LA DESAPARICIÓN DE LOS GUERRILLEROS DEL EPR ESTÁ LLENA DE MISTERIO, MUERTE Y SOSPECHAS

Juan José Díaz Bermúdez /Análisis

Oaxaca, México (Punto y Aparte).- Desde mayo de 2007, cuando fueron detenidos y desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca, han sucedido hechos extraños y tenebrosos. Desde un levantamiento que hoy no ha sido aclarado, siete homicidios y un accidente que no deja de ser

sospechoso. ¿Quién estaría dispuesto a silenciar a quienes participaron, informaron y conocieron del operativo donde se detuvo a los guerrilleros?

Aunque se ha dicho que los crímenes han sido atribuidos a diferentes móviles, no podemos dejar de pensar que la gran mayoría de los hoy occisos y un levantado, habrían conocido del operativo contrainsurgente, donde se detuvo y posteriormente desapareció a los combatientes eperristas.

Veamos, en la mañana del 23 de octubre de 2007, fue levantado el comandante de guardia de la Policía Ministerial, Jonás Gutiérrez Corro. Hubiera sido un secuestro más, quizás atribuible a la delincuencia, si el comandante no hubiera sido uno de los testigos presenciales de la permanencia de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en la base policíaca y escuela de entrenamiento del grupo ya desaparecido, denominado “Fuerza Policiaca de Alto Rendimiento” ( FPAR), que en ese entonces se encontraba en lo que se conocía como “Los Pinos” y era dirigida por Pedro Hernández Hernández, quien habría estado arraigado por la Procuraduría General de la República por su presunta participación en la desaparición de los guerrilleros eperristas, Hoy identificado por el EPR, como el jefe de los paramilitares contrainsurgentes, grupo formado a propósito en Oaxaca por el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, a decir de los insurgentes en comunicado del 23 de enero del 2010.

De Juan Alfredo Oropeza Garnica conocemos que fue comandante de la octava zona militar con sede en agencia municipal de Ixcotel, Oaxaca, pero ¿quién es en realidad el general Oropeza?

Se dice que es experto contra guerrilla. Oropeza se graduó en 1971 en el curso de operaciones contrainsurgentes en la Escuela de las Américas en Panamá, en la base del Comando Sur del ejército estadounidense; tuvo un papel represivo en el combate a la guerrilla del EPR de 1997 a 1999, cuando fue comandante de la 27 zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. El general de división egresado en 1962 del Colegio Militar como oficial de infantería, causó baja del ejército mexicano desde el 30 de abril de 2008.

Otro de los casos que gira alrededor de los desaparecidos del EPR, es la muerte trágica el 30 de enero de 2008, del entonces director de la Policía Bancaria Industrial y Comercial ( PABIC), Alejandro Barrita Ortiz. Fue emboscado por varios francotiradores en inmediaciones del parque recreativo “El Tequio”. Junto con él cayeron dos de sus escoltas, un transeúnte y la deportista Virginia Galán, de la que hoy se sabe, se desempeñaba como parte de su equipo de información política durante el conflicto del 2006 en Oaxaca.

Barrita Ortiz tenía fama de haber participado en los cuerpos de élite que se formaron para reprimir el movimiento popular magisterial en el 2006. Junto con su equipo especial, protegió el retiro de barricadas que dirigió en noviembre del 2006, el entonces Secretario de Obras Públicas , Eviel Pérez Magaña. Al comandante Barrita se le atribuía su participación en la detención de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 7 de marzo de 2008 muere asesinado en la parte norte del parque Paseo Juárez o “El Llano”, el comandante regional de la Policía Ministerial, Ricardo Rodríguez Silva (a) “El gigio” ,placa 742. El policía habría conocido la llegada y operativo para detener a los guerrilleros aquel 24 o 25 de mayo de 2007 en Oaxaca. Ante la mirada de cientos de personas, cuando se aseaba el calzado, fue ultimado por un comando de hombres armados con pistolas 9 milímetros y fusiles AK 47 y R-15, un solo tirador se encargó de ultimarlo, el resto sirvió de perímetro de seguridad.

Al medio día del 23 de enero de 2009, es asesinado cuando se desplazaba sobre la calzada de la República, el ex coordinador de Seguridad Pública Municipal, Aristeo López Martínez, de quien se aseguraba era testigo protegido de la PGR en el caso de los desaparecidos. El también colaborador de Ardelio Vargas Fosado, participó según existen acusaciones, en el 2007 en la detención de los guerrilleros hoy desaparecidos.

