJN prácticamente hace caso omiso de estos abusos graves.

Es preocupante que del informe que se discute en la SCJN parece haber sido elaborado con en base en la información en los expedientes penales y los datos proporcionados por las autoridades, sin hacer referencia a otros testimonios o pruebas para contrarrestar las fuentes oficiales. Esta omisión es importante porque varias de las autoridades involucradas no cumplieron con su obligación de realizar investigaciones imparciales y exhaustivas de los abusos cometidos.

AI considera preocupante la conclusión de la ponencia que al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios en los abusos no se ajusta a las obligaciones de México bajo las normas internacionales de derechos humanos. Según el derecho convencional, México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.

Es esencial que la SCJN considere todos los abusos cometidos en Oaxaca durante los disturbios en 2006 y 2007 de conformidad con las obligaciones de derechos humanos adquiridas por México y dar un impulso para que todos los responsables rindan cuentas y las víctimas reciban una reparación adecuada del daño.

Emite Anmistía Internacional Acción Urgente para Coache Verano

Oaxaca, Oax. 24 de agosto de 2009 (Quadratín),.-La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos informó que Amnistía Internacional emitió el documento de accion urgente sobre Marcelino Coache, sindicalista de Oaxaca y miembro de la APPO.Además de que el activista sigue recibiendo amenazas, mientras que el gobierno federal y estatal siguen sin implementar medidas adecuadas para su seguridad y sin llevar a cabo una investigacion efectiva sobre amenazas precedentes y sobre su secuestro y tortura en marzo de 2009.

fuente- Quadratin oaxaca

Graves violaciones de derechos humanos en México: AI

27 de mayo de 2009
ANSALondres, inglaterra.- Amnistía Internacional (AI) denunció a México por "graves violaciones de derechos humanos" cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de la policía, que incluyen homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias.

"Han aumentado los informes sobre la implicación de personal militar en homicidios ilegítimos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas", destacó AI en su informe anual 2009.Además, afirmó que la seguridad pública y la reforma del sector "dominaron el debate político"."Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45 mil miembros de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin embargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a redes delictivas.

Durante el año más de 6 mil personas perdieron la vida en incidentes violentos de este tipo", agregó.También denunció que en México "las torturas y los malos tratos siguen siendo un fenómeno generalizado"."Aunque se emprendieron varias iniciativas, se registraron pocos avances en la puesta en marcha de acciones judiciales efectivas contra los responsables", destacó.En su informe, manifestó que "persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas tanto en el pasado como recientemente".

"La falta de instituciones efectivas encargadas de investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal o estatal limita gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia", continuó.Con respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, sostuvo que sigue siendo "un fenómeno generalizado".

Finalmente, denunció que los emigrantes irregulares provenientes de pa¡ses vecinos o de la región "siguen siendo objeto de abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a manos de funcionarios o bandas de delincuentes que actúan a menudo con la complicidad de las autoridades locales".
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Graves violaciones a los derechos humanos en México: AI

GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 28 de mayo (apro).- Los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), así como el proceso judicial que se le sigue a Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), son para Amnistía Internacional (AI) ejemplos de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en México.

Durante la presentación del Análisis Nacional que forma parte del Informe Mundial Anual 2009, el director ejecutivo de AI-México, Alberto Herrera Aragón, resaltó que los crímenes no resueltos hasta ahora de los activistas mixtecos reflejan "no solamente el pésimo estado de los derechos humanos, sino que volvió a evidenciar a un Estado mexicano que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales relativas a la protección de quienes legítimamente desempeñan labores de defensa de los derechos humanos".

Sobre Raúl Hernández, preso en la cárcel de Ayutla, Guerero, y considerado por AI como "prisionero de conciencia", Herrera Aragón refirió que es un caso "emblemático" de la forma en que "un aparato de procuración de justicia es utilizado para reprimir", a los defensores de derechos humanos.

El documento presentado por Herrera Aragón y por el presidente del Comité Directivo de AI-México, Javier Vázquez Castro, afirma que la crisis económica refleja una crisis de los derechos humanos. De ahí que casos como los ocurridos con los defensores de derechos humanos de Guerrero, sean síntoma grave del deterioro en esa materia.

Como parte de la campaña que emprenderá la organización internacional este año, "Exige Dignidad", Herrera Aragón anunció que el próximo 28 de junio una caravana de activistas saldrá de la Ciudad de México hacia el estado de Guerrero para exigir la liberación del indígena me'phaa y que se investigue y castigue a los responsables de los asesinatos de dirigentes mixtecos, como el de Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, indígena violada por miembros de Ejército Mexicano en 2002.

La OPIM, apuntó, "es un ejemplo vivo de una comunidad indígena que experimenta condiciones graves de marginalidad y desposesión (sic), y que a la hora de reivindicar sus derechos es objeto de represalias".

