No comprenden en EU cómo México permite la impunidad de militares: Kerry Kennedy

Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la activista estadunidense Kerry KennedyFoto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 16

En Estados Unidos resulta incomprensible que las autoridades mexicanas permitan que quienes han violado los derechos humanos de la ciudadanía –en particular militares– continúen sin castigo. Con esto México vulnera tanto sus normas propias como el derecho internacional, subrayó Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK).

En entrevista con La Jornada, durante una visita de trabajo a comunidades de la montaña de Guerrero, junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Kennedy calificó de incomprensible que el Ejército Mexicano, que debería ser una de las instituciones de mayor reputación en el país, permita que en sus filas existan asesinos y violadores.

También lamentó las sistemáticas violaciones a los derechos que sufren en el país los defensores de garantías fundamentales y comunidades indígenas, así como el que México no haya cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra.

–¿Cuál es la percepción en Washington sobre la respuesta que las autoridades mexicanas ha dado a las sentencias de la CIDH?

–Es un tema que afecta la reputación del gobierno de México. En Estados Unidos se piensa en México como un país hermano y para mucha gente es increíble lo que está pasando. Es una especie de confusión, en especial porque no se entiende como es que el Ejército –que debe ser una institución de la cual la población se sienta orgullosa– quiera proteger a asesinos y violadores en lugar de sancionarlos por los crímenes que han cometido. Ese no es el tipo de soldado para una institución profesional.

Para la activista el contexto de violencia que enfrenta México y la estrategia contra la delincuencia organizada propicia que en el país se enfrenten serias violaciones de garantías.

Indicó que el hecho de que abusos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas contra la población permanezcan impunes y que éstos continúen siendo juzgados por tribunales militares representan una franca violación al derecho mexicano, al internacional, a las sentencias de la CIDH y a los compromisos acordados en la Iniciativa Mérida.

Kennedy (hija de Robert F. Kennedy –asesinado en 1968–, quien fuera fiscal general, senador y candidato presidencial de Estados Unidos) consideró como fracasos del Estado mexicano, en particular de la Procuraduría General de la República, que aún no se cumplan en toda su extensión las sentencias de la CIDH –sobre todo la referente al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas de Guerrero violadas sexualmente por militares en 2002–, que exista impunidad en sus casos e inobservancia de las garantías fundamentales y que los abusos de militares aún no sean transferidos a la justicia civil.

Durante su recorrido de una semana por municipios de la Montaña de Guerrero, la activista estadunidense pudo percatarse que los indígenas sufren abusos de los soldados.

Fui testigo en esta última semana que en estas comunidades hay una presencia militar muy fuerte. Los soldados no están bien entrenados ni preparados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas. Escuché muchas historias de incursiones donde toman posesión de sus tierras, roban su comida, entran a sus hogares y faltan al respeto a hombres y mujeres.

Sobre la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, Kennedy sostuvo que existen cientos de casos de abusos, amenazas de muerte, atentados, asesinatos y violación. Es la cultura de la impunidad lo que permite que esto continúe.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, que en noviembre pasado ganó el premio de derechos humanos del Centro RFK, señaló que no garantizar seguridad a un activista es negarle la garantía de acceder a sus derechos y a la justicia a centenares de comunidades.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy es una organización con sede en Washington fundada en 1968 con el propósito de continuar con el legado del político del cual lleva su nombre y para apoyar a quienes trabajan en la defensa de garantías fundamentales. Después de otorgar el premio a la ONG mexicana ambas agrupaciones trabajarán conjuntamente durante seis años.

fuente- la jornada

En México los derechos humanos son una utopía

La utopía sigue siendo utopía. A veces se nos olvida, lo obviamos. Quizás porque la mayoría de las personas solemos rodearnos de la gente que nos simpatiza o al menos con quienes contemporizamos, y hay afinidades. Por eso es necesario no solamente leer los medios con los cuales somos "ideológicamente afines" o escuchar de vez en cuando ("Serenidad y paciencia", decía el popular héroe mexicano Kalimán) a quien no solamente piensa diferente sino quizá de manera opuesta.

En México, y creo que no somos la excepción internacional, la idea de que todos los seres humanos, las personas, somos iguales, que tenemos los mismos derechos, sigue siendo una idea no universalmente aceptada. No significa que no sea un ideal legítimo, de hecho, quien esto escribe piensa que es clave para que la humanidad sobreviva, no solamente en cuanto a calidad y dignidad humana, sino en cuanto a sobrevivencia a secas, pero que hay una resistencia a la idea, hay mil subterfugios para escamotear el ideal.

Las leyes, la Constitución, los tratados, convenios y protocolos internacionales que México ha firmado dicen una cosa, y un sector de la gente, especialmente desde el poder, la élite económica, militar, eclesiástica, política y sobre todo mediática, pregona y defiende a capa y espada lo contrario: Sobre todo, se esfuerza por convencernos de su visión. Es una posición militante, insistente, proselitista y avasallante.

La idea que defienden es: Los derechos humanos no son universales, pertenecen a algunos, los matices vienen aquí, a muchos, a pocos, a muy poquitos, pero no a todos. Quedan excluidos de los derechos humanos, pretenden,... quienes ellos decidan.

Los fantasmas de un pensamiento colonial, racista, clasista, sexista, misógino, homófobo, antijóvenes, antiniños y antiniñas se encarnan una y otra vez en personajes que pregonan cosas como, por ejemplo:

La campaña a la gubernatura que realizara alguna vez (1999) Arturo Montiel Rojas (político priista del grupo Atlacomulco, el mismo grupo político- empresarial, un poder de facto, de otros políticos como Peña Nieto y Hank Rohn) con un eslogan que decía: "Las ratas no tienen derechos humanos". El eslogan es de carácter fascista: pretende que hay quienes no tienen derechos humanos y los define con un término que los animaliza, aprovechando la inquietud por la delincuencia, provocada por la propia ineficacia y corrupción gubernamental, para presentar como no- humanos y por lo tanto no sujetos de derecho a quienes las autoridades decidan que están en conflicto con las leyes penales.

Es la formulación más cínica, no muchos la suscriben explícitamente, pero muchos la promueven implícitamente con sus propuestas. Otro caso, la campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) promoviendo como una de sus grandes promesas de campaña en 2006 la legislación para que se utilice la pena de muerte. Es una campaña igualmente fascista, fundada en la idea de que se pueden suspender los derechos humanos de algunos, pero tuvo otros defectos además de ser intrínsecamente inmoral e ilegal. Uno de ellos es el de ser demagógica, pues México ha firmado instrumentos de derecho internacional que le impiden aceptar la pena de muerte, pues es contraria a los derechos humanos, a la Constitución, y no sería válido que México la regresara a sus códigos. Otro fraude fue el uso de un actor y una actriz pagados para promoverlos, quienes explicaron que ellos no opinan así, pero hicieron un casting y ganaron el empleo para anunciar la mercancía fraudulenta.

Otro caso muy sonado fueron las declaraciones de un militar, si no nos falla la memoria ahora debe ser secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, el general Carlos Bibiano Villa Castillo, quien entrevistado primero por Sanjuana Martínez y luego en el refrito radiofónico por Carmen Aristegui, aseguró que si ve a un delincuente simplemente lo mata.

El escándalo tuvo varias aristas. Una fue el reconocimiento de que, de facto, la militarización del país ha suspendido las garantías constitucionales en los lugares donde ha operado, ya que ha puesto en práctica un estado de excepción. La otra, más grave si cabe, fue la respuesta de un sector del auditorio radiofónico que se solidarizó con la violación de los derechos humanos, la suspensión de la ley, el autoritarismo y el militarismo.