El caso más reciente y en consecuencia uno de los más polémicos, podría ser la muerte por accidente el 19 de enero de 2010, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, del administrador de la dirección de tránsito del estado, Wenseslao Chiu Velásquez. Al parecer, el funcionario estatal viajaba sobre la autopista Cuacnopala- Oaxaca a la altura del kilómetro 236+500, en el paraje conocido como “El Zompantle”, cuando sin motivo aparente se salió de la carretera cayendo a un lado de la cinta asfáltica. Lo curioso es que el automóvil Sentra placas TJS8346 de su propiedad, fue encontrado hasta el otro día por pobladores del lugar.

El caso no tendría más relevancia, si el hoy occiso no hubiera sido el secretario particular de Sergio Segreste Ríos, quien era el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana precisamente cuando fue la detención- desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en mayo de 2007. En abril de ese mismo año ,habría declarado el mismo Segreste, que el gobierno de Oaxaca tenía ubicados a los guerrilleros que habían operado en el movimiento del 2006 en el movimiento popular-magisterial. Existe un video documentado en YouTube sobre esas precisiones.

Chiu Velásquez habría dicho a sus colaboradores que se sentía espiado. La hija del ex funcionario estatal, Alejandra Isabel Chiu Cortés, declaró ante el ministerio público que no sabía del porqué el hoy occiso circulaba por súper carretera, ya que no tenía pensado salir hacía la zona de Etla, sin embargo, la muerte lo alcanzó en un lugar donde no tenía pensado acudir, como aseguró su hija.

Sin embargo, podría considerarse otro caso que se agrega a la lista de desapariciones y crímenes que rodean el caso de los desaparecidos del EPR en Oaxaca, de las cuales no se ha comprobado que tengan relación, pero que siguen siendo un misterio. Ninguno de los casos ha sido aclarado. ¿Qué sabían que los llevó a la tumba?

fuente- punto y aparte

Calderón alista ofensiva militar contra luchadores sociales: EPR

JOSé GIL OLMOS
MEXICO, D.F., 3 de noviembre (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que el gobierno de Felipe Calderón se alista a emprender una ofensiva militar contra hombres y mujeres a quienes consideran un peligro para la estabilidad y el desarrollo social.En un comunicado con fecha del 2 de noviembre, el grupo armado dijo que por lo pronto las autoridades federales, en colaboración con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, elaboran una lista de los presuntos rebeldes y luchadores sociales.

Según el EPR, en la elaboración de dicha lista han participado las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que acusan a los luchadores sociales de pertenecer a Partido Democrático Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR)."Obedeciendo al viejo método contrainsurgente se coacciona, se criminaliza y se crean expedientes delictivos y 'relaciones' inverosímiles entre luchadores sociales, sus organizaciones y nosotros. Esto es fascismo en donde no se permite otra forma de pensar, de organizarse, en este caso, la del panismo y la ultraderecha.

La vieja táctica de desprestigiar, aislar y golpear para aniquilar", afirma el EPR.Señala que esa acción es una nueva campaña de represión contra toda expresión de inconformidad, a la que se pretende criminalizar para justificar el hostigamiento, las detenciones masivas, los asesinatos políticos, el encarcelamiento de luchadores sociales en cárceles de exterminio y la desaparición forzada de luchadores sociales y de revolucionarios como política de estado.

El EPR afirma, asimismo, que el temor a un estallido social es un mero pretexto del gobierno de Calderón para "tomar providencias". Sin embargo, rechaza las filtraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que los tienen "acotados".Además, sostiene que el gobierno calderonista miente al afirmar que están dispuestos al dialogo, pues en realidad, subraya, han optado por una salida policiaco-militar para combatirlos.

