No comprenden en EU cómo México permite la impunidad de militares: Kerry Kennedy

Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la activista estadunidense Kerry KennedyFoto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 16

En Estados Unidos resulta incomprensible que las autoridades mexicanas permitan que quienes han violado los derechos humanos de la ciudadanía –en particular militares– continúen sin castigo. Con esto México vulnera tanto sus normas propias como el derecho internacional, subrayó Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK).

En entrevista con La Jornada, durante una visita de trabajo a comunidades de la montaña de Guerrero, junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Kennedy calificó de incomprensible que el Ejército Mexicano, que debería ser una de las instituciones de mayor reputación en el país, permita que en sus filas existan asesinos y violadores.

También lamentó las sistemáticas violaciones a los derechos que sufren en el país los defensores de garantías fundamentales y comunidades indígenas, así como el que México no haya cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra.

–¿Cuál es la percepción en Washington sobre la respuesta que las autoridades mexicanas ha dado a las sentencias de la CIDH?

–Es un tema que afecta la reputación del gobierno de México. En Estados Unidos se piensa en México como un país hermano y para mucha gente es increíble lo que está pasando. Es una especie de confusión, en especial porque no se entiende como es que el Ejército –que debe ser una institución de la cual la población se sienta orgullosa– quiera proteger a asesinos y violadores en lugar de sancionarlos por los crímenes que han cometido. Ese no es el tipo de soldado para una institución profesional.

Para la activista el contexto de violencia que enfrenta México y la estrategia contra la delincuencia organizada propicia que en el país se enfrenten serias violaciones de garantías.

Indicó que el hecho de que abusos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas contra la población permanezcan impunes y que éstos continúen siendo juzgados por tribunales militares representan una franca violación al derecho mexicano, al internacional, a las sentencias de la CIDH y a los compromisos acordados en la Iniciativa Mérida.

Kennedy (hija de Robert F. Kennedy –asesinado en 1968–, quien fuera fiscal general, senador y candidato presidencial de Estados Unidos) consideró como fracasos del Estado mexicano, en particular de la Procuraduría General de la República, que aún no se cumplan en toda su extensión las sentencias de la CIDH –sobre todo la referente al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas de Guerrero violadas sexualmente por militares en 2002–, que exista impunidad en sus casos e inobservancia de las garantías fundamentales y que los abusos de militares aún no sean transferidos a la justicia civil.

Durante su recorrido de una semana por municipios de la Montaña de Guerrero, la activista estadunidense pudo percatarse que los indígenas sufren abusos de los soldados.

Fui testigo en esta última semana que en estas comunidades hay una presencia militar muy fuerte. Los soldados no están bien entrenados ni preparados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas. Escuché muchas historias de incursiones donde toman posesión de sus tierras, roban su comida, entran a sus hogares y faltan al respeto a hombres y mujeres.

Sobre la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, Kennedy sostuvo que existen cientos de casos de abusos, amenazas de muerte, atentados, asesinatos y violación. Es la cultura de la impunidad lo que permite que esto continúe.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, que en noviembre pasado ganó el premio de derechos humanos del Centro RFK, señaló que no garantizar seguridad a un activista es negarle la garantía de acceder a sus derechos y a la justicia a centenares de comunidades.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy es una organización con sede en Washington fundada en 1968 con el propósito de continuar con el legado del político del cual lleva su nombre y para apoyar a quienes trabajan en la defensa de garantías fundamentales. Después de otorgar el premio a la ONG mexicana ambas agrupaciones trabajarán conjuntamente durante seis años.

fuente- la jornada

Fuero militar, se acabaron los pretextos

Jesusa Cervantes
15 de julio de 2011 · 5 Comentarios
Análisis

Guillermo Galván, titular de la Sedena.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Durante un año, los generales Ezequiel Hernández Mendoza y Jaime Juárez, del Estado Mayor la Defensa Nacional, cabildearon en la Cámara de Diputados los cambios a la minuta del Senado de la República sobre la Ley de Seguridad Nacional.

Dicha minuta abría la posibilidad de que las fuerzas armadas fueran sometidos a la justicia civil cuando, en la lucha en contra del criminen organizado, se cometiera un delito en contra de la población. El documento del Senado no era explícito pero sí dejaba una rendija que un buen abogado podía utilizar a favor de los ciudadanos.

Para revertir el tema y garantizar que los militares, nunca, en ningún momento serían juzgados por civiles, los generales Ezequiel Hernández y Jaime Juárez, subjefe de Doctrina Militar y jefe de Asesoría Jurídica de la Sedena, respectivamente, trabajaron durante un año y aceleraron el paso a finales de 2010 cuando entró el abogado y diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, a negociar los cambios a la minuta.

Finalmente, en abril de 2011 y luego de más de un encuentro entre altos mandos de la Sedena con diputados y senadores del PRI, éstos terminaron cediendo a las presiones de la Sedena y se canceló la posibilidad de juzgar a los militares en juzgados civiles. Habían ganado los de verde olivo.

De no ser por la irrupción del poeta Javier Sicilia en el activismo social, el predictamen que elaboraron militares y legisladores priistas hubiera sido aprobado sin reparos. Luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia, el poeta Javier Sicilia se convirtió en la voz de miles de madres, padres, hermanos o hijos de las víctimas de la guerra antinarco impulsada por Felipe Calderón, a las cuales, llama sin pudor algunos “daños colaterales”.

La fuerza de Sicilia y más de una veintena de viejos activistas sociales en defensa de los derechos humanos como Miguel Concha o el sacerdote Alejandro Solalinde, alcanzó su punto más alto justo cuando el PRI estaba a punto de aprobar –con su mayoría en la Cámara de Diputados y el respaldo del PAN–, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.

La ya emblemática reunión de Sicilia y el grupo de defensores de los derechos civiles, el 27 de abril, con diputados federales dio al traste con la reforma. Para ese momento la citada ley se había convertido en una papa caliente, la cual nadie quería hacer suya, lo mismo ocurría con los priistas que con los panistas, el gobierno o las fuerzas armadas. Así es que la solución fue enviarla al cajón del olvido y dejar para un mejor momento los cambios.

