lunes, 15 de agosto de 2011

Aspirantes rechazados toman la Facultad de Medicina de la UABJO

Estudiantes rechazados tomaron la mañana de este lunes las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para exigir la signación de 10 espacios en dicha facultad.

Los también Integrantes de la Coordinadora de Estudiantes no aceptados de la UABJO, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades de la rectoría de la universidad, así como con representantes del gobierno del estado para que den solución a sus demandas.

Los rechazados que colocaron mantas en el acceso principal a la faculta, informaron que su toma será permanente hasta que tengan respuestas satisfactorias a su exigencia.


facultad_de_medicina_oaxaca

lunes, 8 de agosto de 2011

Rechazados de la UABJO se apoderan del edificio de Servicios Escolares



Oaxaca, Oax.- Alrededor de 20 integrantes de la coordinadora de estudiantes no aceptados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se apoderan del edificio de servicios escolares ubicado en ciudad universitaria en demanda a la entrega de 70 espacios para los alumnos que desean cursar sus estudios en las diferentes escuelas facultades e institutos de la universidad oaxaqueña.

Reynaldo Sánchez vocero de la coordinara manifestó que en reiteradas ocasiones han tratado de buscar el diálogo con la rectoría de la UABJO pero hasta el momento no los han atendido, por lo que decidieron manifestarse de esa manera para exigir el respeto a sus derechos y la ampliación de matrículas.

Asimismo piden al gobierno del estado que aumente el presupuesto educativo para la máxima casa de estudios y evitar que miles de alumnos queden fuera de los centros educativos.

fuente- Nss oaxaca

sábado, 6 de agosto de 2011

No comprenden en EU cómo México permite la impunidad de militares: Kerry Kennedy

Foto
Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la activista estadunidense Kerry KennedyFoto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 16

En Estados Unidos resulta incomprensible que las autoridades mexicanas permitan que quienes han violado los derechos humanos de la ciudadanía –en particular militares– continúen sin castigo. Con esto México vulnera tanto sus normas propias como el derecho internacional, subrayó Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK).

En entrevista con La Jornada, durante una visita de trabajo a comunidades de la montaña de Guerrero, junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Kennedy calificó de incomprensible que el Ejército Mexicano, que debería ser una de las instituciones de mayor reputación en el país, permita que en sus filas existan asesinos y violadores.

También lamentó las sistemáticas violaciones a los derechos que sufren en el país los defensores de garantías fundamentales y comunidades indígenas, así como el que México no haya cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra.

–¿Cuál es la percepción en Washington sobre la respuesta que las autoridades mexicanas ha dado a las sentencias de la CIDH?

–Es un tema que afecta la reputación del gobierno de México. En Estados Unidos se piensa en México como un país hermano y para mucha gente es increíble lo que está pasando. Es una especie de confusión, en especial porque no se entiende como es que el Ejército –que debe ser una institución de la cual la población se sienta orgullosa– quiera proteger a asesinos y violadores en lugar de sancionarlos por los crímenes que han cometido. Ese no es el tipo de soldado para una institución profesional.

Para la activista el contexto de violencia que enfrenta México y la estrategia contra la delincuencia organizada propicia que en el país se enfrenten serias violaciones de garantías.

Indicó que el hecho de que abusos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas contra la población permanezcan impunes y que éstos continúen siendo juzgados por tribunales militares representan una franca violación al derecho mexicano, al internacional, a las sentencias de la CIDH y a los compromisos acordados en la Iniciativa Mérida.

Kennedy (hija de Robert F. Kennedy –asesinado en 1968–, quien fuera fiscal general, senador y candidato presidencial de Estados Unidos) consideró como fracasos del Estado mexicano, en particular de la Procuraduría General de la República, que aún no se cumplan en toda su extensión las sentencias de la CIDH –sobre todo la referente al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas de Guerrero violadas sexualmente por militares en 2002–, que exista impunidad en sus casos e inobservancia de las garantías fundamentales y que los abusos de militares aún no sean transferidos a la justicia civil.