En el comunicado, el grupo guerrillero pidió también la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, desaparecidos el año pasado.

fuente- proceso

Calderón ha convertido la desaparición forzada en política de Estado: EPR

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 2 de junio. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sostuvo que los crímenes de lesa humanidad, como lo es la detención-desaparición forzada, cuando son ejecutados de manera sistemática por un gobierno “se convierte en política de Estado”. Eso “ha estado sucediendo en el país y es parte del proceso de involución democrática que se vive con la llegada del panismo al gobierno federal”, agregó.
En el número 117 de El Insurgente, su órgano de análisis y difusión, el grupo armado sostuvo que la detención-desaparición forzada de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad, “es un crimen de lesa humanidad y el gobierno de (Felipe) Calderón la utiliza como una política de Estado ante la falta de legitimidad por haber llegado a Los Pinos producto de un proceso fraudulento e impuesto finalmente con el respaldo del Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos”.
“La detención-desaparición de nuestros compañeros –señaló–, no es un asunto menor, es un problema nacional que abarca a los diferentes sectores de la sociedad que han manifestado de manera diferente su inconformidad con las políticas de este gobierno. Es un crimen de lesa humanidad que gobiernos priístas y panistas han impulsado en diferentes momentos como política de Estado.”
Destacó que si en mayo de 2007 “quedó al descubierto la campaña de contrainsurgencia contra los luchadores sociales y las organizaciones del pueblo que lucha fuera de las estructuras corporativizantes, en el transcurso de estos años se ha ido comprobando la existencia de grupos paramilitares estructurados y dirigidos en su operatividad por las corporaciones policiaco-militares encargados de ‘levantones’ y desapariciones para no manchar’ el nombre y el uniforme de las fuerzas armadas”.
El Ejército “no ha aprendido a detener-desaparecer y a asesinar, esto siempre lo ha hecho; la diferencia estriba en que hoy lo hace con todo el aval del jefe del Ejecutivo, quien busca legalizar jurídicamente las atrocidades que cometen las fuerzas represivas”, agregó.
Resaltó que en el actual contexto del país, donde todo el esfuerzo del gobierno calderonista, el panismo y sus legisladores profascistas, así como la exigencia de la oligarquía autoinvestida como sociedad civil, exigen la implantación de un Estado policíaco-militar, “el pueblo organizado, sus organizaciones y los luchadores sociales corren un grave peligro, la política de criminalizar la pobreza y el descontento social está encaminado a difundir e imponer el terror de Estado”.
“A todos los detenidos-desaparecidos, a nuestros camaradas estén donde estén, en las condiciones que los mantienen, tengan la plena seguridad que seguiremos luchando por su presentación a la vez que construimos y avanzamos en el cumplimiento de las tareas que conduzcan a la nueva revolución que apremia nuestro pueblo”.

fuente- la jornada

Magisterio continúa con foro de denuncia en el zócalo, normalistas en espera de negociaciones

Oaxaca,Oax.- Continua el foro de denuncia de la Sección 22 del SNTE en el zócalo de la ciudad, con una participación de 20 maestros e integrantes de la APPO, donde denuncian la presunta represión que sufrieron los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, a manos de las fuerzas policíacas del estado y del gobierno federal, también exigen una mesa de trabajo de manera inmediata con la Secretaría de Gobernación y con funcionarios de primer nivel del ISSSTE, SEP y el SNTE debido a que las respuestas del estado han sido mínimas e insuficientes. De acuerdo a la última asamblea estatal del magisterio, el magisterio convocan a los integrantes de cada delegación sindical, para que en representación del sector de valles centrales, acudan a este Foro para reforzarlo y fortalecerlo, así mismo a los integrantes del comité ejecutivo seccional, organismos auxiliares y organizaciones afiliadas a la APPO ya que hasta el momento, en este evento se ha visto una participación minima de profesores.

Así también, unos 200 comerciantes continúan instalados en su tianguis en la Alameda y el zócalo, los tianguistas pertenecen a diversas organizaciones como el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que dirige Gionavi Rojas Méndez, la organización de comerciantes de conciencia en apoyo a la APPO, el Magisterio que liderea Patricia Pérez Montemayor, la organización 8 regiones de Hugo Jarquín Santos y vendedores de la región triqui En este mismo jardín citadino, se observan pintas realizadas por jóvenes anarquistas de la APPO, donde piden la libertad absoluta de Orlando Sosa López: la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto cruz Sánchez, Lauro Juárez, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz y Sergio quienes ya llevan varios años desaparecidos.Hasta el momento la manifestación magisterial se desarrolla en completa calma.

Por otro lado, 30 normalistas de Río Grande, se encuentran en las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca (ENEEO), ubicada en la Col. 7 regiones de la agencia de Dolores, en espera de que reinicien las pláticas con el IEEPO programadas a las 11 horas, en las instalaciones de la UPN.

No se descartan movilizaciones, por parte de los normalistas, a fin de presionar las negociaciones.

