Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan el Nobel a Obama

Reuters y Afp

Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2009, p. 24

Washington, 9 de diciembre. Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) cuestionaron hoy el Premio Nobel de la Paz al presidente estadunidense Barack Obama con el argumento de que éste no ha hecho lo suficiente en materia de derechos humanos para merecer el galardón que le será entregado el jueves en Oslo, Noruega.

De su lado, el vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs, dijo que el presidente entiende y sabe que no está al mismo nivel que Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calculta, quienes también recibieron ese galardón.

HRW y AI instaron a Obama a utilizar su discurso de aceptación para renovar el liderazgo de Estados Unidos en la lucha en favor de los derechos humanos, luego de que su reputación fuera dañada por los abusos cometidos durante la guerra contra el terrorismo del anterior gobierno del republicano George W. Bush.

Las organizaciones humanitarias dijeron que su pragmatismo a veces se dio a expensas de no hablar acerca de los derechos humanos en países como China, el mayor acreedor de Washington y una nación fundamental en los esfuerzos por lidiar con la crisis financiera internacional.

Él ha creado una falsa elección entre tener que hablar enérgicamente sobre los derechos humanos o ser pragmático y obtener resultados en otras cuestiones, dijo el director ejecutivo de AI en Estados Unidos, Larry Cox.

La directora asociada de HRW, Carroll Bogert, dijo que el gobierno parece haber cometido un error de cálculo cuando estimó que Estados Unidos podía ser un país más prominente en la arena internacional si minimizaba el tema de los derechos humanos.

Por último, Fidel Castro acusó a Obama de haber llevado a cabo un acto cínico al haber aceptado el Nobel de la Paz, y consideró que su política en Afganistán es la misma que la de Bush.

fuente- la jornada

Piden a EU exigir castigo de militares mexicanos

J. Jaime Hernández Corresponsal El Universal

Martes 14 de julio de 2009

politica@eluniversal.com.mx
WASHINGTON.— La organización Human Rights Watch (HRW) se manifestó ayer porque la administración del presidente Barack Obama “exija enérgicamente” al gobierno de México el cumplimiento de requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida y retenga 15% de los fondos asignados bajo ese esquema de cooperación bilateral, hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por elementos del Ejército “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.
“No queremos que el Departamento de Estado sea sorprendido y se apresure a certificar y entregar unos fondos que son cuantiosos (más de 100 millones de dólares) hasta que haya una respuesta satisfactoria”, aseguró José Miguel Vivanco, director de HRW, al considerar que la petición tiene como fin “fortalecer a las instituciones democráticas y al estado de derecho en México”.
En la carta dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton —y en los informes detallados que han sido distribuidos profusamente en el Capitolio—, la organización manifiesta su preocupación por “la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, tales como violaciones sexuales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, y porque los autores de tales delitos no son debidamente investigados ni juzgados”.
Denuncias se sextuplicaron
“La cantidad de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por militares mexicanos se ha sextuplicado en los últimos tres años, desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa desplegó aproximadamente a 40 mil efectivos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”, denunció el presidente de esta organización no gubernamental, Kenneth Roth, en la carta dirigida a Hillary Clinton.
“La cantidad de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 182 en 2006; de 367 en 2007 y de mil 230 en 2008”, aseguró Roth para dejar constancia de la alarmante progresión de los casos de crímenes, violaciones, redadas ilegales y torturas atribuidos a elementos del Ejército mexicano en su cruzada contra los cárteles de la droga en la que la población civil se ha convertido en víctima del fuego cruzado.
Para esta organización defensora de los derechos humanos las razones que han contribuido al crecimiento exponencial de los abusos y denuncias por parte de las fuerzas armadas están en relación directa con las “fallas estructurales del sistema de justicia militar”, ya que el secretario de la Defensa “ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales” y en la que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Por tal razón, esgrime Roth, “en los últimos 10 años, los tribunales militares mexicanos —que habitualmente asumen la jurisdicción para investigar los abusos cometidos por elementos del Ejército contra civiles— no han condenado a un solo miembro de las fuerzas armadas acusado de cometer una violación grave de derechos humanos”.
La carta enviada a Clinton se produce a sólo unos cuantos días de que el zar antidrogas de EU, Gil Kerlijkowske, confirmara tras una audiencia en la Cámara baja que ha entrado en contacto con el gobierno de México y el Departamento de Estado para discutir las denuncias de tortura, violaciones y redadas ilegales que han sido denunciadas por organizaciones como HRW y han encontrado eco en diversos medios de comunicación.