El caldo de cultivo de un fascismo a la mexicana, con rasgos propios que lo distinguen del de otros países, por ejemplo, del franquismo, del pinochetismo, de las dictaduras militares en el sur y el centro del continente americano, y que lo asemejan mucho al militarismo y el paramilitarismo en Colombia, está en ese sector: quienes justifican 41 mil muertos con la coartada de mala fe de que "más del 90%" eran delincuentes.

Olvidan un hecho: La única diferencia entre el poder de un delincuente armado que obliga a los demás a obedecerlo y el gobernante es de carácter político. Se supone que el gobernante usa la fuerza de modo legítimo, es decir, con autoridad moral, política y dentro de los límites de las leyes (la Constitución y los Convenios internacionales que el gobierno ha firmado), es decir: no puede ni debe aplicar la pena de muerte, tiene que respetar los derechos humanos.

Si las fuerzas gubernamentales actúan en los hechos como si no existieran esas leyes, instaurando el estado de sitio, entonces se borra la frontera entre ambos "bandos" en conflicto. Ambos se definen solamente por su poder de fuego, la única diferencia entre ellos es de magnitud, y para el caso, implican un riesgo mortal para casi toda la población civil.

Aceptar esa situación, bajo cualesquiera subterfugios verbales, retóricos y pseudolegales, es asumir en los hechos la misma postura que Arturo Montiel Rojas (En 2006 en Atenco, Peña Nieto asumió esa postura, hoy parece asumirla contra la organización Alianza Única del Valle), el Partido Verde Ecologista de México (no sorprende entonces que las Juntas de Buen Gobierno lo incluyan en algunas de sus denuncias de agresiones paramilitares en Chiapas) y del general Carlos Bibiano Villa Castillo (quien luego se desdijo, pero incluso si, como dijo en su retractación "nunca he matado a nadie", expresó verbalmente lo que en los hechos han realizado las fuerzas públicas bajo el mando de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y ahora los gobernadores sindicados en la CONAGO, bajo la presidencia de Marcelo Ebrard).

Así, la idea de que los derechos humanos son universales es una utopía: es decir, un ideal a alcanzar, y para lograrlo hay que derrotar moral y políticamente a quienes desde el poder sostienen lo contrario, la tesis de Thomas Hobbes en el Leviatán: El soberano (el monarca) define el bien y el mal e impone su definición con derecho de vida o muerte sobre sus súbditos. Dicho con todas sus palabras suena poco suscribible, pero con otras palabras lo defienden esos personajes mencionados y un sector que podríamos definir como nuestro franquismo a la mexicana... En los medios de masas lo machacan constantemente voceros de ese esquema como Fernández Menéndez, Ferriz de Con, Ciro Gómez Leyva (Es un modelo de pensamiento castrense y antipacifista un artículo suyo que decía, refiriéndose a quienes piden la paz: "Si uno no estuviera ahí como periodista, se metería en el centro de la manifestación para pedirles que dejaran de gritar pendejadas, por Dios."), TV Azteca y un amplio coro.

Tenemos que cambiar eso y no volver vana la muerte de 41 mil mexicanos y una historia noble de utopistas, desde Fray Bartolomé de las Casas, pasando por los magonistas, hasta quienes hoy comenten la suprema herejía de pedir: No más sangre, Alto a la guerra de Calderón... y la CONAGO...

fuente- kaos en la red Mexico

Los defensores de derechos humanos no están solos

Cuando le hablé por teléfono al obispo Raúl Vera para comunicarle que, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), recibiría la medalla Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), por su compromiso con los derechos humanos, soltó una carcajada y dijo: “Muchas gracias, Manuel; no creo merecerla”.


Lo mismo sucedió con Luis Arriaga, del Centro Prodh, un estratega y defensor de los derechos humanos, y Cayetano Cabrera Esteva, quien prolongó una huelga de hambre por 90 días para obligar al gobierno mexicano, junto con otros sindicalistas, a dar una respuesta al SME (que por cierto, no les ha cumplido).

Todos se sorprendían de que pretendiéramos reconocer a los defensores de derechos humanos y a luchadores sociales como desde 2003 lo hacemos.

En la ANAD, decidimos distinguir también a los mineros y a las familias de Cananea, Sonora, que ahora sufren persecución policial, encarcelamientos, órdenes de aprehensión y el rompimiento inexplicable de una huelga legal. El abogado Óscar Alzaga, que fue recientemente a Cananea, me dijo:

—Me encontré con una ciudad sitiada por la Policía Federal y grupos paramilitares. Te los tropiezas donde quiera; hasta en el centro de trabajo se encuentran metidos. Hay dirigentes escondidos, y hasta esposas que han apoyado en la lucha que temen ser aprehendidas por la policía.

El día del evento de la entrega de la medalla de la ANAD, el lunes 11 de octubre, llegaron al centro cultural Estación Indianilla cientos de personas, representantes de sindicatos, de organismos de derechos humanos y otros ciudadanos de a pie que se sumaron a ese reconocimiento.

Se miraban unos a otros expresando una sonrisa cómplice, de solidaridad, para estar con quienes han acompañado a otros de manera incansable en sus luchas, sin pedir nada a cambio.

En los días previos, se repartieron miles de volantes en plazas públicas, hasta hubo boletines de prensa para avisar de este festejo. Jóvenes abogados fueron a salonear en universidades y decían a los estudiantes: “Apoyemos a los que han estado con nosotros. Es tiempo de darles las gracias”.

El evento fue a las cinco de la tarde. Mi amigo, el abogado Medardo Bañuelos, advirtió que las sillas eran insuficientes y sugirió rentar más.

Luis Arriaga, del Centro Prodh, después de recibir su medalla, decía, estremecido: “Ante la violencia e impunidad, que marcan nuestra vida y la condicionan, sin dejar de insistir en la responsabilidad que corresponde al Estado, es necesario también señalar la importancia de la actividad realizada en todo el país por las defensoras y defensores (…) Pero pienso también en todas las personas que, de diversas formas, realizan esa actividad: campesinos, indígenas, mujeres, migrantes, que, organizados o no, muchas veces, incluso sin llamar a los que hacen defensa de derechos humanos, se esfuerzan por superar los agravios y el dolor causados por la vulneración de la dignidad de miles de personas”.

Me acordé, con ese mensaje, de Cayetano Cabrera, que estaba en la mesa y que recibiría una medalla de reconocimiento también. No lo conocía personalmente antes del evento; apenas hablé telefónicamente un día antes con él y le dije que su lucha había estremecido miles de conciencias, además de poner en evidencia la falsedad y cinismo con los que actúa el gobierno; que personas como él abrían caminos para otros.

Se cumplía un año de un decreto presidencial que se impuso con miles de policías en la calle y en los centros de trabajo. Mientras sus compañeros se movilizaban en las calles de la ciudad de México, Cayetano, al tomar el micrófono, decía que los electricistas no se rendirían, que a pesar de las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno, ellos ganarían.

Mientras tocaba el grupo De Donde Son, acompañado de la bella voz de Citlali, muchos esperaban que hablara el obispo Raúl Vera. Cuando lo hizo, escucharon, en silencio, sus remembranzas con los indígenas chiapanecos que, decía, están envueltos en la miseria, la persecución y el acoso constante. Fue esa persistencia que lo motivó a entender los principios filosóficos y humanos del trabajo en pro de la defensa de los derechos fundamentales del hombre. “Si ellos están indefensos, aquí, desde sus tierras, yo también lo estoy. Desde entonces, soy un luchador incansable”, dijo.

Cuando terminó el acto, una fila interminable se acercó a saludarlo: uno a uno le daba un abrazo de apoyo.

Al final, cuando me despedía del obispo Vera, esperaba que se fuera en un vehículo con chofer y toda la cosa. Lo escuché, sorprendido: “No, Manuel, me voy en metro. No te preocupes”.