En tanto, en el Senado de la República tampoco se atrevían a enfrentarse a los militares, pues nunca se dictaminó la reforma del Código de Justicia Militar que envió Felipe Calderón el 18 de octubre de 2010, en acatamiento a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La iniciativa calderonista, que proponía someter ante la justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas estaba acotada, pues únicamente podrían ser juzgados por tres tipos de delitos: tortura, desapariciones forzadas y violación. Aunque corta, comparada con la recomendación que hizo la Coidh, la iniciativa calderonista nunca fue abordada por los senadores. No querían enfrentarse con “los de verde”.

De ahí que los generales de la Sedena pusieron todo su empeño en que también esa posibilidad fuera cancelada en la minuta que el Senado envió a los diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional y aceleraron el cabildeo con los priistas en San Lázaro.

Sin embargo, en días recientes el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, sorprendió a todos cuando dijo que ya estaba el predictamen de la Ley de Seguridad Nacional; destacó que el principal cambio era, justamente, la especificación de que los militares sí serían sometidos a la justicia civil cuando cometieran cualquier tipo de atropello en contra de la población.

Para ese momento de nada valieron los arduos trabajos de cabildeo que los generales Hernández y Juárez habían realizado a lo largo de un año. Pero aún así, había una ligera esperanza para las fuerzas armadas de echar atrás las propuestas de Javier Corral, pues el dictamen no había sido aprobado, incluso se tiene como fecha el 17 de agosto para ello, por lo cual sería difícil que se realizara un periodo extraordinario para ello.

Los generales de Sedena tenían aún esperanzas.

Sin embargo, la reciente definición de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al fuero militar y en donde establecen que por cualquier violación de los derechos de los “paisanos” (civiles) se debe juzgar a las fuerzas armadas en juzgados civiles, hizo que el trabajo de los generales se esfumara en definitiva.

Ahora, con la resolución de la Corte, el Congreso de la Unión, no podrá seguir evadiendo más su responsabilidad ni sus acciones serán producto de un cabildeo o negociación entre partidos políticos.

Por obligación y en consonancia con lo dicho por la SCJN, el Senado deberá modificar el Código de Justicia Militar y nada tendrá que ver la propuesta de Felipe Calderón. Igualmente, en la Cámara de Diputados, se deberá integrar a la Ley de Seguridad Nacional el tema y abrogar, en definitiva, el fuero militar, tratándose, claro, de acciones en contra de la población civil en el combate a la inseguridad nacional.

Sin duda, a la Corte hay que aplaudirle su resolución pero también que esté obligando a los diputados y senadores a hacer lo que tanto temen, definir el trabajo y responsabilidades de los militares en el tema de seguridad.

Hasta el momento lo único que se sabe es que en las fuerzas armadas, están verdes de coraje por la resolución de la Corte y el albazo que pretendió dar el panista Javier Corral.

Dato:
¿Cómo le hará Marcelo Ebrard para sacudirse el inadmisible abuso en contra de la estudiante Mariel Solís, a quien sin tener las pruebas suficientes se le acusó y juzgó de ser cómplice de un asesinato? ¿Cómo le hará para resarcir el daño psicológico que, sin duda, marcará la vida de la joven estudiante? ¿Cómo justificará el error de darle valor a una persona consignada sin antes haber corroborado su dicho? Marcelo Ebrard le debe a la joven no sólo una disculpa, sino reparar el daño psicológico. Aunque recientemente lo escuché decir que no se le compensaría con dinero u otra cosa, que bastaba con la liberación. Nada más absurdo de quien está dando muestras de que no respeta las garantías individuales y pretende ser presidente de la República.

Lo mismo ocurre con la maestra de inglés en Ciudad Juárez, Ana Isela Martínez Ayala, quien luego de ser acusada de transportar marihuana y pasar 45 días en la cárcel municipal, al fin se ha aceptado que es inocente.

En ambos casos, no fue la pericia de las policías la que les hizo recular, sino la fuerte presión social y de los familiares, así como el excelente trabajo de defensa que hicieron en las redes sociales, en donde pudieron demostrar la inocencia de ambas.

fuente- proceso

Sedena: compra de armas por 8.6 mil millones

La Secretaría de la Defensa ha comprado armamento por 4 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Calderón “para operaciones de orden interior y seguridad nacional contingentes o urgentes”. Sin licitar, en breve adquirirá otros 4 mil 690 millones en armas a través del Fideicomiso para Equipo Militar. Estados Unidos, Israel, Bélgica y Alemania, entre los principales proveedores de México, considerada nación pacifista hasta antes del inicio del sexenio de Felipe Calderón

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La carrera armamentista del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –iniciada tras su declaración de “guerra” contra el narcotráfico– ha costado al erario, al menos, 4 mil 1 millones 190 mil pesos, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con esos recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comprado equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y contratado obra pública y servicios de mantenimiento relacionados con ese equipo. Las transacciones se realizaron entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2011 por medio del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

Tan sólo de enero a marzo de este año, dicho fondo registró egresos por 171 millones 229 mil 745 pesos, descubre el “Anexo XVI” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Según el documento de Hacienda, el dinero se destinó a la adquisición de equipos bélicos.

El negocio de la “guerra” contra las drogas es para las trasnacionales, explica Delio Dante López Medrano, maestro en ciencias penales y académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Quienes se benefician son las grandes corporaciones, llámense fabricantes de armas, empresas inmobiliarias, bancos, porque los mafiosos sí tienen dinero en sus casas, pero la mayoría de los recursos no está ahí. Por ello, estos grupos [de beneficiarios] no quieren que cambie la situación [de violencia]. Desafortunadamente, los grandes corporativos son los que controlan, incluso, los congresos.”

Las compras de armamento para contrarrestar la “presión mediática” nacional e internacional –que apunta que los cárteles de la droga tienen mayor capacidad de fuego que las autoridades– no son la única vía para equipar a los militares: la Sedena también produce armas largas y cortas y recibe equipo de campaña de Estados Unidos en el contexto de la Iniciativa Mérida.