fuente- El universal

Exige HRW a Honduras restituya el orden constitucional

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de Las Américas de Human Rights Watch, pidió a Honduras restituya el orden constitucional de normalidad jurídica ya que no está justificado el estado de emergencia que ha dictado el gobierno interino lo que permite a militares detener a cualquier persona, incluso por más de 24 horas, sin ningún tipo de control judicial.

Cabe recordar que este jueves Vivanco envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en la cual le solicita que en la entrevista que tendrá con funcionarios hondureños los inste a respetar “las garantías fundamentales hasta que se resuelva la crisis provocada por el golpe de Estado”.

"En la carta hacemos mención a más de 90 casos de detenciones arbitrarias; en algunos casos desconocemos el paradero de algunas personas".

Dijo que han habido detenciones hacia periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y gente cercana al gobierno del presidente Zelaya y "si eso ocurrió antes de la declaracion formal de estado de emergencia creemos que es posible presumir que se van a producir abusos mayores a partir de que ahora se sienten con autoridad para este tipo de acciones".

Informó también que hay dos canales estatales, identificados con la línea de Zelaya, que han sido clausurados; ' hay reportes de periodistas y caricaturistas detenidos... hay señales de televisión internacional que han sido controladas como es el caso de CNN'.

"Es una vergüenza para toda América Latina que la Corte de Honduras se haya convertido en una Corte golpista sin ningún tipo de miramientos o de calificaciones quienes consideraron que el golpe lo dio primero Zelaya y que ellos tuvieron el derecho a detenerlo.

fuente- W radio

La guerra al 'narco' multiplica las denuncias contra el Ejército mexicano

Un miembro de las fuerzas especiales mexicanas vigila a un grupo de detenidos durante un operativo contra el narcotráfico en Ciudad de México.- REUTERS

Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: "Pinches putas, al final es lo que les gusta...". Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: "Ni la Virgencita te va a salvar". En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron...
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 "crímenes atroces" cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
"Una de las principales causas", señala el informe, "de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente".
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?...
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. "El Gobierno federal", explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, "está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (...) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos". Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados... Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: "Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares".
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: "Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas".
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?

fuente- El pais

No hay obstáculo legal para que tribunales civiles juzguen a militares

Opacidad y parcialidad en sistema de justicia militar
No hay obstáculo legal para que tribunales civiles juzguen a militares
Por Gladis Torres Ruiz México DF, 29 abril 09 (CIMAC).- En México en los últimos años, los militares, han cometido graves violaciones a los derechos humanos de la población, como en el caso de la violencia sexual contra mujeres; sin embargo estos delitos quedan impunes por el deficiente sistema de justicia militar, a pesar de que “la Constitución Política de México no exige que sean los mismos militares quienes juzguen estos casos, que deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles”, aseguró el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth.

Esta mañana durante la presentación del informe: “Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, el director de la organización con sede en Washington afirmó que “México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”.Subrayó que esto es producto de una falta de voluntad política por parte de las autoridades federales para castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tales como asesinatos, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias, sin que hasta la fecha ningún soldado haya sido sujeto a un proceso penal, a pesar de que “no hay ningún obstáculo legal para que los tribunales civiles lleven casos de militares”.