Después de abrazarme, se fue caminando entre la oscuridad de las calles de la colonia Doctores; con esa tranquilidad de los defensores de derechos humanos que no le deben nada a nadie.


*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y consejero de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal

Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010

Condena a México por militares que violaron a indígenas

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, informaron organismos de derechos humanos.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), resaltaron que las sentencias fueron notificadas este viernes y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas” quienes han mantenido su denuncia desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Las organizaciones civiles, que representan legalmente a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, destacaron que en las sentencias la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal interamericano también estimó que el México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, por lo que “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Las medidas ordenadas, se apunta, tienen que ver con la reparación del daño, la investigación de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares agresores en el fuero civil, así como procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
La Corte ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir, así como atención médica y psicológica para las víctimas y sus familiares, además de que ordenó la construcción de un centro de salud en las comunidades de donde Inés y Valentina son originarias.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un breve comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano.
En su comunicado, la Secretaría señala que en el litigio el Estado mexicano “reconoció, entre otros aspectos su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada en el momento de la presentación de la denuncia penal”.
Asimismo, informó que en el desahogo del proceso judicial el Estado mexicano entregó los expedientes de los casos a los jueces de la Corte Interamericana, pero no menciona que las averiguaciones previas estaban radicadas en el fuero militar.
Tras señalar supuestos avances en el “sistema de salud y de procuración y administración de justicia”, y en la entrada en vigor de legislación a favor de la mujer, la Segob puntualizó que “el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”.
Asimismo, reiteró su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”.

fuente- proceso

Padres finlandeses buscan justicia para su hijo asesinado por defender derechos humanos

COMUNICADO DE PRENSA

En una reunión con periodistas celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras y asegurar la protección de quienes estén en peligro.

Los padres del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Alberta “Bety” Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.

El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, casi nunca rinden cuentas a la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para los defensores a la hora de realizar su trabajo. Los que defienden a los grupos más marginalizados son los más vulnerables.

“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”

El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”

El señor Herrera Aragón también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.

“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo el señor Herrera Aragón.

Información de contexto

Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Ambos formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.

Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.

La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.

Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Materiales complementarios

Petitorio virtual de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/

Fotos de Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (números 109588, 109589, 109590, 109591)

Foto de Bety Cariño: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (número 102755)

Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es

Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es

Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx

10 ONG de 7 países de Latinoamérica y España solicitan intervención urgente en Oaxaca

La foto es de Libertinus en Flickr

La Red Internacional de Educación para la Ciudadanía y la Transformación Social solicita intervención urgente ante el ataque sufrido por una caravana que tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis.

La Red Internacional de Educación para la Ciudadanía y la Transformación Social ha recibido informaciones sobre el ataque sufrido el día 27 de abril de 2010 por la misión civil humanitaria que se dirigía a la Comunidad Autónoma triqui de San Juan Cópala, Oaxaca. La misión civil incluía a miembros, defensores de derechos humanos y observadores civiles del Colectivo Vocal, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, así como maestras y maestros de la Sección 22 y concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que acompañaban a una Caravana de Observadores Internacionales de Derechos Humanos con ciudadanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania.

La Caravana tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis, originarios de la región, además de dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio.

Según las informaciones, la Caravana sufrió una emboscada, alrededor de las 16:00hrs, por un grupo altamente armado. De acuerdo a las informaciones recabadas en medios de comunicación, hasta el momento de redactar estas líneas, el ataque ha dejado el saldo de dos personas muertas, la Sra. Beatriz Alberta Cariño, dirigente del Colectivo CACTUS, y Jery Antero Jacola, ciudadano finlandés que acompañaba la Caravana Internacional, además de reportarse al menos 15 personas heridas, entre estudiantes, miembros de las organizaciones que acompañaban la Caravana y la Misión Civil.

Ante estos hechos, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la violencia institucionalizada como mecanismo para resolver los conflictos y las demandas sociales. Como instituciones movidas por los principios de justicia, solidaridad y defensa de los derechos humanos, señalamos, que la paz y el desarrollo humano y sostenible sólo serán posibles en la medida en que se atiendan los problemas de fondo que impiden el pleno disfrute de los Derechos Humanos y dan sustento a la justa protesta social, así como evitando la impunidad frente a estos execrables hechos.

Así mismo, expresamos nuestro profundo pesar por estas pérdidas humanas y queremos hacer llegar nuestras condolencias a sus familias, a las instituciones de las que fueron parte y al movimiento de derechos humanos de México.

Denunciamos:
>> Al Gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de derechos humanos que iban en la caravana de observación de derechos humanos a la Agencia de San Juan Cópala.
>> A las instituciones estatales de Procuración de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los hechos violentos que vive la comunidad indígena Triqui.

Exigimos:
1. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
2. Revelar inmediatamente información sobre los hechos ocurridos el día 27 de abril, donde se presume la emboscada en contra de defensores de derechos humanos y observadores civiles nacionales e internacionales;
3. Actuar de manera inmediata para frenar la violencia que viven las comunidades Triquis;
4. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento, violencia contra los defensores de derechos humanos en México;
5. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
6. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos firmadas y ratificadas por México.

La Red Internacional de Educación para la Ciudadanía y la Transformación Social está conformada por: Fundación Del Viso (Argentina), Fundación Novamerica (Brasil), Centro de Multiservicios Educativos – CEMSE (Bolivia), Centro de Educación Alternativa Jayhuayco - CEPJA (Bolivia), Fundación Pequeño Trabajador (Colombia), Pronatura Sur AC (México), Centro de Derechos Humanos Victoria Díez (México), Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL (Perú), Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz- IPEDEHP (Perú), InteRed (España).

fuente- canalsolidario.org

“Gobernación justifica la muerte de dos niños en retén militar de Nuevo Laredo”

Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación afirmó que la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados.

“Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”, señaló.

Las fuerzas armadas, agregó, han tenido que “remover bloqueos organizados por grupos criminales en las principales carreteras de Tamaulipas, así como enfrentamientos y ataques a instalaciones militares”.

De acuerdo con la versión del gobierno federal, el pasado 3 de abril personal de la octava Zona Militar recibió información de que había ocurrido un enfrentamiento entre presuntos delincuentes sobre la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, por lo que procedió a hacer una verificación terrestre.

Derivado de los “enfrentamientos, en la secuencia de las agresiones” fallecieron los menores Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar de nueve.

El gobierno federal, señaló el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos “en este enfrentamiento”.

El funcionario no hizo referencia a algún tipo de indemnización para los deudos. Precisó que está en curso la investigación de los hechos “para que, en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública”.

Detalló el desarrollo del enfrentamiento y reconoció que durante las semanas recientes han aumentado las agresiones del crimen organizado contra la sociedad y los militares.

Presente en la conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dijo que el fallecimiento de los niños es un hecho que “nos duele muchísimo, de verdad, pero también el Ejército está haciendo su tarea; está cumpliendo cabalmente con México”.

Justificó que la muerte de los menores (que viajaban con sus padres en una camioneta rumbo a la playa de Matamoros) ocurrió en un contexto “en el que hubo fuego cruzado, porque había también, en ese retén, la presencia de delincuentes en otros vehículos”.

Sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones y confió en que “pronto” la Procuraduría General de la República atraiga el caso.

Gómez Mont señaló que estos temas “sí duelen, lastiman, preocupan y angustian, pero tienen qué ser enfrentados.”

Aquí, a todos nos quedó claro –agregó– que ya no funciona cerrar los ojos ni cerrar la boca; aquí hay que darle frente a los problemas, no hay de otra. El que me tenga mejor alternativa que le pueda contar a sus hijos, por ahí está la mía, órale. ¿Pero otras? Sin hipocresías, ¿no?

fuente- la jornada

¿Y los derechos humanos en México?

