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lunes, 4 de julio de 2011

Meganegocios, relumbrón, quimeras, pobreza…


Desbordado al máximo desde que inició su gestión en el Estado de México, Enrique Peña Nieto comenzó a trabajar para su candidatura presidencial del 2012. A los millonarios gastos para promover su imagen en la televisión, el mandatario sumó sus megaproyectos de desarrollo urbano e invitó a cuanto empresario pudo: desde los Hank Rhon hasta el magnate del Grupo Carso, Carlos Slim. Pero así como dibujó quimeras, también deja sumidos en la pobreza y el desempleo a millones de mexiquenses….

Al mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto le quedan 75 días de un gobierno que ha estado marcado por los onerosos gastos para su promoción televisiva; por faraónicas obras de infraestructura vial en las que ha invertido alrededor de 120 mil millones de pesos, y por expedientes de corrupción no resueltos, como el de su antecesor Arturo Montiel.

Además, este domingo 3 de julio la maquinaria electoral que puso en marcha en las últimas semanas para impulsar a su correligionario Eruviel Ávila se enfrenta a dos desafíos: retener para el PRI la gubernatura de la entidad más poblada del país y ganar con la suficiente holgura para iniciar su lanzamiento formal como candidato a la Presidencia de la República en 2012.

No son pocos los contrastes que marcan el fin de la gestión de Peña Nieto y su relanzamiento a la candidatura presidencial.

Frente a los contratos millonarios con desarrolladores inmobiliarios, como Corporaciones Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare, para la construcción de casi 500 mil viviendas en las llamadas Ciudades Bicentenario, Peña Nieto termina su gestión con 60 mil damnificados por las inundaciones en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, afectados por el continuo desbordamiento de los ríos de los Remedios y Xochiaca, así como del Gran Canal.

El viernes 1, Peña Nieto declaró a la televisión: “Yo desearía que este fenómeno no se politizara. Me parece que es un fenómeno natural (frente al) que estamos actuando; que hay coordinación en todos los niveles de gobierno”. ¿El propósito?: evitar un posible impacto electoral negativo de su candidato Eruviel Ávila, exalcalde de Ecatepec, quien según las encuestas llevaba una ventaja de más de 25 puntos.

Precisamente en las zonas mexiquenses damnificadas el empresario Carlos Slim obtuvo la concesión para invertir 400 millones de pesos para el Bordo de Xochiaca número 1 y en un área de 138 hectáreas del antiguo basurero para crear ahí la Ciudad Jardín Bicentenario Nezahualcóyotl.

Peña Nieto deja un gobierno marcado por la ola de feminicidios ocurridos entre enero de 2005 y agosto de 2010: la procuraduría mexiquense admite que en ese periodo se cometieron 922 homicidios dolosos de mujeres. Lo paradójico es que la mayor incidencia delictiva se localiza en los municipios que Peña Nieto recuperó para su partido en los comicios intermedios de 2009.

Desempleo y pobreza

Y aunque, durante su administración, Enrique Peña Nieto no ha dejado de promover la inversión privada en la entidad, los índices de desempleo y pobreza se incrementaron por encima de la media nacional.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hasta 2008 cuatro de cada 10 mexiquenses se encontraban en condición de pobreza (6 millones 632 mil habitantes). Tras la crisis financiera de ese año y de 2009, la cifra se elevó a 7 millones 415 mil.

Al cierre de 2010, el Producto Interno Bruto per cápita anualizado en el Estado de México fue de 81 mil 162 pesos (6 mil 424 dólares), 30% por debajo del promedio nacional, según un estudio de Banamex citado en un estudio de la revista Expansión.

En ese mismo periodo se incrementaron también el desempleo y el subempleo. Un análisis del Parlamento Ciudadano advierte que el desempleo representa 6% de la Población Económicamente Activa (PEA), 1.4 puntos arriba del promedio nacional.

