(imagen de los cuerpos parapoliciacos que dispararon contra manifestantes de la APPO en santa lucia del camino en Octubre del 2006)Son muchos los sucesos recientes que nos muestran que los hilos del poder en el estado se rigen por la muerte, la agresión a las personas, la intimidación, la violencia contra los adversarios al régimen gubernamental.
El asesinato reciente de Beatriz Lopez Leyva, integrante del “Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular, la soberanía nacional”, representante del llamado gobierno legitimo de Andrés Manuel López Obrador en la costa. De este crimen se responsabiliza como autor intelectual al presidente municipal de Jicayán, donde ocurrieron los hechos, Leonardo Silva Palacios. Antes fue acusado de mandar golpear al voceador del Noticias en la misma población.
Las agresiones físicas a Marcelino Coache Verano quien fue torturado, golpeado y quemado en el pecho y los genitales con colillas de cigarro durante doce horas que duró su “levantón”; amenazado de muerte si decía algo. Ahora las amenazas se han extendido a su esposa Reyna e hijos.
Las agravios a periodistas como Pedro Matías, quien también fue levantado, torturado por sus captores y luego abandonado camino a Tlacolula; los golpes con bóxer propinados por Indalacio Cruz, operador priista y su hijo, al caricaturista de Noticias Mario Robles que derivaron en suturas en la frente del dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca; las agresiones a Federico Carrera del diario “La cañada” en Teotitlan, en donde se señala como responsable al presidente municipal; las amenazas a Verónica Villalvazo colaboradora de Noticias; el intento de robo y los daños físicos contra Rebeca Luna Jiménez, corresponsal de Radio Mil; la agresión a Javier Méndez Pérez director de la agencia JM. La destrucción del motor y las mangueras de los frenos del vehículo de Ismael Sanmartín, director del periódico NOTICIAS.
Las amenazas contra defensoras de derechos humanos: Alba Cruz del “Comité 25 de noviembre” y abogada de la sección 22; Yesica Sánchez Maya de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad de Género A. C.; Beatriz Casas Arellanes, del Centro “Bartolomé Carrasco” (BARCA).
Apenas el miércoles, en Chahuites fue asesinado por la policía Joselito Marroquín Martínez donde existe un conflicto político. El responsable de este crimen es el mismo presidente municipal Cuauhtémoc Cruz Zavala.
Estos hechos, agregados a decenas de sucesos anteriores, nos muestran durante este periodo “formas endemoniadas de gobierno y de mando” como las llama Francisco Carpinteiro para referirse justamente a Oaxaca. El autor usa la metáfora de “política endemoniada” para poner de relieve “el problema de la política peligrosa y dañina que opera para neutralizar oposiciones a la autoridad”.
Y es que como hemos visto, en un régimen como el que hemos vivido en Oaxaca, particularmente durante estos últimos años de “gobernadorismo autoritario”, todo lo que difiera de quienes tienen en sus manos el poder político, particularmente de la llamada “burbuja”, se considera una amenaza que hay que detener con los medios que sean necesarios para quienes dicen gobernar, no importa que sean “endemoniados”, ilegales, ilegítimos, criminales, violentos, etc.
No es casual, siguiendo por cierto la misma metáfora, que este régimen se haya instaurado luego de que Jacinto Pineda, “el diablo”, como le apodan, y su hermano, asesinaran a palos al profesor jubilado Serafín García en la población de Huautla de Jiménez en el año 2004, y qué el presidente municipal de Estancia Grande, Cándido Palacios Noyola, el mismo año, poseído por la ira, haya asesinado a balazos y por la espalda a Guadalupe (“Lupita”) Cortés Salinas, candidata del PRD a la presidencia municipal.
Otros actores demoniacos han sido denunciados, ahí está el caso del exporro universitario, Fredy Gil Gopar, a quien, siendo presidente municipal, se le responsabilizó de la desaparición de Lauro Juárez.
Los agentes demoniacos sean caciques municipales, francotiradores, caravanas de la muerte, agentes ministeriales, porros, presos que son liberados por la noche para cometer fechorías, etc. han asesinado, torturado, agredido en su patrimonio, amenazado a disidentes, inconformes, rebeldes a este régimen y han actuado con toda impunidad protegidos por el grupo en el poder encabezados por muñecos diabólicos y nahuales que se transforman recurrentemente en mapaches.
Hemos denominado a esta política, “terrorismo de estado”. Su propósito no solo es castigar la disidencia, sino intimidar a otros opositores y generar miedo en la población para inhibir su organización, participación política, la difusión de la información, la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, en suma, el ejercicio de garantías constitucionales que postula el llamado “Estado de Derecho”.
Los agentes demoniacos actúan bajo el amparo del aparato de injusticia que existe en el Estado, de ministerios públicos, jueces, magistrados, que solícitos y timoratos sirven al poder político, cumplen sus órdenes; de policías que están para dar seguridad a los políticos también llenos de miedos; de carceleros. Ahí tenemos la injusticia en el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, quien está preso por un crimen que no cometió, el de Brad Will. Los verdaderos culpables, que fueron fotografiados por la prensa nacional, pasean por las calles de Santa Lucía.
No puede dudarse de la red de complicidades dentro del sistema; la impunidad para los agresores y sus jefes es la regla en esta maraña de intereses y agentes de la política demoniaca. Los castigos son para los opositores al régimen autoritario.
Debemos recordarles sin embargo que no hay mal que dure cien años. Que nuestra Constitución reconoce el derecho a la resistencia, concretamente el artículo 39 señala que: “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Ojalá que el pueblo lo haga por la vía pacífica.
