Los sicarios del narco

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 25 de noviembre (apro).- Una semana después de salir de la cárcel, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), denunciaron que el Ejército y el narco trabajaban juntos en Guerrero, en la persecución de los luchadores sociales, y todo parece indicar que la ejecución de Ramiro Salgado López, presunto líder del grupo armado, es parte de esa peligrosa alianza.
El pasado viernes 20, el cuerpo de Ramiro, a quien se identificaba como líder del ERPI, fue localizado, en avanzado estado de descomposición, en el patio de una vivienda de la comunidad de Palos Grandes, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Al ser exhumado el cuerpo, se descubrió que Salgado López había sido ejecutado dos semanas atrás.
El pasado sábado 7, varias corporaciones policíacas y militares filtraron información que señalaba que el comandante Ramiro, del ERPI, había muerto, pero la confirmación se dio 13 días más tarde, cuando su cuerpo se encontró enterrado en el patio de una casa del municipio guerrerense.
Desde tiempo atrás, Ramiro era perseguido por las autoridades estatales, que habían abierto diversas averiguaciones previas en su contra, así como una orden de reaprehensión. Lo acusaban de ser un delincuente peligroso y de haber secuestrado al doctor Rodrigo Borja, e incluso decían que estaba involucrado con el narcotráfico.
Sin embargo, en la región lo reconocían como un líder social que combatía la injusticia provocada por los gobiernos local y federal, y además estaba en desacuerdo con la producción y tráfico de drogas en Guerrero.
El pasado miércoles 4, la comandancia general del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente confirmó el asesinato de su líder, el "comandante Ramiro", a manos de asesinos a sueldo pagados por el Estado mexicano.
En un comunicado, el ERPI denunció que fue el Estado, "por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, quien pagó y planeó para que un sicario, Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, coludido y pistolero sirviente de los caciques más famosos de Guerrero, como Rogaciano Alba, ametrallara con cuatro impactos de rifle AK 47 el cuerpo del joven líder social".
El grupo guerrillero señaló que fue a las 7:20 horas del miércoles, cuando siete narcoparamilitares liderados por El Cuche Blanco Palacios le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes y lo asesinaron.
De ser cierto lo que dice el ERPI, y que también refieren Jacobo y Gloria, estamos ante una nueva forma de vinculación entre grupos del crimen organizado y militares en algunas zonas del país donde históricamente ha habido presencia de la guerrilla, hecho que contradice totalmente aquellas versiones de que la guerrilla y el narco harían mancuerna para desestabilizar al Estado mexicano, como las FARC en Colombia.
En reciente entrevista, Jacobo y Gloria, quienes estuvieron en la cárcel acusados de realizar actos subversivos cuando dirigían al ERPI, revelaron que en Guerrero se estaba gestando una alianza entre el narcotráfico y fuerzas del gobierno para desaparecer a líderes sociales.
El objetivo: "Limpiar" la zona de aquellos personajes que obstaculizan el gran negocio de la siembra de mariguana y amapola, de donde extraen la goma de opio y la transforman en heroína.
El ERPI y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero, lo mismo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, han declarado que no están de acuerdo con que en sus zonas de influencia se produzcan enervantes, y han establecido duras políticas para expulsar de sus organizaciones a quienes incurran en el narcotráfico.
Nada más incómodo para los diferentes grupos de narcotraficantes que estar lidiando con la guerrilla, por eso, según el ERPI, se han aliado con las fuerzas gubernamentales y han contratado a sicarios para eliminarlos.
Esta presunta alianza sería por un beneficio mutuo, principalmente económico, pues deja más al narco tener un aliado que brinda protección para el libre comercio, que a guerrilleros que no ofrecen ganancias.

