Larga ha sido la huelga de los mineros de Cananea. Iniciada en julio de 2007, los trabajadores han resistido los embates de Grupo México para que el movimiento sea declarado inexistente, y del gobierno federal que, sostienen los trabajadores, se pliega a la patronal. Sergio Tolano Lizárraga, de la Sección 65 del sindicato minero, dice a Proceso que el paro es legal, mientras que Jesús Verdugo, presidente del Comité de Huelga, se queja porque sus compañeros están igual de jodidos que hace 100 años. Y sentencia: “Si lo que quieren son mártires de Cananea, aquí los van a encontrar, en las puertas de la mina”.
Invisibles, todas las noches los mineros hacen sus rondas. Están en huelga desde el 30 de julio de 2007. A veces sólo la tenue brasa de un cigarro delata la presencia de algún vigía. Y cuando alguien merodea por la zona, se oye el sonido metálico de un tubo que retumba en el empedrado de la Puerta 1 de la mina. Al instante decenas de sombras acuden veloces.
“Pensamos que era de la federal”, dice uno de los vigilantes, al tiempo que levanta una mano para detener a sus compañeros, quienes surgen de sus trincheras, armados de piedras y balines de acero del tamaño de una pelota de beisbol listos para repeler un eventual ataque.
En lo alto de un cerro se ubica el puesto de mando. Desde ahí se dominan los enormes tajos de la mina y toda la operación extractiva.
Los controles, palancas y equipos de radiocomunicación lucen intactos. Cables de 20 centímetros de grosor, tendidos por varios kilómetros en el piso, son de cobre y nadie los ha robado. La palas, gigantes moles de acero, exhiben instalaciones impecables.
El pasado 17 de enero, desde Canadá, donde se encuentra refugiado, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que Grupo México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presionan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Distrito en Materia Laboral del Distrito Federal para que se pronuncien y den por terminadas las relaciones laborales de manera definitiva.
El líder defenestrado denunció también que la empresa propietaria de Mexicana de Cananea intenta desalojar de manera violenta a los huelguistas; incluso, dijo, armaron grupos de choque y contrataron esquiroles en Nacozari. Tras el mensaje, los huelguistas redoblaron su vigilancia, bloquearon los caminos en dos de los tres accesos, desplazaron maquinaria pesada hacia la maya perimetral y colocaron escombros sobre la vía del ferrocarril que ingresa al complejo minero.
–¿Irán a entrar disparando? –pregunta el más veterano de los guardias.
–No, primero entran los granaderos –responde uno de sus compañeros.
–Lo que no entiendo es si en los desalojos disparan –insiste.
Con la resolución de los magistrados concluirá el proceso iniciado el 14 de abril de 2009, cuando se dictó el laudo del expediente IV-61/2009 que dio por terminadas las relaciones laborales con los mineros en huelga. Ese expediente, el más reciente de los que ha encausado Grupo México sobre el diferendo laboral sin que medie ninguna negociación con los trabajadores.
En aquella fecha, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró legal la huelga, pero también resolvió poner fin a las relaciones laborales “por causas de fuerza mayor”, luego de que Grupo México alegó que las instalaciones de Mexicana de Cananea, así como los materiales, equipos y herramientas estaban inservibles o habían sido objeto de rapiña.
Desde que se inició la huelga, el 30 de julio de 2007, los trabajadores han interpuesto cuatro amparos contra los laudos de la JFCA, según los cuales el movimiento es inexistente o ilegal. Sin embargo, dicen los mineros, el paro laboral surgió porque la empresa violó el Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) y porque se negó a remediar las condiciones de inseguridad en la mina de Cananea.
El día que los trabajadores de Cananea se fueron al paro, junto con los de Sombrerete, Zacatecas, y los de Taxco, Guerrero, Grupo México declaró que los movimientos eran ilegales. La JFCA le dio la razón una semana después, el 7 de agosto, por falta de sustento. Sin embargo, los huelguistas obtuvieron un amparo definitivo el 13 de diciembre de ese año (expediente RT 2381/2007).
