La ilegitimidad de Peña Nieto y Calderón

José Gil Olmos
18 de julio de 2012 · 6 Comentarios
Análisis

Peña Nieto y Calderón en Los Pinos.
Foto: Presidencia

MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla presidencial.

Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense, reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas.

Esto es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán una victoria que no es legítima.

Al igual que Calderón, si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder.

En los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes, campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto. Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su complicidad en la imposición del priista.

No se trata solamente de un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias, transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.

Es el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables, pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.

Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad se atrevió a investigar.

Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.

Pero tanto al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los distritos electorales.

No sólo eso, Calderón también lo recibió el pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.

A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.

Al panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el inicio de su administración.

Al priista, mucho menos; y cuando los campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a reprimir y a detener como si fueran delincuentes.

El autoritarismo y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están organizando.

Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión. Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.

fuente- proceso

Calderón y la pobreza, ineptitud criminal

Álvaro Delgado
1 de agosto de 2011 · 19 Comentarios
Análisis

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- Si la eficacia de un gobierno nacional se mide por el bienestar que genera para su población, el de Felipe Calderón es un fracaso irrebatible: En sólo cuatro años arrojó al infierno de la pobreza a 12 millones 205 mil 356 mexicanos.

Es una infamia: Se trata de un aumento de 27% del número de pobres que había cuando, en 2006, asumió al cargo. Es decir, la pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado.

La mitad de los mexicanos, entonces, es pobre.

La vasta propaganda oficial y oficiosa ha tratado de esconder esta cifra de pobreza patrimonial y aun el aumento de 3.2 millones de pobres multifactoriales –de 48.8 a 52 millones–, contenidos en el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y ha tratado de imponer la idea de que se contuvo el aumento de pobreza extrema.

Y en efecto, qué bueno que los programas asistencialistas del gobierno federal evitaron que la cifra de pobres extremos creciera más de los 11.7 millones que hay –y que son muchísimos–, pero qué lamentable que ese número sea casi igual a los mexicanos que se convirtieron en pobres.

Orquestadas por Calderón, las justificaciones por el aumento de la pobreza en México se multiplican en el gobierno federal y en el Partido Acción Nacional (PAN), y entre los pretextos se cuentan los que acuden inclusive a la comparación de los pobres que generó la crisis detonada en 1994.

Las cifras oficiales establecen que, tras el colapso económico de ese año, los mexicanos que cayeron en pobreza patrimonial ascendieron a 64 millones de personas. Pero así como van las cosas, en este y el próximo año, bien puede Calderón generar los poco más de 6 millones para igualar y superar esa cifra.

Talento, para la desgracia, lo tiene.

Y para los pretextos, también.

En 2006, en su libro propagandístico El hijo desobediente, prometió que sacaría de la pobreza a 27 millones de mexicanos: En números redondos, desaparecerán 15 millones pobres-pobres y 12 millones pobres extremos.

Eso implicaba que disminuirán 2.5 millones de pobres cada año, 208 mil 333 por mes y casi 7 mil diarios. Los pobres extremos desaparecerán, gracias a Calderón, a razón de 2 millones anuales, 166 mil mensuales y 5 mil 500 cada mes.

Las cifras combinadas de pobres y pobres extremos que desaparecerán, según la promesa de Calderón –27 millones en total–, son las siguientes: Cada año, dejarán de ser pobre y pobres extremos 4.5 millones de mexicanos, 375 mil por mes y 12 mil 500 diarios.

A la vuelta de cinco años –cuatro en la evaluación del Coneval–, Calderón no sólo no pudo cumplir con ese compromiso de abatir la pobreza, sino que la aumentó por su incompetencia en todos los órdenes.

Y lo fundamental: Tratándose de personas es una ineptitud criminal…

Apuntes

Luisa María es ya candidata del PAN al gobierno de Michoacán mediante el uso de todos los recursos del gobierno federal, cuyo despliegue se multiplicará hacia la elección del 11 de noviembre. El plan de hacer ganar a la hermana de Calderón reactiva el contubernio de éste con Elba Esther Gordillo y, en breve, habrá renuncias de panistas, como en Zamora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará en los siguientes días si ratifica o revoca la expulsión de Manuel Espino del PAN. Salvador Nava Gomar, el magistrado ponente, propone la expulsión –porque así se le ordenaron sus dueños–, pero nada es seguro todavía…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

fuente- proceso

FCH y Elba pactaron fraude de 2006: AMLO

El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue un "acuerdo para el fraude" el que pactaron en el 2006 el presidente Felipe Calderón y la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

A cambio, dijo, el presidente Calderón le entregó a Gordillo Morales no sólo el ISSTE y la Lotería Nacional, sino también la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esa fue "la moneda de cambio" por el operativo para el fraude instrumentado por la lidera del SNTE, el cual no significó "acuerdo político", pues no fue para llamar a sus seguidores y militantes a realizar campaña y votar a favor de Felipe Calderón.

AMLO afirmó que parte del arreglo fue entregarle la Secretaría de Educación Pública, donde el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, es el subsecretario de Educación Básica.

"La educación básica es todo, es preescolar, es primaria, es secundaria. De modo que quien maneja la SEP es Elba Esther, los que han estado ahí Josefina Vázquez Mota, ahora Alonso Lujambio, que por cierto no dice ni pío... sólo han estado de floreros".

