Contaminación ambiental, saqueo y enfermedades propiciarán mineras en el Valle de Ocotlán

Por: Gildardo Mota/ LA HORA
Ocotlán de Morelos.- En su ambición por explotar los recursos naturales de al menos 16 comunidades, empresas mineras convertirán al valle ocoteco en una zona de desastre ambiental, pues el uso indiscriminado de explosivos y sustancias tóxicas para sustraer minerales de las entrañas de la tierra, desencadenará en la contaminación de mantos freáticos y la muerte de la flora y fauna de la región, sostiene el representante de la comisión política del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Cástulo López Pacheco.En el marco del segundo foro nacional “¡Por la Vida, Defendamos a Nuestra Madre Tierra!”, celebrado el 16 y 17 de mayo en la escuela primaria “José María Morelos”, en Ocotlán, López Pacheco dio a conocer que la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., que pretende explotar la mina “la Trinidad”, ubicada en el municipio de San José del Progreso, contemplan utilizar sustancias peligrosas como el cianuro y arsénico para extraer y limpiar el oro y la plata. “Es el segundo foro nacional que realizamos en menos de cuatro meses, con el que pretendemos articular acciones que detengan las actividades de las empresas trasnacionales, no por estar en contra del desarrollo, como lo han argumentado sus representantes, sino porque se pone en riesgo el ambiente del valle ocoteco y la vida de pobladores de la región”.De su lado, María del Carmen López Almazán, representante del CODEP, afirma que como producto de talleres y foros que han realizado en la zona se generó el despertar de conciencia en cientos de pobladores del municipio de San José del Progreso, hasta antes identificados con el PRI, pero al conocer su realidad social y el crimen ambiental que pretenden concretar los Gobiernos Federal y Estatal, optaron por inconformarse.Las comunidades en donde empresas internacionales como Aura Silver y Fortuna Silver Inc., pretenden extraer minerales como el oro y plata son: San Jacinto Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Miguel Tilquiapan, San Baltazar Chichicapam, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, Praxedis de Guerrero, La Garzona, San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Martín de los Canseco, San Juan Lachigalla, Santa María del Rincón y Santa Lucía Ocotlán.Si no detenemos a las empresas mineras con sus 32 proyectos de explotación de minas, el valle ocoteco se convertirá en una zona de desastre ambiental, advierte López Almazán, al tiempo de observar con preocupación el endurecimiento del estado mexicano, sin embargo agrega: “No hay otra, por eso dijimos que aunque hubiera minoría de participación en el segundo foro nacional tendríamos que desarrollarlo, porque el mensaje es propiciar la amplia unidad tanto regional, estatal como nacional”.López Almazán señala que el gobierno no está considerando los derechos universales como el de la información y la consulta a los pueblos, “les quieren imponer los proyectos con disfraz de desarrollo social, corrompiendo autoridades municipales y agrarias, a organizaciones gestoras y dividiendo a los pueblos”.

Las mineras hacen todo lo posible para convencer a los pueblos con una presunta “política de desarrollo social”, pero no es verdad, podrán condicionar con la construcción de una escuela o un centro de salud, pero eso no detendrá la catástrofe ambiental, añade la representante del CODEP.

Tras el desalojo de la mina “la Trinidad” que realizaron policías estatales y federales, el 24 de abril, el senador del partido Convergencia, Gabino Cué Monteagudo pretendió involucrarse en la problemática, pero con la intención de llevar capital político a su proyecto y negociar porcentajes con la empresa minera.Al respecto Cástulo López reconoce que existieron intentos por parte de políticos oportunistas por “llevar agua a su molino”, y agrega: “desde hace dos años, cuando el problema inició nadie hablaba al respecto, todos los políticos guardaron silencio, aceptamos la solidaridad, pero no los condicionamientos, en este sentido el trabajo del CODEP ha servido para generar conciencia social en los pueblos”, dijo, en una abierta actitud de darse baños de pureza, de cara a algunas denuncias que ya corren sobre el desempeño de esta organización.

La persecución políticaDurante el desalojo de la mina “la Trinidad”, en San José del Progreso, policías federales y estatales ingresaron de manera violenta, golpeando y torturando a pobladores, entre ellos a Agustín Ríos Cruz, integrante de la Brigada Nacional en Defensa del Petróleo y poblador de la comunidad en referencia.

Tras recibir golpes en el rostro, cabeza, piernas y tórax, Ríos Cruz fue auxiliado por otros pobladores, retirándose en estado de salud delicado y buscando refugio en algún lugar de Oaxaca, desde ese día, Sue Ochoa, su esposa, y su hijo de seis años, viven en un clima de hostigamiento y persecución por parte de los Gobiernos Federal y Estatal, a cada paso, encuentro y plática son observados y grabados en video por policías.

