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martes, 24 de noviembre de 2009

Intolerancia: clases de solfeo a directores de orquesta


MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Durante el régimen autoritario priista la intolerancia oficial reaccionaba con virulencia a la crítica externa. Paradigmáticamente, se recuerda la actitud del nacionalismo ramplón ante Los hijos de Sánchez, el estudio antropológico de Oscar Lewis, cuya publicación por el Fondo de Cultura Económica generó el despido de Arnaldo Orfila de la dirección de la editorial del Estado. Más recientemente –y cito sólo ejemplos sueltos– ante la sentencia de Mario Vargas Llosa sobre la "dictadura perfecta" que imperaba en nuestro país, el novelista peruano prefirió salir anticipadamente de México, ante los "numerosos tirones de orejas" que recibió.

La intolerancia panista es de la misma catadura de la practicada por el régimen que lo antecedió. Es quizá más torpe, más impertinente porque ocurre en tiempos en que formular observaciones sobre lo que acontece en cualquier país no es anatema prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo extremos como los de Myanmar u otros sistemas despóticos.

Acaba de ocurrir un episodio de intolerancia autoritaria que por sus rasgos cómicos no merecería siquiera comentario, pues en sí mismo no habría pasado del rango de anécdota chusca. Pero la actitud de Ernesto Cordero, mucho más que la de Agustín Carstens ante la reciente crítica pronunciada por Joseph Stiglitz, es reveladora de un fenómeno de impaciencia gubernamental que conduce a entablar disputas en vez de persuadir y conciliar. La posición de Cordero es paralela, y tiene la misma sustancia, que la del secretario del Trabajo, que concibe una porción de sus tareas como un litigio o, peor aún, como una riña en la que le corresponde el papel de fajador –es decir, el que se lanza a la pelea sin vigilarse– del cual se ufana.

Stiglitz vino a México, como varias veces en los años recientes, a decir una conferencia en un foro empresarial. No pudo evitar, seguramente no quiso evitarlo, externar juicios sobre la coyuntura económica mexicana. No lo hizo de modo espontáneo sino ante preguntas de periodistas, ganosos de recibir un diagnóstico sobre la situación de nuestro país frente a la crisis, procedente de una autoridad en la materia, que en 2001 mereció el Premio Nobel de Economía y a partir de entonces se ha erigido, fundadamente, en una especie de conciencia sobre el funcionamiento de los mercados y del gobierno. Sintetizó su análisis sobre la crisis financiera estadunidense en casi un epigrama, un juego de palabras en que comparó dos momentos cruciales de la humanidad: la caída del Muro de Berlín con la de la calle del muro en Nueva York (Wall Street). La primera simbolizaba el fin de las economías centralmente planificadas. La segunda, el derrumbe del capitalismo accionario, el de la especulación con papeles carentes de valor sustantivo.

Como otros muchos observadores, nacionales o extranjeros, Stiglitz puso malas calificaciones al manejo mexicano de la crisis. Dijo que el desempeño del gobierno frente a ella ha sido "uno de los peores del mundo". Censuró la excesiva dependencia mexicana respecto de la economía de Estados Unidos. Dijo que las cifras del crecimiento son débiles y producían pesimismo. "Una política fiscal que no estimule la economía mexicana es fuente de preocupación."

Elogió en cambio a los países que han diversificado sus exportaciones, especialmente hacia las economías asiáticas, "y la recuperación de Asia está ayudando a la recuperación de América Latina". En Brasil se han hecho bien las cosas, opinó. Ese país "ha tenido una regulación financiera mejor y quizá evite una recesión…; ya se recuperaron y ahora está fluyendo el dinero".

