En medio de la confusión y el pánico causados, no tanto por la crisis de la fiebre aviar o influenza porcina, sino por las medidas poco coherentes y hasta barruntadas de un marcado tinte fascista que en las últimas horas ha adoptado el gobierno federal para combatir la propagación del virus AH1N1, la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco sigue viento en popa, exigiendo a los cuatro vientos la liberación inmediata e incondicional de los 12 presos políticos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Como señalamos en nuestra entrega anterior, los actuales presos del FPDT fueron injustamente sentenciados a penas que, en el caso de Ignacio del Valle, rebasan los 100 años de cárcel. Se trata de una venganza de Estado en contra del movimiento que logró frenar el otrora “proyecto más importante” del sexenio foxista: el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Por lo mismo, los compañeros del FPDT han sentido, desde hace años, toda la fuerza paramilitar de los distintos niveles de gobierno.
Durante el operativo policiaco del 3 de mayo de 2006, en el que fueron apresados Del Valle y sus compañeros, los cuerpos de seguridad pública que embistieron en contra de la población de Atenco y del FPDT, incluidos activistas y comunicadores de otras partes de México y el mundo, realizaron toda suerte de escandalosas vejaciones, tales como el asesinato de dos jóvenes, la violación sexual masiva y tumultuaria en contra de medio centenar de mujeres y la detención arbitraria de 207 personas. Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “estudió” el asunto e hizo distintas recomendaciones para que tales brutalidades no se vuelvan a repetir; sin embargo, no emitió ninguna resolución de fuerza ni castigó ejemplarmente a los culpables de tales atrocidades, a pesar de que la Constitución le señala la obligación de intervenir, como máximo órgano judicial y no como colegio académico, en aquellos casos en los que exista una conculcación grave a las garantías constitucionales.
Señala un reciente comunicado del Comité Libertad y Justicia para Atenco que “desde entonces se han venido acumulando irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Alvarez y Héctor Galindo por 67 años, y a otras nueve personas –Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales– que han sido sentenciados a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América del Valle y Adán Espinosa Rojas se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso, aunque en libertad”.
Los presos del FPDT lo son injustamente, pues, tal como lo ha acreditado su defensa, fueron falsamente acusados de hechos inexistentes y condenados por delitos que nunca cometieron; por lo mismo, resulta fundamental apoyar los puntuales reclamos de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco: 1) libertad a los 12 presos políticos de Atenco; 2) cancelación de las órdenes de aprensión a los dos perseguid@s; 3) revocación y anulación de las sentencias; 4) respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguid@s; 5) castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; 6) alto a la criminalización contra los movimientos sociales en México.
Como señalamos en nuestra entrega anterior, los actuales presos del FPDT fueron injustamente sentenciados a penas que, en el caso de Ignacio del Valle, rebasan los 100 años de cárcel. Se trata de una venganza de Estado en contra del movimiento que logró frenar el otrora “proyecto más importante” del sexenio foxista: el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Por lo mismo, los compañeros del FPDT han sentido, desde hace años, toda la fuerza paramilitar de los distintos niveles de gobierno.
Durante el operativo policiaco del 3 de mayo de 2006, en el que fueron apresados Del Valle y sus compañeros, los cuerpos de seguridad pública que embistieron en contra de la población de Atenco y del FPDT, incluidos activistas y comunicadores de otras partes de México y el mundo, realizaron toda suerte de escandalosas vejaciones, tales como el asesinato de dos jóvenes, la violación sexual masiva y tumultuaria en contra de medio centenar de mujeres y la detención arbitraria de 207 personas. Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “estudió” el asunto e hizo distintas recomendaciones para que tales brutalidades no se vuelvan a repetir; sin embargo, no emitió ninguna resolución de fuerza ni castigó ejemplarmente a los culpables de tales atrocidades, a pesar de que la Constitución le señala la obligación de intervenir, como máximo órgano judicial y no como colegio académico, en aquellos casos en los que exista una conculcación grave a las garantías constitucionales.
Señala un reciente comunicado del Comité Libertad y Justicia para Atenco que “desde entonces se han venido acumulando irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Alvarez y Héctor Galindo por 67 años, y a otras nueve personas –Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales– que han sido sentenciados a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América del Valle y Adán Espinosa Rojas se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso, aunque en libertad”.
Los presos del FPDT lo son injustamente, pues, tal como lo ha acreditado su defensa, fueron falsamente acusados de hechos inexistentes y condenados por delitos que nunca cometieron; por lo mismo, resulta fundamental apoyar los puntuales reclamos de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco: 1) libertad a los 12 presos políticos de Atenco; 2) cancelación de las órdenes de aprensión a los dos perseguid@s; 3) revocación y anulación de las sentencias; 4) respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguid@s; 5) castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; 6) alto a la criminalización contra los movimientos sociales en México.
fuente- la jornada
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