López Obrador rechazó que se haya tratado de un acuerdo político, como ahora lo plantean el presidente Calderón y Gordillo Morales.

"No, el acuerdo fue para el fraude", insistió al recordar que 15 días antes de los comicios, Gordillo Morales lo buscó pero él no la recibió.

Afirmó que en la elección presidencial del 2006, una gente de Elba Esther Gordillo en el Instituto Electoral Federal (IFE), que manejaba todo lo que tiene que ver con los representantes de casilla, operó para cambiar a los representantes que estaban y metieron a gente de la lideresa del SNTE, "para hacer el fraude electoral".

Todavía el día de la elección, "tengo la grabación", Elba Esther habló a los gobernadores al mediodía y les dijo: "oye ya decídete, échanos la mano". Eso sucedió al medio día de la elección, relató López Obrador.

"¿Qué, a esa hora un gobernador va a dar la orden: a ver saquen a la gente a votar, la gente del PRI, para que gane Calderón? No. La llamada era para arreglar electoralmente el asunto, para robarse la elección", reiteró el ex candidato presidencial, quien visita su tierra natal como parte de la gira que realiza como coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

fuente- el Universal

La farsa del PAN-gobierno

Jesusa Cervantes
24 de junio de 2011
Análisis

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F., (apro).- Felipe Calderón Hinojosa no está empecinado en aprobar reformas que realmente abatan el crimen organizado, pues de ser así su reforma contra el lavado de dinero iría “tras la huella” de recursos sucios y atacaría las ganancias de los cárteles de la droga. Hasta ahora no ha sido así.

Y en los hechos tampoco ha mostrado su deseo de que una iniciativa tan limitada, como la que envió, sea aprobada, dado que públicamente demanda al Poder Legislativo que convoque a un periodo extraordinario para aprobar diversas reformas o nuevas leyes, como la del lavado de dinero, pero en privado mantiene callados a los diputados afines a su gobierno.

Mientras por un lado Felipe Calderón acusa al Poder Legislativo de frenar sus iniciativas, en San Lázaro los diputados del PAN se mantienen pasmados, atados de manos. Así, por ejemplo, Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda, quien tiene en su poder la minuta del Senado sobre lavado de dinero, ni siquiera ha convocado a reunión al resto de los partidos, ya no se diga para aprobar la minuta, sino al menos para leerla.

¿Cómo, entonces, el Ejecutivo pretende que se apruebe una iniciativa, si no empuja a sus legisladores a cabildear, a operar políticamente en pro de la minuta contra lavado de dinero?

Eso sí, mediáticamente utiliza a su fallido secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que se reúna con los coordinadores parlamentarios, en un intento por “destrabar” las iniciativas, convocar a un periodo extraordinario de sesiones y luego aprobarlas.

En cuanto al proceso legislativo, Calderón demanda una cosa en público y en privado hace otra. Pero, además, hay otro aspecto: la iniciativa en sí misma.

La minuta contra el lavado de dinero enviada por Calderón al Senado no va al centro del problema, es decir, no ataca realmente ese complejo sistema. Por ejemplo, deja que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sea la única dependencia capaz de establecer denuncias cuando se sospeche que el lavado está ocurriendo. La responsabilidad, entonces, sigue recayendo en una sola instancia, la Unidad de Investigación Financiera que depende, precisamente, de la SHCP.

Resulta absurdo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que detecta movimientos bancarios inusuales, no pueda, por cuenta propia, interponer denuncias. Y, del otro lado, el Sistema de Administración Tributaria, donde se reflejan los posibles evasores de impuestos, tampoco puede interponer denuncias.

Y es que el movimiento de cuentas bancarias y evasión fiscal son dos elementos que juegan un papel vital en el proceso de lavado de dinero.

A contracorriente de lo que se hace en Italia, donde se cuenta con una policía especializada en lavado de dinero, el gobierno mexicano diversifica en varias instituciones cada uno de estos actos y entrega sólo a una –la SHCP– la potestad de interponer la denuncia. Es decir, que los entes involucrados en las investigaciones de lavado de dinero trabajan de manera descoordinada.

Existen varias cifras sobre cuánto dinero se lava anualmente en México, algunas de las cuales van de los 10 mil millones a los 40 mil millones de dólares, dependiendo del organismo que las emita.

Lo único cierto es que para la comunidad internacional, México ya se ha convertido en un foco en el que hay que poner atención por la fácil manera de lavar dinero.

Por ejemplo, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la ONU han señalado que “México se enfrenta ahora a una amenaza a su estabilidad y a su seguridad nacional sin precedentes, por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”.

Y más: “Los poderosos cárteles de la droga, que recurren a la violencia extrema, han extendido sus actividades en diversas partes del país. Estas actividades suponen un importante desafío para el gobierno”.

Los organismos internacionales acusan desarticulación en el combate al lavado de dinero y pocas sentencias condenatorias por ese delito.

En su reporte de 2009, el FMI señala que pese a la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México, los delitos de lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, “pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias condenatorias por este ilícito desde 1989 a 2007, y 14 de ellas fueron dictadas en 2007. Más aún, la mayor parte están relacionada con delitos en flagrancia, es decir aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policíacos o militares, y prácticamente ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda”.

