Por: Gildardo Mota/ LA HORA
Ocotlán de Morelos.- En su ambición por explotar los recursos naturales de al menos 16 comunidades, empresas mineras convertirán al valle ocoteco en una zona de desastre ambiental, pues el uso indiscriminado de explosivos y sustancias tóxicas para sustraer minerales de las entrañas de la tierra, desencadenará en la contaminación de mantos freáticos y la muerte de la flora y fauna de la región, sostiene el representante de la comisión política del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Cástulo López Pacheco.En el marco del segundo foro nacional “¡Por la Vida, Defendamos a Nuestra Madre Tierra!”, celebrado el 16 y 17 de mayo en la escuela primaria “José María Morelos”, en Ocotlán, López Pacheco dio a conocer que la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., que pretende explotar la mina “la Trinidad”, ubicada en el municipio de San José del Progreso, contemplan utilizar sustancias peligrosas como el cianuro y arsénico para extraer y limpiar el oro y la plata. “Es el segundo foro nacional que realizamos en menos de cuatro meses, con el que pretendemos articular acciones que detengan las actividades de las empresas trasnacionales, no por estar en contra del desarrollo, como lo han argumentado sus representantes, sino porque se pone en riesgo el ambiente del valle ocoteco y la vida de pobladores de la región”.De su lado, María del Carmen López Almazán, representante del CODEP, afirma que como producto de talleres y foros que han realizado en la zona se generó el despertar de conciencia en cientos de pobladores del municipio de San José del Progreso, hasta antes identificados con el PRI, pero al conocer su realidad social y el crimen ambiental que pretenden concretar los Gobiernos Federal y Estatal, optaron por inconformarse.Las comunidades en donde empresas internacionales como Aura Silver y Fortuna Silver Inc., pretenden extraer minerales como el oro y plata son: San Jacinto Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Miguel Tilquiapan, San Baltazar Chichicapam, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, Praxedis de Guerrero, La Garzona, San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Martín de los Canseco, San Juan Lachigalla, Santa María del Rincón y Santa Lucía Ocotlán.Si no detenemos a las empresas mineras con sus 32 proyectos de explotación de minas, el valle ocoteco se convertirá en una zona de desastre ambiental, advierte López Almazán, al tiempo de observar con preocupación el endurecimiento del estado mexicano, sin embargo agrega: “No hay otra, por eso dijimos que aunque hubiera minoría de participación en el segundo foro nacional tendríamos que desarrollarlo, porque el mensaje es propiciar la amplia unidad tanto regional, estatal como nacional”.López Almazán señala que el gobierno no está considerando los derechos universales como el de la información y la consulta a los pueblos, “les quieren imponer los proyectos con disfraz de desarrollo social, corrompiendo autoridades municipales y agrarias, a organizaciones gestoras y dividiendo a los pueblos”.
Ocotlán de Morelos.- En su ambición por explotar los recursos naturales de al menos 16 comunidades, empresas mineras convertirán al valle ocoteco en una zona de desastre ambiental, pues el uso indiscriminado de explosivos y sustancias tóxicas para sustraer minerales de las entrañas de la tierra, desencadenará en la contaminación de mantos freáticos y la muerte de la flora y fauna de la región, sostiene el representante de la comisión política del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Cástulo López Pacheco.En el marco del segundo foro nacional “¡Por la Vida, Defendamos a Nuestra Madre Tierra!”, celebrado el 16 y 17 de mayo en la escuela primaria “José María Morelos”, en Ocotlán, López Pacheco dio a conocer que la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., que pretende explotar la mina “la Trinidad”, ubicada en el municipio de San José del Progreso, contemplan utilizar sustancias peligrosas como el cianuro y arsénico para extraer y limpiar el oro y la plata. “Es el segundo foro nacional que realizamos en menos de cuatro meses, con el que pretendemos articular acciones que detengan las actividades de las empresas trasnacionales, no por estar en contra del desarrollo, como lo han argumentado sus representantes, sino porque se pone en riesgo el ambiente del valle ocoteco y la vida de pobladores de la región”.De su lado, María del Carmen López Almazán, representante del CODEP, afirma que como producto de talleres y foros que han realizado en la zona se generó el despertar de conciencia en cientos de pobladores del municipio de San José del Progreso, hasta antes identificados con el PRI, pero al conocer su realidad social y el crimen ambiental que pretenden concretar los Gobiernos Federal y Estatal, optaron por inconformarse.Las comunidades en donde empresas internacionales como Aura Silver y Fortuna Silver Inc., pretenden extraer minerales como el oro y plata son: San Jacinto Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Miguel Tilquiapan, San Baltazar Chichicapam, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, Praxedis de Guerrero, La Garzona, San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Martín de los Canseco, San Juan Lachigalla, Santa María del Rincón y Santa Lucía Ocotlán.Si no detenemos a las empresas mineras con sus 32 proyectos de explotación de minas, el valle ocoteco se convertirá en una zona de desastre ambiental, advierte López Almazán, al tiempo de observar con preocupación el endurecimiento del estado mexicano, sin embargo agrega: “No hay otra, por eso dijimos que aunque hubiera minoría de participación en el segundo foro nacional tendríamos que desarrollarlo, porque el mensaje es propiciar la amplia unidad tanto regional, estatal como nacional”.López Almazán señala que el gobierno no está considerando los derechos universales como el de la información y la consulta a los pueblos, “les quieren imponer los proyectos con disfraz de desarrollo social, corrompiendo autoridades municipales y agrarias, a organizaciones gestoras y dividiendo a los pueblos”.