Durante su recorrido de una semana por municipios de la Montaña de Guerrero, la activista estadunidense pudo percatarse que los indígenas sufren abusos de los soldados.

Fui testigo en esta última semana que en estas comunidades hay una presencia militar muy fuerte. Los soldados no están bien entrenados ni preparados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas. Escuché muchas historias de incursiones donde toman posesión de sus tierras, roban su comida, entran a sus hogares y faltan al respeto a hombres y mujeres.

Sobre la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, Kennedy sostuvo que existen cientos de casos de abusos, amenazas de muerte, atentados, asesinatos y violación. Es la cultura de la impunidad lo que permite que esto continúe.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, que en noviembre pasado ganó el premio de derechos humanos del Centro RFK, señaló que no garantizar seguridad a un activista es negarle la garantía de acceder a sus derechos y a la justicia a centenares de comunidades.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy es una organización con sede en Washington fundada en 1968 con el propósito de continuar con el legado del político del cual lleva su nombre y para apoyar a quienes trabajan en la defensa de garantías fundamentales. Después de otorgar el premio a la ONG mexicana ambas agrupaciones trabajarán conjuntamente durante seis años.

fuente- la jornada

“Si la prensa es del capital, las paredes son nuestras”; consigna anarquista que ahora se publica

1. ¿Qué han sido la prensa, la radio y la televisión sino 99.99 empresas al servicio de los grandes ricos, es decir, del capital, cuyas cien noticias son escogidas entre 10 mil que circulan en las agencias mundiales? ¿No han sido acaso enormes negocios que han publicado lo que les conviene, han silenciado lo que no les trae beneficios y entregado espacios a sus partidarios? En todo el mundo, en todos los pueblos y ciudades, suceden millones de cosas que son noticia, experiencia, enseñanzas; pero las empresas periodísticas deciden que lo fundamental es lo que sucede en los gobiernos, entre “las personalidades”, entre la alta sociedad, así como en el deporte profesional y en el espectáculo como enajenación; y eso deciden publicar porque es lo que les produce más dinero. Se sabe lo mínimo –porque se esconde- de lo que pasa en el campo, la fábrica, en la economía nacional, el desempleo, las luchas sindicales y políticas de los trabajadores.

2. Los dueños de los medios de información sólo piensan en el dinero, en el “rating”, en vender publicidad al gobierno y las empresas, en hacer más grande su poder. Todo lo que publican tiene que subordinarse a lo que les exigen los clientes empresarios que pagan y, si alguna vez por equivocación se cuela alguna noticia diferente, algún empleado –incluso algún directivo- tendrá que pagarla. El control de lo que se publica es total. Puede algún periódico, radio o TV publicar –con absoluto conocimiento- algo que parecería que está fue de su línea editorial, pero sólo lo hacen como estrategia de venta o como estrategia política de presión. De pronto a algún izquierdista le permiten publicar artículos, a un líder izquierdista, obrero, guerrillero o estudiantil le hacen alguna entrevista, o sale algún comentario extraño, diferente de la línea; todo es una estrategia de venta del medio para aparentar democracia, imparcialidad, decencia o pluralidad.

3. Toda la prensa escrita -con excepción de la revista Proceso y La Jornada, así como de publicaciones no comerciales de izquierda de tiraje limitado- particularmente la TV y la radio en México, está llena de clérigos, católicos, derechas, panistas y priístas, así como con políticos de una centro izquierda más o menos modosita, es decir, aceptable, que no hace mal a ningún empresario de la comunicación. En este país, dado que los partidos políticos (PRI y PAN) tienen mucha presencia entre la clase empresarial llegan a granjearse el apoyo total de la prensa escrita en muchos estados (“el periódico del PRI, el periódico del PAN”) pero la radio y la TV sólo es controlada a nivel nacional. Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa llegó a confesar en los noventa que “él sólo era un soldado del PRI” y lo fue de 1972 hasta su muerte en 1997. Otros no necesitan confesar nada porque con el contenido de sus publicaciones, sus actitudes y programas basta.

