CIUDAD DE MÉXICO.- En junio se vence el plazo que tiene México para responder a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si acepta o no sus recomendaciones, ya que el organismo pidió al Gobierno federal que tome medidas para impedir violaciones de derechos humanos por parte de militares en tareas de seguridad pública, y que sean los tribunales civiles los que investiguen y sanciones estos casos.
El Gobierno de México tendrá que fijar su posición al respecto ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en febrero pasado recomendó al Gobierno del Presidente Felipe Calderón que si la participación del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada es necesaria, “la ampliación de las funciones de los militares debe contrarrestarse con medidas para reforzar la protección de los derechos humanos”, y que deben ser los tribunales civiles y no castrenses lo que investiguen posibles violaciones.
México deberá responder si acepta o no estas recomendaciones que se emitieron luego de que fue sometido a la Evaluación Periódica Universal, en el que se revisó el respeto a los derechos humanos en el país.En el informe que el Gobierno mexicano entregó a la ONU como parte de este procedimiento, se reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en lo que va de esta Administración, ha aceptado 15 recomendaciones emitidas en su contra por presuntas violaciones a las garantías cometidas por militares al cumplir tareas de seguridad.Ante el organismo internacional México reportó que tan sólo entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recibió 634 quejas contra efectivos militares.Aunque el Gobierno mexicano también indicó ante la ONU que las recomendaciones “relativas a las violaciones a los derechos humanos derivadas de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han sido aceptadas en su totalidad por la Sedena, dando estrecho seguimiento a su cumplimiento”.Sin embargo, está pendiente la respuesta del Gobierno de Calderón a las recomendaciones de la ONU y los señalamientos de presuntos abusos del Ejército contra población civil continúan.
El miércoles la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en el informe que denominó: “Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública” documenta 17 casos de “graves abusos” cometidos por militares en contra de 70 ciudadanos.En el documento se indica que los abusos se han incrementado y hay poca disposición del Gobierno federal, en particular de la Sedena y la Procuraduría General de la República, para castigar a los responsables, por lo que también pidió que sean los juzgados civiles y no castrenses los que tengan estos casos bajo su responsabilidad, para impedir que queden impunes.
fuente- El informador
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