Tan sólo en 2011, la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 65 millones 701 mil 62 pesos para su propia producción, refiere la dependencia por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que los narcotraficantes no poseen mejores armas. “El Ejército Mexicano, como cualquier ejército del mundo, cuenta con una significativa capacidad de fuego. Tiene equipo de todo tipo, de marcas israelíes, estadunidenses, checoslovacas, rusas. Además, la Defensa trabaja en un fusil experimental de asalto”.

Agrega que “hay una diferencia sustantiva entre el potencial de fuego: mientras el delincuente tiene que confiar en lo que lleva en su cajuela o en su cinto, el Ejército cuenta con aparatos logísticos que lo pueden surtir tanto de armamento como de municiones constantemente. Hay dos herramientas sustanciales para un ejército en un campo de batalla, la estrategia, es decir la planificación de la campaña, y la logística, esto es que la tropa cuente con todas las herramientas y suministros necesarios para su labor: desde alimentación, salud, comunicaciones, hasta materiales de guerra. Si hablan de potencial de fuego, a menos que digan que La Familia, Los Zetas o los Beltrán Leyva son un ejército, esto es una falacia”.

Compras multimillonarias

En 2011, el gasto de la Sedena en armamento podría alcanzar 8 mil 691 millones de pesos. Y es que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada –en su papel de fiduciario– resguarda 4 mil 690 millones en el Fideicomiso, disponibles para las “contingencias” de la milicia en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las nuevas órdenes de compra de armas y equipo bélico las dará el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna se licitará: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Ante estas características, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indica que no se garantiza cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrata por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refiere a Contralínea que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas.

Con una aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos, el 13 de junio de 2007 se constituyó el Fideicomiso. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil. De junio a diciembre de ese año, sus gastos ascendieron a 85 millones 414 mil pesos.

En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil mientras que se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

Datos de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

El doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, explica que “no existe ninguna experiencia internacional en la cual únicamente centrándose en la parte reactiva policial, y sobre todo con la participación del Ejercito únicamente, se pueda reducir de manera importante el problema [del narcotráfico]. Por más cobertura e incluso por más número de elementos que se tengan por parte de las corporaciones militares, la estrategia es insuficiente. Así ha sido en el caso de Ciudad Juárez, donde a pesar de que se han enviado cientos o miles de militares y policías federales, la seguridad no está aumentando, mientras la violencia sí”.

Proveedores de armas

Al igual que el presupuesto ya ejercido, los más de 4 mil 600 millones del Fideicomiso favorecerán la industria bélica mundial. A cambio de la multimillonaria suma, México ­–otrora nación pacifista que cuenta más de 40 mil civiles asesinados­ en lo que va de este sexenio– recibirá más armas para su “guerra”.

Las proveedoras de la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Guillermo Galván, son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a este país son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.

El investigador José María Ramos considera que México sí vive una carrera armamentista. “Hemos podido identificar que en esta administración se ha incrementado el número de armamento, especialmente para el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Aquí la pregunta es si eso ha sido eficaz, si eso ha generado mejores resultados, porque los indicadores están a la vista”.

El académico de El Colegio de la Frontera Norte refiere que, aunque se diga que el armamento se utiliza para detener a los grupos delictivos, una parte de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de este sexenio se ha producido por esas armas. Por ello, Ramos considera necesario saber cuántos inocentes han muerto con ese armamento que se está comprando masivamente.

Las autoridades federales intentan justificar la adquisición del material bélico con la capacidad de fuego que se le atribuye a la delincuencia. Sin embargo, el investigador considera que el problema de esta “guerra” es que solamente se fortalece la parte policial, reactiva, y se dejan de lado la investigación, la ciencia, la coordinación interinstitucional y la estrategia conjunta; elementos que, en el mediano y largo plazo, dan mejores resultados.

José María Ramos dice que tener mejores armas no reduce la violencia ni somete al crimen organizado; tampoco hace que los ciudadanos se sientan seguros. “Por el contrario, los ciudadanos en este contexto se sienten mucho más inseguros”.

Diseminación del armamento

Una vez que llegan a México, las armas se diseminan por todo el territorio nacional. En 2010, las 32 entidades federativas pagaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 715 millones 232 mil 562 pesos por concepto de anticipo para la adquisición de armamento.

El oficio 0001351 de la Sedena –fechado el 22 de marzo de este año y elaborado como respuesta a una solicitud ciudadana de información– revela que el Distrito Federal es la entidad que más invirtió en armas, al haber dado un anticipo por 220 millones 547 mil 673 pesos, que equivale al 30.8 por ciento del gasto conjunto.

Mientras, el anticipo de Chihuahua, considerado uno de los estados más conflictivos del país, ascendió a 25 millones 57 mil 886 pesos. La entidad que menos dinero destinó a ese concepto fue Tlaxcala: 786 mil 485 pesos.

Además de las adquisiciones por estados, el año pasado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron 106 armas a la Sedena: el primero, 40, y la segunda, 66.

Para Samuel González Ruiz, doctor en filosofía del derecho y académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, “el mayor error que cometió este país fue dotar de armas de alto poder a policías municipales no capacitados ni certificados”.

El extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR dice que “eso explica parte del incremento de la violencia. Si yo soy un delincuente y me voy a encontrar con policías municipales que tienen AK-47, ¿qué voy a hacer de manera inmediata? Subir el nivel de armamento, porque ésa es mi reacción natural. Si yo sé que me voy a encontrar con un enemigo que tiene un arma de un poder uno, yo voy a tratar de tener un nivel dos; y si él sube a dos, ¿qué voy a hacer? Subirle a tres o cuatro”.

González Ruiz observa otro riesgo intrínseco en lo que califica como “uno de los errores fundamentales de la estrategia”: los policías municipales que “trabajan” para los delincuentes pueden estar transfiriendo las armas a los grupos criminales.

Además de ello, la Secretaría de la Defensa reporta que entre 2007 y 2009 sus integrantes perdieron por extravío o robo 7 mil 929 armas: en 2007, 3 mil 536; en 2008, 2 mil 321, y en 2009, 2 mil 72.