Otro dato: Entre 2007 y el primer trimestre de 2011, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda recibió 185 mil 677 reportes de operaciones inusuales, y sólo se han logrado 20 sentencias condenatorias.

Y la iniciativa de Felipe Calderón contra lavado de dinero, que tanto se demanda públicamente sea aprobada en un periodo extraordinario, pero en privado se mantiene en el cajón del diputado panista Alberto Becerra Pocoroba, no va al corazón del dinero sucio, y mientras no se ataque esta arista, aminorar el crimen organizado en México será poco menos que imposible.

Mantener empecinadamente que la estrategia sólo debe ser de policías, militares y armas, no dará resultado, o por lo menos no se ha logrado abatir el lavado de dinero, que es el último fin de los diversos cárteles.

De manera que la demanda de Calderón de convocar a un periodo extraordinario no es real, sino mediática y electorera. Por lo menos los hechos así lo demuestran.

Dato: ¿De dónde sale el dinero para la campaña de Eruviel Ávila en el Estado de México? En el PRI dicen que no de la dirigencia local que encabeza el fallido precandidato a gobernador, Luis Videragaray. También alegan que no es mucho el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que el gobernador todavía no asimila la imposición de Arturo Montiel. De ahí que el dinero salga, aseguran los propios priistas, de los bolsillos de la maestra Elba Esther Gordillo. Quizá por ello su hija y futura dirigente de Nueva Alianza, Mónica Arreola, se encuentra instalada en territorio mexiquense, para atender todas las necesidades de Eruviel Ávila.

Reclaman desde avioneta muertes a FCH

por La Redacción Internacional / América | Lunes, 13 de Junio de 2011 08:50 hrs.

• La nave sobrevoló el estadio de Stanford durante unos 15 de los 18 minutos que duró el mensaje del Presidente Calderón

FUENTE: REFORMA
Palo Alto, Estados Unidos (12 junio 2011).- Justo cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la palabra en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, una avioneta sobrevoló el área con una manta en la que se leía: "No más sangre. 40,000 dead!. How many more?" (Cuarenta mil muertos. ¿Cuántos más?, en español).

Sin inmutarse, ataviado con una solemne toga, el Mandatario mexicano prosiguió con la lectura de su mensaje a los graduados reunidos en el estadio de la Universidad, una de las de mayor prestigio en la Unión Americana.

La nave sobrevoló durante unos 15 de los 18 minutos que duró el mensaje del Presidente Calderón.

En ese periodo completó alrededor de 12 vueltas sobre el estadio, la mitad de cuyas gradas estaba ocupada por miles de familiares de los graduados.

El fantasma de la guerra contra el crimen organizado asomó en el cielo californiano con esa protesta aérea, el lento vuelo de la aeronave y su perturbador mensaje, escrito en letras y números azules sobre un fondo amarillo.

Los estudiantes que se distraían con el sobrevuelo del pequeño aeroplano concentraban también su mirada en el escenario que se alzó en el césped del estadio, presidido por las autoridades de la Universidad, académicos, alumnos sobresalientes y el Jefe de Estado mexicano.

Pero el ruido distante del motor a hélice no perturbó mayor cosa el ambiente, primero de júbilo que acompañaba la llegada de los graduados, después de solemnidad con los discursos de los oradores.

Ataviado también con una toga, el escolta del Estado Mayor Presidencial que custodiaba al Presidente de México, capitán Héctor Farías, en algún momento echó una mirada de reojo al aeroplano.

Con todo y el sobrevuelo anónimo de protesta por la muerte de miles de mexicanos por el fragor de la guerra contra el crimen organizado, la ceremonia transcurrió en orden.

Mario Bros y Superman

A temprana hora reinaba la alegría en los alrededores del estadio de la Universidad de Stanford. Con trapos coloridos, llantas salvavidas y gorros exóticos, el grueso de los graduados caminaba sin la solemnidad que supondría portar toga y birrete.

Se notaba un ambiente lleno de colorido, con estudiantes portando disfraces de personajes como Mario Bros, Superman o Superchica.

Otros cubiertos por plásticos enormes que simulaban tiburones, en lo que se conoce como "wacky walks" o caminata loca.

Una universitaria que portaba una bandera con las barras y las estrellas abrió el desfile de los cientos de graduados; metros atrás, otra estudiante alzaba la bandera tricolor mexicana.

Los familiares de los graduados se emocionaron en las gradas. Poco después, cuando el sillerío fue ocupado por cientos de jóvenes con toga y birrete, asomó la figura del Presidente de México, acompañado por autoridades de la Universidad.

Calderón pronunciaría el mensaje de graduación para 725 bachilleres, 2167 Maestros y 1054 Doctores, 365 de ellos con honores y 263 con distinciones universitarias.

"No teman en navegar en contra del viento y de evitar la ola de mediocridad que paraliza las mejores causas del mundo. Hoy su gran travesía --Calderón citó al poeta Cavafis-- ha empezado, disfrútenla muchos años.

"En el futuro, cuando recuerden este gran momento, sabios y llenos de experiencia, yo espero que encontrarán la felicidad que surge de ser congruente con los valores en los que creen y de vivir acorde a sus ideales, como hoy, cuando la Universidad termina y empieza una nueva vida", deseó el Mandatario mexicano.