4. Los trabajadores para publicar un desplegado y dar a conocer sus demandas deben pagar varios miles o decenas de miles de pesos porque la prensa es un negocio; a no ser que hagan depender su noticia a la interpretación que quiera darle el periódico. Y cuando los medios dicen NO es que NO; pregunten nada mas a López Obrador, por un lado y a Slim (el hombre más rico del mundo) por otro, así como a cientos de articulistas o comentaristas que por nuestras posiciones ideológicas hemos sido vetados durante muchos años. Personalmente llevo más de 13 años fuera de la prensa comercial, pero trabajando con mucha más libertad en esto que llamamos “las redes libertarias de Internet” que –sin que te paguen ni un céntimo- te permiten llegar en todo el mundo. Esta es sin duda la parte negativa, repudiable de la información que necesariamente tiene su parte positiva: la posibilidad de agenciarnos de espacios de todo tipo para expresarnos.

5. Y allí están las paredes que no hemos sabido aprovechar de manera suficiente para expresar nuestras protestas y anunciar nuestras batallas. En los sesenta las paredes hablaban y hablaban mucho más en 1968, en realidad gritaban. No solo se colaban debajo de las puertas y ventanas los volantes y manifiestos, sino que incluso en las paredes, en los sanitarios y demás servicios públicos, se ponían en grande invitaciones a actos políticos. Hoy España, Francia, Italia, Grecia, Chile, nos están recordando que allí están las paredes, los largos muros lisos esperando a nutridos grupos de activistas que pongan sus mensajes mientras enfrentan a los policías que como perros vigilan y reprimen a quien “ose mancillar” la gran propiedad privada. En las últimas décadas los izquierdistas (que sólo nos movemos en altas coyunturas) hemos perdido muros que ahora nos han ganado los valerosos grafiteros que se mueven con mucha pasión artística.

6. En los sesenta nunca usamos el llamado “spray aerosol” con el que hoy se hacen maravillas artísticas. Apenas fuimos pintores de brocha gorda o cuberos de harina o almidón para pegar en las madrugadas volantes en los muros; pero entonces había menos agentes policiacos nocturnos motorizados con órdenes de golpear y matar. Pienso ahora que todavía “se amarraban a los perros con longaniza”. Recuerdo que todos los muros del Casco de Santo Tomás –donde estuvo el internado del Poli- y los muros de la Nacional de Maestros, así como los de la UNAM, siempre estuvieron llenos de pintas, es decir, de activismo y vida estudiantil. Hoy con los consejos del político y policía fascista Giuliani, se persigue a todos los activistas que pintan mensajes políticos y hasta a los grafiteros. En las manifestaciones a los fotógrafos de la prensa comercial se les obliga, o se les da una compensación, a tomar fotos a los que pintan paredes para luego encarcelarlos.

7. Si los medios de información no fueran propiedad de los grandes empresarios y en México y en el mundo hubiese libertad de información y de prensa, que dieran lugar a que todos los trabajadores tuvieran una tribuna para expresarse, no habría necesidad de pintar las paredes ni de fijar volantes y carteles donde sea necesario, a pesar de las prohibiciones. Aunque la policía se encargue de borrar las pintas al otro día, es decir, que se encargue de destejer lo que se urdió en la noche, la comunidad sabe que hay un gran descontento que crece y por eso empezará a sumarse a él. Por eso nos causa alegría ese gran despertar, sobre todo de los jóvenes europeos, chilenos y yanquis, que nos están poniendo la muestro y sacudiéndonos la cama para que despertemos. Más temprano que tarde comenzarán a surgir ideas para boicotear esos medios de información que en lugar de servir al pueblo trabajador sirven exclusivamente a los explotadores.

fuente- kaos en la red mexico

martes, 2 de agosto de 2011

Calderón y la pobreza, ineptitud criminal

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo. Foto: Eduardo Miranda
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- Si la eficacia de un gobierno nacional se mide por el bienestar que genera para su población, el de Felipe Calderón es un fracaso irrebatible: En sólo cuatro años arrojó al infierno de la pobreza a 12 millones 205 mil 356 mexicanos.