Ciudadanos se arman

El maestro López Medrano refiere que cuando un país entra en una espiral de violencia, el siguiente paso de facto es que la gente se empiece a armar, hecho que ya ocurre en México. “La primera función del Estado es la seguridad pública y cuando la incumple, empezamos a encontrar que los grupos delictivos tienen muchísimas y mejores armas y que el Estado cada vez adquiere más y más sofisticado armamento. Esto nos ha colocado a los ciudadanos justo entre estos dos extremos: por una parte, el Estado abusivo porque permanentemente violenta nuestros derechos fundamentales y, por otro lado, la delincuencia cada vez más agresiva”.

Ante los escenarios de violencia, Dante López observa que el ciudadano piensa en armarse como ya está ocurriendo. “Ése es el camino. Y esta ruta no tiene regreso. Lo que está ocurriendo entre las bandas o los grupos antagónicos al final de cuentas es que se está generando un camino de la venganza. Yo cada vez soy más violento y te exhibo en video y el otro le contesta cada vez de manera más violenta”.

No obstante esos riesgos, la agenda política del actual gobierno continúa privilegiando la estrategia de la represión, incluso con presupuestos fuera del que aprueba anualmente el Congreso.

En el caso de la Sedena –principal institución encargada de “combatir” al narcotráfico–, la Cámara de Diputados ya ha cuestionado las transferencias millonarias a favor del Fideicomiso.

En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la Sedena.

En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.

En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Samuel González Ruiz pregunta: “¿El costo que estamos pagando es muy alto para los resultados obtenidos?”. De inmediato responde: “Sí. Porque no han visto [las autoridades] que la estrategia tiene que ser dada de manera integral. De manera integral quiere decir todo, visto desde una perspectiva global. El proceso que estamos siguiendo en el país no puede dar resultados mientras no generes estrategias desde el punto de vista social y de la parte financiera. Las 53 sentencias en esta materia [lavado de dinero] son poquísimas, y si las vas a ver, ¿quieres que te diga de qué se tratan? Solamente de tráfico de dinero en efectivo en los aeropuertos, es decir que están pegando todas [las estrategias] a la cadena más baja de la estructura y con eso no vas a desbaratar las organizaciones [criminales]”.

Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena
La Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.

Las supuestas irregularidades están relacionadas con el contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la ASF.

De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso.

Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario, además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.

Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.

La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual, en el ejercicio 2009, se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).

En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.

No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.

El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.

Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756 mil 800 dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.

Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.

Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.

Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.

Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.

La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.

El mercado negro de las armas

La operación emprendida por el gobierno de Estados Unidos para traficar de forma ilegal armas a México, llamada Rápido y Furioso, descubrió el doble discurso del principal promotor de la “guerra” contra el narcotráfico. Además, reveló el rampante tráfico de armas que se comete en la frontera más vigilada del mundo.

Para el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, “desafortunadamente en los últimos años se ha agudizado el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México”.

A pesar de la gravedad del problema, que ya ha creado un mercado negro de armas, Ramos observa que el gobierno estadunidense y, sobre todo, algunas autoridades centrales, con su aval o no, “vienen implementando ese tipo de operativos para supuestamente instrumentar mecanismos de inteligencia y tratar de desarticular a los distintos grupos delictivos de drogas y tráfico de armas”.

Sin embargo, dice, “la pregunta concreta es si este tipo de mecanismos eran los mejores o si, sobre todo, podrían garantizar resultados precisos en lo que se proponían que, básicamente, era tratar de identificar a grupos delictivos asociados a este tipo de problemas. Desde mi perspectiva, es una política errónea porque lo más importante era haber desarrollado una tarea de inteligencia y de investigación eficaz. Sin embargo, se trató por otro mecanismo que fue totalmente ineficaz y que coadyuvó a que el problema de las armas se incrementara”.

Fuente: Contralínea 236 / 05 de junio de 2011

El ejército de Calderón

Calderón ha usado al Ejército para mantenerse en el poder luego del fraude de 2006. A la jerarquía militar le ha brindado un papel protagónico con la supuesta “guerra contra el narco”, ardid sexenal para apoyar al gobierno derechista. En realidad, ha hecho de las Fuerzas Armadas, que algún día tuvieron raíces revolucionarias, uno de los principales enemigos del pueblo. El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana han brindado al gobierno ilegítimo el apoyo que necesita para llevar a cabo sus políticas contrarias al bienestar popular.

En este sexenio, se propicia también la injerencia del clero católico en el Ejército, situación de la que México se había librado como una honrosa excepción en América.

Lo peor de todo es que el amasiato de Calderón con las jerarquías militar y religiosa anticipa para 2012 un escenario que podría incluir el intento del mandatario espurio de perpetuarse en el poder por medio de las armas, bajo la premisa de que el Ejército no estará dispuesto a abandonar los beneficios y el protagonismo que han encontrado bajo el actual gobierno derechista, militarista y católico.

La “indispensable” milicia

Nacido el 19 de enero de 1943, el mismo día en que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa actual, ha sido uno de los principales apoyos del mandatario derechista que, paradójicamente, tanto se ha esforzado por destruir las instituciones y políticas que, en el pasado, beneficiaron a las clases trabajadoras.

El 15 de septiembre de 2010, en pleno aniversario de la lucha de México por su Independencia, Galván alegaba que el Ejército no debía volver a sus cuarteles, pues esto sería “un signo de debilidad y dejaría a la sociedad en la indefensión” (Excélsior, 15 de septiembre).

Más aún, el jefe de las Fuerzas Armadas ha dicho claramente que el Ejército tiene intención de quedarse así indefinidamente, pues, según él, “los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden de que en el mediano plazo es inviable un retiro de tropas”.

En otros términos, su “estrategia” les dicta a los jefes militares quedarse para siempre gozar de las ventajas que les representa ser tan indispensables para garantizar la permanencia de la derecha en el poder.

Como es sabido, la sociedad está hoy en día indefensa ante los abusos de los militares, quienes actúan con toda prepotencia con el pretexto absurdo de la llamada “guerra contra el narco”, donde la intervención militar es una estrategia comparable a lo que sería tratar de apagar un incendio con abundante gasolina.

Los problemas asociados al tráfico de drogas surgen de la prohibición de su consumo y adquieren mayores dimensiones con la participación de los militares, gracias a sus armas y su entrenamiento.