Y tras la solemnidad de los discursos afloró la alegría: los graduados aventaron al aire sus birretes y se abrazaron emocionados con sus compañeros.

El Presidente Calderón también se desprendió de su toga y se fue a reunir con mexicanos que estudian en la Universidad de Stanford.

fuente- Nssoaxaca

Sedena: compra de armas por 8.6 mil millones

La Secretaría de la Defensa ha comprado armamento por 4 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Calderón “para operaciones de orden interior y seguridad nacional contingentes o urgentes”. Sin licitar, en breve adquirirá otros 4 mil 690 millones en armas a través del Fideicomiso para Equipo Militar. Estados Unidos, Israel, Bélgica y Alemania, entre los principales proveedores de México, considerada nación pacifista hasta antes del inicio del sexenio de Felipe Calderón

/ Segunda parte /Primera parte /

La carrera armamentista del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –iniciada tras su declaración de “guerra” contra el narcotráfico– ha costado al erario, al menos, 4 mil 1 millones 190 mil pesos, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con esos recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comprado equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y contratado obra pública y servicios de mantenimiento relacionados con ese equipo. Las transacciones se realizaron entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2011 por medio del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

Tan sólo de enero a marzo de este año, dicho fondo registró egresos por 171 millones 229 mil 745 pesos, descubre el “Anexo XVI” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Según el documento de Hacienda, el dinero se destinó a la adquisición de equipos bélicos.

El negocio de la “guerra” contra las drogas es para las trasnacionales, explica Delio Dante López Medrano, maestro en ciencias penales y académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Quienes se benefician son las grandes corporaciones, llámense fabricantes de armas, empresas inmobiliarias, bancos, porque los mafiosos sí tienen dinero en sus casas, pero la mayoría de los recursos no está ahí. Por ello, estos grupos [de beneficiarios] no quieren que cambie la situación [de violencia]. Desafortunadamente, los grandes corporativos son los que controlan, incluso, los congresos.”

Las compras de armamento para contrarrestar la “presión mediática” nacional e internacional –que apunta que los cárteles de la droga tienen mayor capacidad de fuego que las autoridades– no son la única vía para equipar a los militares: la Sedena también produce armas largas y cortas y recibe equipo de campaña de Estados Unidos en el contexto de la Iniciativa Mérida.

Tan sólo en 2011, la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 65 millones 701 mil 62 pesos para su propia producción, refiere la dependencia por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que los narcotraficantes no poseen mejores armas. “El Ejército Mexicano, como cualquier ejército del mundo, cuenta con una significativa capacidad de fuego. Tiene equipo de todo tipo, de marcas israelíes, estadunidenses, checoslovacas, rusas. Además, la Defensa trabaja en un fusil experimental de asalto”.

Agrega que “hay una diferencia sustantiva entre el potencial de fuego: mientras el delincuente tiene que confiar en lo que lleva en su cajuela o en su cinto, el Ejército cuenta con aparatos logísticos que lo pueden surtir tanto de armamento como de municiones constantemente. Hay dos herramientas sustanciales para un ejército en un campo de batalla, la estrategia, es decir la planificación de la campaña, y la logística, esto es que la tropa cuente con todas las herramientas y suministros necesarios para su labor: desde alimentación, salud, comunicaciones, hasta materiales de guerra. Si hablan de potencial de fuego, a menos que digan que La Familia, Los Zetas o los Beltrán Leyva son un ejército, esto es una falacia”.

Compras multimillonarias

En 2011, el gasto de la Sedena en armamento podría alcanzar 8 mil 691 millones de pesos. Y es que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada –en su papel de fiduciario– resguarda 4 mil 690 millones en el Fideicomiso, disponibles para las “contingencias” de la milicia en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las nuevas órdenes de compra de armas y equipo bélico las dará el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna se licitará: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Ante estas características, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indica que no se garantiza cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrata por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refiere a Contralínea que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas.

Con una aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos, el 13 de junio de 2007 se constituyó el Fideicomiso. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil. De junio a diciembre de ese año, sus gastos ascendieron a 85 millones 414 mil pesos.

En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil mientras que se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

Datos de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

El doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, explica que “no existe ninguna experiencia internacional en la cual únicamente centrándose en la parte reactiva policial, y sobre todo con la participación del Ejercito únicamente, se pueda reducir de manera importante el problema [del narcotráfico]. Por más cobertura e incluso por más número de elementos que se tengan por parte de las corporaciones militares, la estrategia es insuficiente. Así ha sido en el caso de Ciudad Juárez, donde a pesar de que se han enviado cientos o miles de militares y policías federales, la seguridad no está aumentando, mientras la violencia sí”.

Proveedores de armas

Al igual que el presupuesto ya ejercido, los más de 4 mil 600 millones del Fideicomiso favorecerán la industria bélica mundial. A cambio de la multimillonaria suma, México ­–otrora nación pacifista que cuenta más de 40 mil civiles asesinados­ en lo que va de este sexenio– recibirá más armas para su “guerra”.

Las proveedoras de la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Guillermo Galván, son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a este país son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.