Los Estados Unidos, el Parlamento de la Unión Europea, algunos mandatarios del mundo, las iglesias, partidos políticos y legisladores mexicanos, berrean acusando al gobierno cubano de no respetar los derechos humanos de los disidentes. Lo cual por desgracia es cierto.

No cabe la menor duda de que hoy día, la humanidad se encuentra a merced de los medios masivos de comunicación que son controlados por un puño de multimillonarios, que inoculan a los lectores o videoadictos para que se traguen las mentiras o verdades a medias para beneficio propio.

Las imágenes de la cadena televisiva de CNN, la BBC, Televisa y TV Azteca, y creo que hasta Nachito, rumian incansables la huelga de hambre del disidente cubano, las imágenes de la policía cubana reprimiendo la manifestación de los opositores, la presencia de la cantante cubana Gloria Estefan encabezando a las mujeres de blanco, culpando al gobierno cubano por la muerte del disidente cubano.

Los gerentes de los tres principales circos de México se han unido al eco internacional de condena al régimen cubano -no hay de que sorprenderse, les digo a los que piensan que el PRD es un partido de izquierda-, el devenir del Partido Comunista Mexicano y partidos de la llamada izquierda que se aglutinaron para conformar el PRD, hoy se mueven tras el dinero del negocio electoral que inauguró en los 70 Jesús Reyes Heroles, y de no hacerlo pecarían de sectarios.



La paja en el ojo ajeno



Para todo aquel que sueñe un mundo sin mandones, donde las dictaduras del proletariado, o de los poderosos -como la actual- no existan, debe reprobar la violación de los derechos del hombre en donde quiera que se produzcan; el fin nunca justificará los medios.

Lo que hay que resaltar de todos los mandones que condenan la represión en Cuba, es decir televisiones, diarios, revistas de análisis, se olvidan de lo que sucede en el mundo invisible para ellos, es decir el de abajo, el del sótano, el de los prescindibles, el de los que mucho producen y poco compran, veamos:

¿Cuántas noticias o imágenes de CNN, BBC, Televisa, TV Azteca o de los canales michoacanos ha visto usted sobre las masacres que cotidianamente cometen los sionistas judíos que despojan de su territorio al pueblo palestino?

De los miles de civiles asesinados por las bombas inteligentes en las invasiones de Estados Unidos a Iraq.

De los terroristas confinados, violados, torturados y mutilados en el campo de concentración norteamericano en Guantánamo.

En México por supuesto que no cantamos mal las rancheras, los casos invisibles para las televisoras, y la prensa son infinitos:

No aparecen las imágenes de Atenco, donde decenas de mujeres fueron violadas y tomadas como botín de guerra por las policías federal, estatal y municipal; con presos condenados a cadena perpetua por secuestrar a indefensos policías; la fotografía de los atenquenses presos e incomunicados. Llevan en la cárcel, cuatro de más de 100 años de condena.

Tampoco las televisoras mostraron las imágenes de los asesinados en la represión de la APPO en Oaxaca, de las madres de los desaparecidos exigiendo justicia. Por cierto, Ulises Ruiz, el gobernador asesino, anduvo muy sonriente la semana del bloqueo del Libramiento Sur por parte de los gobernadores. Posó junto a Leonel Godoy, Mario Marín y Peña Nieto.

Ni pizca del asesinato y violación de Cristina Asencio, la anciana violada por el Ejército en la sierra de Zongolica, en Veracruz; Calderón dijo que murió de gastritis. Igual suerte corre el encarcelamiento de las indígenas ñañús que llevan tres años encarceladas por haber abusado y secuestrado a indefensos AFI.

¿Acaso las televisoras mexicanas y del estado prestaron atención a las jóvenes violadas por el Ejército en Coahuila y en Michoacán? ¿Escuchó o vio usted alguna entrevista a las afectadas?

¿Alguna vez vio imágenes de la brutal represión de los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas que se manifiestan para exigir justicia? ¿Acaso las condenas por organizaciones de trabajadores internacionales por el despojo de su fuente de trabajo?

En Chiapas, diariamente hay agresiones por parte del Ejército, las policías, paramilitares en la zona zapatista, la razón, se oponen a la construcción de una carretera que destruiría la selva y los despojaría de su territorio. ¿Hay algún reportaje de las agresiones, de la riqueza de la selva, del proyecto?

Cuando Ricardo Rocha era reportero de Televisa, una semana antes del asesinato de más de 40 indígenas chiapanecos de Acteal en 1997, advirtió de la tragedia; tal osadía, le costó su carrera.



La última y nos vamos



Ahora resulta que Catalina Rosas Monge, titular de SUMA, desconoce y se deslinda de la vialidad de la Loma. Leonel hace lo mismo, ahora ambos le achacan el muertito a Fausto Vallejo. ¿Recuerda? Lo mismito hizo Batel con el Chavo.

¿Al fin entendieron y escucharon a la sociedad civil?

Colectivo Utopía de La otra campaña.

Correo: chassin@umich.mx

fuente- cambio de michoacan

La sombra de los derechos humanos en EE.UU.

Es más fácil ver la paja en ojo ajeno que una viga en el propio’ (refrán popular)

Durante los últimos 34 años, el Departamento de Estado norteamericano viene emitiendo anualmente un documento sobre los derechos humanos en 194 países, donde denuncia los abusos, especialmente en naciones que se atreven a salir de la línea ideológica o del modelo económico norteamericano. Por supuesto la ex URSS, Corea del Norte y Cuba fueron siempre sus blancos preferidos. Posteriormente, a medida del avance de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ( ALBA), agregaron a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En vísperas de la invasión a Irak y Afganistán, estos gobiernos fueron blanco de sus acusaciones. Los desacuerdos económicos con China motivaron denuncias contra este país y lo mismo pasa con Rusia por su geopolítica, cada vez menos subordinada. Pero lo curioso es que el Departamento de Estado nunca evaluó esta situación dentro de los Estados Unidos.

Hasta este año, algunos países recibían humildemente las acusaciones, otros, como Cuba, las rechazaban enérgicamente denunciando abusos en el país del norte, pero nadie se atrevía a presentar un informe detallado de esa situación en EE.UU., como lo ha hecho ahora China en un voluminoso expediente. El presidente del Ecuador, Rafael Correa y su homólogo venezolano Hugo Chávez también han anunciado sus futuros informes sobre Estados Unidos. Y tienen razón para hacerlo. Según organismos de derechos humanos, el país que se autoproclama ‘símbolo de la democracia en el mundo’, ha asesinado a más de un millón de civiles en Irak y Afganistán, y últimamente, cada semana, las bombas y misiles de sus drones (aviones no tripulados) matan a inocentes en Paquistán. Su “nueva” táctica de contrainsurgencia que los EE.UU. y sus aliados europeos aplican en las provincias de Helmand y Kandahar, bajo la consigna: “vaciar los estanques del agua para que las peces (talibanes) mueran”, significa la guerra sucia, es decir desaparecidos, torturados y ejecutados. Las prisiones como Guantánamo, Abu Ghraib en Irak y Bagram en Afganistán son símbolo de la barbarie en el Siglo XXI.

La democracia de Estados Unidos ha institucionalizado la tortura acomodando la constitución. Nadie ignora que el presidente Barack Obama protege a sus autores intelectuales John Yoo y John Bybee, y no ha hecho nada contra la orden ejecutiva de George Bush que permite a los servicios especiales, ejecutar a sospechosos en preparación de actos terroristas.