(Víctor Raúl Martínez es miembro del IISUABJO)
El asesinato reciente de Beatriz Lopez Leyva, integrante del “Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular, la soberanía nacional”, representante del llamado gobierno legitimo de Andrés Manuel López Obrador en la costa. De este crimen se responsabiliza como autor intelectual al presidente municipal de Jicayán, donde ocurrieron los hechos, Leonardo Silva Palacios. Antes fue acusado de mandar golpear al voceador del Noticias en la misma población.
Las agresiones físicas a Marcelino Coache Verano quien fue torturado, golpeado y quemado en el pecho y los genitales con colillas de cigarro durante doce horas que duró su “levantón”; amenazado de muerte si decía algo. Ahora las amenazas se han extendido a su esposa Reyna e hijos.
Las agravios a periodistas como Pedro Matías, quien también fue levantado, torturado por sus captores y luego abandonado camino a Tlacolula; los golpes con bóxer propinados por Indalacio Cruz, operador priista y su hijo, al caricaturista de Noticias Mario Robles que derivaron en suturas en la frente del dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca; las agresiones a Federico Carrera del diario “La cañada” en Teotitlan, en donde se señala como responsable al presidente municipal; las amenazas a Verónica Villalvazo colaboradora de Noticias; el intento de robo y los daños físicos contra Rebeca Luna Jiménez, corresponsal de Radio Mil; la agresión a Javier Méndez Pérez director de la agencia JM. La destrucción del motor y las mangueras de los frenos del vehículo de Ismael Sanmartín, director del periódico NOTICIAS.
Las amenazas contra defensoras de derechos humanos: Alba Cruz del “Comité 25 de noviembre” y abogada de la sección 22; Yesica Sánchez Maya de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad de Género A. C.; Beatriz Casas Arellanes, del Centro “Bartolomé Carrasco” (BARCA).
Apenas el miércoles, en Chahuites fue asesinado por la policía Joselito Marroquín Martínez donde existe un conflicto político. El responsable de este crimen es el mismo presidente municipal Cuauhtémoc Cruz Zavala.
Estos hechos, agregados a decenas de sucesos anteriores, nos muestran durante este periodo “formas endemoniadas de gobierno y de mando” como las llama Francisco Carpinteiro para referirse justamente a Oaxaca. El autor usa la metáfora de “política endemoniada” para poner de relieve “el problema de la política peligrosa y dañina que opera para neutralizar oposiciones a la autoridad”.
Y es que como hemos visto, en un régimen como el que hemos vivido en Oaxaca, particularmente durante estos últimos años de “gobernadorismo autoritario”, todo lo que difiera de quienes tienen en sus manos el poder político, particularmente de la llamada “burbuja”, se considera una amenaza que hay que detener con los medios que sean necesarios para quienes dicen gobernar, no importa que sean “endemoniados”, ilegales, ilegítimos, criminales, violentos, etc.
No es casual, siguiendo por cierto la misma metáfora, que este régimen se haya instaurado luego de que Jacinto Pineda, “el diablo”, como le apodan, y su hermano, asesinaran a palos al profesor jubilado Serafín García en la población de Huautla de Jiménez en el año 2004, y qué el presidente municipal de Estancia Grande, Cándido Palacios Noyola, el mismo año, poseído por la ira, haya asesinado a balazos y por la espalda a Guadalupe (“Lupita”) Cortés Salinas, candidata del PRD a la presidencia municipal.
Otros actores demoniacos han sido denunciados, ahí está el caso del exporro universitario, Fredy Gil Gopar, a quien, siendo presidente municipal, se le responsabilizó de la desaparición de Lauro Juárez.
Los agentes demoniacos sean caciques municipales, francotiradores, caravanas de la muerte, agentes ministeriales, porros, presos que son liberados por la noche para cometer fechorías, etc. han asesinado, torturado, agredido en su patrimonio, amenazado a disidentes, inconformes, rebeldes a este régimen y han actuado con toda impunidad protegidos por el grupo en el poder encabezados por muñecos diabólicos y nahuales que se transforman recurrentemente en mapaches.
Hemos denominado a esta política, “terrorismo de estado”. Su propósito no solo es castigar la disidencia, sino intimidar a otros opositores y generar miedo en la población para inhibir su organización, participación política, la difusión de la información, la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, en suma, el ejercicio de garantías constitucionales que postula el llamado “Estado de Derecho”.
Los agentes demoniacos actúan bajo el amparo del aparato de injusticia que existe en el Estado, de ministerios públicos, jueces, magistrados, que solícitos y timoratos sirven al poder político, cumplen sus órdenes; de policías que están para dar seguridad a los políticos también llenos de miedos; de carceleros. Ahí tenemos la injusticia en el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, quien está preso por un crimen que no cometió, el de Brad Will. Los verdaderos culpables, que fueron fotografiados por la prensa nacional, pasean por las calles de Santa Lucía.
No puede dudarse de la red de complicidades dentro del sistema; la impunidad para los agresores y sus jefes es la regla en esta maraña de intereses y agentes de la política demoniaca. Los castigos son para los opositores al régimen autoritario.
Debemos recordarles sin embargo que no hay mal que dure cien años. Que nuestra Constitución reconoce el derecho a la resistencia, concretamente el artículo 39 señala que: “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Ojalá que el pueblo lo haga por la vía pacífica.
(Víctor Raúl Martínez es miembro del IISUABJO)
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