En menos de 10 minutos, cuentan testigos, empezó la trifulca alentada por Elpidio Concha Arellano, entonces diputado federal y hoy uno de los operadores preferidos del mandatario oaxaqueño. Ahí se ve claro cómo Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga propinan un golpe tras otro a un ya desvanecido y ensangrentado Serafín García.
Exequias de Alejandro García, víctima del disparo de un soldado el 15 de octubre de 2006. Foto: Fernando Castillo/MicPhotoPress
JUSTICIA
La sombra de la muerte acompaña desde aquel entonces la gestión del mandatario priista, a la cual la Suprema Corte de Justicia responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales cometidas durante la rebelión de 2006, cuando fueron asesinados una veintena de opositores al gobernador. Ruiz Ortiz se convirtió así en el segundo gobernador al que el máximo tribunal de justicia ha señalado por violar las garantías constitucionales de sus gobernados. El otro fue Rubén Figueroa, quien en 1996 recibió el mismo fallo en su contra por la matanza de 17 campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas. A diferencia de Ulises Ruiz Ortiz, el guerrerense Figueroa sí dejó la gubernatura.
La Corte acreditó plenamente por lo menos una docena de muertes de opositores durante las protestas que hubo en Oaxaca de junio a diciembre de 2006. Mientras tanto, la Comisión Civil Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos estima en 25 el número de personas fallecidas ese año a causa de sus ideas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta 20 en su informe. “Nosotros lo que queremos es que exista justicia, aunque sabemos que eso es muy difícil que se dé en un estado como Oaxaca”, dice en la sala de su casa, junto a un altar de su padre, Sheila García, la hija del profesor Serafín, asesinado a palos. “Pero la verdad —dice Sheila— creo que no va a haber justicia. Ya ve que ni la tuvo la familia del periodista (Brad Will). La única justicia que se puede esperar en Oaxaca es la justicia celestial”.
Integrantes de la APPO cargan el ataúd de Pánfilo Hernández, muerto el 20 de octubre de 2006 en el centro de Oaxaca. Foto: Daniel Aguilar/Reuters
IMPUNIDAD
Meses después de la muerte de Serafín García, en diciembre de 2004, Ulises Ruiz Ortiz asumió la gubernatura. En 2005, durante el inicio de su administración, algunos activistas y líderes sociales oaxaqueños agredidos fueron Pioquinto Becerra Ballesteros (muerto a golpes por policías), Miguel Herrera Lara (desaparecido) y César Toimil Roberts (ejecutado). Todos ellos operaban en la Cuenca de Tuxtepec y eran cercanos al ex gobernador José Murat, quien terminó convirtiéndose en adversario de su sucesor Ruiz Ortiz.
A lo largo de ese mismo año por lo menos otros seis opositores murieron en circunstancias no aclaradas aún. Además, el gobierno de Canadá aceptó otorgar asilo político a Raúl Gatica y a otros cinco activistas del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), tras acreditar que sus vidas corrían serios riesgos debido a los cuestionamientos y protestas que habían emprendido contra la administración estatal oaxaqueña. En 2006 las muertes continuarían. Los nombres de algunos de los fallecidos —los cuales se incluyen en el fallo de la Corte— son: Marcos García Tapia (7 de agosto), Andrés Santiago Cruz (9 de agosto), Pedro Martínez (9 de agosto), Pablo Martínez (9 de agosto), José Jiménez Colmenares (10 de agosto), Lorenzo San Pablo Cervantes (21 de agosto), Arcadio Fabián Hernández (2 de octubre), Jaime René Calvo (5 de octubre), Alejandro García (14 de octubre), Pánfilo Hernández (18 de octubre), Daniel Nieto Ovando (1 de octubre), Bradley Rolando Will (27 de octubre), Esteban Zurita (27 de octubre), Emilio Alonso Fabián (27 de octubre) Alberto López Bernal (29 de octubre), Fidel Sánchez García (29 de octubre) y Roberto Hernández López (29 de octubre).
La impunidad de los autores de las muertes es de récord. Hasta el momento no hay nadie en la cárcel a causa de estos asesinatos, salvo en el caso de Brad Will.