fuente- proceso

Paramilitares asesinan a tres personas en Guerrero

Este pasado sábado 31 de octubre del 2009, tan solo 2 días después de que un convoy militar integrado por 3 vehículos tipo “Hummer” se apostara durante 3 horas en la entrada de la comunidad, fueron asesinados en el crucero conocido como “Las Calaveras” a 4 km del Puerto de Las Ollas, los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortés y Rogelio García Valdovinos, (de 17, 16 y 15 años respectivamente), cuando a bordo de 2 cuatrimotos se dirigían a comprar abono a la localidad de San Isidro en la Sierra del municipio de Coyuca de Catalán.
Alvaro García Peñaloza, tío de los jóvenes asesinados, informó que este triple asesinato sucedió el sábado pasado alrededor de las 5 de la tarde y que no fue sino hasta el domingo siguiente que al mediodía fueron encontrados los cuerpos de sus sobrinos y las motonetas deshechas a balazos y que con mucha precaución, pues temían ser también agredidos, pudieron recoger los cadáveres y los restos de los vehículos en que se trasladaban, para llevarlos a su comunidad, donde fueron sepultados el lunes pasado.
Alvaro García señaló como responsables del asesinato a Simón Rodríguez Valencia e Israel y Fredy Cortés Valencia, originarios de la comunidad de San Isidro y sicarios del cacique Rogaciano Alba Alvarez, quienes en el mes de junio pasado, entre otros, condujeron a los militares hacia la comunidad cuando se realizó la incursión que violentó los derechos de los habitantes del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, sin que hasta la fecha se les haya hecho justicia.
El motivo de estos asesinatos, reafirmó García Peñaloza, radica en la ambición del cacique Rogaciano AlBa Alvarez por despojar a la comunidad de sus tierras y apropiarse de sus recursos naturales, principalmente el bosque y el agua. Estos asesinatos, dijo, son un mensaje claro para que nos rindamos y nos vayamos de aquí, concluyó.
Cabe señalar que la comunidad del Puerto de las Ollas se encuentra sin autoridad, pues el Comisario Municipal esta ausente y dado que las personas del pueblo se encuentran en constante asedio y amenazadas por los paramilitares, no pueden acudir a denunciar los hechos ante las autoridades judiciales correspondientes, por lo que este hecho, como muchos otros, corre el riesgo de quedar impune.
Los habitantes de esta comunidad guardan luto en medio del dolor, el miedo y la zozobra pues desde el pasado jueves la actividad de los comandos militares ha sido intensa en la región y hoy mismo reportan movimientos militares en el punto conocido como “El Nogal”, a dos kilómetros del pueblo.

Por lo anterior, demandamos a las autoridades
- Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de estos asesinatos y de las violaciones cometidas anteriormente por miembros del ejército, se finquen responsabilidades a los culpables de estos asesinatos y la violación a las garantías constitucionales. Que se esclarezca la presencia de grupos paramilitares en la Sierra de Guerrero.
- Respeto irrestricto a la integridad de las comunidades y sus habitantes de la sierra de Guerrero. Exigimos que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero
- Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas .
- Se las autoridades correspondientes otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos, tanto de los militares y de los grupos de sicarios que protegen y tienen a su servicio.
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles de la entidad a que estén alertas y manifiesten su solidaridad exigiendo a las autoridades que se esclarezcan estos hechos y se castigue a los culpables.
Informamos a la opinión pública que como parte de nuestras actividades de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, continuaremos trabajando en la organización de los módulos de desarrollo comunitario en diferentes puntos de la entidad y en particular en la Sierra de Guerrero, en las comunidades de Puerto de las Ollas y La Morena, por lo que hacemos responsables a las autoridades gubernamentales de nuestra seguridad e integridad física. Convocamos a las organizaciones hermanas a que nos acompañen a la visita que realizaremos en breve a la comunidad de El Puerto de las Ollas, donde además de las tareas propias del Módulo de Desarrollo Comunitario, recabaremos la información necesaria que permita realizar la denuncia de los asesinatos denunciados aquí.
Por el colectivo del TADECO
Fco. Javier Monroy Hernández