El investigador José María Ramos considera que México sí vive una carrera armamentista. “Hemos podido identificar que en esta administración se ha incrementado el número de armamento, especialmente para el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Aquí la pregunta es si eso ha sido eficaz, si eso ha generado mejores resultados, porque los indicadores están a la vista”.

El académico de El Colegio de la Frontera Norte refiere que, aunque se diga que el armamento se utiliza para detener a los grupos delictivos, una parte de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de este sexenio se ha producido por esas armas. Por ello, Ramos considera necesario saber cuántos inocentes han muerto con ese armamento que se está comprando masivamente.

Las autoridades federales intentan justificar la adquisición del material bélico con la capacidad de fuego que se le atribuye a la delincuencia. Sin embargo, el investigador considera que el problema de esta “guerra” es que solamente se fortalece la parte policial, reactiva, y se dejan de lado la investigación, la ciencia, la coordinación interinstitucional y la estrategia conjunta; elementos que, en el mediano y largo plazo, dan mejores resultados.

José María Ramos dice que tener mejores armas no reduce la violencia ni somete al crimen organizado; tampoco hace que los ciudadanos se sientan seguros. “Por el contrario, los ciudadanos en este contexto se sienten mucho más inseguros”.

Diseminación del armamento

Una vez que llegan a México, las armas se diseminan por todo el territorio nacional. En 2010, las 32 entidades federativas pagaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 715 millones 232 mil 562 pesos por concepto de anticipo para la adquisición de armamento.

El oficio 0001351 de la Sedena –fechado el 22 de marzo de este año y elaborado como respuesta a una solicitud ciudadana de información– revela que el Distrito Federal es la entidad que más invirtió en armas, al haber dado un anticipo por 220 millones 547 mil 673 pesos, que equivale al 30.8 por ciento del gasto conjunto.

Mientras, el anticipo de Chihuahua, considerado uno de los estados más conflictivos del país, ascendió a 25 millones 57 mil 886 pesos. La entidad que menos dinero destinó a ese concepto fue Tlaxcala: 786 mil 485 pesos.

Además de las adquisiciones por estados, el año pasado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron 106 armas a la Sedena: el primero, 40, y la segunda, 66.

Para Samuel González Ruiz, doctor en filosofía del derecho y académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, “el mayor error que cometió este país fue dotar de armas de alto poder a policías municipales no capacitados ni certificados”.

El extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR dice que “eso explica parte del incremento de la violencia. Si yo soy un delincuente y me voy a encontrar con policías municipales que tienen AK-47, ¿qué voy a hacer de manera inmediata? Subir el nivel de armamento, porque ésa es mi reacción natural. Si yo sé que me voy a encontrar con un enemigo que tiene un arma de un poder uno, yo voy a tratar de tener un nivel dos; y si él sube a dos, ¿qué voy a hacer? Subirle a tres o cuatro”.

González Ruiz observa otro riesgo intrínseco en lo que califica como “uno de los errores fundamentales de la estrategia”: los policías municipales que “trabajan” para los delincuentes pueden estar transfiriendo las armas a los grupos criminales.

Además de ello, la Secretaría de la Defensa reporta que entre 2007 y 2009 sus integrantes perdieron por extravío o robo 7 mil 929 armas: en 2007, 3 mil 536; en 2008, 2 mil 321, y en 2009, 2 mil 72.

Ciudadanos se arman

El maestro López Medrano refiere que cuando un país entra en una espiral de violencia, el siguiente paso de facto es que la gente se empiece a armar, hecho que ya ocurre en México. “La primera función del Estado es la seguridad pública y cuando la incumple, empezamos a encontrar que los grupos delictivos tienen muchísimas y mejores armas y que el Estado cada vez adquiere más y más sofisticado armamento. Esto nos ha colocado a los ciudadanos justo entre estos dos extremos: por una parte, el Estado abusivo porque permanentemente violenta nuestros derechos fundamentales y, por otro lado, la delincuencia cada vez más agresiva”.

Ante los escenarios de violencia, Dante López observa que el ciudadano piensa en armarse como ya está ocurriendo. “Ése es el camino. Y esta ruta no tiene regreso. Lo que está ocurriendo entre las bandas o los grupos antagónicos al final de cuentas es que se está generando un camino de la venganza. Yo cada vez soy más violento y te exhibo en video y el otro le contesta cada vez de manera más violenta”.

No obstante esos riesgos, la agenda política del actual gobierno continúa privilegiando la estrategia de la represión, incluso con presupuestos fuera del que aprueba anualmente el Congreso.

En el caso de la Sedena –principal institución encargada de “combatir” al narcotráfico–, la Cámara de Diputados ya ha cuestionado las transferencias millonarias a favor del Fideicomiso.

En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la Sedena.

En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.

En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Samuel González Ruiz pregunta: “¿El costo que estamos pagando es muy alto para los resultados obtenidos?”. De inmediato responde: “Sí. Porque no han visto [las autoridades] que la estrategia tiene que ser dada de manera integral. De manera integral quiere decir todo, visto desde una perspectiva global. El proceso que estamos siguiendo en el país no puede dar resultados mientras no generes estrategias desde el punto de vista social y de la parte financiera. Las 53 sentencias en esta materia [lavado de dinero] son poquísimas, y si las vas a ver, ¿quieres que te diga de qué se tratan? Solamente de tráfico de dinero en efectivo en los aeropuertos, es decir que están pegando todas [las estrategias] a la cadena más baja de la estructura y con eso no vas a desbaratar las organizaciones [criminales]”.

Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena
La Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.

Las supuestas irregularidades están relacionadas con el contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la ASF.

De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso.

Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario, además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.

Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.

La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual, en el ejercicio 2009, se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).

En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.

No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.

El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.

Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756 mil 800 dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.

Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.

Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.

Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.

Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.

La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.

El mercado negro de las armas

La operación emprendida por el gobierno de Estados Unidos para traficar de forma ilegal armas a México, llamada Rápido y Furioso, descubrió el doble discurso del principal promotor de la “guerra” contra el narcotráfico. Además, reveló el rampante tráfico de armas que se comete en la frontera más vigilada del mundo.

Para el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, “desafortunadamente en los últimos años se ha agudizado el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México”.

A pesar de la gravedad del problema, que ya ha creado un mercado negro de armas, Ramos observa que el gobierno estadunidense y, sobre todo, algunas autoridades centrales, con su aval o no, “vienen implementando ese tipo de operativos para supuestamente instrumentar mecanismos de inteligencia y tratar de desarticular a los distintos grupos delictivos de drogas y tráfico de armas”.

Sin embargo, dice, “la pregunta concreta es si este tipo de mecanismos eran los mejores o si, sobre todo, podrían garantizar resultados precisos en lo que se proponían que, básicamente, era tratar de identificar a grupos delictivos asociados a este tipo de problemas. Desde mi perspectiva, es una política errónea porque lo más importante era haber desarrollado una tarea de inteligencia y de investigación eficaz. Sin embargo, se trató por otro mecanismo que fue totalmente ineficaz y que coadyuvó a que el problema de las armas se incrementara”.

Fuente: Contralínea 236 / 05 de junio de 2011

Inmunidad presidencial

Jesús Cantú

FOTO: Octavio Gómez

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Felipe Calderón, titular del Ejecutivo

MÉXICO, D.F., 9 de junio.- La inmunidad es un privilegio del que disfrutan diplomáticos, legisladores y altos funcionarios de un gobierno para evitar ser perseguidos judicialmente por motivos políticos; es decir, se establecen previsiones especiales que hacen que dichos servidores públicos sean sujetos a procedimientos legales excepcionales para protegerlos de una persecución política. Esto no quiere decir que no pueden ser castigados por sus acciones; únicamente que hay un procedimiento especial (juicio de desafuero o juicio político) antes de enfrentar a los tribunales o instancias ordinarias.

En el caso del presidente de la república, sin embargo, esta inmunidad es prácticamente absoluta, pues el artículo 108 constitucional señala que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”; y como además no es mencionado en el artículo 110 como uno de los sujetos a juicio político, resulta –así lo señala el diputado priista Arturo Zamora Jiménez en la exposición de motivos de su iniciativa de reforma presentada el 28 de septiembre de 2010-- que: “aparentemente el presidente de la república sólo puede ser sujeto de responsabilidad penal, pero nunca de responsabilidad política, de tal suerte que el único procedimiento sancionatorio que podría incoarse contra el presidente de la república es el de declaración de procedencia de juicio penal”.

Esta inmunidad es motivo de reiteradas discusiones entre actores políticos, impartidores de justicia, académicos y medios de comunicación, especialmente cuando existe la resolución de un tribunal. Tal es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución y la ley electoral al realizar propaganda gubernamental durante el periodo de veda.

Asimismo, la inmunidad opera aunque exista evidencia de que la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha dejado más de 40 mil muertos, muchos de ellos personas inocentes abatidas por miembros del Ejército o la Marina por órdenes superiores de disparar contra cualquier vehículo que tenga “los vidrios polarizados y los que están mugrosos, con lodo pegado; eso quiere decir que anduvieron en la sierra o que no quieren que los identifique el helicóptero”; similar a esta disposición es la de “eliminar a todo aquel narcotraficante que sea desertor del Ejército o que se haya dado de baja para colaborar con el crimen organizado”. (Proceso 1804.)

Ambos hechos son incontrovertibles, y las responsabilidades directas del presidente de la república están claramente identificadas. Sin embargo, en el mejor de los casos no es clara la vía para que eventualmente sea sancionado por ello, y, en el peor, simplemente no existe vía.

En el primero de los casos, la violación a las disposiciones constitucionales y electorales, dado que no implica distracción de recursos públicos para la promoción personal o partidista, sino falta de respeto a una veda, la responsabilidad del presidente es administrativa o política, pero no penal y, por lo tanto, no puede pensarse en seguir por este hecho la vía penal una vez que concluya su mandato.

En el segundo caso, dado que el artículo 89 constitucional lo faculta “para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada… (para preservar) la seguridad interior…”, se le podrían fincar responsabilidades penales, pero no será fácil demostrarlas y menos todavía que las órdenes fueron emitidas directamente por él.

El tema, sin embargo, está presente, y esto es evidente en el cúmulo de iniciativas pendientes de dictaminar en la Cámara de Diputados que pretenden establecer las vías para sancionar al presidente de la república. Vale la pena hacer una primera división de dichas vías: aquéllas que optan por uno de los instrumentos de la democracia directa: la revocación de mandato, como la forma de remover al presidente y hacerlo sujeto de sanciones ulteriores; y aquéllas que involucran a los otros dos poderes (Judicial y Legislativo), o al menos a uno.