Es obvio que la guerra es el negocio de los mandos militares, en todos sentidos; por ello, el presidente espurio les ha creado una guerra a su medida, al igual que Bush fabricó su “guerra contra el terrorismo”. En la década de 1960, Díaz Ordaz también llevó a cabo su “guerra contra el comunismo”, usando al Ejército para ocupar universidades y masacrar estudiantes.

Precisamente, en el festejo del bicentenario, el 15 de septiembre, el Ejército, en un despliegue absurdo y amenazante, salía a ocupar calles de Reforma y Avenida Juárez, que hace cuatro años fueron escenario de las movilizaciones populares contra la derecha en el poder.

Como bien señaló Luis Hernández Navarro, “desde que tomó posesión del Ejecutivo, Felipe Calderón ha recurrido a las Fuerzas Armadas para gobernar. Las fiestas del bicentenario no fueron la excepción. No se trató, tan sólo, del tradicional desfile del 16 de septiembre. El mandatario nombró como fiduciario del Fideicomiso Bicentenario, encargado de administrar los recursos de la fiesta, al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. La institución manejó la nada despreciable cantidad de 3 mil millones de pesos. En la controvertida Expo Bicentenario, instalada en Guanajuato, se dispuso un pabellón especial dedicado al Ejército”.

El 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, en lugar del tradicional desfile deportivo, Calderón hizo desfilar al Ejército, exhibiendo sus equipos y armas de alto poder, en un nuevo alarde pueril para impresionar y amedrentar a la población.

El Ejército Mexicano, que en el siglo XX escribió páginas gloriosas, como la lucha contra los cristeros y otras fuerzas contrarrevolucionarias, hoy se ha convertido en comparsa del poder derechista.

¿Golpe militar en 2012?

A la sociedad mexicana le espera un panorama muy sombrío en 2012 si nos atenemos a lo que ha venido ocurriendo desde 2006.

Hay que recordar que al terminar su mandato, Fox no quería alejarse del poder: ni siquiera estuvo dispuesto a dejar Los Pinos, lo cual finalmente tuvo que hacer con mucha resistencia de su parte, y siguió alimentando su protagonismo, al igual que Marta Sahagún.

Con Calderón es aún peor, porque a lo largo del sexenio se ha mantenido en el poder con el apoyo del Ejército, que junto con el clero y algunos grandes empresarios son los únicos beneficiados por su gobierno, que al pueblo ha prodigado sólo agresiones.

Con el Ejército en los espacios públicos, el mandatario espurio se siente suficientemente seguro para hacer y deshacer a su antojo. Ante todo, ésa es la única fuerza que en su lógica necesita para seguir en el poder.

No podemos saber exactamente cómo podría justificar el Ejecutivo ilegítimo, y/o el Partido Acción Nacional, su afán de perpetuarse en el poder, seguramente mediante razones banales, infantiles, repetidas ad náuseam por un coro mediático oficialista, manipulado por los grandes intereses económicos.

Quien, como él, recurre a las armas para ejercer el poder ha abandonado la posibilidad de la argumentación y otros medios incruentos para resolver los desacuerdos y, por lo tanto, de un proceso democrático en 2012.

Será muy difícil lograr que deje el poder quien gobierna con las armas en la mano.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

fuente- revista contralinea

Condena a México por militares que violaron a indígenas

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, informaron organismos de derechos humanos.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), resaltaron que las sentencias fueron notificadas este viernes y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas” quienes han mantenido su denuncia desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Las organizaciones civiles, que representan legalmente a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, destacaron que en las sentencias la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal interamericano también estimó que el México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, por lo que “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Las medidas ordenadas, se apunta, tienen que ver con la reparación del daño, la investigación de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares agresores en el fuero civil, así como procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
La Corte ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir, así como atención médica y psicológica para las víctimas y sus familiares, además de que ordenó la construcción de un centro de salud en las comunidades de donde Inés y Valentina son originarias.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un breve comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano.
En su comunicado, la Secretaría señala que en el litigio el Estado mexicano “reconoció, entre otros aspectos su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada en el momento de la presentación de la denuncia penal”.
Asimismo, informó que en el desahogo del proceso judicial el Estado mexicano entregó los expedientes de los casos a los jueces de la Corte Interamericana, pero no menciona que las averiguaciones previas estaban radicadas en el fuero militar.
Tras señalar supuestos avances en el “sistema de salud y de procuración y administración de justicia”, y en la entrada en vigor de legislación a favor de la mujer, la Segob puntualizó que “el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”.
Asimismo, reiteró su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”.

fuente- proceso

Sistemáticos, los excesos del Ejército

Jesús Cantú



MÉXICO, D.F., 25 de agosto.- El análisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ejército que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos–; sembrar evidencias para pretender involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional.

La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero sí realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una política general y no de un comportamiento personal anómalo de los involucrados.

Particularmente la recomendación 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ejército, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente habían recogido a los delincuentes.

Al respecto, la recomendación señala: “en el correo electrónico de imágenes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León, refirió que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llevó a cabo la inspección del vehículo marca Yukón color gris, dentro del cual se encontró lo siguiente: (…) un fusil automático, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matrícula borrada; así como una carabina, calibre .223-5-56 mm, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S, matrícula L262834”.

Y más adelante indica: “…en el acta de fe ministerial e inspección cadavérica realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador metálico, sin presencia de cartuchos, no observándose el número de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso tenía en su miembro superior izquierdo …un arma de fuego metálica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matrícula L262834”.

La recomendación concluye: “…del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos”.

En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos más relevantes son la ubicación de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Martín y Bryan Almanza Salazar –se halló entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado–, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.

Respecto a la ubicación de la camioneta, el documento de la CNDH señala: “…en el correo electrónico de imágenes número 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisión Nacional, se manifestó lo siguiente:

“…5. Al término de la agresión se efectuó la revisión del lugar de los hechos, ubicándose tres vehículos, en el orden que se citan, localizando en su interior:

“a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identificó como V6, indicando que venía procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompañaba su familia; localizándose también en el interior del vehículo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Martín Almanza Salazar, quien falleció en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un vehículo color rojo.”