Es una infamia: Se trata de un aumento de 27% del número de pobres que había cuando, en 2006, asumió al cargo. Es decir, la pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado.

La mitad de los mexicanos, entonces, es pobre.

La vasta propaganda oficial y oficiosa ha tratado de esconder esta cifra de pobreza patrimonial y aun el aumento de 3.2 millones de pobres multifactoriales –de 48.8 a 52 millones–, contenidos en el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y ha tratado de imponer la idea de que se contuvo el aumento de pobreza extrema.

Y en efecto, qué bueno que los programas asistencialistas del gobierno federal evitaron que la cifra de pobres extremos creciera más de los 11.7 millones que hay –y que son muchísimos–, pero qué lamentable que ese número sea casi igual a los mexicanos que se convirtieron en pobres.

Orquestadas por Calderón, las justificaciones por el aumento de la pobreza en México se multiplican en el gobierno federal y en el Partido Acción Nacional (PAN), y entre los pretextos se cuentan los que acuden inclusive a la comparación de los pobres que generó la crisis detonada en 1994.

Las cifras oficiales establecen que, tras el colapso económico de ese año, los mexicanos que cayeron en pobreza patrimonial ascendieron a 64 millones de personas. Pero así como van las cosas, en este y el próximo año, bien puede Calderón generar los poco más de 6 millones para igualar y superar esa cifra.

Talento, para la desgracia, lo tiene.

Y para los pretextos, también.

En 2006, en su libro propagandístico El hijo desobediente, prometió que sacaría de la pobreza a 27 millones de mexicanos: En números redondos, desaparecerán 15 millones pobres-pobres y 12 millones pobres extremos.

Eso implicaba que disminuirán 2.5 millones de pobres cada año, 208 mil 333 por mes y casi 7 mil diarios. Los pobres extremos desaparecerán, gracias a Calderón, a razón de 2 millones anuales, 166 mil mensuales y 5 mil 500 cada mes.

Las cifras combinadas de pobres y pobres extremos que desaparecerán, según la promesa de Calderón –27 millones en total–, son las siguientes: Cada año, dejarán de ser pobre y pobres extremos 4.5 millones de mexicanos, 375 mil por mes y 12 mil 500 diarios.

A la vuelta de cinco años –cuatro en la evaluación del Coneval–, Calderón no sólo no pudo cumplir con ese compromiso de abatir la pobreza, sino que la aumentó por su incompetencia en todos los órdenes.

Y lo fundamental: Tratándose de personas es una ineptitud criminal…

Apuntes

Luisa María es ya candidata del PAN al gobierno de Michoacán mediante el uso de todos los recursos del gobierno federal, cuyo despliegue se multiplicará hacia la elección del 11 de noviembre. El plan de hacer ganar a la hermana de Calderón reactiva el contubernio de éste con Elba Esther Gordillo y, en breve, habrá renuncias de panistas, como en Zamora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará en los siguientes días si ratifica o revoca la expulsión de Manuel Espino del PAN. Salvador Nava Gomar, el magistrado ponente, propone la expulsión –porque así se le ordenaron sus dueños–, pero nada es seguro todavía…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

fuente- proceso

lunes, 1 de agosto de 2011

Millones de personas que viven en la pobreza no pueden seguir esperando

Los datos dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reflejan la grave situación a la que se enfrentan más de 52 millones de personas en el país y demuestran la necesidad de que México cuente con nuevas herramientas para luchar contra la pobreza.

Amnistía Internacional (AI) considera que la falta de acceso a recursos efectivos que permitan a las personas que viven en la pobreza exigir soluciones a los graves abusos y privaciones de los cuales son víctimas ha contribuido a agravar esta situación.