El mismo organismo calcula que en los municipios del Valle de México la tasa de desempleo es de 6.75% (2 millones 275 mil personas). En todo el territorio mexiquense suman 483 mil los subempleados y cerca de 1 millón 608 mil más están en el sector informal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Obras multimillonarias

“Mientras más obras, más sobra”, ha sido una de las máximas de los gobernadores del Estado de México, la mayoría pertenecientes al Grupo Atlacomulco, la mítica dinastía a la cual pertenece Enrique Peña Nieto.

Su gobierno no ha sido ajeno a esta práctica. Proyectos de infraestructura vial y urbana por más de 120 mil millones de pesos han caracterizado su gestión. Entre éstos destacan el Circuito Exterior que comunica las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco, México-Tuxpan y México-Puebla. La inversión total se eleva a 9 mil 497 millones de pesos.

El segundo proyecto más ambicioso de Peña Nieto es el Viaducto Bicentenario, al cual se canalizaron 6 mil 500 millones de pesos para el encarpetamiento de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.

En ambas obras, el meganegocio tiene destinatario: el grupo español OHL, que puso en operación desde 2010 dos nuevos tramos de la autopista Viaducto Bicentenario y la del Circuito Exterior Mexiquense.

En su página oficial, OHL cita al presidente del consorcio, José Andrés de Oteyza, quien el 3 de septiembre de 2010 declaró: “De los proyectos de construcción que el consorcio realiza en 23 países de cuatro continentes, el número uno es México; y aquí su programa de infraestructura más importante se realiza en el Estado de México”.

De Oteyza fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Años después jugó un papel fundamental como intermediario del consorcio Tribasa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1984). La quiebra de Tribasa, que dejó una deuda fiscal por 4 mil millones de dólares, no afectó a De Oteyza, quien se colocó como representante de los intereses de OHL en México.

Otra de las obras de relumbrón es el Mexibús, que comunica a los municipios de Ecatepec y Tecámac. El mandatario mexiquense lo inauguró el 30 de noviembre pasado, luego de una serie de retrasos. El sistema es operado por Transmasivo, S.A., un conglomerado que agrupa a 13 empresas de autotransporte del oriente de la entidad que tienen una concesión por 30 años. La inversión total del Mexibús se calcula en mil 900 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó por lo menos 23 irregularidades en la Cuenta Pública de 2008 relacionadas con 242 millones 192 mil pesos del Fondo Metropolitano para la construcción del Mexibús.

La ASF mencionó que el gobierno de Peña Nieto no presentó el proyecto técnico de viabilidad correspondiente, ni elaboró un proyecto ejecutivo para una obra de esa magnitud; menos aún los estudios pertinentes de factibilidad técnica, económica y ambiental.

Las complicaciones y retrasos en la obra del Mexibús provocaron que en marzo de 2010 el presidente del Consejo de Administración de Transmasivo, Genaro Rosalino García, acusara de negligencia al gobierno del Estado de México porque hasta esa fecha sólo se habían construido cinco de los 16 kilómetros previstos.

Y aunque la línea 1 del Mexibús todavía no estaba terminada, en abril de 2010 se iniciaron los trabajos en la línea 2, lo que generó protestas vecinales en cinco colonias de Ecatepec.

Otros proyectos destinados a la inversión privada son la Estación Terminal Multimodal Azteca Bicentenario (Etram), mejor conocida como Mexipuerto. La inversión estimada es de 824 millones de pesos, que correrán a cargo de Grupo Carso e Ideal, ambas propiedad de Carlos Slim, que ganaron una concesión por 30 años para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la terminal.

Además, en Toluca están los nuevos puentes de Las Torres, a los que se destinaron 500 millones de pesos, y la planta de bombeo La Caldera, para el tratamiento de las aguas del río La Compañía, que se desbordó hace unos días a pesar de los mil 500 millones de pesos invertidos en esta obra.

La huella de los Hank

El 31 de julio de 2007 el gobernador Peña Nieto dio a conocer un megaproyecto denominado Ciudades Bicentenario, cuyo propósito era construir progresivamente 494 mil casas y diseñar nuevas áreas urbanas en los años venideros y hasta 2020. Los municipios elegidos fueron Tecámac (155 mil viviendas), Zumpango (111 mil), Huehuetoca (104 mil 100), Jilotepec (26 mil 600), Atlacomulco (38 mil 400) y Almoloya de Juárez (58 mil 600).