Ignoro qué escoció más a las autoridades mexicanas, si la crítica a su desempeño o el elogio al de otros países. El hecho es que no pasaron por alto las expresiones de Stiglitz. El secretario de Hacienda Agustín Carstens le reprochó falta de información, como no considerar el efecto general de la desaceleración añadido a la caída de los ingresos petroleros. Es comprensible que Carstens enfrentara los juicios del Premio Nobel porque su voz influyente puede impactar a inversionistas o acreedores de México. "No teníamos la opción de contratar más deuda", aclaró, y se justificó a sí mismo: "Uno tiene que actuar responsablemente".

En cambio, el insulso secretario de Desarrollo Social, ajeno al manejo financiero desde que dejó la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, hace casi dos años, entró a una discusión que no le concierne y para la que carece de títulos. Lo hizo además en el tono insolente del ignorante, pretendiendo dar lecciones de un modo equivalente a enseñar solfeo a un director de orquesta.

Stiglitz "no conoce a detalle las políticas contracíclicas que implementó el gobierno mexicano: no conoce la realidad de las finanzas públicas mexicanas, y creo que mejor se ponga a leer un poquito más de México".

Fue una recomendación fatua, y de seguro redundante. La seriedad profesional del Premio Nobel le habría impedido hablar huecamente, sin saber de qué se trata. Ha sido profesor de las mejores universidades de la Gran Bretaña (Cambridge y Oxford) y de Estados Unidos. Actualmente lo es de Columbia y antes lo fue de Yale, Duke, Stanford y Princeton, pero ciertamente no de Pennsylvannia, donde Cordero hizo su doctorado tras recibirse de actuario en el ITAM.

La experiencia profesional del secretario de Desarrollo social es tan breve como dispersa. Ha sido, siempre por lapsos cortos, funcionario de Banobras y de la Secretaría de Energía, donde tuvo por unos meses rango de subsecretario. Lo fue igualmente, y también por corto tiempo, en Hacienda. Los casi dos años que lleva al frente de la Sedesol ha sido el periodo más largo en que ha servido una responsabilidad. La experiencia de Stiglitz, que le da bases para opinar sobre la economía mexicana, se ha extendido al gobierno de Clinton y sobre todo al Banco Mundial, donde fue primer vicepresidente y economista en jefe.

Nadie, que yo sepa, objetó el que se le otorgara hace ocho años el Premio Nobel de Economía, que ha reforzado su autoridad como examinador de las políticas internacionales. Pero no es candil de la calle y oscuridad de su casa. Si bien ha dirigido su mirada a un fenómeno tan ancho y diverso como la globalización, de la que es crítico documentado, también se ha referido a la política de su propio país. En coautoría con Linda E. Blines, igualmente funcionaria de la administración Clinton, y profesora de Harvard, publicó el año pasado La guerra de los tres billones de dólares. Ese es, según sus cálculos fundados, el costo financiero de la guerra de Irak, de la que ha sido crítico aun antes de su comienzo. He aquí el mirador desde donde examinan ese y otros fenómenos políticos, como el manejo de crisis por gobiernos en todo el mundo:

"Como científicos sociales, los dos nos hemos involucrado en el estudio de la economía del sector público y hemos intentado comprender cómo funcionan los gobiernos, sus fallos sistemáticos y qué es lo que podemos hacer para ayudarles a satisfacer mejor las necesidades de sus ciudadanos. Ambos nos hemos enfrentado al problema no sólo desde la perspectiva académica sino también como profesionales. Durante años ocupamos cargos político-tecnocráticos en el gobierno de Clinton, poniendo en práctica estas ideas para conseguir un gobierno más eficiente, receptivo y responsable y crear mejores sistemas de contabilidad para lograr esas metas. Creemos que en nuestra sociedad el gobierno tiene un papel importante que jugar, al igual que lo tiene el mercado. Los mercados a menudo se comportan de forma poco deseable, pero lo mismo ocurre con los gobiernos. El fracaso de Irak no fue el resultado de un único error, sino la culminación de decenas de errores cometidos a lo largo de varios años. Los científicos sociales se esfuerzan por entender las fuentes sistémicas de esos errores y buscan reformas para reducir su frecuencia y mitigar sus consecuencias".