En términos generales, en los regímenes presidenciales la revocación del mandato no es la opción, particularmente por la inestabilidad política que genera un proceso de esta naturaleza; en cambio, sí es una opción en las instancias estatales para la remoción de gobernadores y alcaldes, considerando que sus funciones son más de índole administrativa.

Sin embargo, sí existen vías que pasan por el Congreso para remover a los presidentes. Entre los casos más sonados de este tipo se encuentran los impeachments en contra de los presidentes estadunidense Richard Nixon y Bill Clinton, el primero por su participación en el llamado Watergate, cuyo procedimiento se interrumpió porque Nixon dimitió a su cargo; y el segundo, por falsedad de declaraciones al comparecer por el escándalo sexual con Mónica Lewinsky, cargo del que finalmente fue absuelto.

Otro de los casos fue la dimisión de Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña, el 29 de diciembre de 1992, para tratar de evitar un fallo en su contra del Congreso brasileño por presuntos actos de corrupción. A pesar de su dimisión y de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil lo exoneró por falta de pruebas, el Congreso continuó con el procedimiento y lo privó de sus derechos políticos por un periodo de ocho años a partir de 1994.

Uno de los grandes pendientes de la construcción democrática en México es el establecimiento de un sistema eficaz de rendición de cuentas y, en el mismo, de las vías claras y eficaces para que los altos funcionarios de gobierno (particularmente gobernadores, miembros del gabinete presidencial y el mismo presidente de la república) puedan ser sujetos a sanción por su responsabilidad administrativa, civil, penal y política.

Por lo que se refiere a la figura del presidente, urge una reforma al artículo 108 constitucional para permitir sancionarlo por violaciones a la Constitución y a leyes federales, así como por la comisión de delitos graves dolosos del orden común y federal; otra, al 110, para establecer que el presidente será sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales.

Y al abrir dichas posibilidades hay que establecer con precisión el procedimiento que se seguirá en ambos casos (juicio político y juicio de procedencia), que puede ser un mecanismo distinto al previsto para el resto de los funcionarios, pero transitable.

Respecto al procedimiento, en términos generales, las disposiciones en los países con régimen presidencial prevén la participación de ambas cámaras, la de diputados como acusadora, es decir, la instancia responsable de la integración del expediente, y la de senadores como jurado de sentencia.

Lo cierto es que en esta materia hay mucho camino andado en el derecho comparado, y en el mismo Congreso existe un gran número de iniciativas de reforma que abordan el asunto. Así que los que en estos momentos tienen la responsabilidad de acabar con la inmunidad absoluta del presidente mexicano son los legisladores, pues con las actuales disposiciones constitucionales es poco menos que imposible lograr una sanción, incluso después de que termine su mandato.

fuente- proceso

Calderón convoca a universitarios a convertirse en policías

Arturo Rodríguez García

FOTO: Eduardo Miranda

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Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

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MÉXICO, D.F. 2 de junio (apro).- Al encabezar el acto de celebración del Día del Policía Federal, el presidente Felipe Calderón admitió el desprestigio de ese cuestionado cuerpo policiaco, pero dio un espaldarazo al titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, de quién dijo, ha sido clave en la transformación policial.

Calderón llamó a los policías presentes en el acto a reducir la brecha de desconfianza que tiene la ciudadanía sobre la Policía Federal.

Al calificar la pertenencia a la Policía Federal como un sacerdocio cívico, el presidente Felipe Calderón llamó a los universitarios mexicanos a sumarse a la corporación por ser una opción de vida y desarrollo profesional.

“Hoy la nación demanda que sean más los jóvenes mexicanos preparados y comprometidos con el país que decidan unirse a las filas de la policía para dar vida al cambio que México necesita y que estamos impulsando no sólo en esta corporación, sino en todas las abocadas a construir un México con paz y con justicia”, dijo.

En el acto, realizado en el Centro de Mando en Iztapalapa, Calderón estuvo acompañado de una decena de gobernadores, así como de los secretarios de Marina, Mariano Francisco Sáynez, la procuradora general, Marisela Morales y el anfitrión, titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

También estuvieron Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace, invitados frecuentes de todos los actos de García Luna. No obstante, llamó la atención la presencia de Elba Esther Gordillo Morales, dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien, con esta, suma tres veces que asiste a eventos presidenciales en una semana.

fuente- proceso

Gasto por 255 mil MDP en “seguridad nacional”

El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal

Nancy Flores / Primera parte

En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.

Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.

No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.

Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.

Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.

Sedena, el mayor gasto

La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.

También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.

Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.

De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).

Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.

Los gastos de la Marina

Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.

Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.

Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.

El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.

En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.

Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.

“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”

El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.

“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”

Inteligencia, gasto menor

En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.

De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).

En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.

El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.

En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.

Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.

El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.

Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.

Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.

También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.

Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años

En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.

Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.

Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.

El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.

“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”

López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.

Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.

Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.

Fuente Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011

A Calderón lo esperan una condena política y un juicio penal

Jorge Carrasco Araizaga

FOTO: German Canseco

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Felipe Calderón, titular del Ejecutivo

Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:

• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la ley electoral en 2009.
• El y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
• Tanto en sus acciones como en sus omisiones, el gobierno funciona sin control alguno.
• El país vive una época de dilución institucional como nunca antes desde el siglo XIX.
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.