Dentro del país, el gobierno persigue a inmigrantes indocumentados y hasta encarcela a familias enteras o en su defecto deporta a los padres y deja en la orfandad a los niños. Esta nación que acusa a Cuba de tener 5,000 encarcelados, incluyendo a 200 disidentes, tiene la población carcelaria más grande del mundo: 7.3 millones de personas que están en prisión o en libertad condicional, lo que constituye el 25 por ciento de todos los encarcelados en el mundo.

El gobierno de Obama permite, en plena depresión económica, que los multimillonarios aumenten sus ganancias en 16 por ciento, mientras 16.7 millones de niños estadounidenses tienen hambre, 3.5 millones menores de cinco años sufren malnutrición y 1.5 millones de niños están desamparados. ¡Y ni qué hablar de los adultos! Nadie lo ve y nadie habla de esto, porque el dios globalizado del dinero, tapa los ojos de los derechos humanos tanto aquí como en Europa.

fuente- rebelion.org

Chalco… violación a los derechos humanos

Es difícil reconocer que nos podemos acostumbrar a una escena en la que colonias enteras, donde viven miles de personas en pobreza, como Chalco, permanezcan por días sumergidos en aguas sucias. Niños, mujeres, familias enteras se debatieron haciendo balsas para trasladarse en busca de alimentos, con un riesgo latente de quebrantar su salud, sin saber exactamente lo que sucede. Es dantesco.

Lo ocurrido en diversas zonas del Estado de México y del Distrito Federal hace días y que fue maquillado —como lo dicen los propios habitantes— por la TV, es uno de los hechos más patentes de la ineficiencia de nuestras instituciones.

Se trata de uno de los peores hechos violatorios de derechos de nuestra historia reciente.

Más allá de la indignación y la solidaridad que nos provoca, he tenido la oportunidad de estar cerca de pobladores del Valle de Chalco.

Los he visto luchar y apoyarse para resolver los problemas de cada momento, o resignarse ante la situación sin poder encontrar alguien que les explicara cuáles podían ser las expectativas: ahora sé que esperan una ayuda.

Con este compromiso y con el de lograr cambios efectivos en México, quiero poner todo mi empeño porque a estos hechos se les llame por su nombre. Poco se ha dicho de las responsabilidades que surgen de estos hechos. Tampoco se he remarcado que son violaciones a los derechos humanos. La focalización ha sido más bien hacia la atipicidad de las lluvias y las dificultades de los funcionarios para lograr cerrar el boquete del canal.

Las violaciones a los derechos humanos son por demás evidentes, comenzando por el del derecho a la vivienda. Sin embargo es una de esas situaciones en que la afectación es integral. Hay graves violaciones a la salud, por la escenario insalubre que permanece, y al derecho a la educación de los niños que dejaron de asistir a la escuela.

Debe reconocerse también la afectación a la vida y a la integridad, partiendo del hecho objetivo de que se han perdido vidas humanas, hasta ahora se ha hablado de 33.

Desde nuestro ángulo también hubo una violación al derecho a la información de los habitantes a los que no se tuvo al tanto ni de la inminencia de la inundación, ni de la gravedad de la situación. De manera desordenada y muy parcial parece que se trató de mantener comunicación con la población, pero hubo casos como el del presidente municipal de Valle de Chalco que flagrantemente no dio la cara a los habitantes.

Claro que hablar de violaciones a derechos humanos es mucho más exigente que englobar todo en coordinación, falta de recursos, cambio climático, hundimientos o zonas irregulares.

Un dato relevante: hace 10 años pasó exactamente lo mismo. En 2000 la CNDH dio una recomendación a Conagua por violar los derechos humanos de propiedad, salud y patrimonio.

Las razones de responsabilidad de entonces eran las mismas de ahora: falta de obras y de mantenimiento a tiempo. Por eso hoy no hay posibilidad de hablar de caso fortuito o de fuerza mayor, ni siquiera de falta de tiempo para corregir la situación y evitar los daños que hoy lamentamos.

Las obligaciones del Estado en derechos humanos, especialmente económicos, sociales y culturales se violan también por negligencia u omisión. Con esto tenemos los elementos completos para afirmar que en los hechos de las inundaciones se dieron graves violaciones a derechos humanos.

El objeto de hacer esta afirmación es mucho más que teórica, de lo que se trata es de poner en su justa dimensión los hechos y evitar que esto se vuelva a repetir.

El enfoque de derechos humanos tiene dos claras consecuencias que nos ayudan en el presente caso: la primera es la de exigir responsabilidades concretas y la segunda es la de demandar una reparación, que trascienda al concepto de ayuda.

Queda mucho por ver en este caso, por lo pronto Valle de Chalco se ha unido a las demandas históricas de derechos humanos en nuestro país.

Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos

fuente- el universal

Morelos, diciembre 2009: Licencia para matar...

CUERNAVACA, Mor., 23 de enero (Proceso).- La manipulación y el ocultamiento de información sobre la muerte de dos civiles durante los operativos del 11 y el 16 de diciembre contra Arturo Beltrán Leyva, llevaron a los familiares de las víctimas a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a los excesos cometidos por los marinos. El ombudsman Fausto Gutiérrez Aragón critica los abusos y lanza la pregunta: ¿acaso por ser militares tienen licencia para matar?

Los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados por los impactos recibidos. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.

Los dos cayeron durante los operativos de los marinos contra el capo Arturo Beltrán Leyva del 11 y del 16 de diciembre en los fraccionamientos de Ahuatepec y en el complejo Altitude de esta ciudad, respectivamente. Sus familias nunca sabrán cómo murieron, pues los certificados de defunción son muy generales y no precisan las causas de sus muertes.

Al igual que otros civiles detenidos, Terroba y Aguilar fueron víctimas de la manipulación y ocultamiento de información y también del abuso de las autoridades federales y estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Independiente (CIDH) documentaron sus casos.

El ombudsman estatal, Fausto Gutiérrez Aragón, levantó varias denuncias en contra de la Marina por el allanamiento de morada y robo en el complejo Altitude el 16 de diciembre, y tres más por detenciones arbitrarias. El organismo independiente consignó la desaparición de dos veladores del fraccionamiento Los Limoneros, en Ahuatepec, y la violación a los derechos de las dos masajistas que brindaban servicio al Jefe de Jefes.

Las historias son muchas. Cada afectado narra la propia. Cuenta Gabriel Pintado, viudo de Patricia Terroba:

“Estábamos en nuestra casa. Eran las dos de la madrugada (del 11 de diciembre) cuando mi esposa recibió una llamada de su hermana para comentarle que su mamá estaba muy enferma. Le dije que la acompañaba y me respondió que no, porque en la mañana yo tenía que llevar a nuestra hija Gabriela a la escuela. Poco después escuché disparos. Duraron como 15 minutos; primero se oyeron ráfagas, luego balazos aislados. Parecía que venían del pueblo de Ahuatepec, donde normalmente avientan cohetes y disparos al aire. Me confundí”.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1734 de la revista Proceso que está en circulación.

fuente- proceso

Denuncia Raúl Vera “ejecución extrajudicial” de Arturo Beltrán

Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 26 de diciembre de 2009, p. 3

Saltillo, Coah., 25 de diciembre. El gobierno federal incurrió en una “ejecución extrajudicial” al dar muerte al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, durante el operativo realizado por la Armada de México el pasado 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, afirmó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

El prelado criticó la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón, pues ha desencadenado acciones extrajudiciales similares a las que ocurrían hace 100 años con la denominada ley del monte, en la época de la Revolución, cuando el gobierno asesinaba sin acatar los ordenamientos judiciales.

“Ya estamos como en la época de la Revolución, donde se ahorcaba, se fusilaba, pero ahora se hace mediante operativos, y eso es muy grave”, censuró.

Raúl Vera puso como ejemplo de lo anterior la acción en el fraccionamiento Altitude, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, donde en un enfrentamiento con marinos fue ultimado Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.