Sobre el particular, la recomendación asienta: “…esta Comisión Nacional observó que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificación de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificación de Martín Almanza Rodríguez, padre de los menores, quien conducía el vehículo), de que la camioneta en que viajaban había sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar sólo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, éstos les indicaron que los lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica a Miguel Alemán, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (…) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (…) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo”.

(En otros documentos del Ejército referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)

También, para simular que la familia fue víctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos habían sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendación de la CNDH señala: “…en relación con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las víctimas y, además, en el dictamen pericial de la Comisión Nacional se indica que, en relación con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del vehículo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biológicos (manchas hemáticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada”.

En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observación casi idéntica, y en el de los estudiantes señala: “Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigación del caso materia de esta recomendación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien negó parcialmente la información solicitada para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”.

Así, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuraduría General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es más difícil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos…

fuente- proceso

Impunidad militar

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar “la guerra” al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.

Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.

Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.

Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.

A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.

El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman “un ejército de paz”, en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para “acompañar” a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que “los daños colaterales” durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.

Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido “confundidos” con criminales o han sido descarga del “estrés” al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.

Para los militares y policías federales, el significado de “daño colateral” no es herir o matar a un civil; es simplemente “un accidente ocurrido durante una operación”.

En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo “un accidente ocurrido durante una operación”.

De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de “guerra” de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en “puestos de control”, como prefiere denominar el Ejército a los retenes.

Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: “¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!”.

Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los “estresados militares” que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.

La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de “los controles militares”. Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.

El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su “guerra” contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que “limpiarán” los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.

Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga “la potestad” para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, “sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal”.

Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían “de manera legal” a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.

Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.

Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de “afectación a la seguridad interior”, el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.

Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.

Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en “daños colaterales” y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.

mjcervantes@proceso.com.mx

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El temor de los militares

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- Los militares tienen temor. Marinos y soldados están cada vez más convencidos de que uno de los saldos de la “guerra contra el narcotráfico” en la que los embarcó el gobierno de Felipe Calderón será el de la presión en algunos sectores sociales para que sean investigados y juzgados por los delitos cometidos en contra de civiles.

El intenso cabildeo que los propios militares están haciendo en el Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre otros ordenamientos, tiene el propósito de garantizar, desde ahora, la impunidad.

Liberados de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad cometidos, sobre todo por el Ejército, durante la “guerra sucia”, principalmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los militares quieren evitar malos tiempos.

La reforma que se discute actualmente en el Senado pretende darle el marco legal a la actuación de los militares en los operativos ordenados por Calderón y garantizar su participación en futuros asuntos de orden público sin que exista el riesgo de investigaciones ulteriores en su contra.

Lejos está esa reforma de la adecuación de las Fuerzas Armadas a la vida democrática. Incluso, si se llegara a reformar el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.

Si bien los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia” no acabaron en la cárcel, el Ejército sí tuvo que enfrentarse a la eventualidad de ser sometido a investigaciones como las que ocurrieron en algunos países de América Latina al final de los regímenes dictatoriales.

Pero el gobierno de Vicente Fox prácticamente los exoneró a través de la inoperante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El único caso sancionado ha sido el de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, detenido en un retén militar en 1974.

Pero esa sanción sólo fue posible fuera de México debido a la persistencia de los familiares de la víctima que lograron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre pasado falló en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional quiere evitar que se repita esa experiencia.

Los asesinatos de civiles a manos del Ejército durante los tres años de los operativos de Calderón quedarían con esa reforma justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores, sobre todo en el ámbito internacional.

Para evitarlo, el Ejército tendría que cerrar los expedientes de las víctimas que han caído en los últimos tres años por acciones de sus elementos. Declararlos cosa juzgada.

De esa manera se evitaría el establecimiento de responsabilidades no sólo de los autores materiales de los delitos, sino de sus superiores.

Con todo y lo obsoleto que es el Código de Justicia Militar, su artículo 110 establece que cuando un militar cometa un delito que implique la violación de una ley penal, como son los homicidios y la tortura, “serán responsables el superior que hubiere dictado esa orden y los inferiores que la ejecuten”.

Precisa que si la comisión del delito emanare directa y notoriamente de lo dispuesto en la orden, el que la hubiese expedido o mandase expedir será considerado como autor, y los que de cualquiera manera hayan contribuido a ejecutarla serán considerados como cómplices.

Calderón quiere cubrir la salida de las Fuerzas Armadas de los operativos para que él, como su comandante en jefe, quede también liberado de cualquier responsabilidad.

jcarrasco@proceso.com.mx

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Calderón menosprecia muerte de civiles en su guerra contra el narco

MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- El presidente Felipe Calderón afirmó que en la guerra contra el narcotráfico los casos en los cuales han muerto familias completas, incluidos niños pequeños, “realmente son los menos” en comparación con las ejecuciones por ajustes de cuentas entre los cárteles de las drogas.
En un intento por dar certeza a las inversiones turísticas y tranquilidad a los empresarios del ramo –tanto nacionales como extranjeros-- reunidos en la Ciudad de México con motivo del Virtuoso Simposium 2010, el presidente retomó el sentido de sus últimos discursos para tratar de que no se divulgue una mala imagen del país en el extranjero.
Antes de que Felipe Calderón hablara ante los empresarios del ramo turístico en el hotel St. Regis de la Ciudad de México, los diarios, así como los noticieros de radio y de televisión dieron cuenta del enfrentamiento entre narcotraficantes y policías en la costera Miguel Alemán, de Acapulco, Guerrero, durante el cual al menos dos niños perdieron la vida, como consecuencia del fuego cruzado.
Ante las noticias sobre la violencia en México, para el mandatario resultó indispensable aclarar que la mayor parte de las muertes y ejecuciones son parte de la lucha entre los cárteles por el control o defensa de los territorios
“Más del 90% de esos homicidios y ejecuciones –enfatizó--, obedecen, precisamente, a la lucha de unos cárteles contra otros. Es decir, no son ni siquiera acciones oficiales, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero este es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al 5 por ciento de esas muertes”, comentó.
Aun cuando minimizó el porcentaje de personas muertas por el fuego cruzado entre las fuerzas armadas y narcotraficantes, Calderón lamentó la muerte de civiles inocentes, y comentó que ese tipo de casos siempre serán “muy penosos” para su gobierno.
“No hay acciones de este tipo, digamos, donde se vea amenazada directamente, o una acción enfocada contra el turismo. Ese no es el caso. Los casos que, quizás, se han registrado, se refieren más bien a muertes de civiles, que son finalmente sorprendidos en algún tiroteo, como ha ocurrido recientemente”, añadió.
“Y son mucho menos todavía, aunque los ha habido, por desgracia, y los lamentamos, de algunos civiles inocentes, alguna vez atrapado en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes, pero son realmente los menos", enfatizó.
En un reporte obtenido por la Cámara de Diputados se reveló que la cifra de muertos por la guerra contra el narcotráfico rebasa los 22 mil. En las últimas semanas han caído dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un par de niños murieron por fuego cruzado en Tamaulipas, así como otros dos en un tiroteo en Acapulco.
Pero ante directivos de empresas turísticas internacionales, Calderón no sólo pidió a los visitantes extranjeros “enamorarse de México”, sino también que valoren “objetivamente” los niveles de violencia y de muertes en México en comparación con otros países como Jamaica, República Dominicana o Brasil.
“El último dato disponible es que nosotros tenemos un 11.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es alto, sí. Pero hablemos, por ejemplo, de destinos turísticos. Por ejemplo, Jamaica o República Dominicana. La tasa de homicidios en Jamaica, por ejemplo, es de arriba de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo mismo República Dominicana”, destacó.
“Ahora –añadió-- comparemos también ciudades. Por ejemplo, si la tasa de México de homicidios es de 11.6 por cada 100 mil, la tasa de homicidios en la Cuidad de Washington es 31 por cada 100 mil. La tasa de homicidios en Nueva Orleáns, según la policía local es 75 por cada 100 mil y, según el FBI, es 95 por cada 100 mil.
“Yo sé que tenemos un problema, amigas y amigos, pero deben estar seguros de dos cosas: que lo estamos enfrentando, y lo vamos a resolver”, concluyó.

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Informe en Washington: fracasa la guerra de Calderón

WASHINGTON.- 10 de abril (Proceso).- Un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos considera indispensable una mayor intervención directa del Pentágono en México. La razón: en vez de disminuir, la narcoviolencia se ha extendido a todos los estados y puede envolver también a la frontera sur estadunidense. Con un mayor apoyo de Washington, agrega el reporte, los cárteles de la droga podrían ser desmantelados en aproximadamente una década. Pero hay un problema: aun con todo el respaldo del Departamento de Defensa, puede sobrevenir otro fracaso porque todos los órdenes de gobierno en México están contaminados por la corrupción...

Para garantizar avances en el desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico mexicano es indispensable una mayor participación directa en México del personal militar y de los servicios de inteligencia del Pentágono, asegura la investigación más reciente sobre la política internacional para el control de las drogas que realizó el Congreso de Estados Unidos.

“El tráfico de narcóticos de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”, dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), fechado el 8 de marzo de 2010.

“El Departamento de Defensa de Estados Unidos –continúa el documento de 41 páginas, una copia del cual tiene Proceso– cuenta con el personal militar especializado, con el equipo, los recursos y los conocimientos necesarios para ayudar a los gobiernos extranjeros a contener a las poderosas organizaciones del trafico de drogas.”

La amplia investigación, solicitada por las cámaras de Senadores y de Representantes del Capitolio, y realizada por Liana Sun Wyler –analista de asuntos internacionales, narcóticos y crimen del CRS–, manifiesta que “no hay avances significativos” en la lucha militarizada contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, por lo que es urgente una mayor intervención del Pentágono.

“Muchos analistas reconocen que la ausencia del Pentágono en las estrategias extranjeras para contener a los cárteles de la droga es en detrimento de la efectividad de la estrategia de Estados Unidos para contener el tráfico de las drogas”, sostiene el reporte.

A los 100 senadores y 435 integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso federal, la investigadora Sun Wyler les enfatiza que la lucha militarizada contra el narcotráfico que impuso Calderón en México requiere de un apoyo importante por parte del Pentágono, tomando en cuenta que, luego de más de tres años de su puesta en vigor, aumentó y no disminuyó el problema de la inseguridad en casi todos los estados de México, y que la narcoviolencia se ha intensificado en el norte de la república, lo que representa serias posibilidades de “contagio para la frontera sur” del territorio estadunidense.

La investigación anota que, por encima del respaldo que da la Casa Blanca al gobierno de Calderón con la Iniciativa Mérida, que consiste en proporcionar entrenamiento a militares y policías mexicanos, en otorgar equipo militar y tecnológico sofisticado e intercambiar información de inteligencia, “los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos y sofisticados en sus operaciones ilícitas”, hecho que aumenta la necesidad de una mayor participación de los militares estadunidenses en México.

“El Departamento de Defensa tiene múltiples responsabilidades y tareas en el área de la operaciones antidrogas”, destaca la investigación legislativa, y recuerda las funciones y actividades del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico mexicano: “Es la agencia federal de Estados Unidos que tiene el control para la detención y monitoreo del trasiego de drogas por vía área y marítima, y juega un papel crucial en la recolección, análisis e intercambio de información de inteligencia sobre el trasiego de las drogas con las agencias civiles del gobierno estadunidense y contrapartes extranjeros”.

Bajo el plan de aplicación de la Iniciativa Mérida en su versión inicial de tres años, que se cumple el próximo 1 de octubre, el documento del CRS subraya a los legisladores que ya se autorizó la intervención directa del Pentágono para el combate al narcotráfico en México y que se integra como parte del paquete de financiamiento del proyecto bilateral antinarcóticos de poco más de mil 300 millones de dólares.

El Pentágono “entrena a grupos especiales del Ejército mexicano, y le proporciona (a éste) equipo para construir y mejorar su capacidad operativa para poder recuperar espacios territoriales y aéreos que usan los narcotraficantes y en los cuales se ha perdido el control y manejo del gobierno federal”.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1745 de la revista Proceso, ya en circulación.

fuente- proceso

“Gobernación justifica la muerte de dos niños en retén militar de Nuevo Laredo”

Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación afirmó que la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados.

“Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”, señaló.

