Graves violaciones a los derechos humanos en México: AI

GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 28 de mayo (apro).- Los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), así como el proceso judicial que se le sigue a Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), son para Amnistía Internacional (AI) ejemplos de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en México.

Durante la presentación del Análisis Nacional que forma parte del Informe Mundial Anual 2009, el director ejecutivo de AI-México, Alberto Herrera Aragón, resaltó que los crímenes no resueltos hasta ahora de los activistas mixtecos reflejan "no solamente el pésimo estado de los derechos humanos, sino que volvió a evidenciar a un Estado mexicano que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales relativas a la protección de quienes legítimamente desempeñan labores de defensa de los derechos humanos".

Sobre Raúl Hernández, preso en la cárcel de Ayutla, Guerero, y considerado por AI como "prisionero de conciencia", Herrera Aragón refirió que es un caso "emblemático" de la forma en que "un aparato de procuración de justicia es utilizado para reprimir", a los defensores de derechos humanos.

El documento presentado por Herrera Aragón y por el presidente del Comité Directivo de AI-México, Javier Vázquez Castro, afirma que la crisis económica refleja una crisis de los derechos humanos. De ahí que casos como los ocurridos con los defensores de derechos humanos de Guerrero, sean síntoma grave del deterioro en esa materia.

Como parte de la campaña que emprenderá la organización internacional este año, "Exige Dignidad", Herrera Aragón anunció que el próximo 28 de junio una caravana de activistas saldrá de la Ciudad de México hacia el estado de Guerrero para exigir la liberación del indígena me'phaa y que se investigue y castigue a los responsables de los asesinatos de dirigentes mixtecos, como el de Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, indígena violada por miembros de Ejército Mexicano en 2002.

La OPIM, apuntó, "es un ejemplo vivo de una comunidad indígena que experimenta condiciones graves de marginalidad y desposesión (sic), y que a la hora de reivindicar sus derechos es objeto de represalias".

En su descripción del panorama nacional de los derechos humanos, el director ejecutivo de Amnistía Internacional mencionó otros casos de ataques contra defensores de derechos humanos –Mariana Villarreal, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", en Coahuila; y Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, de Nuevo León—, y exhortó al gobierno de Felipe Calderón a sancionar a los responsables, así como prevenir agresiones de defensores, ya que "es una obligación internacional que el Estado debe cumplir".

Herrera Aragón destacó que en 2008, al cumplirse 40 años de la matanza de Tlatelolco, se mantuvo el "fenómeno continuado de impunidad", y se reflejó el "fracaso del Estado mexicano a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes y violaciones de derecho humanos en el pasado".Tras anotar que el expresidente Luis Echeverría Álvarez cuenta con la protección de un amparo, el activista señaló que en México, "los grave abusos del pasado contra los derecho humano continúan ensombreciendo el presente", y recordó que "los crímenes del pasado no se evaporan con el tiempo".Frente a este panorama nacional, Herrera Aragón resaltó que hay fundadas esperanzas en que el caso de Rosendo Radilla, desparecido por el Ejército en 1972, y llevado a la Corte Interamericana de Derecho Humanos, permita hacer justicia en los crímenes del pasado y, sobre todo, "cuestionar los obstáculos que en materia de rendición de cuentas significa el fuero militar, ante actos violatorios de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército contra civiles".La preocupación por la rendición de cuentas del Ejército, dijo, se funda en que el año pasado se incrementaron las denuncias sobre "la implicación de personal militar y policial en homicidios, torturas, malos tratos detenciones arbitrarias".

Al referirse a las agresiones contra inmigrantes indocumentados, Herrera Aragón mencionó lo casos del sacerdote Alejandro Solalinde, de Oaxaca, y de Ireneo Mújica, quienes han sido amenazados por denunciar los abusos contra los ilegales.

Entre los pendientes con sectores vulnerables, el activista mencionó la falta de reglamentación de la legislación que sanciona la violencia contra las mujeres; pidió no olvidar que el "clima generalizado de violencia contra las mujeres", llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humano a analizar los homicidios de tres de ocho mujeres en Ciudad Juárez, y lamentó que no haya castigo para quienes abusaron y torturaron a mujeres en el operativo policiaco de San Salvador Atenco, en 2006.

Mencionó también los asesintados de las indígenas triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautisa, trabajadoras de una estación de radio comunitaria, lo que "ha evidenciado el grave clima de inseguridad que prevalece en México respecto de las y los trabajadores de los medios de comunicación".

Frente a este panorama, Herrera Aragón reconoció como un "avance sustancial", que en 2008 el gobierno de Felipe Calderón renovara un acuerdo para mantener abierta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

fuente- proceso