fuente-kaos en la red

Guerrero: organizaciones denuncian violaciones a garantías por militares

Sergio Ocampo Arista, corresponsal Publicado: 19/07/2009 19:47
Chilpancingo, Gro. Organizaciones sociales que integran la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad advirtieron que avanza la instauración de un estado policíaco-militar, además, ratificaron sus denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano en las comunidades Puerto Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Al tiempo que invitaron a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para que conozca en voz de sus habitantes, la situación de abandono en que se encuentran dichas comunidades.
Las organizaciones sociales se reunieron en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero el sábado anterior en la ciudad de Chilpancingo, a la que asistieron representantes de los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, y el Distrito Federal.
En voz de Modesto Ramos Wences, proveniente de la comunidad de Las Palancas, ratificó la denuncia de que los militares torturaron a un niño de 14 años y a otra persona de 32 años de edad, que no pudieron huir hacia el monte durante la incursión del Ejército del 9 al 13 de junio pasado, tal y como se dio a conocer en el diario estadounidense The Washington Post.
Por su parte, organizaciones adherentes a la Otra Campaña a través del Colectivo de Abogados Zapatistas, alertaron a la Asamblea Nacional Contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma del “incremento de los crímenes de lesa humanidad, masacres, desapariciones, persecución política , tortura, etcétera, cometido por el gobierno mexicano en sus tres niveles al amparo del manto de impunidad que les brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el cual dijeron, “lleva el sello de los partidos con registro que conforman la partidocracia en el país”, señalaron en un documento que fue leído durante la reunión.
Denunciaron que el mensaje es claro: “cárcel, represión y muerte para los que luchan por hacer vales sus derechos; e impunidad, poder y dinero para los delincuentes que dicen que nos gobiernan, y que además saquean nuestras riquezas y entregan nuestra soberanía, cometen crímenes de lesa humanidad como política de Estado”.
Insistieron en que en el marco de la Reforma del Estado se avanza en la instauración de un estado policíaco-militar, auspiciado y promovido por Estados Unidos, Colombia, Israel, España y Francia “el gobierno mexicano ha implantado el estado de excepción en algunas partes del territorio nacional, mientras que los candidatos de siempre se gastan los miles de millones de pesos que les otorgó el Instituto Federal Electoral.
Al tiempo que el titular del ejecutivo federal cierra filas en la militarización del país y encabeza la aplicación de la guerra de baja intensidad y las tácticas contrainsurgentes en contra de los focos de resistencia que brotan a lo largo y ancho del país, en especial contra las comunidades autónomas zapatistas”, señalaron.
En la reunión, Isabel Silva Nogales, hermana de Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), denunció que su hermano fue trasladado hasta un penal de máxima seguridad en Nayarit, y que vive en condiciones de aislamiento absoluto, al grado de que no se le permiten visitas, y tampoco le permiten pasar libros y revistas “debió salir desde el mes de febrero pasado de la cárcel junto con su esposa Gloria Arenas Agís, sin embargo, continúan presos”.