Este proyecto de viviendas, equipamiento urbano, vialidades, industria y espacios públicos constituyeron el motor del proyecto de conjuntos urbanos en beneficio de sólo 13 empresas que de 1999 a 2007 habían construido 74% de más de 434 mil nuevas viviendas en la entidad, según un estudio elaborado en el Congreso local.

Para 2010 y hasta 2020 se autorizaron 229 conjuntos urbanos que beneficiarían también a las mismas empresas que han concentrado las Ciudades Bicentenario, como GEO, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare.

Tan sólo en Tecámac, el proyecto más ambicioso, Grupo Sadasi presume en su página en internet que la unidad Héroes de Tecámac “es ejemplo clave en el diseño de proyectos habitacionales a gran escala”. En Zumpango, Geo planea construir 250 mil viviendas; Ara orientó su interés en Huehetoca.

Peña Nieto ha tenido cuidado también de presumir con sombrero ajeno. Buena parte del financiamiento de las Ciudades Bicentenario proviene del esquema Desarrollo Urbano Integralmente Sustentable (DUIS), un mecanismo creado por el gobierno federal para apoyar con una bolsa de 260 mil millones de pesos la construcción de 24 grandes proyectos inmobiliarios, entre los que se encuentran los promovidos durante su gobierno.

El Grupo Financiero Interacciones, dirigido por Carlos Hank Rhon, el hijo mayor del profesor Carlos Hank González, es otro de los consorcios que han gozado de la generosidad del gobierno de Peña Nieto.

Este grupo ha participado lo mismo en proyectos de infraestructura, como la autopista Lerma-Tres Marías, que en la insólita obtención del aseguramiento por 100 millones de pesos de bienes muebles, inmuebles, vehículos, aeronaves y efectivo de la administración mexiquense; también ha sido acreedor por mil 48 millones de pesos en la deuda estatal, equivalente a 3.6% del total.

Entre 2006 y 2009, la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, durante la gestión de Luis Videgaray, quien coordinó la campaña de Eruviel Ávila, pagó poco más de 98.7 millones de pesos al Grupo Interacciones por el alquiler de seguros para bienes muebles, inmuebles, vehículos y hasta aeronaves.

En 2007, la misma firma ganó un contrato por más de 18.2 millones de pesos para operar el Programa Estatal de Seguro Escolar que protegió contra accidentes a más de 1 millón 240 mil alumnos. Sin embargo, una investigación del semanario Nuestro Tiempo reveló que, a un mes de que finalizara la prestación del servicio, menos de 1% de los estudiantes utilizaron ese millonario seguro.

A la firma de Carlos Hank Rhon el gobierno de Peña Nieto le adeuda 3.6% del débito total, que asciende a 28 mil 810 millones de pesos. Los otros acreedores son Dexia (7 mil 253 millones), BBVA-Bancomer (5 mil 896 millones) y Banamex (5 mil 73 millones).

Las inversiones de Slim

Considerado el hombre más rico del mundo por la revista estadunidense Forbes, con una fortuna calculada en 74 mil millones de dólares, Carlos Slim ha sido igualmente beneficiario de los negocios multimillonarios que implican los proyectos de Peña Nieto.

En una superficie de 600 mil metros cuadrados en la zona donde antaño estuvo el basurero del Bordo de Xochiaca, empresas del magnate construyeron el Centro Deportivo Ciudad Jardín Telmex. Las instalaciones incluyen 25 canchas de futbol, cuatro de tenis, otras tantas de baloncesto y dos de beisbol. La obra, en la que se invirtieron 400 millones de pesos, fue inaugurada por Peña Nieto en mayo de 2009.

En noviembre de 2009, Alfonso Salem Slim, vicepresidente de Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), formalizó la inversión por 800 millones de pesos para tener la concesión del Mexipuerto por un periodo de 30 años.