“Detrás de estas cifras, se encuentran personas con historias de injusticia, desposesión, discriminación e inseguridad. En tanto estas historias no sean escuchadas, los responsables difícilmente rendirán cuentas”, ha dicho hoy Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

En el contexto de las preocupantes cifras publicadas por la CONEVAL, el gobierno de México tiene la oportunidad de mostrar su compromiso con la lucha contra la pobreza y el respeto a los derechos humanos adoptando nuevas herramientas que permitan a los mexicanos y mexicanas exigir el respeto a sus derechos económicos y sociales como el derecho a la salud, el agua o la vivienda digna. Para ello, México debe sumarse al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo Facultativo) y de esta forma abrir las puertas a nuevos mecanismos que permitirán que quienes viven en la pobreza puedan acceder a instancias internacionales para exigir sus derechos.

“La adhesión al Protocolo Facultativo no solucionará por sí misma el complejo problema de la pobreza pero representará un paso fundamental para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado Mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional hacia la erradicación de este grave fenómeno” Ha comentado Alberto Herrera.

Han pasado ya más de dos años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo y lo puso a disposición de los estados para su firma. Desde entonces ocho países de América Latina han firmado ya: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. AI considera que el que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.

Ante las escandalosas cifras que se presentan en día de hoy AI hace un enfático llamado al presidente Felipe Calderón para que sin mayor dilación se firme el Protocolo Facultativo, y al Senado para que lo ratifique sin dilación tras esa firma.

“Por la magnitud de la población que se encuentra sumida en ella, la pobreza es la crisis más severa de derechos humanos en el país y es inaceptable que el tiempo transcurra sin que se adopten medidas para remediar esta situación. Millones de personas que viven en la pobreza no pueden seguir esperando” afirmó Alberto Herrera.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional. Amnistía Internacional, en colaboración con la Coalición de o­nG por un Protocolo Facultativo, pide a todos los Estados miembros de la o­nU que garanticen que el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo pasen a ser una realidad para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En próximas fechas Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones civiles de derechos humanos, entregará cerca de 20,000 firmas de mexicanos y mexicanas que exigen al gobierno la firma inmediata del Protocolo Facultativo.

Las cifras y metodología utilizada por la CONEVAL para la elaboración de este informe pueden consultarse en la siguiente dirección:www.coneval.gob.mx

fuente- kaos en la red mexico

Contra la exclusión universitaria en México

México, DF. “Porque la educación es un derecho y no un privilegio” reza un cartel que levanta con orgullo una muchacha que participa en la movilización. Junto a ella marchan indignados y con la rabia en el grito, pero con ambiente festivo, cientos de jóvenes más que se niegan a ser excluidos de las aulas universitarias. Y es que, como cada año, en este 2011 más de 200 mil muchachos han sido rechazados de las universidades públicas de la Ciudad de México.

La situación es alarmante. Sólo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se aplicaron este año 197 mil 524 exámenes de selección y únicamente fueron admitidos 10 mil 284 jóvenes, es decir que más del 90 por ciento fueron rechazados[1]. A eso se suma que más de 50 mil jóvenes en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y más de 60 mil en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fueron rechazados también, más del 70 y más del 80 por ciento de los que aplicaron el examen de ingreso, respectivamente.

Como alternativa, se les ofrece seguir sus estudios en instituciones tecnológicas que, a decir de ellos mismos, “no representan una opción para nuestro desarrollo profesional por no ser en realidad universidades (que cumplan con las tres funciones básicas de toda universidad: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura), sino centros de adiestramiento laboral, basados en la enseñanza de habilidades manuales”. También se les ofrece ingresar a las filas del empleo informal y el subempleo, o agrandar las ya muy abultadas cifras de desempleo juvenil, es decir, convertirse en eso que a los ideólogos de hoy les ha dado por llamar: los ninis(jóvenes que por sus condiciones sociales, económicas y culturales no estudian y no trabajan).