Kenneth Roth precisó que los militares que cometen violaciones graves a los derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, tal es el caso de las violaciones sexuales contra mujeres. “Si un militar se da cuenta de que si abusa sexualmente de una mujer va hacer castigado severamente y su delito no quedara impune, dejara de hacerlo”, afirmó.El informe, de 85 páginas, documenta 17 casos de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por militares en contra de 70 civiles, entre el 2007 y el 2008. Afirma que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de “independencia e imparcialidad” y es una estructura cerrada y sin transparencia.

DOBLE PODER MILITAR

El director ejecutivo de HRW detalló que entre las deficiencias más serias del sistema de justicia militar se encuentra que el “Secretario de Defensa ejerce a la vez dos poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanecer en el cargo, por lo que podrían temer se les separe del mismo si emiten decisiones que el Secretario no comparte y que no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.Por lo que el director de HRW, lanzó un llamado a Felipe Calderón para que garantice que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil, se juzguen e investiguen por las autoridades civiles ante el sistema de justicia penal. Por su parte José Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), subrayó que la necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente, pero para ser efectiva cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos.MILITARES

DEBEN SER JUZGADOS POR JUSTICIA CIVIL

HRW señala en su informe que de los 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios de 2007 y 2008, ninguna investigación militar sobre esto ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un solo soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, el “Caso Castaños”.

La organización afirma que las autoridades militares, para justificar su decisión de investigar violaciones graves a los derechos humanos, se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar --fuero de guerra-- cuando militares que se encuentran “en servicio”, cometen delito federales o del fuero común, así como una interpretación forzada de la Constitución Política.Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar “exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar”, dice el informe.

Este resultado es además contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que definió “servicio militar como la realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”.Si bien la SCJN no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser juzgados e investigados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y tortura claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas, subraya HRW.

De igual manera, sentencia que la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.Al respecto, durante la conferencia, José Vivanco señaló que en este tema las y los legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores, si bien no han hecho nada, tienen una gran oportunidad de avanzar en esta materia, ya que el Ejecutivo, recientemente les envió una serie de iniciativas de reformas en materia militar, sin embargo ninguna de ellas hablaba del “fuero militar”.

Por lo que esta es una excelente oportunidad para que el Congreso intervenga y actué en esta materia, que todas las y los políticos de todos los partidos intervengan para eliminar la impunidad en esta materia. “tendrán oportunidad de discutir el régimen jurídico que regula las actitudes militares contra civiles, tendrán la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista”.

CASO CASTAÑOS

La madrugada del 11 de julio de 2006, un grupo aproximado de 20 soldados violaron a dos trabajadoras sexuales de Las Playas y a 11 más del salón Pérsico, los dos centros nocturnos que se ubican en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en venganza por la agresión que habría sufrido, minutos antes, el soldado José Joaquín Álvarez Flores, a quien sacaron de Las Playas por provocar disturbios, lugar donde se encontraba junto con otros integrantes del Ejército mexicano.

Los militares agresores que pertenecientes a la Sexta Zona Militar, ubicada en Múzquiz que abarca un cuartel, se encontraban asignados para resguardar la paquetería del proceso electoral en el Instituto Federal Electoral, que se localiza en la colonia Del Paso, en Monclova y habrían dejado su puesto para acudir a la zona de tolerancia de Castaños, ubicada a 14 kilómetros de Monclova. Sólo cuatro de los ocho elementos del Ejército mexicano detenidos fueron condenados esta tarde por el fuero común, uno de ellos salió mediante el pago de una multa, por el delito de violación agravada cometido contra 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Con este hecho por primera vez en la historia reciente de México, cuatro elementos del Ejército mexicano fueron condenados por el fuero común, con penas que van desde los tres años nueve meses hasta 41 años cuatro meses, luego de que resultaron culpables del delito de violación agravada en contra de nueve de 14 mujeres violadas. Al respecto, en su informe, HRW señala que “si bien el Caso Castaños dista mucho de ser perfecto, se destaca como un ejemplo de cómo deben conducirse las investigaciones de abusos militares contra la población civil en México.