De profesión odontólogo, Agustín Ríos se integró a la lucha por la defensa de la tierra, su activismo incomodó a las mineras y a los gobiernos estatal y federal, hoy es un perseguido político que vive clandestinamente en algún lugar de Oaxaca, ante el riesgo de ser detenido y desaparecido por las fuerzas oscuras de ambos gobiernos, como sucedió en el 2006.“Somos hostigados constantemente, en la casa hay vigilancia, nos toman fotos, temo por la integridad de mi esposo, tengo un hijo de seis años y temo por su seguridad y la mía”, revela la esposa.

Consciente de la situación política que enfrenta, Sue Ochoa sentencia: “responsabilizo de lo que suceda a mi familia al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, al presidente municipal de San José del Progreso, Oscar Venancio Martínez, así como a Jaime Castañeda Pedraza y Jorge Mario Ríos, representantes de la empresa Cuzcatlán”, señaló.Pese al temor de ser víctima de la represión gubernamental, Sue Ochoa no decae en su labor de promover la conciencia social al puntualizar: “con el uso de sustancias tóxicas las enfermedades se quedarán para nuestra gente, el saqueo, el oro y plata se lo llevarán las multinacionales”, dijo.

fuente- la hora de Oaxaca

OAXACA SERÁ EL CENTRO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE LAS INDUSTRIAS MINERAS MULTINACIONALES

En Oaxaca se tienen considerado 29 proyectos mineros de empresas multinacionales, en su mayoría canadienses y otras estadounidenses, que han iniciado exploraciones con la supuesta argumentación de propiciar el desarrollo de los pueblos nativos. Oaxaca se convertirá en los próximos años en una zona catastrófica de contaminación ambiental, situación peligrosa para todos los habitantes que vivimos a lo largo y ancho del estado, uno de los focos de contaminación es el proyecto minero de San José del Progreso.
En San Jerónimo Taviche se encontraron residuos de una mina que operó hace mas de 25 años y que a consecuencia muchos de sus habitantes han fallecido por enfermedades crónicas, renales y en su mayoría con padecimientos de Cáncer a causa de los residuos tóxicos del agua de Jale que han contaminado los mantos freáticos. La compañía minera CUZCATLAN filial de la FORTUNA SILVER, está llevando a los habitantes a un estado de grave riesgo, por el debilitamiento del suelo ejidal ante el uso de agresivos explosivos para la construcción de túneles; como resultado las estructuras de las casas ya presentan fracturas de los dos municipios más cercanos a la mina, que son San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.
Estas son las razones inmediatas que ya padecen los habitantes, cuando manifiesta según la empresa Cuzcatlán; “que están en la etapa de exploración”. Sin contar la grave contaminación por el uso de cianuro, el arsénico, y otras substancias toxicas que están envenenando las aguas, destruyendo el medio ambiente y la vida comunitaria, para la extracción del oro y la plata ya en la etapa de explotación.
Ante está situación las comunidades determinaron el sábado 14 de marzo, realizar una asamblea en el municipio de San José del Progreso, para solicitar a la autoridad retome con seriedad el problema y se negó rotundamente respaldando la posición de la empresa minera y mostrándose indiferente.
A partir de ese momento los habitantes de San José del Progreso se reunieron conforme a sus usos y costumbres integrando un Consejo de Gobierno Popular Municipal, para que investigue a fondo sobre la explotación del subsuelo que esta haciendo la empresa minera para la extracción de Oro y Plata.
Posteriormente, los Pueblos por acuerdo de mayoría se plantaron en las afueras del perímetro de la mina y el día 17 de marzo procedieron a clausurar el desarrollo de cualquier trabajo, quedando selladas las instalaciones documentadas por una notaria publica.
El tema de fondo el retiro de la empresa minera, por el daño ambiental que trae consigo; a partir de ese momento la compañía Cuzcatlan filial de Fortuna Silver, se torna rabiosa desatando una campaña negra y amenazas através del presidente municipal de San José del Progreso Venancio Oscar Martínez Rivera hacia varios sectores de la sociedad ocotéca que se han atrevido a pronunciarse ante los graves efectos de contaminación y destrucción ambiental a causa de la mina.
1.- El sábado 21 de marzo en una asamblea que se realizó en la explanada municipal de San José del progreso el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera, amenazo de manera directa a la compañera María del Carmen López Almazán y al compañero Agustín Ríos Cruz, miembros del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP), también integrantes de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN.
2.- El martes 24 de Marzo, a las 8:10 a.m. aproximadamente 10 elementos, supuestos agentes ministeriales, sin presentar orden de aprensión intentaron desaparecer al Sr. Agustín Ríos integrante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) y de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN, los secuestradores descendieron de dos vehículos, una camioneta blanca tipo Lobo y la otra unidad Tsuru de color blanco, con placas de circulación TJN -44 -78, irrumpieron en el campamento, cortando cartucho, amenazaron con disparar sus pistolas y armas largas, a mujeres, niños y hombres, que ahí se encontraban. En la batea de la camionera traían a una persona que señalo a Agustín Ríos. Cuando se les reclamo alguna orden de aprehensión o requerimiento judicial, cínicamente dijeron: “que llevaban ordenes directas del gobernador, por lo que no necesitaban ningún papel”, al instante amagaron con llevárselo.
3.- Los ambientalistas de Oaxaca que estamos instalados a las afueras de la mina intervenimos para rescatar a nuestro compañero que a punto estuvo de ser secuestrado. El gobierno de Oaxaca se ha convertido en instrumento del capital multinacional, que a través de los órganos ministeriales, o de sus grupos de choque como el presidente de San José del Progreso, que es el portavoz de la empresa minera Cuzcatlan, quien por prebendas ha sido comprado diseñando propaganda negra en contra de los ambientalistas. Con estos actos de provocación el gobierno del criminal Ulises Ruiz pretende justificar una brutal represión en contra del pueblo, como la cometida en el 2006.
4.- El mismo 24 de Marzo entre 10:00am y 11 de la mañana, logramos dar un paso importante en nuestra lucha, con el retiro de 30 toneladas de explosivos que pusieron en peligro la vida de los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, esto con la participación de representantes de la empresa OVIEDO, de la SEDENA, de la empresa minera y representantes de los pueblos, que hicieron constar ante el notario público número 78 de Oaxaca.
DEJAMOS CONSTANCIA: EN PRIMER ORDEN
De las amenazas de la empresa Cuzcatlán a través de sus representantes legales, hacia los compañeros Agustín Ríos, Hilario Vásquez Gómez, Apolinar García Vásquez y María del Carmen López Almazán y hacia todos integrantes del movimiento ambientalista, tanto de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN y del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP), responsabilizándolos de cualquier otra agresión.
La responsabilidad directa hacia Ulises Ruiz Ortiz, a las autoridades municipales y ejidales de San José del Progreso, que en días pasados han estado hostigando con sus patrullas y elementos policíacos a los compañeros plantonistas.
Y al gobierno federal, y a la Secretaria de Economía, Secretaria de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); las hacemos responsables de cualquier agresión que afecte la integridad física y psicológica de los compañeros ambientalistas.
Decimos que todas las acciones que las comunidades han realizado en el Valle Ocotlán, como es el cierre de la mina “LA TRINIDAD”, impuesta por empresas extranjeras, han sido altamente pacificas, organizadas y legales ya que se han hecho en presencia de las autoridades correspondientes (notarios, abogados, etc.)
Ante esta situación exigimos:

1. El alto al hostigamiento y la represión en contra del Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, particularmente a los integrantes de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN y del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP).
2. La presencia de funcionarios federales de la SEMARNAT y la Secretaria de Economía, que con calidad resolutoria vengan a plantear el cierre y retiro definitivo de la empresa CUZCATLAN de San José del Progreso y San Jerónimo Taviche.
3. Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier hecho de violencia que sufran los habitantes del Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.
4. La salida inmediata de la policía ministerial Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

Hacemos un llamado a los pueblos, a los organismos ecologistas, de derechos humanos y organizaciones a que refuercen esta lucha, pronunciándose por el retiro de las empresas del Valle de Ocotlán y en contra de la represión que a diario están realizando, el ejército, los sicarios y grupos de choque organizados por las empresas mineras, las policías municipales, estatales y federales (judiciales) en contra de nuestra lucha pacifica y organizada.


¡POR LA VIDA, DEFENDAMOS A LA MADRE TIERRA!
¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO!
¡CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR!
COMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP)
COORDINACION DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE DEL VALLE DE OCOTLAN.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO, 26 DE MARZO DE 2009.
http://codepappo.wordpress.com/
Email: codep_cnpp_oax@yahoo.com.mx y codepappo@yahoo.com.mx

Riesgo de represión en San José del Progreso, Ocotlán

Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán:

Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México

AntecedentesLa extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.HechosSegún la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.Exigencias:- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.Violaciones a derechos humanos:- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,- Derecho a la información,- Derecho a la consulta,- Derecho a la participación,- Derecho a la integridad física,- Derecho al desarrollo,- Derecho a la organización y a la protesta social.Marco jurídico relevanteEl Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones2 Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataquesOaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.Por las organizaciones:Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México