Rosalía Vergara
MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- El sindicato minero demandó al gobierno de Felipe Calderón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el perjuicio causado a mil 100 trabajadores de las minas de Cananea.
De acuerdo con el abogado de los mineros, Marco Antonio del Toro, con su decisión de cerrar las puertas de la mina y romper la relación laboral con la sección 65 del sindicato minero, el gobierno federal actuó en contra de los derechos procesales y de defensa de los trabajadores, quienes por ese motivo solicitaron ya medidas cautelares.
Un tribunal colegiado avaló la decisión de Grupo México de terminar la relación laboral con el sindicato minero, dijo, pese a que los trabajadores estaban en huelga y ésta había sido declarada existente en tres ocasiones.
“Con esto se les violó el derecho de huelga, de libre asociación y de defensa”, indicó el abogado en entrevista con Apro, quien confirmó que la queja ante la CIDH se presentó el pasado jueves 11, y el viernes 12 tuvieron la confirmación, por parte del secretario general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Santiago Cantón, de que había sido recibida.
“La CIDH ya admitió a trámite nuestra demanda contra el Estado mexicano por el artero golpe del aparato político, laboral y judicial contra Napoleón Gómez Urrutia (líder del sindicato minero) y en contra de los más de mil mineros de Cananea; estamos esperando que la comisión resuelva el tema de las medidas cautelares”, mencionó.
El 30 de julio de 2007, la mina de Cananea elevó sus banderas rojinegras, en demanda de mejoras salariales y laborales, y también en apoyo a su dirigente sindical, Napoleón Gómez Urrutia, quien huyó a Canadá luego de ser acusado de daño patrimonial en perjuicio de los trabajadores.
El 11 de enero de 2008, los mineros de Cananea fueron desalojados de la mina por policías federales y estatales, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró "la inexistencia de la huelga". El enfrentamiento entre policías y mineros dejó como saldo diez personas heridas.
Casi un mes después, el 14 de febrero, el juez 13 de Distrito en Materia Laboral, Ariel Torres Quevedo, declaró legal, por tercera ocasión, la huelga de Cananea, y otorgó un amparo a los mineros para que continuaran su movimiento.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desestimó la resolución judicial y anunció que Grupo México interpondría un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, que finalmente dio por terminada la relación laboral, el pasado jueves 11, al negar a los mineros un amparo contra la resolución de la JFCA.
fuente- proceso
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