La historia de los pueblos de Oaxaca está llena de luchas por la defensa de sus territorios y la autodeterminación sobre sus recursos naturales. Ahí están por ejemplo la defensa de las salinas por el pueblo juchiteco en el siglo XIX, la defensa de los bosques de la Sierra Juárez en el siglo XX.
Los hacendados, el capital extranjero, los políticos rapaces, etc. siempre han sido una amenaza para los pueblos oaxaqueños y frente a ellos, estos han resistido de una u otra manera a lo largo de la historia. El caso de San José del Progreso es un episodio más de esta larga cadena.
La minera Cuzcatlán, subsidiaria de una empresa extranjera, la Compañía Canadiense “Fortuna Silver Mines ltd”, verdadero poder tras el capital neoliberal de Cuzcatlán, pretende explotar yacimientos de oro y plata en una extensión de terrenos que abarcan varios miles de hectáreas y que se estima le redundarán alrededor de 12 mil millones de pesos.
Como ha ocurrido en otros momentos, se encuentra una red de funcionarios de distintos niveles de gobierno que solícitos y displicentes otorgan concesiones, tramitan expedientes, “apoyan” en nombre del PROGRESO. ¿Del progreso de quien?.
La experiencia dejada por muchas empresas mineras, pongo por ejemplo, la mina de Natividad en la Sierra Juárez, ha sido la contaminación de las aguas y por ende, de las tierras. De eso saben bastante los pueblos serranos. Muchos ciudadanos han visto deteriorada su salud por ello.
Resulta entonces que no solo son unos cuantos los que se beneficien de estos proyectos de PROGRESO, sino que generalmente son muchos más los afectados.
Tienen razón por ende, quienes en San José del Progreso y en lugares circunvecinos, demandan los estudios de impacto ambiental, pues la aplicación de ciertas sustancias y luego sus desechos afectan la calidad de la tierra y el nivel de vida y bienestar de los pobladores.
Se trata de un asunto que no solo incumbe a los habitantes de San José del Progreso, que en el nombre pueden llevar la penitencia, sino de un ecosistema que puede ser dañado. Como la destrucción de la capa de ozono afecta no solo a quienes ven arrasado sus bosques en alguna localidad, sino a todo el planeta.
El tema de la minera de Cuzcatlán tiene diversas aristas y debe verse en toda su complejidad por parte de la autoridad. No es solo si la minera tiene la propiedad de un predio, o si un funcionario del gobierno federal les otorgó una dudosa concesión (¿donde están los estudios de impacto ambiental?), sino otros varios aspectos entre los cuales por cierto se encuentran los derechos de los pueblos indígenas a la defensa de sus territorios y la libre determinación sobre sus recursos, que también están amparados por convenios suscritos por el estado mexicanos ante organismos internacionales y adquieren por ello carácter de Ley en nuestro país, como es el caso del Convenio 169 suscrito con la OIT o la más reciente declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales aprobada por la ONU.
Hasta el momento, no ha habido un diálogo franco entre la empresa, los funcionarios encargados del ramo y los pueblos que se verán afectados. En Oaxaca, señores funcionarios, señores empresarios, hay que conocer la historia de las resistencias de los pueblos indígenas.
No es mediante la criminalización de la lucha social por la defensa de la tierra y sus recursos naturales, que son vida para nuestro pueblos, como se encauzará el conflicto social que se vive en esa región, que insisto no se reduce solamente a San José del Progreso y por ende, no es argumento que en la protesta hay gentes que no son nativos de ese lugar. La globalización nos ha hecho también preocuparnos por los impactos que lo local puede tener en relación con lo global. Todos ahora estamos obligados a pensar en la sustentabilidad del planeta y de quienes lo habitamos y lo habitarán, entre ellos, por supuesto, nuestros hijos y nietos.
Mucho menos es con soluciones policiacas y encarcelamiento de personas que se acabará el conflicto. La reacción a la fuerza desmedida de la policía ya no funciona en Oaxaca. La expresión solidaria e inmediata de diversos pueblos circunvecinos y la sección 22 se hizo evidente el mismo día 6 que ocurrió el desalojo de quienes protestaban en la mina. Miembros del colectivo de organizaciones en defensa del territorio oaxaqueño y otras fuerzas sociales también se han manifestado. Los pueblos ya no están solos en sus luchas, existe un contrapoder popular a los excesos de las fuerzas policiacas y las políticas demoniacas del gobierno. La sección 22 ha anunciado que se radicalizará si no son liberados todos los detenidos en el desalojo de la mina. Aun permanecen cuatro en prisión.
Solo el diálogo constructivo y el consenso permitirán arribar a una solución al conflicto social que ahí se vive, para ello es necesario tomar en cuenta a todas las partes. ¿Tendrán la capacidad los funcionarios de los distintos niveles de gobierno para lograrlo?, o ya no están en condiciones de hacerlo pues comprometieron su voluntad con el poder del dinero.