Desaparecidos: dos del EPR… y muchos más

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y el Estado mexicano –es decir, el gobierno federal y el de Oaxaca, a los que compete averiguar su paradero o su destino–no ha sido capaz de localizarlos, y menos aún de presentarlos con vida. Si se tratara de dos personas que, como otras muchas, han sido capturadas por agentes gubernamentales o por delincuentes que no demandaron suma alguna por devolverles de la libertad, la omisión sería muy grave porque la autoridad faltaría a su deber de garantizar la seguridad de las personas.

Pero lo es en mayor medida porque su presencia ha sido requerida de varios modos por el Ejército Popular Revolucionario, al que Reyes Amaya y Cruz Sánchez pertenecen, según afirma esa organización alzada en armas.Ese mes de mayo de 2007 fue lamentablemente pródigo en desapariciones, ninguna de las cuales ha sido resuelta hasta ahora.

El Día de las Madres, Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de la sucursal de TV Azteca en Monterrey no llegaron a cumplir una orden de trabajo. Simplemente se esfumaron, no se supo de ellos. Y salvo una referencia escueta días después, a la empresa de comunicación a la que prestaban sus servicios pareció no importar la suerte de sus colaboradores.

Tan presto su propietario a defender del peor modo sus intereses mercantiles sirviéndose de las concesiones que irregularmente ha obtenido, no utilizó su pantalla para favorecer la ubicación de López y Paredes.El 14 de mayo desapareció Enrique Ruiz Arévalo, jefe de la unidad contra el secuestro de la Procuraduría de Justicia de Coahuila.

Luego de comer en un restaurante en Torreón, el funcionario fue levantado o capturado por personas a las que no opuso resistencia. Su esposa, la señora Mercedes Cobo Celada, dirigió hace 10 días un llamado al presidente Calderón, a quien ya ha tenido ocasión de hacerlo cara a cara, en demanda de la aparición de su marido, de quien no se sabe nada dos años atrás. (Imposible no vincular ese hecho con el ocurrido año y medio más tarde, también en esa capital lagunera: el 10 de diciembre de 2008 desapareció en circunstancias semejantes Félix Batista, procedente de Miami, consultor en materia de secuestros, exmiembro de las fuerzas armadas norteamericanas.

Tampoco se sabe qué fue de él.)El 16 de mayo, en Cadereyta, al final de una asamblea de la sección 40 del sindicato petrolero, que agrupa al personal empleado en la refinería de esa ciudad neoleonesa, fue detenido David Vega Zamarripa, hermano de Hilario de los mismos apellidos, secretario general de ese agrupamiento sindical Éste fue requerido al día siguiente para que acudiera en busca de su hermano a un lugar que no comunicó a nadie, y también desapareció.

La misma suerte corrieron varios de sus compañeros, hasta sumar más de 30, entre los cuales se hallaba un exalcalde de la ciudad. A pesar de su pertenencia al grupo director del sindicato petrolero, el destino de Hilario Vega Zamarripa tiene sin cuidado al comité nacional de esa organización y a su secretario general, Carlos Romero Deschamps, que no han protestado por el infortunio deparado a su compañero.

Se conocen varias versiones sobre la personalidad del dirigente desaparecido y su papel en el gremio, pero en ningún caso se justifica el que según testigos, individuos vestidos con uniformes negros sin insignias, dotados de armas largas, se lo hayan llevado y no demandaran después dinero a cambio de su libertad ni lo pusieran a disposición del Ministerio Público.

En la televisión local se dijo días después que sus captores eran miembros del Ejército, pero la especie no pudo ser comprobada por sus familiares.Luego de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sus familiares registraron la de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), ocurrido el 5 de julio en Oaxaca.

El 25 de septiembre desapareció en Michoacán Francisco Paredes Ruiz, de la fundación Diego Lucero, y el 30 de diciembre padeció esa suerte Lauro Juárez, indígena chatino dirigente comunitario en Oaxaca. Más recientemente se ha producido desapariciones cuyo desenlace fue mortal. En febrero de este año fueron detenidos, en apariencia por agentes policiacos, dos defensores de derechos humanos y gestores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Pérez Rosas, de la Organización para el futuro del pueblo mixteco.

Se los llevaron en un acto público en Ayutla de los Libres, Guerrero, y sus cadáveres aparecieron una semana después. No se ha conseguido la identificación de quienes los sacrificaron cruelmente.En cambio, se está en camino de saber quienes ultimaron a tres jóvenes en Nuevo Laredo. El 17 de marzo fueron detenidos, sin que se conozca la causa, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente.