En vez de aprovechar el interés mostrado por Stiglitz ante nuestros problemas, el gobierno pretendió estérilmente descalificarlo. Generó ese resultado, pero aplicado a sí mismo.

fuente- proces

domingo, 24 de mayo de 2009

Desaparecidos: dos del EPR… y muchos más


MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y el Estado mexicano –es decir, el gobierno federal y el de Oaxaca, a los que compete averiguar su paradero o su destino–no ha sido capaz de localizarlos, y menos aún de presentarlos con vida. Si se tratara de dos personas que, como otras muchas, han sido capturadas por agentes gubernamentales o por delincuentes que no demandaron suma alguna por devolverles de la libertad, la omisión sería muy grave porque la autoridad faltaría a su deber de garantizar la seguridad de las personas.

Pero lo es en mayor medida porque su presencia ha sido requerida de varios modos por el Ejército Popular Revolucionario, al que Reyes Amaya y Cruz Sánchez pertenecen, según afirma esa organización alzada en armas.Ese mes de mayo de 2007 fue lamentablemente pródigo en desapariciones, ninguna de las cuales ha sido resuelta hasta ahora.

El Día de las Madres, Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de la sucursal de TV Azteca en Monterrey no llegaron a cumplir una orden de trabajo. Simplemente se esfumaron, no se supo de ellos. Y salvo una referencia escueta días después, a la empresa de comunicación a la que prestaban sus servicios pareció no importar la suerte de sus colaboradores.

Tan presto su propietario a defender del peor modo sus intereses mercantiles sirviéndose de las concesiones que irregularmente ha obtenido, no utilizó su pantalla para favorecer la ubicación de López y Paredes.El 14 de mayo desapareció Enrique Ruiz Arévalo, jefe de la unidad contra el secuestro de la Procuraduría de Justicia de Coahuila.

Luego de comer en un restaurante en Torreón, el funcionario fue levantado o capturado por personas a las que no opuso resistencia. Su esposa, la señora Mercedes Cobo Celada, dirigió hace 10 días un llamado al presidente Calderón, a quien ya ha tenido ocasión de hacerlo cara a cara, en demanda de la aparición de su marido, de quien no se sabe nada dos años atrás. (Imposible no vincular ese hecho con el ocurrido año y medio más tarde, también en esa capital lagunera: el 10 de diciembre de 2008 desapareció en circunstancias semejantes Félix Batista, procedente de Miami, consultor en materia de secuestros, exmiembro de las fuerzas armadas norteamericanas.

Tampoco se sabe qué fue de él.)El 16 de mayo, en Cadereyta, al final de una asamblea de la sección 40 del sindicato petrolero, que agrupa al personal empleado en la refinería de esa ciudad neoleonesa, fue detenido David Vega Zamarripa, hermano de Hilario de los mismos apellidos, secretario general de ese agrupamiento sindical Éste fue requerido al día siguiente para que acudiera en busca de su hermano a un lugar que no comunicó a nadie, y también desapareció.

La misma suerte corrieron varios de sus compañeros, hasta sumar más de 30, entre los cuales se hallaba un exalcalde de la ciudad. A pesar de su pertenencia al grupo director del sindicato petrolero, el destino de Hilario Vega Zamarripa tiene sin cuidado al comité nacional de esa organización y a su secretario general, Carlos Romero Deschamps, que no han protestado por el infortunio deparado a su compañero.

Se conocen varias versiones sobre la personalidad del dirigente desaparecido y su papel en el gremio, pero en ningún caso se justifica el que según testigos, individuos vestidos con uniformes negros sin insignias, dotados de armas largas, se lo hayan llevado y no demandaran después dinero a cambio de su libertad ni lo pusieran a disposición del Ministerio Público.

En la televisión local se dijo días después que sus captores eran miembros del Ejército, pero la especie no pudo ser comprobada por sus familiares.Luego de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sus familiares registraron la de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), ocurrido el 5 de julio en Oaxaca.