El 11 de enero de 2008, la STPS informó que la JFCA declaró que la huelga era inexistente. El argumento: no había sido anunciada en tiempo y forma. Los mineros de Cananea fueron desalojados por la Policía Federal. Diez días más tarde, los trabajadores consiguieron un amparo.
De esos tiempos, los huelguistas compusieron un corrido que cantan con frecuencia durante las prolongadas guaridas nocturnas: Llegaron varios camiones /repletos de uniformados /Pero ellos nunca pensaron /el cuatro que habían formado /Eran más de mil mineros /y ahí los dos se enfrentaron.
Confabulaciones
El dirigente de la Sección 65 del SNTMMSRM, Sergio Tolano Lizárraga, asegura que Grupo México, la STPS y la Secretaría de Gobernación están sincronizados. Siempre declaran lo mismo, distorsionan los planteamientos de los huelguistas y no dejan de presionar a los magistrados para que se pronuncien a favor de la patronal.
Entrevistado el 20 de enero, el dirigente afirma que los mineros están preparados para lo peor. Y relata que en octubre y noviembre de 2009 realizaron una caravana a la Ciudad de México, donde se entrevistaron con funcionarios de la STPS, de la Secretaría de Gobernación, así como con diputados y senadores.
Le sorprende, dice, que mientras ellos exponen sus razones e intentan negociar, la STPS emitió un comunicado en la que decía todo lo contrario. Grupo México, la STPS, Gobernación hacen lo mismo. “No olvidemos que Gómez Mont fue abogado de Grupo México”, dice Tolano.
Explica que desde el principio, el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, llamó a los huelguistas intransigentes, incluso los responsabilizó de la depresión económica regional.
También, dice, “sabemos que la empresa ha contratado esquiroles en Nacozari y en Hermosillo. Cuando hace eso es para enfrentarnos en las puertas, para quebrantar nuestro movimiento, que es legal”.
Además, en las radiodifusoras locales Grupo México pregona que quienes deseen recoger su finiquito en las oficinas de la JFCA, pueden hacerlo. Habla de una indemnización de tres meses de salario, prima de antigüedad, bonos pendientes, prestaciones y utilidades que oscilan entre 175 mil 800 y 295 mil 700 pesos.
Tolano asegura que esa campaña se inició el año pasado. Asimismo, agrega, la patronal promete generar 2 mil empleos para reconstruir la mina y ofrece mil 200 plazas para quienes deseen trabajar en ella, así como 5 mil empleos indirectos más, una mejora en el entorno urbano, y programas de salud y educación para la ciudad.
Según el dirigente sindical, en San Juan de Sabinas y otras zonas del país Grupo México trabaja con un nuevo sindicato. “¡Es tan absurdo! –exclama–. Es como si quisieran casar a un desconocido por la fuerza y pidieran el apoyo del gobierno”.
Hasta ahora nadie ha aceptado el finiquito, comenta Tolano. Todos los mineros en huelga esperan la ratificación de las suspensiones provisionales IV-61/2009, 64/2009 y 740/2009, acumuladas en el Tribunal de Circuito para invalidar el laudo que la JFCA emitió en abril de 2009.
Si el tribunal da la razón a los trabajadores, insiste, se tendrá que desahogar la revisión contractual de 2007, el tabulador de 2008 y la revisión de contrato de 2009.
Dice Tolano que las artimañas de Grupo México y la JFCA son para golpear al sindicalismo. “El ejemplo más reciente –señala–, es el de los compañeros del SME”.
Y advierte: “No queremos que las fuerzas federales nos vayan a tomar por sorpresa e intenten desalojarnos. Estamos decididos a todo por mantener nuestra fuente de empleo”.
El dirigente de la Sección 65 comenta al reportero que el argumento de Grupo México, según el cual las instalaciones y la maquinaria de la mina de Cananea “estaban inservibles o habían sido objeto de rapiña”, que avalaron la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) y la JFCA, que incluso emitió el laudo en abril de 2009, es una falacia.