A pesar de que testigos vieron que los capturaron miembros del Ejército, en la guarnición local se negó que así hubiera ocurrido. El 29 de abril, a más de un mes de su desaparición, sus cuerpos fueron descubiertos en un paraje de vecino estado de Nuevo León.

Tras la penosa identificación de los cadáveres, fueron entregados a sus familiares el 10 de mayo. Previamente, ante la fuerza de la evidencia, el Ejército anunció el inicio de una averiguación previa por la procuraduría militar y poco después la consignación de un jefe, tres oficiales y ocho soldados ante un juez del Fuero de Guerra, aunque se trata de delitos del orden común.Como se aprecia en este panorama, las víctimas de este género de privación ilegal de la libertad pertenecen a sectores muy diversos de la sociedad, unidos sólo por una doble circunstancia, la impunidad que impide siquiera el avance de las investigaciones respectivas, y el silencio, apenas tímidamente roto por sus familiares en torno a la desaparición.Muy otro es el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El grupo guerrillero que reclama su presentación con vida hizo detonar poderosos explosivos contra instalaciones de Pemex en tres estados de la República en julio y septiembre de 2007, en represalia por la desaparición de sus compañeros y en demanda de que aparezcan. En abril siguiente, mudó su estrategia y en vez de incurrir de nuevo en operaciones militares (para las que ostensiblemente estaba preparado, dada la precisión de sus ataques y sus descomunales efectos), ensayó una vía política: pidió a un grupo de personas en lo individual, y al Frente Nacional contra la Represión, que integraran una comisión mediadora ante el gobierno federal para lograr la presentación con vida de sus compañeros.

A petición de los mediadores, aceptó una tregua que duraría al menos mientras se realizaban las conversaciones destinadas a aquel fin. Casi un año después de integrada la Comisión, sus miembros decidieron dar por concluidas sus tareas, puesto que llegaron a la convicción de que el gobierno federal (a quien representaba la Secretaría de Gobernación) carecía de voluntad ya no digamos para presentar a los desaparecidos, sino ni siquiera para indagar formalmente lo ocurrido el 24 de mayo de 2007, hace ya dos largos años, como tendría que hacerlo en cualquier caso.La razón de su proceder es que acaso no quiera reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (no obstante que uno de los expedientes ministeriales, estériles formas de no dar cuenta de sus responsabilidades, está abierto por ese delito). Si reconoce que de eso se trata, el gobierno estaría incriminándose y no está dispuesto a hacerlo.

Los testimonios conocidos desde poco después de la desaparición, y los resultados de indagaciones posteriores, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que fueron agentes de la autoridad los que detuvieron a los militantes cuya aparición se reclama y que son también autoridades las que probablemente los retengan hoy mismo.

El caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez parecería ser el que inspiró la redacción del artículo dos de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas, así de exactamente coincidentes son los términos del tipo penal y lo ocurrido a los militantes del EPR:"Desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas… cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

fuente- Proceso

Estado Mexicano, único responsable si EPR actúa con violencia: Nadín

Oaxaca, Oax. 24 de mayo de 2009 (Quadratín).- Nadín Reyes Maldonado, hija del presunto dirigente del Ejército Popular Revolucionario (EPR) culpó este domingo al Estado Mexicano como el único responsable de la generación de violencia que pueda encabezar el grupo guerrillero, toda vez que a dos años no hay respuestas en cuanto a la ubicación de sus militantes.

Luego de participar en la marcha, el Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, rechazó que ella siga la lucha armada, no obstante mencionó que seguirá exigiendo justicia a través de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos.

Recriminó al Estado la negativa de intervenir en las averiguaciones previas que se iniciaron por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo y/o Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo en Oaxaca.Aún cuando Nadín Reyes desconoció el actuar del EPR en los próximos días, sostuvo que existe la expectativa en cuanto a la reacción del grupo guerrillero.

Abundó que el estado será el responsable de la situación que se de, toda vez que durante la tregua que se dio por este caso, así como durante la intervención de la Comisión no se llegó a la presentación de los dos desaparecidos.Por ello, la situación que venga después es responsabilidad de las autoridades.

fuente- Quadratin

A dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

El 25 de mayo se cumplen dos años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario, desgraciadamente su caso no es el único; en el 2007 sucedieron otros casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos; el 5 de Julio, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; el 26 de septiembre, José Francisco Paredes Ruíz miembro de la Fundación “Diego Lucero” y el 30 de diciembre, Lauro Juárez, indígena chatino y dirigente comunitario de Oaxaca.