En su descripción del panorama nacional de los derechos humanos, el director ejecutivo de Amnistía Internacional mencionó otros casos de ataques contra defensores de derechos humanos –Mariana Villarreal, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", en Coahuila; y Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, de Nuevo León—, y exhortó al gobierno de Felipe Calderón a sancionar a los responsables, así como prevenir agresiones de defensores, ya que "es una obligación internacional que el Estado debe cumplir".

Herrera Aragón destacó que en 2008, al cumplirse 40 años de la matanza de Tlatelolco, se mantuvo el "fenómeno continuado de impunidad", y se reflejó el "fracaso del Estado mexicano a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes y violaciones de derecho humanos en el pasado".Tras anotar que el expresidente Luis Echeverría Álvarez cuenta con la protección de un amparo, el activista señaló que en México, "los grave abusos del pasado contra los derecho humano continúan ensombreciendo el presente", y recordó que "los crímenes del pasado no se evaporan con el tiempo".Frente a este panorama nacional, Herrera Aragón resaltó que hay fundadas esperanzas en que el caso de Rosendo Radilla, desparecido por el Ejército en 1972, y llevado a la Corte Interamericana de Derecho Humanos, permita hacer justicia en los crímenes del pasado y, sobre todo, "cuestionar los obstáculos que en materia de rendición de cuentas significa el fuero militar, ante actos violatorios de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército contra civiles".La preocupación por la rendición de cuentas del Ejército, dijo, se funda en que el año pasado se incrementaron las denuncias sobre "la implicación de personal militar y policial en homicidios, torturas, malos tratos detenciones arbitrarias".

Al referirse a las agresiones contra inmigrantes indocumentados, Herrera Aragón mencionó lo casos del sacerdote Alejandro Solalinde, de Oaxaca, y de Ireneo Mújica, quienes han sido amenazados por denunciar los abusos contra los ilegales.

Entre los pendientes con sectores vulnerables, el activista mencionó la falta de reglamentación de la legislación que sanciona la violencia contra las mujeres; pidió no olvidar que el "clima generalizado de violencia contra las mujeres", llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humano a analizar los homicidios de tres de ocho mujeres en Ciudad Juárez, y lamentó que no haya castigo para quienes abusaron y torturaron a mujeres en el operativo policiaco de San Salvador Atenco, en 2006.

Mencionó también los asesintados de las indígenas triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautisa, trabajadoras de una estación de radio comunitaria, lo que "ha evidenciado el grave clima de inseguridad que prevalece en México respecto de las y los trabajadores de los medios de comunicación".

Frente a este panorama, Herrera Aragón reconoció como un "avance sustancial", que en 2008 el gobierno de Felipe Calderón renovara un acuerdo para mantener abierta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

fuente- proceso

Ángeles Cruz y Andrea Becerril

Representantes del Comité del 68, Amnistía Internacional (AI) y la senadora Rosario Ibarra deploraron la resolución judicial que exonera al ex presidente Luis Echeverría de responsabilidad en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ya que “es ejemplo del clima de impunidad que hay en México”.
La gran ausente de México sigue siendo la justicia, porque no se le ve por ninguna parte, resaltó Ibarra, dirigente del Comité Eureka. Para ella, Echeverría debe ser juzgado también por los cientos de desaparecidos políticos durante su sexenio.
Por su parte, el dirigente del Comité del 68, Raúl Álvarez Garín, desmintió la versión difundida por Juan Velázquez, abogado de Echeverría, de que éste puede salir de su casa, ya que –explicó– la sentencia que lo exculpa del crimen estudiantil surtirá efecto hasta que forme parte del expediente.
Álvarez Garín exigió a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que expliquen públicamente las consideraciones hechas para llegar a la conclusión de que Echeverría es inocente de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
Destacó que conforme a lo difundido, parece que los juzgadores se limitaron a retomar los criterios del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien concedió el amparo al ex mandatario con el argumento de que no hay pruebas para culparlo de lo ocurrido en Tlatelolco. “De especial gravedad y significación política es que en este momento ese magistrado está sujeto a un proceso disciplinario de la Judicatura por dos resoluciones muy controvertidas, ya que dejó en libertad a Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y al secuestrador Maldonado Leza”, dijo.
Integrante del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, informó que una vez agotadas las instancias nacionales, sobre todo si prevalece la impunidad, el caso Echeverría será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistada por separado, la senadora Rosario Ibarra destacó que de poco serviría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exoneró a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, a pesar de la represión contra movimientos sociales.
Absolver a Echeverría –insistió– es desconocer la lucha popular, pero en el caso del ex presidente no se ha dicho la última palabra, porque falta que lo enjuicien por los desaparecidos políticos, que son más de 300.

fuente- la jornada