El 25 de septiembre desapareció en Michoacán Francisco Paredes Ruiz, de la fundación Diego Lucero, y el 30 de diciembre padeció esa suerte Lauro Juárez, indígena chatino dirigente comunitario en Oaxaca. Más recientemente se ha producido desapariciones cuyo desenlace fue mortal. En febrero de este año fueron detenidos, en apariencia por agentes policiacos, dos defensores de derechos humanos y gestores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Pérez Rosas, de la Organización para el futuro del pueblo mixteco.

Se los llevaron en un acto público en Ayutla de los Libres, Guerrero, y sus cadáveres aparecieron una semana después. No se ha conseguido la identificación de quienes los sacrificaron cruelmente.En cambio, se está en camino de saber quienes ultimaron a tres jóvenes en Nuevo Laredo. El 17 de marzo fueron detenidos, sin que se conozca la causa, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente.

A pesar de que testigos vieron que los capturaron miembros del Ejército, en la guarnición local se negó que así hubiera ocurrido. El 29 de abril, a más de un mes de su desaparición, sus cuerpos fueron descubiertos en un paraje de vecino estado de Nuevo León.

Tras la penosa identificación de los cadáveres, fueron entregados a sus familiares el 10 de mayo. Previamente, ante la fuerza de la evidencia, el Ejército anunció el inicio de una averiguación previa por la procuraduría militar y poco después la consignación de un jefe, tres oficiales y ocho soldados ante un juez del Fuero de Guerra, aunque se trata de delitos del orden común.Como se aprecia en este panorama, las víctimas de este género de privación ilegal de la libertad pertenecen a sectores muy diversos de la sociedad, unidos sólo por una doble circunstancia, la impunidad que impide siquiera el avance de las investigaciones respectivas, y el silencio, apenas tímidamente roto por sus familiares en torno a la desaparición.Muy otro es el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El grupo guerrillero que reclama su presentación con vida hizo detonar poderosos explosivos contra instalaciones de Pemex en tres estados de la República en julio y septiembre de 2007, en represalia por la desaparición de sus compañeros y en demanda de que aparezcan. En abril siguiente, mudó su estrategia y en vez de incurrir de nuevo en operaciones militares (para las que ostensiblemente estaba preparado, dada la precisión de sus ataques y sus descomunales efectos), ensayó una vía política: pidió a un grupo de personas en lo individual, y al Frente Nacional contra la Represión, que integraran una comisión mediadora ante el gobierno federal para lograr la presentación con vida de sus compañeros.

A petición de los mediadores, aceptó una tregua que duraría al menos mientras se realizaban las conversaciones destinadas a aquel fin. Casi un año después de integrada la Comisión, sus miembros decidieron dar por concluidas sus tareas, puesto que llegaron a la convicción de que el gobierno federal (a quien representaba la Secretaría de Gobernación) carecía de voluntad ya no digamos para presentar a los desaparecidos, sino ni siquiera para indagar formalmente lo ocurrido el 24 de mayo de 2007, hace ya dos largos años, como tendría que hacerlo en cualquier caso.La razón de su proceder es que acaso no quiera reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (no obstante que uno de los expedientes ministeriales, estériles formas de no dar cuenta de sus responsabilidades, está abierto por ese delito). Si reconoce que de eso se trata, el gobierno estaría incriminándose y no está dispuesto a hacerlo.

Los testimonios conocidos desde poco después de la desaparición, y los resultados de indagaciones posteriores, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que fueron agentes de la autoridad los que detuvieron a los militantes cuya aparición se reclama y que son también autoridades las que probablemente los retengan hoy mismo.
El caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez parecería ser el que inspiró la redacción del artículo dos de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas, así de exactamente coincidentes son los términos del tipo penal y lo ocurrido a los militantes del EPR:"Desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas… cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
fuente- Proceso