Para refutarlos, Tolano invita a Proceso a un recorrido para mostrar el estado en que se encuentra el complejo minero. Durante el trayecto, explica: “Lo que nosotros expusimos como motivo de la huelga –dice– fue el deterioro del equipo y la inseguridad laboral. La empresa nunca quiso admitirlo. Luego comenzó a argumentar que la relación de trabajo debía terminar”.
Y muestra al reportero que las dos subestaciones eléctricas están en buen estado y funcionando, pero según la empresa son inservibles. Para demostrarlo, los huelguistas encienden los camiones y las grúas. Ahí, en los cuartos de herramientas se observan, apiladas, varas de soldadura, linternas, herramientas, guantes, botas y otros materiales de trabajo.
En el informe de producción del 23 de julio de 2007, presentado una semana antes de la huelga, se incluye el inventario del equipo: nueve palas, 45 camiones y ocho perforadoras. Los huelguistas encienden algunos vehículos para que el reportero observe que sí funcionan.
El recorrido incluye la mina, la concentradora y las plantas de tratamiento químico del mineral. Y termina en el cementerio de asbesto, la vieja fundición convertida hoy en una monumental pila de chatarra y el corralón de camionetas en desuso.
Casos de depresión
“Yo soy minero retirado y mi hijo es huelguista”, dice el veterano Arnulfo Espinoza.
Y expone: “Lo que más nos duele es que hayan cerrado el hospital Ronquillo, porque ahí nos atendían muy bien. El gobierno metió el Seguro Popular, pero nunca hay medicina… Por el trabajo que hacíamos muchos estamos enfermos de cáncer”.
El nosocomio cerró sus puertas el 10 de mayo de 2008. A partir de entonces, los trabajadores se quedaron sin servicios médicos; luego les quitaron el agua, el gas, incluso les cancelaron las becas de estudio a sus hijos. Y el miércoles 20, justo el día de la entrevista con Tolano y otros dirigentes mineros, les cortaron la electricidad.
Por momentos, la población de la zona se ensaña con los huelguistas. “En un principio fue tan grave –comenta Tolano–, que en la sede del sindicato se enfrentaban hermanos, padres e hijos. Afortunadamente, la gente ha ido entendiendo que nuestra lucha es justa”.
Como sea, en las calles se percibe aún la inconformidad.
Anselmo Cortina, otro minero retirado, comenta: “Los gringos… esos sí eran patrones”. Y rememora que antes la empresa daba útiles escolares, pintaba y remozaba las viviendas, auspiciaba programas asistenciales y hasta mantenía El Círculo, un casino con el primer boliche que hubo en México, y el club campestre con su campo de golf.
–Pero el movimiento de 1906 fue por la represión de patrones gringos ¿no? –comenta el reportero.
–Pero eso fue más antes…
Una joven a punto de casarse espeta al reportero:
“Oiga, que ya los quiten de la mina, nomás andan de revoltosos, y mientras aquí en el pueblo todo está muerto”. Se queja porque, dice, su novio se empleó con los contratistas, pero como los huelguistas no los dejaron entrar a la mina, hoy está desempleado.
La cárcel de Cananea, famosa por el corrido atribuido a Francisco El Cucharón de Batuc, hoy es un museo y remite a 1906, cuando los obreros de la zona fueron reprimidos por exigir un salario igual al trabajo que realizaban sus compañeros estadunidenses. Pero de esa historia, el ayuntamiento apenas menciona una línea sobre esa represión que muchos consideran como el antecedente del movimiento revolucionario de 1910.
Jesús Verdugo, presidente del Comité de Huelga, dice: “El gobierno de Calderón trae un escándalo con lo del Centenario de la Revolución. Todos sabemos que aquí empezó todo. A más de 100 años, estamos igual de jodidos. Pero como en aquellos tiempos, hoy estamos dispuestos a todo. Si lo que quieren son mártires de Cananea, aquí los van a encontrar, en las puertas de la mina”.
fuente-www.sme.org
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