Criticó la difusión de las imágenes del cadáver del líder del cártel de los Beltrán Leyva, también conocido como El Barbas, en diferentes medios de comunicación.

Consideró que por la forma en que fue exhibido el cuerpo del narcotraficante después del operativo, los marinos llegaron a ejecutar, no a aprehender.

Las autoridades mexicanas están incurriendo en acciones que estaban vigentes hace 100 años, en la época de la Revolución, cuando se asesinaba a las personas, a presuntos delincuentes, en lugar de someterlos a procedimientos judiciales para que pagaran las culpas cometidas, insistió.

Luego de reunirse con internas del Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, a quienes visitó con motivo de los festejos navideños, el prelado expresó:

“Lo que ahora vemos es que el gobierno está teniendo operativos para detener a personas que cometen delitos, que se están convirtiendo en ejecuciones extrajudiciales.”

Reiteró que la operación en Cuernavaca es una muestra de que las autoridades están optando por asesinar a los presuntos autores de delitos, en lugar de aprehenderlos y someterlos a procedimientos judiciales.

Agregó que el gobierno federal está más preocupado por aparentar ante los ciudadanos que su guerra contra el narcotráfico está dando resultados, en lugar de garantizar procedimientos ministeriales y judiciales a quienes incurren en delitos.

Vera López, quien se caracteriza por denunciar los abusos que se cometen en México, generalmente contra los más desprotegidos, señaló que la sociedad no justifica la comisión de delitos como los relacionados con el narcotráfico, pero ese sentir dista mucho de que las autoridades federales tengan el respaldo popular y legal para castigar a los delincuentes al margen de la ley.

“El gobierno federal no tiene ningún derecho de someter a quienes incurren en delitos, cualesquiera que éstos sean, a procedimientos extrajudiciales, como la ejecución o el asesinato, ya que para eso existen códigos, leyes y reglamentos que deben garantizar a cualquier persona la posibilidad de que responda ante la ley por sus actos”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón, informó que, a raíz de los operativos que realizan en la entidad elementos de la Marina, el organismo ha recibido siete quejas, entre ellas dos sobre civiles que perdieron la vida, las cuales ya fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con información de Rubicela Morelos, corresponsal

fuente- la jornada

Señalan a militares mexicanos por violación de derechos humanos

México, 22 dic (PL) A Cuenta de enfrentar el crimen organizado, el Ejército mexicano mantiene hoy un importante despliegue, pero la labor de los militares generó este año unas mil 500 quejas por violaciones a las garantías individuales de civiles.

El reporte estadístico, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), marcó a los Estados de Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Durango, Baja California y Sinaloa, como los territorios con más insatisfacciones presentadas por los ciudadanos.

Según la institución, la mayoría de los reclamos se refieren a detenciones arbitrarias, incumplimiento en la orden de cateo o en las visitas domiciliarias, retención ilegal y empleo improcedente de la fuerza pública.

También hay señalamientos a los castrenses por detenciones sin contar con la orden correspondiente, ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente una propiedad y retardar la presentación de detenidos ante la autoridad competente.

Ante la CNDH fueron presentadas este año 17 quejas por privación de la vida, 43 debido a torturas, más de 60 a causa de desapariciones forzosas, 62 por intimidación, y otras relaciones con uso desproporcionado de la violencia y ejecución sumaria, reseña este martes el periódico Milenio Diario.

En reciente encuentro con la prensa, el Procurador general de la República, Arturo Chávez, reconoció la existencia de críticas internas al desempeño de militares en el combate a la delincuencia, pero aseguró que tanto el Ejército como la Marina continuarán en esa faena, pues el Estado mexicano decidió combatir con todas sus fuerzas a las bandas criminales.

fuente- prensa-latina.cu

Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan el Nobel a Obama

Reuters y Afp

Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2009, p. 24

Washington, 9 de diciembre. Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) cuestionaron hoy el Premio Nobel de la Paz al presidente estadunidense Barack Obama con el argumento de que éste no ha hecho lo suficiente en materia de derechos humanos para merecer el galardón que le será entregado el jueves en Oslo, Noruega.

De su lado, el vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs, dijo que el presidente entiende y sabe que no está al mismo nivel que Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calculta, quienes también recibieron ese galardón.

HRW y AI instaron a Obama a utilizar su discurso de aceptación para renovar el liderazgo de Estados Unidos en la lucha en favor de los derechos humanos, luego de que su reputación fuera dañada por los abusos cometidos durante la guerra contra el terrorismo del anterior gobierno del republicano George W. Bush.

Las organizaciones humanitarias dijeron que su pragmatismo a veces se dio a expensas de no hablar acerca de los derechos humanos en países como China, el mayor acreedor de Washington y una nación fundamental en los esfuerzos por lidiar con la crisis financiera internacional.

Él ha creado una falsa elección entre tener que hablar enérgicamente sobre los derechos humanos o ser pragmático y obtener resultados en otras cuestiones, dijo el director ejecutivo de AI en Estados Unidos, Larry Cox.

La directora asociada de HRW, Carroll Bogert, dijo que el gobierno parece haber cometido un error de cálculo cuando estimó que Estados Unidos podía ser un país más prominente en la arena internacional si minimizaba el tema de los derechos humanos.

Por último, Fidel Castro acusó a Obama de haber llevado a cabo un acto cínico al haber aceptado el Nobel de la Paz, y consideró que su política en Afganistán es la misma que la de Bush.

fuente- la jornada

Inquieta a EU impunidad militar en México

La redacción
MÉXICO, D.F., 11 de diciembre (apro).- El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Arturo Valenzuela, señaló este viernes que en su país hay preocupación sobre el número total de militares mexicanos que han sido castigados por violar los derechos humanos.

En conferencia de prensa ofrecida en Estados Unidos, el funcionario manifestó que ese “es un tema de preocupación y nosotros planteamos ya el tema a nuestros colegas mexicanos”.
Eso, dijo, ocurrió “sobre la base de nuestra capacidad de tener un diálogo que sea franco, un diálogo respetuoso para avanzar".
En un informe presentado en julio pasado, Human Rights Watch denunció que los tribunales militares mexicanos no han condenado ni a un solo miembro del Ejército acusado de violar derechos humanos, luego de que el gobierno del presidente Felipe Calderón desplegó caso 50 mil efectivos en su lucha contra el narcotráfico.
En tanto, en un informe entregado en agosto anterior al Congreso estadunidense, el Departamento de Estado admitió la “opacidad“ del sistema judicial militar de México, lo que dificultaría el análisis de las denuncias.
Y apenas la semana pasada, el diario estadunidense The Washington Post publicó una nota en la que presentó datos contradictorios de la Secretaría de Gobernación y de fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el total de militares sentenciados por violar derechos humanos.
Según la nota, basada en un oficio de la Secretaría de Gobernación entregado a la organización Human Rights Watch, la dependencia reconoce sólo el caso de un militar castigado en este sexenio por violaciones a derechos humanos.
Pero el rotativo también presentó datos de un vocero oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien asegura que existen 10 militares que purgan sentencias por violar derechos humanos, datos que contradicen a Gobernación.
Y más: Esta semana, Amnistía Internacional presentó un informe en el que documentó diversas acusaciones contra militares en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, que según la organización no han sido resueltas por las autoridades.
Sin embargo, este mismo viernes la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, refrendó su apoyo al gobierno y al pueblo de México en su lucha contra el narcotráfico, incluyendo a todas aquellas personas que han soportado estos años la violencia de la delincuencia organizada.
"Realmente felicito no sólo al gobierno mexicano, sino a tantos ciudadanos mexicanos que han soportado la embestida de horrorosa violencia", dijo Clinton en un discurso sobre política hacia Latinoamérica, en el que recalcó el apoyo que ha ofrecido Estados Unidos.
E insistió: "No es sólo que estamos proporcionado más equipo militar o entrenamiento, estamos buscando todo tipo de apoyo institucional para la paz y justicia, por los derechos humanos y la democracia. Es un apoyo de largo plazo".

fuente- proceso

Pide Amnistía Internacional a la SCJN, justicia para Oaxaca

Amnistía Internacional considera que el informe de los jueces investigadores y la ponencia de un ministro son positivos en la medida que señalan varios abusos cometidos durante los sucesos. Sin embargo, la organización considera que el texto bajo consideración no refleja la gravedad ni la forma generalizada en que se cometieron las violaciones de derechos humanos y no identifica con claridad la obligación del Estado de deslindar todas las responsabilidades por tales abusos graves.