En noviembre de 2010, el Congreso mexiquense autorizó la venta de 73 hectáreas del Bordo de Xochiaca a la empresa Clat Neza Bicentenario, propiedad de Slim, para el Proyecto Industrial Neza II y III. Los legisladores del PRD declararon que la venta fue un “regalo” para Slim, pues adquirió los terrenos a un precio menor que el de su costo real.

Otro proyecto es el Parque Industrial Chimalhuacán, ubicado en los desaparecidos tiraderos de basura de Tlateles, para impulsar el desarrollo del municipio. La venta de los terrenos fue igualmente criticada por la oposición.

Grupo Carso también entró a la industria hospitalaria en el gobierno de Peña Nieto con la construcción de cuatro nosocomios en Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Ecatepec, pertenecientes a la cadena Star Médica y Vivo, que proporcionan los servicios de urgencias, cirugía general, cuidados intensivos para neonatales y adultos, hemodiálisis, resonancias magnéticas, mastografías y cardiologías, entre muchos otros que originalmente daban las instituciones de salud pública, ya desplazadas por los negocios privados.

fuente- proceso

sábado, 8 de enero de 2011

AMLO respalda a Encinas, rechaza alianza

Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, rechazó una eventual alianza con Acción Nacional y respaldó al diputado Alejandro Encinas Rodríguez como el aspirante más viable de la izquierda para competir por la gubernatura del estado de México.

En entrevista con Radio 13 Noticias, López Obrador descartó actos anticipados de campaña y señaló que en su momento el PRD, PT y Convergencia impulsarán la candidatura del coordinador de los diputados federales del sol azteca.

"Es importante que se este haciendo la propuesta de Alejandro Encinas para que los partidos de izquierda de acuerdo a sus normas lo registren...Alejandro unifica a las fuerzas de izquierda en el estado de México", afirmó.

Aseguró que si los dirigentes del PRD insisten en una alianza con los panistas sería un retroceso a lo alcanzado hasta el momento y una traición a los principios después de que usurparon el poder en el 2006.

"No vamos...nosotros no queremos una alianza con el PAN...el pueblo decide y manda...pero no creo que se de esta circunstancia...yo no creo que la gente acepte la alianza", dijo.

Por último, el ex candidato presidencial sostuvo que no habrá una ruptura con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, rumbo a las elecciones para elegir al candidato presidencial de sol azteca rumbo 2012.

"No van a lograr el propósito de que Marcelo (Ebrard) y yo peleemos...no debemos preocuparnos mucho por eso porque ya un método para resolverlo...en su momento se verá quién está mejor posicionado", agregó.

SIN UNIÓN NO GANAREMOS: GODOY

Si la izquierda logra ir unida para las elecciones del Estado de México, a realizarse el próximo 3 de julio, no es difícil que logre una victoria en las elecciones, pronosticó el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

El mandatario estatal dijo que ya en otras ocasiones el PRD ha logrado convertirse en primera fuerza política en esa entidad y puso como ejemplo el triunfo que ahí obtuvieron Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y Andrés Manuel López Obrador en 2006.

En entrevista, Godoy Rangel afirmó que Alejandro Encinas es un 'extraordinario militante' del PRD, por lo que vio con buenos ojos sus aspiraciones para contender por la gubernatura mexiquense.

fuente- el economista

viernes, 26 de febrero de 2010

REPRESION EN CHALCO



Afectados de Chalco chocan con policías
Durante el mediodía de ayer se registraron tres zafarranchos entre la fuerza pública y los afectados por la anegación


VALLE DE CHALCO, Méx.— Damnificados por la inundación del río de la Compañía se enfrentaron con elementos de la Policía Federal y de la Ag encia de Seguridad Estatal en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 28.5, lo que dejó decenas de lesionados, dos detenidos y cuatro vehículos dañados.

Durante el mediodía de ayer se registraron tres zafarranchos entre la fuerza pública y los afectados por la anegación de aguas negras del 5 de febrero.