Las fuerzas armadas, agregó, han tenido que “remover bloqueos organizados por grupos criminales en las principales carreteras de Tamaulipas, así como enfrentamientos y ataques a instalaciones militares”.

De acuerdo con la versión del gobierno federal, el pasado 3 de abril personal de la octava Zona Militar recibió información de que había ocurrido un enfrentamiento entre presuntos delincuentes sobre la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, por lo que procedió a hacer una verificación terrestre.

Derivado de los “enfrentamientos, en la secuencia de las agresiones” fallecieron los menores Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar de nueve.

El gobierno federal, señaló el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos “en este enfrentamiento”.

El funcionario no hizo referencia a algún tipo de indemnización para los deudos. Precisó que está en curso la investigación de los hechos “para que, en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública”.

Detalló el desarrollo del enfrentamiento y reconoció que durante las semanas recientes han aumentado las agresiones del crimen organizado contra la sociedad y los militares.

Presente en la conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dijo que el fallecimiento de los niños es un hecho que “nos duele muchísimo, de verdad, pero también el Ejército está haciendo su tarea; está cumpliendo cabalmente con México”.

Justificó que la muerte de los menores (que viajaban con sus padres en una camioneta rumbo a la playa de Matamoros) ocurrió en un contexto “en el que hubo fuego cruzado, porque había también, en ese retén, la presencia de delincuentes en otros vehículos”.

Sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones y confió en que “pronto” la Procuraduría General de la República atraiga el caso.

Gómez Mont señaló que estos temas “sí duelen, lastiman, preocupan y angustian, pero tienen qué ser enfrentados.”

Aquí, a todos nos quedó claro –agregó– que ya no funciona cerrar los ojos ni cerrar la boca; aquí hay que darle frente a los problemas, no hay de otra. El que me tenga mejor alternativa que le pueda contar a sus hijos, por ahí está la mía, órale. ¿Pero otras? Sin hipocresías, ¿no?

fuente- la jornada

La impunidad del Ejército, sello de Calderón: PRODH

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- La impunidad y el crecimiento de violaciones a derechos humanos en los estados controlados por el Ejército mexicano, son los sellos que distinguen al gobierno de Felipe Calderón, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela.
Durante la presentación de su informe anual, titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”, Arriaga Valenzuela resaltó que por el sostenido impulso que Calderón da al Ejército, es inevitable que en lo que resta de su gobierno, continúen “aumentando los abusos de militares contra la población” como resultado de la “guerra contra el crimen organizado”.
Arriaga dijo que, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2009, las quejas por abusos militares se incrementaron casi 500%, datos que están vinculados “al aumento en el número de militares desplegados en el territorio, así como a la impunidad, gracias a lo cual los militares saben que pueden cometerlos sin sufrir ninguna consecuencia”.
De acuerdo con datos obtenidos por el Centro Prodh de la CNDH, a través de la Ley de Transparencia, mientras que en 2007 el organismo público registró 666 violaciones atribuidas a militares, siendo la mayoría, 122 registros, referentes al ejercicio indebido de la función pública, en 2009 “los registros de hechos violatorios aumentaron a 5 mil 162, entre los que destacan la detención arbitraria (877 registros); el incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como las visitas domiciliarias (759 registros) y el rato cruel, inhumano y degradante (494 registros)”.
En su discurso, el director del Centro Prodh afirmó que en los últimos tres años de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón, “se han casi triplicado el número de víctimas” de los abusos militares, al pasar de 136, con 11 muertes, en 2007, a 395 con 8 asesinatos, en 2009.
“Hasta junio de 2009 –agregó—habían sido registradas violaciones de derechos humanos realizados por militares en 23 estados del país. Los estados en los que hubo más situaciones de abusos son Guerrero (18%), Tamaulipas (14%), Chihuahua (13%), Sinaloa (15%), Michoacán (8%), Coahuila (6%) y Nuevo León (5%)”.
Durante la presentación del informe, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, resaltó que, ante el “débil marco legal”, el gran desafío es abordar los límites del fuero militar, que en esta guerra contra el crimen organizado “se ha extendido de forma ilegal e inconstitucional”.
Puntualizó que los riesgos de la militarización de la seguridad pública, no está sólo en los patrullajes de soldados en las calles, sino en que “se están militarizando las estructuras civiles”, y retomó un dato del informe del Prodh, de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha otorgado “500 licencias, desde generales hasta elementos de tropa, para trabajar como policías “.
Consideró alarmante que en el discurso del gobierno federal, de que el número de víctimas mortales de la guerra contra el narcotráfico se debe a que “se matan entre ellos, lo que en sí representa una abdicación del Estado mexicano en su obligación de procurar justicia, por lo que estamos viendo a las instituciones mexicanas en una administración de la venganza, y ante este escenario, la presencia militar no resuelve las cosas”.
Por su parte, el director de la maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Daniel Vázquez criticó “la estrategia del gobierno federal, al poner a la sociedad entre dos opciones: o te mata el ejército o te mata el ‘Pozolero’ o el ‘Muletas’, es decir, coloca a la sociedad en dos bandos: o estás conmigo o contra mí”.
El investigador destacó que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, radica en que en el cambio de partido en el poder, el paso del PRI al PAN, “en México no hubo un proceso de discusión en torno a la justicia transicional y al papel que debían desempeñar los cuerpos policiacos que antes se encargaban de la seguridad del régimen y no del ciudadano.
“Se quedaron todos ahí. No se modificó prácticamente nada del sistema de seguridad para mantener al PRI en el poder, de distribución de ganancias vía la corrupción y la pacificación social a través de la represión”, apuntó.
En suma, señaló Vázquez, se mantiene la impunidad “como estructura institucional informal que incentiva estas violaciones de derechos humanos, y mientras no haya castigo, el servidor público, se pregunta ¿por qué no hacerlo si no va a pasarme nada?”.
En el caso del Ejército, dijo que mientras no se salden cuentas con el pasado; es decir, no hubo castigo para quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, la impunidad se mantendrá en ese sector. “Basta ver que mientras en la actualidad hay miles de denuncias por abusos, hay menos de 30 juicios en los tribunales militares. Más protección al Ejército no puede haber, y por lo que se ve no se pretende cambiar”.

fuente- proceso