Amnistía Internacional siempre ha reconocido que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y que la parálisis de Oaxaca durante varios meses tuvo un serio impacto en los derechos de muchas personas en Oaxaca. Sin embargo, es también evidente que representantes del Estado no solo hicieron uso de la fuerza excesiva para reprimir a los manifestantes, como el informe lo señala, sino que además estaban implicados en homicidios ilegales, tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Estos hechos nunca han sido investigados debidamente y el informe presentado ante la SCJN prácticamente hace caso omiso de estos abusos graves.

Es preocupante que del informe que se discute en la SCJN parece haber sido elaborado con en base en la información en los expedientes penales y los datos proporcionados por las autoridades, sin hacer referencia a otros testimonios o pruebas para contrarrestar las fuentes oficiales. Esta omisión es importante porque varias de las autoridades involucradas no cumplieron con su obligación de realizar investigaciones imparciales y exhaustivas de los abusos cometidos.

AI considera preocupante la conclusión de la ponencia que al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios en los abusos no se ajusta a las obligaciones de México bajo las normas internacionales de derechos humanos. Según el derecho convencional, México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.

Es esencial que la SCJN considere todos los abusos cometidos en Oaxaca durante los disturbios en 2006 y 2007 de conformidad con las obligaciones de derechos humanos adquiridas por México y dar un impulso para que todos los responsables rindan cuentas y las víctimas reciban una reparación adecuada del daño.

Exculpa Azuela a gobiernos de violar derechos durante el conflicto oaxaqueño

Jesús Aranda

En el conflicto magisterial oaxaqueño de 2006 y 2007 hubo violación generalizada de las garantías individuales, pero no son imputables al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, ni al entonces presidente Vicente Fox, sino a policías locales y federales, no a sus mandos.
Lo anterior considera el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien responsabiliza a “particulares” –no menciona directamente a alguna organización– de no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos de Oaxaca y federal para resolver el conflicto “que se estaba intentando solucionar mediante vías y propuestas idóneas”, y en cambio realizaron plantones, marchas, bloqueos y tomaron edificios públicos, que derivó en la violación de garantías.
La investigación que fundamenta la existencia de violaciones graves a las garantías está contenida en un documento de 923 cuartillas que ayer fue entregado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y será discutido en sesión pública a partir del 13 de octubre.
En el proyecto, que fue subido ayer por la tarde a la página de Internet del máximo tribunal, Azuela cuestiona a las autoridades por no haber utilizado la fuerza pública adecuadamente, ya que de haberlo hecho “muy probablemente el conflicto social se hubiera resuelto por la vía de la negociación”.
Azuela sostiene que los gobiernos estatal y federal “desplegaron conductas tendentes a solventar” el problema social, el cual tuvo como origen el incumplimiento del pliego petitorio que entregaron los maestros de la sección 22 del SNTE el 1º de mayo de 2006, y que derivó en que la situación no se “normalizara” en la ciudad de Oaxaca hasta enero de 2007.
El ministro desacredita al movimiento social, encabezado inicialmente por los maestros, al señalar: “la polarización del movimiento, aunado a la situación de pobreza, analfabetismo y marginación que impera en el estado de Oaxaca, conformó un ambiente proclive para que dicho movimiento creciera y formulara demandas de diversa índole”, de manera que “se fue contaminando el proceso de solución, al grado que se llegaron a formular exigencias que no podía cumplir la Federación, como era la salida del gobernador”.
Azuela no menciona por su nombre a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutinó el descontento social.
Durante ese periodo, indica, los plantones en el zócalo y centro histórico, las marchas, toma de edificios públicos y cancelación de las clases derivaron en enfrentamientos entre civiles y policías, en los que sí fue detectado el uso de fuerza excesiva por la policía, pero no fue suficiente para hacer imputaciones directas a alguna autoridad para castigar los abusos cometidos.
Censura el envío irregular de detenidos, la mayoría dirigentes de la APPO, a Nayarit, y que fueran golpeados por los policías durante su detención y traslado, pero no profundiza en el tema ni señala directamente a responsables de los hechos.
Enumera las garantías violadas: el derecho a la justicia, ya que debido a los plantones y marchas las instituciones locales y federales de impartición y procuración de justicia no estaban en capacidad de atender las demandas de la población.
El derecho a la vida, con las 12 personas que resultaron muertas en el conflicto; derecho a la integridad personal con los más de 200 heridos; las garantías de libertad, de trabajo, de pensamiento y expresión.
Y una de las más graves, el derecho a la educación, porque más de un millón de estudiantes no recibieron clases durante varios meses. Destaca el documento que también se violaron los derechos a la propiedad y la posesión, y a la paz.
No obstante, en su texto exculpa a las autoridades al afirmar: “es claro que ni el gobernador del estado ni los servidores públicos de la Federación que intervinieron resultan responsables directos de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fueron producidas por ellos de manera directa, ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados en la medida en que adoptaron los medios de solución idóneos para que se solventara el problema; sin embargo, no se llegó a la solución deseada.”