La violencia se desató luego de que los vecinos, incitados por Jesús Fernández Arragán, ex regidor del PT de Valle de Chalco y dirigente del Frente Nacional Ciudadano Emiliano Zapata, embistieron con dos camionetas la valla de miembros de la ASE que se colocó sobre la lateral para impedir que cerraran la circulación en dirección a Puebla.

Los policías golpearon con sus toletes los vidrios de la pick up Ford placas LSN 8159, y la RAM Blazer matrícula 211 HVK, para detener a sus conductores.

Entonces, algunos manifestantes, que en ese momento eran cerca de 300, les lanzaron piedras, palos y objetos.

Los policías respondieron con gases lacrimógenos lanzados directamente a los habitantes, así como con piedras.

fuente- el universal

jueves, 25 de febrero de 2010

Chalco… violación a los derechos humanos

Es difícil reconocer que nos podemos acostumbrar a una escena en la que colonias enteras, donde viven miles de personas en pobreza, como Chalco, permanezcan por días sumergidos en aguas sucias. Niños, mujeres, familias enteras se debatieron haciendo balsas para trasladarse en busca de alimentos, con un riesgo latente de quebrantar su salud, sin saber exactamente lo que sucede. Es dantesco.

Lo ocurrido en diversas zonas del Estado de México y del Distrito Federal hace días y que fue maquillado —como lo dicen los propios habitantes— por la TV, es uno de los hechos más patentes de la ineficiencia de nuestras instituciones.

Se trata de uno de los peores hechos violatorios de derechos de nuestra historia reciente.

Más allá de la indignación y la solidaridad que nos provoca, he tenido la oportunidad de estar cerca de pobladores del Valle de Chalco.

Los he visto luchar y apoyarse para resolver los problemas de cada momento, o resignarse ante la situación sin poder encontrar alguien que les explicara cuáles podían ser las expectativas: ahora sé que esperan una ayuda.

Con este compromiso y con el de lograr cambios efectivos en México, quiero poner todo mi empeño porque a estos hechos se les llame por su nombre. Poco se ha dicho de las responsabilidades que surgen de estos hechos. Tampoco se he remarcado que son violaciones a los derechos humanos. La focalización ha sido más bien hacia la atipicidad de las lluvias y las dificultades de los funcionarios para lograr cerrar el boquete del canal.

Las violaciones a los derechos humanos son por demás evidentes, comenzando por el del derecho a la vivienda. Sin embargo es una de esas situaciones en que la afectación es integral. Hay graves violaciones a la salud, por la escenario insalubre que permanece, y al derecho a la educación de los niños que dejaron de asistir a la escuela.

Debe reconocerse también la afectación a la vida y a la integridad, partiendo del hecho objetivo de que se han perdido vidas humanas, hasta ahora se ha hablado de 33.

Desde nuestro ángulo también hubo una violación al derecho a la información de los habitantes a los que no se tuvo al tanto ni de la inminencia de la inundación, ni de la gravedad de la situación. De manera desordenada y muy parcial parece que se trató de mantener comunicación con la población, pero hubo casos como el del presidente municipal de Valle de Chalco que flagrantemente no dio la cara a los habitantes.

Claro que hablar de violaciones a derechos humanos es mucho más exigente que englobar todo en coordinación, falta de recursos, cambio climático, hundimientos o zonas irregulares.

Un dato relevante: hace 10 años pasó exactamente lo mismo. En 2000 la CNDH dio una recomendación a Conagua por violar los derechos humanos de propiedad, salud y patrimonio.

Las razones de responsabilidad de entonces eran las mismas de ahora: falta de obras y de mantenimiento a tiempo. Por eso hoy no hay posibilidad de hablar de caso fortuito o de fuerza mayor, ni siquiera de falta de tiempo para corregir la situación y evitar los daños que hoy lamentamos.

Las obligaciones del Estado en derechos humanos, especialmente económicos, sociales y culturales se violan también por negligencia u omisión. Con esto tenemos los elementos completos para afirmar que en los hechos de las inundaciones se dieron graves violaciones a derechos humanos.