Respecto a la educación media superior, o bachillerato, desde 1996 que comenzó a aplicarse el examen único de selección, miles de jóvenes son enviados a escuelas que no desean y otros miles más no obtienen lugar en ninguna institución. Para este año, de los 310 mil estudiantes que presentaron el examen único son alrededor de 21 mil 500 los que no obtendrán un lugar en ninguna opción educativa, más de 150 mil no obtendrán un lugar en sus primeras opciones y de ellos un aproximado de 60 mil optará por no inscribirse[2]. El propio rector de la UNAM, José Narro Robles, declaró que únicamente el 20 por ciento de los estudiantes que lo solicitan obtendrán un lugar en el bachillerato universitario.

Pero los excluidos no se resignan a ser excluidos, y no aceptan ser condenados a convertirse en mano de obra barata para las empresas transnacionales ni en insumos humanos para el crimen organizado o para las fuerzas policiacas y militares, así que desde el año 2006, los estudiantes rechazados de las universidades públicas de la ciudad se organizan y emprenden un proceso de lucha por su derecho social a la educación superior pública, gratuita y de calidad en el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES).

El MAES nace en el contexto de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, cuando algunos de los jóvenes rechazados de las universidades, con altos promedios en sus bachilleratos y altos puntajes en el examen de admisión, deciden rechazar el discurso que los cataloga como reprobados e incapaces para estudiar una carrera universitaria de alto nivel. Se habían conocido en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UNAM cuando tomaron el curso de preparación para el examen de ingreso a la universidad, organizado por el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) e impartido gratuitamente por estudiantes de los últimos semestres de diferentes carreras: Ingeniería, Física, Letras Hispanas, Sociología, Química y muchas más. Fue en ese curso cuando comenzaron a hacer, junto con los asesores de los cursos, los integrantes del CEM y académicos especialistas en educación superior de la UNAM, la UAM y el IPN, una crítica profunda y bien informada a los exámenes de ingreso a las universidades.

Desde su perspectiva, las instituciones de educación superior han utilizado como instrumento para intentar justificar la exclusión educativa, al examen estandarizado de admisión, que “se aplica como parte de un proyecto continental, y el cual, lejos de medir conocimientos y capacidades académicas, es un mecanismo para estratificar a los solicitantes por la condición social y económica de sus familias, para seleccionar a unos pocos y dejar fuera a la mayoría con el argumento falaz de que reprobaron el examen”.

El problema de fondo, afirman, no es que miles de aspirantes reprueben el examen de selección, sino “las políticas públicas restrictivas y excluyentes que nos ha impuesto el modelo neoliberal”. Estas políticas implican por un lado, la disminución, o por lo menos el no aumento de las matrículas, mientras la demanda crece de manera considerable con los años; y por el otro, la negativa a construir nuevas universidades públicas de alto nivel académico y que ofrezca la oportunidad a los jóvenes de formarse como científicos, como humanistas, como ciudadanos y seres humanos críticos y libres, y no sólo como mano de obra barata.

Hay que mencionar que en la Ciudad de México, en los últimos treinta años, la única institución educativa que se ha creado con estas características y en parte como resultado de la coyuntura política generada con la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Así, mientras de acuerdo con los datos del Banco Mundial en 2005, México tuvo el ingreso nacional bruto per cápita más alto de Latinoamérica, el índice de cobertura en educación superior del país es apenas de 29 por ciento, por debajo de los índices de cobertura en América Latina, pues, por ejemplo Costa Rica y República Dominicana tienen una cobertura del 34 por ciento, Bolivia 39 por ciento, Uruguay por ciento, Chile y Venezuela 52 por ciento, y Argentina con un 67 por ciento[3].

¡No aceptamos ser rechazados!

Con base en el análisis brevemente expuesto arriba, los estudiantes que integran el MAES, consideran injusta la situación en la que los coloca un sistema sumamente excluyente y enarbolan como consigna de su movimiento un ¡No aceptamos ser rechazados!

Desde 2006, primer año en que se movilizaron, y hasta ahora, tienen demandas que han traducido en un conjunto de propuestas a partir de las cuales se puede resolver el problema de cobertura en educación superior.