Las mineras hacen todo lo posible para convencer a los pueblos con una presunta “política de desarrollo social”, pero no es verdad, podrán condicionar con la construcción de una escuela o un centro de salud, pero eso no detendrá la catástrofe ambiental, añade la representante del CODEP.
Tras el desalojo de la mina “la Trinidad” que realizaron policías estatales y federales, el 24 de abril, el senador del partido Convergencia, Gabino Cué Monteagudo pretendió involucrarse en la problemática, pero con la intención de llevar capital político a su proyecto y negociar porcentajes con la empresa minera.Al respecto Cástulo López reconoce que existieron intentos por parte de políticos oportunistas por “llevar agua a su molino”, y agrega: “desde hace dos años, cuando el problema inició nadie hablaba al respecto, todos los políticos guardaron silencio, aceptamos la solidaridad, pero no los condicionamientos, en este sentido el trabajo del CODEP ha servido para generar conciencia social en los pueblos”, dijo, en una abierta actitud de darse baños de pureza, de cara a algunas denuncias que ya corren sobre el desempeño de esta organización.
La persecución políticaDurante el desalojo de la mina “la Trinidad”, en San José del Progreso, policías federales y estatales ingresaron de manera violenta, golpeando y torturando a pobladores, entre ellos a Agustín Ríos Cruz, integrante de la Brigada Nacional en Defensa del Petróleo y poblador de la comunidad en referencia.
Tras recibir golpes en el rostro, cabeza, piernas y tórax, Ríos Cruz fue auxiliado por otros pobladores, retirándose en estado de salud delicado y buscando refugio en algún lugar de Oaxaca, desde ese día, Sue Ochoa, su esposa, y su hijo de seis años, viven en un clima de hostigamiento y persecución por parte de los Gobiernos Federal y Estatal, a cada paso, encuentro y plática son observados y grabados en video por policías.
De profesión odontólogo, Agustín Ríos se integró a la lucha por la defensa de la tierra, su activismo incomodó a las mineras y a los gobiernos estatal y federal, hoy es un perseguido político que vive clandestinamente en algún lugar de Oaxaca, ante el riesgo de ser detenido y desaparecido por las fuerzas oscuras de ambos gobiernos, como sucedió en el 2006.“Somos hostigados constantemente, en la casa hay vigilancia, nos toman fotos, temo por la integridad de mi esposo, tengo un hijo de seis años y temo por su seguridad y la mía”, revela la esposa.
Consciente de la situación política que enfrenta, Sue Ochoa sentencia: “responsabilizo de lo que suceda a mi familia al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, al presidente municipal de San José del Progreso, Oscar Venancio Martínez, así como a Jaime Castañeda Pedraza y Jorge Mario Ríos, representantes de la empresa Cuzcatlán”, señaló.Pese al temor de ser víctima de la represión gubernamental, Sue Ochoa no decae en su labor de promover la conciencia social al puntualizar: “con el uso de sustancias tóxicas las enfermedades se quedarán para nuestra gente, el saqueo, el oro y plata se lo llevarán las multinacionales”, dijo.
fuente- la hora de Oaxaca
No hay comentarios:
Publicar un comentario