fuente- la jornada

Aguas Blancas, el entorno

De impunidades, venganzas y traiciones está lleno el transcurrir social por estos pueblos guerrerenses. En estas tierras, los valerosos yopes resistieron la dominación mexica y el entrometimiento de los españoles. Los independentistas Morelos, Alvarez, Galeana y Guerrero, representando a las mayorías de indios y mestizos, lucharon por este territorio de Coyuca de Benítez. El nombre del municipio y a la vez cabecera municipal es en honor a doña María Faustina Benítez –esposa de don Juan Alvarez–, quien nació en el Barrio de San Nicolás de Coyuca, hoy ciudad de Coyuca de Benítez.
En Acapulco se dio el movimiento encabezado por Juan R. Escudero, a principios del siglo XX. Luego, se vino la influencia de la Revolución de 1910-17, las luchas campesinas zapatistas lograron el ejido y las comunidades agrarias. Se fundaron las uniones de pequeños productores de maíz, de copra, de café, cooperativas forestales, de pescadores, etcétera. Pero los caciques políticos, terratenientes regionales y grandes comerciantes nunca han aceptado que la riqueza se distribuya más equitativamente y hacen lo propio para defender sus intereses.
En el año 1967 –igual en el puerto–, el gobierno en turno ordenó la masacre de más de cuarenta copreros, sólo por impedir su derecho de reunión. En ese mismo año, pero en Atoyac se da la otra masacre para reprimir una asamblea de maestros y padres de familia inconformes por el maltrato a los alumnos por parte de una mala maestra. Entonces, el profesor Lucio Cabañas Barrientos se hizo guerrillero, lo siguieron muchos campesinos. Y también lo persiguieron numerosos soldados. Una de sus proezas –a principio de los setenta– fue haber retenido al candidato a gobernador del PRI, Rubén Figueroa Figueroa y exigir por él un rescate.
En el 74, muere Lucio en combate, sus compañeros se repliegan. No así sus enemigos, al contrario, aumentan sus operativos y coordinación para perseguir, detener, torturar y desaparecer a los ex guerrilleros y simpatizantes, lo que se llama la “guerra sucia”.
Es además, la justificación de las autoridades para contrarrestar las protestas y demandas de las organizaciones sociales y sus dirigentes. Acusarlos de radicales –y ahora de narcos–, es la manera más fácil de criminalizar su labor social en las comunidades y anularlos del escenario político. Al parecer, los que detentan y ejercen el poder sobre el pueblo, lo hacen con el talante del otrora reconocido general Gabriel de Armijo, enemigo acérrimo de Juan Alvarez, quien ante la menor sospecha de los ciudadanos de ser proclives a los rebeldes, sin ningún miramiento los mandaba fusilar. Yo me pregunto si el general enviado del virrey Apodaca ya estudiaba a Nicolás Maquiavelo, porque tenía fama de sanguinario.
La matanza en el vado de Aguas Blancas: 28 de junio de 1995. Hoy se cumplen 14 años de aquella masacre y de su impunidad. Por ello el impulso de escribir esta nota, que clama justicia y se suma al homenaje por los 17 campesinos asesinados y los 33 heridos por armas de fuego, disparadas por decenas de agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, en una irracional emboscada a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que bajaban de Guapinolar, Tepetixtla, Colonia del Río, Atoyaquillo y Paso Real, pueblos pertenecientes al municipio de Coyuca de Benítez.
¿Por qué los mataron? Si los militantes de OCSS sólo se dirigían a un mitin para exigir a las autoridades de Atoyac la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, uno de sus compañeros detenido y desaparecido hacía poco más de un mes. Todos los comisionados viajaban en dos camionetas pasajeras, iban a una protesta pacífica, nadie llevaba armas. Absurda celada ese miércoles por la mañana. Tratemos de atar cabos.
Se entiende que la ejecución sumaria fue cuidadosamente planeada por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo de aquel senador que fuera rehén de la guerrilla en los años setenta. Se sabe que el martes 27 en la tarde, un día antes de la masacre, el gobierno estatal giró instrucciones para que “los responsables del hospital municipal de Atoyac estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas”, también “para que varios grupos de policías salieran por la noche hacia Coyuca de Benítez”. Y que el gobernante habló por teléfono (a las 20:15 horas) con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que no iba a permitir que el grupo de la OCSS llegara a la manifestación programada, “son gente muy violenta”, expresó.
Y lo que se sabe, por los videos y sobrevivientes, los victimados fueron encañonados, bajados de los vehículos y puestos “pecho tierra”. Y se dio la orden de dispararles a sangre fría, los agresores desde sitios estratégicos descargaron sus armas por varios minutos sobre los indefensos. Y entre el gobernador y los policías falsearon los hechos: que “fue un acto de contrainsurgencia del EPR”, que “uno de ellos los agredió a machetazos”, que “alguien disparó primero” y que “otros alzados les querían quitar sus rifles”, que “la fuerza pública actuó en defensa propia”. Después se aclaró que a los aniquilados también les habían “sembrado armas”.
“¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?”, horas después de la matanza, en una segunda llamada telefónica (a las 18:20 horas), Figueroa le decía a María de la Luz Núñez con tono de satisfacción. Tal parece que ordenó la letal frase de “Mátenlos en caliente”, con que el dictador Porfirio Díaz sentenciaba a los grupos de personas que se sublevaban contra él.
Para el crimen de Estado hubo supervisión desde un helicóptero: a bordo iban el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. Abajo, el comandante Manuel Moreno González, que dirigía el operativo. Muchos funcionarios más y policías, incluido el ex gobernador Figueroa, son autores intelectuales y materiales del asesinato en masa. Que no escapen al juicio político y penal correspondientes. Que se haga justicia a los deudos de los ejecutados y víctimas sobrevivientes.
Nombres de los 17 campesinos ejecutados: Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Rogel Gervasio, Paz Hernández González, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Climaco Martínez Reza, Efraín Vargas Zavayo, Mario Pineda Infante, Florente Rafael Ventura, José Rebolledo Gallardo, Francisco Blanco Muñoz, Heliodoro López Vargas, Anacleto Ahueteco Coyote, Simplicio Martínez Reza y Gregorio Analco Tabares. Están escritos allí en el vado, en una lápida blanca.
Algo preocupante...
Yo pienso que cuando un déspota gobierna sin credibilidad, trata de obtenerla con medidas coercitivas y hasta perversas. Entonces utiliza a la institución del Ejército para hostigar a la sociedad civil, para desquitarse con el pueblo, para hacer “guerra sucia”. Y entonces, sin paz democracia y justicia, pues menos se hace caso a las demandas de servicios básicos, salud, educación, agrarias, abasto, derechos humanos, proyectos productivos, precios del café, el maíz o coco, frijol...
Don Hermenegildo Galeana también perdió la vida cerca de Coyuca, en El Salitral. En ese paraje Tata Gildo dio su última pelea el 27 de junio de 1814, enfrentando a 14 dragones enemigos comandados por el realista Armijo. A un año de los festejos del bicentenario de la Independencia, los restos mortales del más valiente insurgente todavía no se han recuperado. ¿O será que el héroe nos sigue esperando en las montañas para una mejor celebración?
El Lamento coprero de José de Molina, entre otros versos dice: “A nuestras autoridades, / yo les vengo a preguntar: / ¡los crímenes cometidos, / cuándo se resolverán? / El llanto de tus palmeras / no se escuchó aquí en Los Pinos, / ¡será que los que murieron / eran puros campesinos! / ¡Lloren huérfanos y viudas, / la justicia ha de llegar!”. In memóriam. n
salomongj@hotmail.com

fuente- la jornada

Masacre de Aguas Blancas

La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande).
En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), matando a 17 campesinos.
En primera instancia, el gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer negó los hechos, pero más tarde se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR.