Entre las demandas generales del movimiento encontramos la exigencia del aumento inmediato de la matrícula en la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM, ENAH, y en el conjunto de instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en la Ciudad de México y su área metropolitana, hasta lograr el acceso de todos los aspirantes; que se construyan nuevas instituciones públicas de educación superior de acuerdo con el modelo universitario ya citado; que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior y superior y que se aumente el presupuesto asignado a la educación pública.

Una de las demandas importantes del Movimiento es la incorporación del Colegio de Bachilleres como sistema metropolitano de bachillerato de la Universidad Autónoma Metropolitana; de los planteles de carácter técnico del área metropolitana como son el CETIS, el CONALEP y CECYTEM, a un sistema de bachillerato tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, y de las Preparatorias Oficiales del Estado de México y los Colegios de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Garantizando así, el pase automático de los estudiantes que terminan el bachillerato al nivel universitario. Además, señalan que con esto se garantizaría el nivel académico de la educación impartida en estas instituciones, al ser las mismas universidades las que recibirían a sus egresados y se ocuparían de sus planes y programas de estudio, tal como ocurre con los sistemas de educación media de la UNAM y el IPN.

En el marco de sus demandas, para el MAES es fundamental que se abra “un debate público e incluyente, interinstitucional y multisectorial, en el que como primer paso puedan plantearse alternativas de solución al grave problema de la falta de cobertura en educación media superior y superior”. En este debate se tendrían que discutir mecanismos más justos y equitativos para el acceso de todos los aspirantes a la educación superior pública, gratuita y de alto nivel académico.

Es con la movilización política que los jóvenes del MAES y sus familias han logrado mantener estas demandas en el debate nacional durante todos estos años, y más aún, han logrado sentarse con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las principales universidades públicas con presencia en la ciudad de México, a discutir la problemática que les ocupa y a exigir que se haga efectivo su derecho constitucional a la educación superior.

Como resultado del diálogo con las autoridades, han firmado acuerdos que permiten a los jóvenes movilizados ingresar, por una vía distinta a la del examen de admisión, a la UNAM y al IPN, más no de manera inmediata. Hasta el año pasado, el acuerdo consistió en que durante un año, la UNAM y la SEP otorgaron becas en alguna institución universitaria privada, por su parte los jóvenes se comprometían a mantener un promedio mínimo de 8 y no reprobar ninguna materia, y de cumplirlo, serían incorporados en el tercer semestre en alguna de las facultades o escuelas de la UNAM o el IPN. Este año, empezaron las movilizaciones desde el mes de febrero, cuando fueron a marchar hacia el lugar donde se realizaba el examen de ingreso a la UNAM, y al día de hoy, después de asambleas, brigadas de información en semáforos, transporte público, mercados y plazas, foros públicos, marchas y otras actividades, se encuentran exigiendo a las autoridades educativas la instalación de la mesa de diálogo y tienen la convicción de que lograrán mejorar los acuerdos e impulsar el diálogo público al que año tras año las autoridades se han negado.

Después de seis años son muchos los estudiantes que gracias a la lucha que han emprendido como parte del MAES están a punto de terminar sus carreras universitarias. Algunos de sus testimonios los podemos consultar en su página de Facebook: “Yo ingresé a la universidad como resultado de nuestra lucha en el MAES”.

A continuación, dos de los testimonios que aparecen en la página:

Miguel Ángel Reyes: Me incorporé al MAES en 2007 y yo ya estoy concluyendo mi carrera de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En unos días más seré un pasante. El MAES si tiene iniciativa y demandas para asegurar el ingreso de todos los jóvenes a la educación superior.

Nicte-há Yoyotzin: Hace cuatro años conocí el MAES y gracias al esfuerzo que se realizó estoy en la universidad, ahora cuatro años y medio después estoy a punto de terminar mi carrera. Con la constancia, el esfuerzo y convicción podemos lograr grandes cosas. Esta lucha no se acaba… apenas comienza.


[1] Datos elaborados por el MAES a partir de la publicación de resultados en los procesos de admisión a las universidades.

[2] Ibid.

[3] Datos ofrecidos por José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y publicados por el periódico La Jornada el 5 de agosto de 2010.