Los hacendados, el capital extranjero, los políticos rapaces, etc. siempre han sido una amenaza para los pueblos oaxaqueños y frente a ellos, estos han resistido de una u otra manera a lo largo de la historia. El caso de San José del Progreso es un episodio más de esta larga cadena.
La minera Cuzcatlán, subsidiaria de una empresa extranjera, la Compañía Canadiense “Fortuna Silver Mines ltd”, verdadero poder tras el capital neoliberal de Cuzcatlán, pretende explotar yacimientos de oro y plata en una extensión de terrenos que abarcan varios miles de hectáreas y que se estima le redundarán alrededor de 12 mil millones de pesos.
Como ha ocurrido en otros momentos, se encuentra una red de funcionarios de distintos niveles de gobierno que solícitos y displicentes otorgan concesiones, tramitan expedientes, “apoyan” en nombre del PROGRESO. ¿Del progreso de quien?.
La experiencia dejada por muchas empresas mineras, pongo por ejemplo, la mina de Natividad en la Sierra Juárez, ha sido la contaminación de las aguas y por ende, de las tierras. De eso saben bastante los pueblos serranos. Muchos ciudadanos han visto deteriorada su salud por ello.
Resulta entonces que no solo son unos cuantos los que se beneficien de estos proyectos de PROGRESO, sino que generalmente son muchos más los afectados.
Tienen razón por ende, quienes en San José del Progreso y en lugares circunvecinos, demandan los estudios de impacto ambiental, pues la aplicación de ciertas sustancias y luego sus desechos afectan la calidad de la tierra y el nivel de vida y bienestar de los pobladores.
Se trata de un asunto que no solo incumbe a los habitantes de San José del Progreso, que en el nombre pueden llevar la penitencia, sino de un ecosistema que puede ser dañado. Como la destrucción de la capa de ozono afecta no solo a quienes ven arrasado sus bosques en alguna localidad, sino a todo el planeta.
El tema de la minera de Cuzcatlán tiene diversas aristas y debe verse en toda su complejidad por parte de la autoridad. No es solo si la minera tiene la propiedad de un predio, o si un funcionario del gobierno federal les otorgó una dudosa concesión (¿donde están los estudios de impacto ambiental?), sino otros varios aspectos entre los cuales por cierto se encuentran los derechos de los pueblos indígenas a la defensa de sus territorios y la libre determinación sobre sus recursos, que también están amparados por convenios suscritos por el estado mexicanos ante organismos internacionales y adquieren por ello carácter de Ley en nuestro país, como es el caso del Convenio 169 suscrito con la OIT o la más reciente declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales aprobada por la ONU.
Hasta el momento, no ha habido un diálogo franco entre la empresa, los funcionarios encargados del ramo y los pueblos que se verán afectados. En Oaxaca, señores funcionarios, señores empresarios, hay que conocer la historia de las resistencias de los pueblos indígenas.
No es mediante la criminalización de la lucha social por la defensa de la tierra y sus recursos naturales, que son vida para nuestro pueblos, como se encauzará el conflicto social que se vive en esa región, que insisto no se reduce solamente a San José del Progreso y por ende, no es argumento que en la protesta hay gentes que no son nativos de ese lugar. La globalización nos ha hecho también preocuparnos por los impactos que lo local puede tener en relación con lo global. Todos ahora estamos obligados a pensar en la sustentabilidad del planeta y de quienes lo habitamos y lo habitarán, entre ellos, por supuesto, nuestros hijos y nietos.
Mucho menos es con soluciones policiacas y encarcelamiento de personas que se acabará el conflicto. La reacción a la fuerza desmedida de la policía ya no funciona en Oaxaca. La expresión solidaria e inmediata de diversos pueblos circunvecinos y la sección 22 se hizo evidente el mismo día 6 que ocurrió el desalojo de quienes protestaban en la mina. Miembros del colectivo de organizaciones en defensa del territorio oaxaqueño y otras fuerzas sociales también se han manifestado. Los pueblos ya no están solos en sus luchas, existe un contrapoder popular a los excesos de las fuerzas policiacas y las políticas demoniacas del gobierno. La sección 22 ha anunciado que se radicalizará si no son liberados todos los detenidos en el desalojo de la mina. Aun permanecen cuatro en prisión.
Solo el diálogo constructivo y el consenso permitirán arribar a una solución al conflicto social que ahí se vive, para ello es necesario tomar en cuenta a todas las partes. ¿Tendrán la capacidad los funcionarios de los distintos niveles de gobierno para lograrlo?, o ya no están en condiciones de hacerlo pues comprometieron su voluntad con el poder del dinero.
“Con mi solidaridad a Marcelino Coache Verano y Juan Manuel Martínez Moreno y sus familias, víctimas de la política endemoniada”
Víctor Raúl Martínez Vásquez (IISUABJO)