fuente- la jornada

Dos jóvenes de Cuernavaca detenidos y torturados por el ejército

ACCION URGENTE DOS JOVENES DE CUERNAVACA DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR EL EJERCITO. La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia centro de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000, con teléfono y fax 7773185568 y correo electrónico http://mx.mc461.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cidhmorelos@gmail.com, recibió la queja presentada por los jóvenes SILVERIO IVAN JAIMES FILIO y JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la DETENCION ARBITRARIA, CONFINAMIENTO EN INSTALACIONES MILITARES, TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA, AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL, AMENAZAS CONTRA FAMILIARES SI LOS DENUNCIABAN Y ROBO DE SUS PERTENENCIAS, por lo que presentaron formal denuncia ante la procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009, de acuerdo a los siguientes testimonios:
"El día de ayer 14 agosto de 2009, siendo aproximadamente las veintidos horas con treinta minutos llegamos junto con mi primo JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ al semáforo que se encuentra sobre la avenica Cuahunahuac, a la altura del estacionamietno del centro comercial Chedraui donde nos paramos en el semáforo en nuestro vehículo marca Nissan tipo Tsuru y al ver a unas personas nos insultaron y nos empezamos a palabrear, cuando de repente llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habiamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar, cortando cartucho a sus armas, que nos iban a llevar a Filo de Caballo y que nos iban a dejar colgados boca abajo y que si sabiamos nadar y bucear porque nos iban a aventar al agua, y que si deciamos que pertenecían al Ejército que ya tenían nuestros datos, domicilio de nuestras casas y que iban a tomar represalias contra nuestra familia. Desde el principio nos empezaron a preguntar y querían a fuerza el nombre de alguien que vendiera droga, que nosotros sabíamos y que les dijéramos, que ellos sabían que nosotros teníamos antecedentes penales de robo de auto y de casa-habitación y que vendíamos drogas. Para ese momento ya nos habían separado a mi primo y a mí en distintos lugares y yo escuchaba los quejidos de mi primo, y cuando entraban unos camiones nos decían que guardaramos silencio o nos iba a ir peor. Creo que esabamos en las instalaciones del Campo Militar. Nos golpeaban en todo el cuerpo cuasándonos lesiones, nos quitaron los zapatos. A mi me quitaron mi playera y con esa misma me taparon la cara y si haciamos un movimiento nos pegaban. Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegana con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares. Nos quitaron todas nuestras pertenencias: cuatro mil pesos en efectivo, teléfono celular marca motorola, nextel número 2741638, licencia de chofer, CURP, credencial de elector, así como documentos de la UAEM pertenecientes a mi hermano JOSE ANTONIO GUADARRAMA JAIMES. Después de que no lograron que les dijerámos que teniamos culpa alguna y después de amenazarnos, nos subieron al camión y nos fueron a dejar a un paraje de Monte Casino en el bosque rumbo a Huitzilac, diciéndonos que ahí era Filo de Caballos, nos bajaron del camión a punta de golpes y cubiertos de la cara y nos dejaron en nuestr auto con las llaves escondidas en el asiento de atrás. De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada", narró a esta Comisión Silverio Ivan Jaimes Filio, de 22 años de edad, casado, empleado y con domicilio en la colonia Flores Magón de Cuernavaca.
Por su parte, Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23 años, casado, empleado y vecino de la colonia Flores Magón, narró lo siguiente: "Cuando viajábamos con mi primo Silverio Ivan a comprar a Chedraui en el auto nos paramos en el semáforo y cuatro personas del sexo masculino vestidos de civiles que cruzaban la calle nos hicieron señas de pararnos totalmente y se nos dejaron ir a golpes y nos tiran al suelo, cuando llegó una camioneta con el logo de la PFP y bajaron cinco personas y nos levanatarony quitaron identificaciones, y como al minuto y medio llegó un caminón Dina en el que iban a bordo militares y nos subieron, quitándome mi licencia de conducir y mil doscientos pesos en efectivo. En el transcurso del camino nos empiezan a golpear, se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en las espaldas de mi primo y en la mía y nos daban de patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que no sabíamos en la que nos habíamos metido, que a los militares no los puede uno voltear a ver, y que eso era el principio y que lleganmdo nos iba a cargar la chingada, y que había unos negrotes que nos iban a violar y que un tipo nos iba a dar toques en donde sentíamos más sensibilidad en las uñas y las manos o los pies. Al llegar a la 24a. Zona Militar bajaron a mi primo y lo comenzaron a golpear, nos decían que nos iban a ahogar, preguntando si queríamos aprender a nadar o bucear, que nos iban a tirar en la barranca y que ojalá nos encontraran nuestros familiares antes que los perros. Nos bajaron del camión y nos volvieron a golpear. Nos dejaron sobre la carretera federal con dirección a la Ciudad de México, por Montecasino, y dejaron el vehículo a un lado".
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
DETENCION ARBITRARIA.
El ataque a la libertad personal está claramente prohibido por los artículos 14, 5, 17, 20 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9, 11 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 7, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La detención sin orden de aprehensión, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, también se tipifica como delito de Detención-Desaparición, considerado como de lesa humanidad, por lo que las referencias de los militares a los métodos de "bucear" recuerda claramente los métodos de la "guerra sucia" de los años 70s cuando fueron desaparecidos cientos de personas sobre todo en el estado de Guerrero.
CONFINAMIENTO DE CIVILES EN INSTALACIONES MILITARES.
Ningún civil puede ser detenido y confinado en instalaciones militares de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana.
TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA.
Nadie puede ser sometido a penas ni tratos crueles. inhumanos e infamantes, de acuerdo a la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tanto estatal como federal.
AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACION SEXUAL.
AMENAZAS DE REPRESALIAS CONTRA FAMILIARES.
ROBO.
Todos estos elementos están claramente tipificados en la Constitución, en los Códigos penales y de procedimientos.
DEMANDAMOS.
Ante esta grave situación que ha sido legalmente denunciada ante la PGJ, demandamos:
Primero: Investigación imparcial, profesional, apegada a derecho, inmediata y expedita, por parte de la PGJ del Estado de Morelos. La PGJ de Morelos tiene ante sí la posibilidad de culminar un proceso a través de la integración adecuada de la carpeta de investigación SC01/6398/2009 y llamar a comparecer como presuntos responsables a los elementos militares del camión Dina 1004276.
Segundo: La aplicación de medidas cautelares de protección para garantizar plenamente la integridad personal (artículos 19 y 22 de la Constitución) de Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez y de sus familiares, por parte de la PGJ y de las instancias estatal y federal de defensa de los derechos humanos no jurisdiccionales (Comisión estatal y CNDH).
Tercero: El inmediato retiro del Ejército Federal mexicano a sus cuarteles para respetar lo establecido en el artículo 129 de la Constitución.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Antecedentes.
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos, como el reciente de la familia Zamora González, cuya queja ha sido presentada ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia.

fuente- kaos en la red

Sedena suma 934 quejas de abusos en siete meses

Silvia Otero El Universal Sábado 15 de agosto de 2009 mailto:silvia.otero@eluniversal.com.mx
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido este año un promedio de cuatro quejas diarias por violaciones a los derechos humanos, según un reporte de la institución, que es parte de la información que el gobierno federal entregó al Departamento de Estado norteamericano, que elabora un análisis sobre la situación de México en esta materia.
El documento —que dio a conocer la dependencia en julio pasado— destaca que de las 934 quejas presentadas contra el Ejército mexicano en lo que va de 2009, 43% se concentra en dos regiones militares, en las que se encuentran Chihuahua y Michoacán, donde se refuerzan operativos contra el crimen organizado y del narcotráfico.
Estos datos, de acuerdo con autoridades del gobierno federal, han sido incorporados al documento final que entregará el Departamento de Estado de EU al Senado de ese país a más tardar la próxima semana, del cual dependerá la liberación de 15% de recursos de la Iniciativa Mérida.
Tema crucial
El contenido del documento que elabore esa área del gobierno de Estados Unidos será crucial, ya que los recursos podrían ser bloqueados si los legisladores de ese país consideran que el Ejército mexicano no respeta los derechos humanos, o que los casos han quedado en la impunidad, como aseguran el senador Patrick Leahy y la organización Human Rights Watch (HRW).
El documento de Sedena dice que a pese a las 934 quejas presentadas durante este año —de más de 2 mil que se han recibido en este sexenio— 395 han concluido sin que se demuestre la responsabilidad de militares en la violación de garantías. También señala que 525 siguen en trámite y 14 terminaron en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH emitió 35 recomendaciones contra integrantes de la dependencia militar.
Destaca que de las quejas entre enero y julio de 2009 contra el Ejército, 888 fueron formuladas por civiles y 46, por militares.
Regiones más señaladas
El informe de la Sedena detalla además el número de quejas por violaciones a derechos humanos de este año por cada zona castrense. La lista la encabeza la XI región militar con 239 casos (25.5%), por operaciones en Parral y la capital de Chihuahua, así como en Saltillo, Coahuila.
Este año, la XII región tiene el segundo lugar en quejas con 163 (17.4%), por presuntas violaciones de garantías en Apatzingán y Morelia, Michoacán. También se han registrado denuncias en Sarabia, Guanajuato y Querétaro.
Las cifras coinciden con la ofensiva militar en puntos específicos del país para enfrentar a organizaciones del narcotráfico.
El documento también señala a la IX región militar con 10.3% de quejas (97 casos) formuladas en Ticui y Chilpancingo, Guerrero; y la III región castrense suma este año 87 casos, en especial en Culiacán, Sinaloa y Durango.

fuente- El universal