El objeto de hacer esta afirmación es mucho más que teórica, de lo que se trata es de poner en su justa dimensión los hechos y evitar que esto se vuelva a repetir.

El enfoque de derechos humanos tiene dos claras consecuencias que nos ayudan en el presente caso: la primera es la de exigir responsabilidades concretas y la segunda es la de demandar una reparación, que trascienda al concepto de ayuda.

Queda mucho por ver en este caso, por lo pronto Valle de Chalco se ha unido a las demandas históricas de derechos humanos en nuestro país.

Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos

fuente- el universal

lunes, 29 de junio de 2009

Oportunidad histórica de SCJN para detener impunidad militar


Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 29 junio 09 (CIMAC).- Pese a que hay 12 recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de Naciones Unidas y de 180 países que participaron en el reciente Examen Periódico Universal, para que el Estado mexicano pondere la justicia civil sobre la militar en casos donde se violen derechos humanos de civiles, el Estado mexicano dejó clara su negativa para reformar el Código de Justicia Militar (CJM).

Las violaciones de derechos humanos que cometen militares contra civiles, incluidas en gran número mujeres, no son nuevas, pero sí se han incrementado a partir de que Felipe Calderón encomendó tareas policíacas a las Fuerzas Armadas y lo designó para encabezar una “guerra contra el narcotráfico”.

Por eso el Estado argumentó ante Naciones Unidas que el Ejército está en las calles para combatir al narcotráfico, pero las cifras demuestran que con Calderón se han incrementado seis veces más las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, en comparación con el sexenio de Vicente Fox.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) afirma que el número de homicidios pasó de mil 500 en 2005 a más de 2 mil 500 en 2006.

A finales de 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó 5 mil 376. Las ejecuciones aumentaron un 117 por ciento en relación con los 2 mil 477 homicidios a noviembre de 2007. En 2008 se cometieron 16 homicidios por día.

Por grupos poblacionales, las mujeres ocuparon el 15 por ciento de agresiones de militares, representando la violación sexual el 8 por ciento de los abusos más cometidos por militares.

EVIDENCIA DE IMPUNIDAD

Las violaciones sexuales y tortura de Inés y Valentina, tlapanecas de Guerrero; de las tres hermanas tzeltales, en Chiapas; de doña Ernestina Ascencio, en Veracruz, y las cuatro mujeres del municipio de Nocupétaro, Michoacán, entre otras, son ejemplo de que la vía militar no es la idónea para investigar estos delitos al ser la justicia militar juez y parte.

El caso de Inés y Valentina llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se espera que del primero, aceptado el pasado 25 de junio por la Corte Interamericana, se emita una sentencia contra el Estado mexicano. En el segundo, la Comisión Interamericana emitió las recomendaciones respectivas, mismas que han sido ignoradas.

Uno solo de los casos recientes de violación sexual cometida por militares contra mujeres fue juzgado por la vía civil: Castaños, en Coahuila, donde 11 mujeres fueron violadas por militares en julio de 2006, toda vez que las autoridades militares se abstuvieron de “investigar”, en gran medida por el escándalo público que el caso provocó.

UN FALLO TRASCENDENTE

Ante la impunidad en que queda la mayoría de los casos, la viuda y familiares de uno de los cuatro civiles asesinados el 26 de marzo de 2008 por militares en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El amparo es “la gran oportunidad de la Corte” para confrontar por vez primera el CJM, han señalado el Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, representantes legales de los familiares.

Aunque el juicio de amparo funciona para casos individuales, la resolución de la Corte será de vital relevancia para otras víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, una alternativa para obtener justicia.

La Corte deberá pronunciarse respecto a si el Artículo 57 del CJM viola diversos artículos de la Constitución Federal y sobre “la indebida extensión del fuero militar”.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

La masacre de Santiago de los Caballeros en Sinaloa, es considerada como un caso “paradigmático” ya que se trató, dice el Prodh, “de una privación arbitraria de la vida perpetrada por militares contra un grupo de civiles”.