MÉXICO, DF., 21 de mayo (Proceso).- A Felipe Calderón le aguarda un proceso judicial para cuando abandone la presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.

A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución Política durante el proceso electoral del año pasado.

La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.

Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Publica, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente, podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.

Extracto de la entrevista que se publica en la edición 1803 de la revista Proceso, ya en circulación.

Calderón no escucha, no evalúa, no mira… no tiene ética: teólogo

El teólogo Julián Cruzalta Aguirre, asesor de la organización “Católicas por el derecho a decidir”, afirmó que, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón ha mostrado ser “un hombre sin ética” al no reconoce los errores de sus decisiones que hasta ahora han provocado la muerte de miles de personas inocentes.

“Por ética, uno tiene que ser responsable de sus acciones, y lo primero es aceptar un error. En este caso, se actúa contra la ética, cuando es evidente que la estrategia es equivocada y tiene grandes costos humanos; cuando el pueblo está clamando un cambio y la persona se enterca. A eso se le llama soberbia”, dijo Cruzalta.

Y añadió que con este gobierno “hay un grave problema ético porque no escucha, no evalúa, no mira rostros ni nombres, sólo ve daños colaterales, por lo tanto hace caso omiso a la ética, es irresponsable”.

De visita en esta ciudad para ofrecer una charla a personal del sector salud sobre el trato a las víctimas de violencia intrafamiliar, el teólogo calificó como inhumano que la vida de una persona sea manejada como un daño colateral, pues estas muertes, dijo, “son crímenes de Estado, porque éste es el responsable de la situación”.

En entrevista, el fraile de la orden de los dominicos y fundador de varios grupos de derechos humanos en el país consideró que la violencia no se frena con más violencia, pues la salida de fondo, en el largo plazo, está en apostarle a la educación y al empleo.

“Si queremos frenar esta violencia del crimen organizado, hay que luchar por tener un mejor país, porque si no lo que estamos haciendo es desatar más violencia, como ya se ha visto”, puntualizó.

Según el teólogo, la violencia es consecuencia de gobiernos que no han sabido serlo. “La violencia tiene mucho rato entre nosotros a través de los salarios de hambre. Violencia es quitar presupuesto a la salud y a la educación para dárselo al Ejército, eso es violencia institucional. Y ahora aparece la violencia del crimen organizado y nos asusta mucho, porque la vemos físicamente, pero hay otra violencia subterránea que provoca esto”.

La violencia física, agregó, no se va a frenar sin una estrategia que vaya a fondo para recuperar el tejido social que ya se encuentra roto en el país.

“Es un asunto social, no solamente de balas, del Ejército o de los marinos, y parece que las autoridades no lo entienden o no tienen la capacidad de entender, y eso es más grave, porque necesitamos gente con estrategia lúcida e inteligente, que entienda cómo se mueven las sociedades”.

Y, como medidas de corto plazo, Julián Cruzalta se pronunció por retirar a las fuerzas armadas de las calles y atacar a los grupos del crimen organizado a través de acciones contra el lavado de dinero para cortarles los flujos financieros, además de discutir con seriedad el asunto de la legalización de algunas drogas.

Por otra parte, estimó que el movimiento ciudadano impulsor de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, convocado por el poeta Javier Sicilia, constituye una insurrección cívica que no se había visto en el país desde el surgimiento del zapatismo, en 1994.

“Uno se preguntaba: ¿después del zapatismo qué sigue en México desde la sociedad civil? Creo que la respuesta ya se está dando, sigue esta insurrección cívica de la no violencia, porque es un movimiento que convoca desde la palabra, desde la poesía, es un movimiento de amor a la vida”, explicó.

A su juicio, la reacción generada a partir del asesinato de siete personas en Cuernavaca —entre ellas un hijo de Sicilia— es un movimiento espontáneo del hartazgo social, pero que, como toda expresión no organizada, no garantiza estrategias fuertes a largo plazo.

“Es un movimiento con múltiples aristas y cabezas, no tiene una forma definida porque viene de las bases, no está dirigido, y por lo tanto no tiene un programa hecho. Estos movimientos primero tienen mucha presencia y de repente pueden desaparecer, pero yo le veo mucho futuro, porque nos indica que esto ya no se va a detener; podrá desaparecer este movimiento, pero aparecerá otro con otras características. Lo que se está expresando es un malestar que viene desde la sociedad civil”, abundó.

Aunque se trata de una insurgencia nacional con un foco local en Cuernavaca, agregó, en las regiones de México el movimiento tendrá diferentes formas de expresión y “cada lugar deberá seguir sus propios procesos de lucha, pero si ha habido respuesta es porque el hartazgo es generalizado”.

De acuerdo con Julián Cruzalta, el hecho de que la inconformidad ante la violencia haya explotado en el estado de Morelos es muy significativo y viene de raíces muy hondas.

“Ya me extrañaba que la tierra de Emiliano Zapata estuviera tan calladita y tan aguantadora de esta situación”, concluyó.

http://www.proceso.com.mx/rv/modhome/detalleexclusiva/91004