Las autoridades locales investigaron los delito perpetrados por los soldados, e impusieron condenas penales a tres militares que actualmente se encuentran en una prisión estatal, el cuarto obtuvo su libertad bajo fianza. Si bien en este caso la justificación de la jurisdicción civil fue “inusualmente clara”, esta misma postura debería permanecer siempre que el personal militar participe presuntamente en graves violaciones a los derechos humanos.

Los hechos de tortura, violación sexual y uso injustificado de la fuerza letal contra civiles distan mucho de ser parte del cumplimiento de los deberes de los militares, como una conducta delictiva y brutal en un club nocturno.

HRW afirma que los delitos aberrantes cometidos por los soldados en Castaños permiten extraer varias enseñanzas importantes sobre el uso de la jurisdicción militar para investigar y juzgar los abusos militares contra civiles en el país, entre ellas la de que la Constitución Política de México “no exige que los militares juzguen este tipo de delitos cometidos por soldados contra civiles”.

fuente- CIMAC Noticias

Denuncia HRW al ejército mexicano por asesinatos y torturas

Nacional - Miércoles 29 de abril (12:09 hrs.)
Human Rights Watch declara que los militares mataron al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años
La organización describe en su informe 17 casos de graves abusos uniformados con más de 70 víctimas
El Financiero en líneaMéxico, 29 de abril.- Militares mexicanos asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

En el informe "Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública", el organismo con sede en Nueva York describe 17 casos de graves abusos militares con más de 70 víctimas.

El documento presentado hoy en México precisa que en todos esos casos, registrados en operativos contra el crimen organizado, los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad.

El único caso en que se condenó a cuatro soldados fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. HRW señala que en 12 casos de presuntos asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataron la orden de detener sus vehículos. El 1 de junio de 2007, en un camino rural en el estado de Sinaloa, un grupo de soldados "presuntamente alcoholizados y consumiendo drogas" disparó contra una camioneta, donde murieron dos mujeres y tres menores, según la entidad de derechos humanos.

El 26 de marzo de 2008, en ese mismo estado, militares dispararon desde un vehículo del Ejército "desde muy corta distancia y sin razón" contra un automóvil y mataron a cuatro personas. En esta acción murieron dos de los soldados, "aparentemente a causa de disparos de los mismos militares".

Las otras tres muertes fueron casos individuales en los estados de Sonora, Michoacán y Tamaulipas. El organismo internacional creado en 1988 indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas ni con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos. "Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública", subraya en su informe la ONG.

Una delegación de HRW, encabezada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, presentó las conclusiones de su informe a miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, entre ellos al secretario (ministro) de Gobernación, al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia Militar. "Estas reuniones fueron tensas y difíciles, en particular con la Procuraduría General de la República y con los militares, aunque con el ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fueron más cordiales", dijo hoy a Efe el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

El directivo de HRW explicó que "México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares". El informe sostiene que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de "independencia e imparcialidad" y es una estructura cerrada y sin transparencia.

Las investigaciones de los fiscales militares generalmente se cierran por "falta de pruebas" y, aunque en ocasiones se ha indemnizado a las víctimas, esa reparación "no compensa la falta de justicia que prevalece en estos casos", revela el documento. Human Rights Watch pidió a Calderón promover reformas a las leyes castrenses para que los jueces civiles puedan juzgar y sancionar a los militares que violan los derechos humanos de la población.

Esta reforma debe garantizar la estabilidad en los cargos de los jueces y magistrados militares para evitar su dependencia del ministro de Defensa. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México confirmó recientemente que el Ejército ha torturado a civiles detenidos en operativos contra el crimen organizado. De acuerdo con el segundo visitador de la CNDH, Mauricio Ibarra, las mayoría de los casos son "detenciones arbitrarias y un trato cruel" a los arrestados. La CNDH documentó ocho casos de tortura en 2008, el mismo número que los registrados en los tres primeros meses de este año. (Con información de Notimex/MVC)

fuente- El financiero