Aquel día, militares dispararon contra una camioneta Hummer en la que viajaban 6 personas, sin alguna razón que lo justificara ya que, de acuerdo con las pruebas, éstas no portaban armas ni cometieron ningún delito.

Los familiares de las víctimas desconocieron durante más de una semana el estado de la averiguación previa a cargo del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la mesa de asuntos relevantes de la Subdelegación de Procedimientos Penales de la delegación estatal en Sinaloa de la PGR.

Al 29 de marzo, la autoridad civil ya había declinado la competencia a favor de la justicia militar. Y el 4 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un boletín afirmando que la Procuraduría General de Justicia Militar había consignado la averiguación previa ante el juez militar de la tercera región militar de Mazatlán, contra un teniente, un cabo y tres soldados, todos de infantería.

El 11 de abril se dictó auto de formal prisión contra el primero, por los delitos de homicidio y lesiones y al resto como probables responsables en la comisión de los delitos de homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.

Desde entonces, dice el Prodh, los familiares de las víctimas no han tenido acceso al expediente de la averiguación previa y desconocen en qué va el proceso de los responsables.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación el 11 de julio de 2008 pero, como en todas las que ha dirigido a la Sedena, no exigió que los militares fueran juzgados por la vía civil.

Sin respuesta de las autoridades de Sinaloa, los familiares de las víctimas recurrieron a la justicia federal “para impugnar la indebida extensión del fuero militar y cuestionar la constitucionalidad del CJM”, para lo cual solicitaron a la SCJN atraer el caso y examinarlo “a cabalidad”.

Y aunque no hay fecha para que la SCJN decida sobre el amparo, OSC y familiares esperan que las y los magistrados consideren que la vida, la integridad física y la libertad de las personas son la prioridad.

09/LGL/GG

fuente-Cimacnoticias

domingo, 7 de junio de 2009

Seis mujeres Nobel de la Paz abogan por los “presos y perseguidos políticos” de Atenco


Gabriel León Zaragoza

Seis mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz exhortaron al gobierno de México a liberar a los 12 “presos políticos” de San Salvador Atenco, estado de México; cancelar las órdenes de aprehensión contra los “perseguidos políticos” y que castigue a los responsables de violaciones a derechos humanos durante los hechos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Advirtieron que a pesar de la denuncia que por estas acciones realizaron instancias como Amnistía Internacional, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “no se ha logrado la justicia esperada de un Estado democrático”.
En el contexto de un reconocimiento internacional de organizaciones no gubernamentales a la lucha que mantienen las mujeres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Mairead Maguire, Rigoberta Menchú, Jody Williams, Shirin Ebadi, Betty Williams y Wangari Maathai dijeron confiar en que el gobierno mexicano “garantizará la protección de las y los defensores de derechos humanos y detendrá toda política de criminalización contra los movimientos sociales”.
De acuerdo con el texto emitido por las fundadoras de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (NWI’s, por sus siglas en inglés), se destaca que recibieron con “preocupación” las noticias de represión al pueblo de Atenco, en la que al menos 26 mujeres fueron abusadas sexualmente y 47 detenidas de manera arbitraria.
Además –señalan–, a causa de los mismos hechos se encuentran encarcelados “injustamente” 12 pobladores de Atenco, algunos con condenas de más de 100 años, y la hija del dirigente Ignacio del Valle, América del Valle, y otro compañero “son perseguidos por delitos que no cometieron.
“Es por ello que las mujeres de Atenco han seguido firmes en su determinación de defender sus derechos y los de su pueblo, así como de lograr la liberación de los presos y perseguidos políticos.
“Esta labor la han emprendido en condiciones sumamente precarias; muchas han tenido que mantener solas a sus familias y continuamente son objeto de hostigamiento y amenazas. Su entereza y compromiso son ejemplo de resistencia y dignidad para las mujeres de todo el mundo”, apuntaron.
Sabemos –detallan en su declaración– “que desde hace varias décadas han luchado a la par de los hombres por el derecho a la tierra, a una vida digna, a ser consultadas sobre los planes de desarrollo y que han sido solidarias con otras legítimas luchas en todo el territorio mexicano”.
En el acto de reconocimiento internacional realizado en la ciudad de México, las dirigentes del FPDT, María Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle, preso en el penal del Altiplano–, Blanca Ramírez, Marisela Pacheco y Martha Pérez, así como familiares de los detenidos agradecieron el reconocimiento al tiempo que hicieron sonar sus emblemáticos machetes.
Por las agrupaciones y colectivos convocantes, Dafne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo, destacó que la campaña Libertad y Justicia para Atenco busca promover la excarcelación de los 12 “presos políticos, ya que consideramos que no cometieron ningún delito y fueron condenados por razones políticas”. Además –dijo–, hubo numerosas irregularidades en sus procesos, así como de violaciones a los derechos humanos, “haciendo evidente la intención del Estado y de grupos de poder de mantenerlos detenidos”.
fuente- la jornada