Hasta este momento, el Estado mexicano representado por Felipe Calderón, violando las leyes y tratados nacionales e internacionales sobre la desaparición forzada de personas, no ha mostrado ni la más mínima voluntad para encontrar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez ni de los demás desaparecidos, ejemplo de esto es la disolución de la Comisión de Intermediación el 21 de abril de este año, a cuyos integrantes agradecemos su valioso esfuerzo y solicitamos que no abandonen este caso paradigmático de la desaparición forzada en México.No podemos dejar de mencionar el caso de desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixteco (OFPM) acaecido en febrero del presente año, el cual es un ejemplo más de la impunidad con que el gobierno mexicano responde a la labor comprometida de los defensores de los derechos humanos, quienes sólo buscamos la verdad, la justicia, la reparación del daño y el alto a la impunidad.

Exigimos la presentación de todos los desaparecidos políticos del país y el juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad.Firma de la responsable de la publicación: Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya

ENVIAR FIRMA ANTES DEL DOMINGO 24 de MAYO
Enviar sus fimas individuales o de organización al mail hastaencontrarlos@gmail.com con copia a comitecerezo@nodo50.org con el siguiente formato.
Firmas individuales: Nombre y apellidos, ocupación (Estado o Provincia, País)Firmas de la organización: Nombre de la organización (Estado o Provincia, País)
Por su solidaridad, mil graciasNadín Reyes MaldonadoFirmas de apoyoComité de Familiares de Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!Comité Cerezo México

Nadín Reyes Maldonado en Kaos en la Red

fuente- Kaos en la red

Marchan cientos contra violencia, persecución política, desapariciones y feminicidios en Oaxaca

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 9 de mayo. Cientos de integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como integrantes de organismos civiles, participaron en la Primera Marcha contra la Violencia, la Persecución Política, la Desaparición Forzada y el Feminicidio, que se efectuó por las principales calles de la ciudad.
En un mitin efectuado en el zócalo, frente al antiguo palacio de gobierno, Yésica Sánchez Maya, representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, dijo que en lo que va de 2009 han sido victimadas 23 mujeres, tres de ellas esta semana, con lo que se superan las cifras registradas en los cinco primeros meses de años anteriores.
Afirmó que las políticas de los gobiernos federal y estatal para proteger a las mujeres de la violencia “no sirven de nada” pues en 10 años 500 mujeres han sido asesinadas en el estado.
Antes, el secretario de Organización de la sección 22, Gabriel López Chiñas, hizo un reconocimiento a la mujer oaxaqueña por su participación en el movimiento magisterial y popular, pero también por su perseverancia y firmeza sin las cuales ni “la gesta heroica de 2006 hubiera sido posible”.
También demandó la libertad de los “presos políticos y de conciencia”, el castigo a los autores de los 26 asesinatos y la cancelación de procesos, además la presentación con vida de los desaparecidos, las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y los miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
En su turno, Mario Olivares, consejero estatal de la APPO, requirió justicia para los responsables de los 26 asesinatos, la libertad de los “sentenciados políticos” y alto a la persecución de miembros del movimiento magisterial y popular, así como el regreso de los exiliados Jaqueline López Almazán, Samuel López Morales y Raúl Gatica.
La también consejera estatal de la APPO, María del Carmen López Vásquez demandó el esclarecimiento del asesinato de Beatriz López Leyva, coordinadora del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador en la región de la Costa, y el castigo al “autor intelectual” del crimen, del edil priísta Leonardo Ortiz Silva.
Demandó el cese a la persecución de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos, así como de los habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, por oponerse a la apertura de una mina debido a la afectación que causará al medio ambiente.