Inicia encuentro de defensores de los derechos humanos en Guerrero

Chilpancingo, 20 Abr (Notimex).- Organismos nacionales e internacionales, de defensa de los Derechos Humanos, iniciaron hoy un foro internacional sobre la criminalización de los defensores de los Derechos Humanos y de la Protesta social en México.
Representantes defensores de derechos humanos de países de América Latina, así como del interior, expertos en la materia, y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunen con la finalidad de conocer las condiciones en que llevan a cabo su labor los defensores en México.
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias ante "la intransigencia" de las autoridades gubernamentales, en torno al papel que juegan los defensores de los Derechos Humanos.
Pero, además, estudiarán la creación de figuras penales para criminalizar el derecho a la protesta, a la cual, se dijo, tienen derecho todos los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución Política.
En el encuentro, que se lleva a cabo hoy y mañana, participan Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) por sus siglas en inglés, y Belissa Guerrero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su intervención ante los defensores asistentes, de varios estados de la República y de América Latina, Guerrero dijo que la situación de la violación a las garantías individuales no ha mejorado durante los últimos años.
Recordó que situaciones de violaciones y de la falta de garantías, durante el 2008 la CIDH emitió 28 medidas cautelares en México a favor de los defensores y la situación se torna aun más, según los asistentes, porque se pretende los involucrar los casos violaciones con el crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachonillan" es uno de los organizadores del foro, cuyo director, Abel Barrera Hernández, informó que el encuentro dará seguimiento a la audiencia que sostuvieron los organismos de derechos humanos de Guerrero en octubre del año pasado con la CIDH.

fuente- SDP noticias

Soldados criminales… e impunes

Ricardo Rocha Detrás de la Noticia02 de abril de 2009

“A mí me violaron los militares, luego me mataron a mi hermano y a mi esposo lo amenazaron de muerte. Vivo con miedo por mis hijos y por mí. No se qué más quiere el gobierno; nosotros lo único que hemos pedido es justicia”, dice Inés Fernández, que ha vivido un vía crucis desde que fue violada por los soldados en su casa de Ayutla de los Libres, Guerrero.
No muy lejos, Valentina Rosendo, muchacha bonita y recién casada, lavaba ropa en el arroyo cuando se le aparecieron 8 soldados preguntándole dónde andaban los encapuchados, a lo que Valentina contestó que no sabía. Luego de que si era de Barranca Bejuco y ella que no, que de Caxitepec. Así que pa’ pronto le metieron un culatazo que la dobló sobre las piedras. Allí a ras del agua le arrancaron la falda. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó el pantalón y la violó por unos 10 minutos; luego vino otro con lo mismo y los otros 6 nomás viendo. De aquello le quedó el virus del papiloma humano y el riesgo de la muerte, además de la humillación que no se olvida.
Los casos de Inés y Valentina están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ni quién oiga sus demandas. Pero todavía peor: como han luchado por que se haga justicia, se han desatado las amenazas y los hostigamientos.
Tan sólo en 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas contra el Ejército. En ese mismo año 381 averiguaciones previas de delitos cometidos por militares contra civiles fueron turnadas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Que sólo aceptó iniciar 110 procesos. De los cuales únicamente 11 —menos de 10%— derivaron en consignaciones.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han documentado plenamente 120 casos durante el actual gobierno. Se incluyen 17 asesinatos, decenas de violaciones, allanamientos y torturas. Uno de estos casos puede ser histórico porque ya fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se refiere a los hechos de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, donde cuatro civiles fueron muertos por soldados. Aquí lo que la Corte ha de definir es si la actual extensión del fuero de guerra es compatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. En pocas palabras, si es justo que en este país los militares que cometen delitos contra civiles sean juzgados por ellos mismos. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay un permanente patrón de absoluta impunidad cuando las violaciones a derechos humanos de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses.
No se trata de abolir este fuero, sino de que se aplique para los asuntos internos del Ejército y no en agravio de civiles. Por cierto, no hay lucha antinarco alguna que justifique esta intolerable cadena de abusos de parte de un Ejército que sólo se desprestigia con la impunidad y cuyo comandante supremo es el propio Presidente.

fuente- El Universal