domingo, 26 de abril de 2009

Demandan ante la ONU castigo contra los represores de pobladores de Atenco


Emir Olivares Alonso

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y participantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco se reunieron con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACUNDH), Alberto Brunori, ante quien expusieron que, a tres años de los hechos en San Salvador Atenco, las violaciones a las garantías fundamentales perpetradas por varios sectores gubernamentales continúan en la impunidad, además de que los luchadores sociales que están presos por esos acontecimientos enfrentan deplorables condiciones carcelarias.
El objetivo de los quejosos es que la oficina haga un extrañamiento al gobierno mexicano para que reconozca su responsabilidad en los hechos. “Sólo de esta manera el Estado mexicano podrá ser consecuente con la imagen que se ha forjado en el ámbito internacional como actor relevante en materia de derechos humanos. Un liderazgo que no se refleja efectivamente en las condiciones de vida en México, las cuales, desafortunadamente, parecen cada día menos favorables para la vigencia de las garantías fundamentales”.
Acciones de campaña
Mediante un documento se le dieron a conocer las acciones de la campaña orientada a lograr la libertad de los presos políticos y la justicia para Atenco, como las actividades que el próximo 3 de mayo se desarrollarán en aquel municipio y la marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación que se efectuará un día después.
Representantes del FPDT, el abogado Leonel Rivero y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga, expusieron ante Brunori las violaciones a los derechos de los atenquenses perpetradas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, las condiciones carcelarias de los 12 “presos políticos”, sobre todo de Héctor Galindo, Felipe Álvarez y el líder del FPDT, Ignacio del Valle, quienes se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano sentenciados, los dos primeros a más de 67 años, y Del Valle a más de 140.
Asimismo, destacaron “la importancia” de que la OACUNDH apoye la solicitud para que Galindo, Álvarez y Del Valle sean trasladados de ese penal federal a uno estatal.
Resaltaron que el caso debe ser de interés para la oficina debido al seguimiento que lleva a cabo sobre los derechos humanos en México y “por su actividad para el fortalecimiento de la sociedad y el establecimiento de mecanismos que promuevan las obligaciones del Estado en la materia”.
Recordaron que diversos organismos nacionales e internacionales han acreditado que durante la incursión policiaca en ese municipio se presentaron varias violaciones a garantías fundamentales. El operativo “arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Lamentablemente, todas estas violaciones siguen impunes”.
Ante Brunori los quejosos señalaron que, a tres años de los hechos, 12 personas han sido sentenciadas “injustamente”, acusadas por secuestro equiparado, siendo los más “graves” los de los tres recluidos en el Altiplano por la “dureza, irregularidad e ilegalidad de los procesos y condenas” en su contra.
Entre los firmantes del documento destacan los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera López, emérito de San Cristóbal de las Casas y de Saltillo, respectivamente; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; las actrices Ofelia Medina y Julieta Egurrola; el cantante y músico Manu Chao; el académico Adolfo Gilly, los periodistas Luis Hernández Navarro y Miguel Ángel Granados Chapa.
fuente- la jornada