fuente- la jornada

LA SCJN Y LOS DESAPARECIDOS EN OAXACA

Juan José Díaz Bermúdez/Análisis Oaxaca, México (Punto y Aparte) El preámbulo del informe en el caso Oaxaca investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), podría ser la posición definitiva del pleno que analiza “a consciencia” si se violaron o no los derechos humanos durante la rebelión de los de abajo en el 2006-2007 en la capital oaxaqueña, los ministros llegan a la conclusión al reconocer que si hubo violaciones graves a las garantías de la población cometidas por diversas autoridades, aunque en el reporte que la Suprema Corte revisará y dará un dictamen no se incluye la desaparición de personas, como sería el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las dos personas que el Ejército Popular Revolucionario reclama como parte de su estructura desde 2007, omisión que pretende dar impunidad a las
autoridades que participaron en la detención y desaparición de los dos guerrilleros el 25 de mayo de 2007 según lo ha denunciado en diferentes comunicados la Comandancia General ( CG) del EPR. El despotismo que puede generarse al proteger estás conductas arbitrarias de las autoridades, puede provocar acciones consecuentes que lleven a cacerías de luchadores sociales.Es notorio que l SCJN sigue retrasando su veredicto con interés proteccionista al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, hay quienes suponían quela posición de los magistrados en pleno se habría dado antes de julio, aunque se pensó que esto generaría rechazos políticos por parte de la bancada priísta en el Congreso General , para los expertos una posible sanción penal y económica estaría dándose a tiempo, de tal modo que los funcionarios implicados y que han sido entrevistados por la SCJN, tendrían que responder.Llama la atención que no se entrevisto a Ulises Ruiz Ortiz, ni se le preguntó su intervención en las órdenes que se dieron durante los operativos en contra de la APPO y el magisterio oaxaqueño, claro que hay declaraciones en donde hacen responsables a miembros de la APPO, en la quema de edificios, vehículos, toma de instalaciones de comunicación como el canal 9 y estaciones de radiodifusión comercial y la muerte del señor Bradley Ronald Willey. La declaración de la ex procuradora, Lisbeth Caña Cadeza, del ex Secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, del actual abogado del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del capitán retirado Delfino Cruz Hernández, ex director de la Policía Municipal de Oaxaca, Lino Celaya Luría ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos ex secretario de Protección Ciudadana, Pedro Hernández Hernández, comandante del grupo conocido como ( Fuerzas Policíacas de Alto Rendimiento, FPAR ) de la Policía Ministerial de Oaxaca hoy, Agencia Estatal de Investigaciones ( AEI) arraigado incluso al vincularlo el gobierno federal con la detención y desaparición de los dos guerrilleros del EPR, así como otros funcionarios menores, no arrojo detalles contundentes.Lo anterior podría sugerir que al final de las investigaciones de los ministros de la SCJN, los culpables podrían ser los hoy occisos, Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, ya muertos la sanción quedará en el aire y la impunidad seguirá siendo la careta social de un gobierno que hasta el final de su administración reprimirá a sus opositores.Llama la atención que en el informe que entregan los ministros Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino , no impacta en el delito de lesa humanidad que sigue siendo la desaparición de personas como el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y que junto con la muerte de más de 20 personas durante el desarrollo del conflicto social del 2006-2007, sigue siendo la prioridad que debería mover a las instituciones involucradas en esas indagatorias.La negativa del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que en Oaxaca hubieran desaparecido los dos guerrilleros en mayo de 2007, preocupa ya que la impunidad ha llegado a tal grado que se ha convertido en una mascarada burda y desvergonzada de lo que en México les puede pasar a quienes no coinciden con las políticas de los tres niveles de gobierno en el Estado mexicano.El hallar violaciones a los derechos humanos por parte de la SCJN , no implica que se vaya a castigar a los culpables, quién ordeno que sería el autor intelectual seguirá libre e impune para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad como es la desaparición de personas, porqué así conviene al sistema político, el encerrar, desaparecer privando de su libertad a los luchadores sociales, es una práctica que los gobiernos practican y que es apoyada y ocultada por los diferentes niveles de gobierno junto con las instituciones.Se debe de establecer claramente con justicia, el caso de los más de 30 muertos en el movimiento social de Oaxaca, la detención y desaparición de personas muy aparte de su condición política o militar, tal parece que cada quién hace conjeturas sobre el status político-militar de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales eran mandos dentro del EPR, olvidándose que la Constitución sigue protegiendo a quienes luchan desde la clandestinidad.La SCJN deberá de atender con prontitud el llamado de los familiares de los desaparecidos que suman más de cuatro personas, entre ellas Lauro Juárez y dos indígenas Triquis, las esperanzas sigue siendo la respuesta de los ministros de la SCJN, que ojalá no vaya a ser un chantaje político que usaría Felipe Calderón en el 2010 para imponer gobernador en Oaxaca, los muertos y desaparecidos no deben ser pretexto de los partidos políticos para sus fines mediáticos.

fuente- punto y aparte