Sergio Ocampo Arista, corresponsal Publicado: 19/07/2009 19:47
Chilpancingo, Gro. Organizaciones sociales que integran la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad advirtieron que avanza la instauración de un estado policíaco-militar, además, ratificaron sus denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano en las comunidades Puerto Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Al tiempo que invitaron a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para que conozca en voz de sus habitantes, la situación de abandono en que se encuentran dichas comunidades.
Las organizaciones sociales se reunieron en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero el sábado anterior en la ciudad de Chilpancingo, a la que asistieron representantes de los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, y el Distrito Federal.
En voz de Modesto Ramos Wences, proveniente de la comunidad de Las Palancas, ratificó la denuncia de que los militares torturaron a un niño de 14 años y a otra persona de 32 años de edad, que no pudieron huir hacia el monte durante la incursión del Ejército del 9 al 13 de junio pasado, tal y como se dio a conocer en el diario estadounidense The Washington Post.
Por su parte, organizaciones adherentes a la Otra Campaña a través del Colectivo de Abogados Zapatistas, alertaron a la Asamblea Nacional Contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma del “incremento de los crímenes de lesa humanidad, masacres, desapariciones, persecución política , tortura, etcétera, cometido por el gobierno mexicano en sus tres niveles al amparo del manto de impunidad que les brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el cual dijeron, “lleva el sello de los partidos con registro que conforman la partidocracia en el país”, señalaron en un documento que fue leído durante la reunión.
Denunciaron que el mensaje es claro: “cárcel, represión y muerte para los que luchan por hacer vales sus derechos; e impunidad, poder y dinero para los delincuentes que dicen que nos gobiernan, y que además saquean nuestras riquezas y entregan nuestra soberanía, cometen crímenes de lesa humanidad como política de Estado”.
Insistieron en que en el marco de la Reforma del Estado se avanza en la instauración de un estado policíaco-militar, auspiciado y promovido por Estados Unidos, Colombia, Israel, España y Francia “el gobierno mexicano ha implantado el estado de excepción en algunas partes del territorio nacional, mientras que los candidatos de siempre se gastan los miles de millones de pesos que les otorgó el Instituto Federal Electoral.
Al tiempo que el titular del ejecutivo federal cierra filas en la militarización del país y encabeza la aplicación de la guerra de baja intensidad y las tácticas contrainsurgentes en contra de los focos de resistencia que brotan a lo largo y ancho del país, en especial contra las comunidades autónomas zapatistas”, señalaron.
En la reunión, Isabel Silva Nogales, hermana de Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), denunció que su hermano fue trasladado hasta un penal de máxima seguridad en Nayarit, y que vive en condiciones de aislamiento absoluto, al grado de que no se le permiten visitas, y tampoco le permiten pasar libros y revistas “debió salir desde el mes de febrero pasado de la cárcel junto con su esposa Gloria Arenas Agís, sin embargo, continúan presos”.
Chilpancingo, Gro. Organizaciones sociales que integran la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad advirtieron que avanza la instauración de un estado policíaco-militar, además, ratificaron sus denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano en las comunidades Puerto Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Al tiempo que invitaron a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para que conozca en voz de sus habitantes, la situación de abandono en que se encuentran dichas comunidades.
Las organizaciones sociales se reunieron en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero el sábado anterior en la ciudad de Chilpancingo, a la que asistieron representantes de los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, y el Distrito Federal.
En voz de Modesto Ramos Wences, proveniente de la comunidad de Las Palancas, ratificó la denuncia de que los militares torturaron a un niño de 14 años y a otra persona de 32 años de edad, que no pudieron huir hacia el monte durante la incursión del Ejército del 9 al 13 de junio pasado, tal y como se dio a conocer en el diario estadounidense The Washington Post.
Por su parte, organizaciones adherentes a la Otra Campaña a través del Colectivo de Abogados Zapatistas, alertaron a la Asamblea Nacional Contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma del “incremento de los crímenes de lesa humanidad, masacres, desapariciones, persecución política , tortura, etcétera, cometido por el gobierno mexicano en sus tres niveles al amparo del manto de impunidad que les brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el cual dijeron, “lleva el sello de los partidos con registro que conforman la partidocracia en el país”, señalaron en un documento que fue leído durante la reunión.
Denunciaron que el mensaje es claro: “cárcel, represión y muerte para los que luchan por hacer vales sus derechos; e impunidad, poder y dinero para los delincuentes que dicen que nos gobiernan, y que además saquean nuestras riquezas y entregan nuestra soberanía, cometen crímenes de lesa humanidad como política de Estado”.
Insistieron en que en el marco de la Reforma del Estado se avanza en la instauración de un estado policíaco-militar, auspiciado y promovido por Estados Unidos, Colombia, Israel, España y Francia “el gobierno mexicano ha implantado el estado de excepción en algunas partes del territorio nacional, mientras que los candidatos de siempre se gastan los miles de millones de pesos que les otorgó el Instituto Federal Electoral.
Al tiempo que el titular del ejecutivo federal cierra filas en la militarización del país y encabeza la aplicación de la guerra de baja intensidad y las tácticas contrainsurgentes en contra de los focos de resistencia que brotan a lo largo y ancho del país, en especial contra las comunidades autónomas zapatistas”, señalaron.
En la reunión, Isabel Silva Nogales, hermana de Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), denunció que su hermano fue trasladado hasta un penal de máxima seguridad en Nayarit, y que vive en condiciones de aislamiento absoluto, al grado de que no se le permiten visitas, y tampoco le permiten pasar libros y revistas “debió salir desde el mes de febrero pasado de la cárcel junto con su esposa Gloria Arenas Agís, sin embargo, continúan presos”.
fuente- la jornada
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