En octubre 28 de 2006 murió por disparos cerca de una barricada Esteban Zurita . Foto: Daniel Aguilar/Reuters
DISCRECIÓN
En entrevista, Lizbeth Caña Cadeza, procuradora de Justicia de Oaxaca en 2006, me dijo que el ex secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, y el ex director de la policía ministerial, Manuel Moreno Rivas, actuaron en distintas operaciones especiales contra opositores sin que ella lo autorizara ni estuviera enterada. “A raíz de las manifestaciones de 2006, todas las policías de Oaxaca, incluso la policía municipal, recibía indicaciones directas de Lino Celaya”, explicó la ex funcionaria del gobierno de Ruiz Ortiz. Durante la extensa entrevista efectuada en un café del zócalo oaxaqueño, Caña Cadeza me dijo: “Yo rechazo formar parte de una pandilla perversa como se quiere hacer ver”. El 22 de agosto de 2006, durante uno de los operativos que según la ex procuradora realizaron por cuenta propia Moreno Rivas y Celaya Luría, murió Lorenzo San Pablo Cervantes, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como también fueron baleados por policías sin uniforme los vehículos de los periodistas Edgar Galicia, de TV Azteca, y Luis Alberto Cruz, de MILENIO Diario. “Yo me entero de la noticia con Loret de Mola y en ese momento le hablé al teniente Moreno y le pregunté: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú interviniste? “Sí, yo intervine”, me dijo. ¿Y por qué no me avisaste? Le pregunté. Y le dije: La próxima vez que intervengas y no me des aviso, a ver cómo le haces porque es tu responsabilidad”.
Velatorio del profesor Emilio Alonso Fabián, muerto en octubre en una incursión policiaca nocturna. Foto: Arturo Bermúdez
CONSTANCIA
Al año siguiente, en mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron reportados como desaparecidos mientras realizaban reuniones en el centro de la ciudad de Oaxaca. Ante lo sucedido, el grupo guerrillero realizó meses después una serie de atentados contra instalaciones de Pemex. A la fecha, el paradero de ambos guerrilleros sigue siendo un misterio y la Comisión de Mediación, que se encargaba de auxiliar en las investigaciones, ha quedado disuelta.
Al año siguiente, los crímenes continuaron. Uno de ellos sucedió el 7 de abril de 2008. Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez, dos indígenas triquis que trabajaban en una radio comunitaria crítica del gobierno, fueron asesinadas en una emboscada. Aunque ambas recibieron semanas después el Premio Nacional de Periodismo como un homenaje a su labor, su muerte no ha sido esclarecida, reclaman sus familiares.
El lunes 6 de abril de 2009 fue asesinada Beatriz López Leyva, conocida activista de la costa oaxaqueña que había sido dirigente del PRD en San Pedro Jicayán y era una de las principales colaboradoras del senador Gabino Cué Monteagudo en la integración de comités ciudadanos del gobierno legítimo declarado por Andrés Manuel López Obrador. La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una persona y lo señaló como responsable del crimen, sin embargo, la hija de López Leyva, presente en el momento del asesinato, asegura que no se trata del hombre que mató a su madre. En un nuevo suceso, apenas el pasado 28 de agosto, el maestro de la Sección 22 del SNTE, Artemio Camacho, murió a balazos durante un enfrentamiento entre miembros del sindicato disidente y otros de la Sección 59, grupo magisterial cercano al gobernador.
Alberto López Bernal, asesinado el 29 de octubre en las barricadas de la APPO. Foto: Fernando Castillo/MicPhotoPress
Después de la tormenta
Oaxaca es el segundo estado más pobre del país. Ocupa el último lugar en abastecimiento de electricidad, drenaje, agua potable, pisos, vivienda, educación y un largo etcétera de carencias. La corrupción es el lastre de Oaxaca. El oaxaqueño suele pensar que todos los políticos, todos, roban. Que una persona llegue al gobierno significa que buscará mejorar su propia situación económica. Y luego hará lo demás.
Para el oaxaqueño promedio no hay una diferencia entre gobernar y robar. En lo absoluto. Y lo más curioso es que buena parte de la gente no ve mal esto, siempre y cuando “hagan algo por el pueblo, que repartan”. En los propios círculos del gobierno, si hubiera alguno que decidiera no participar en el saqueo, sería visto primero con rareza y luego con molestia. “Tú no aceptas dinero de nosotros porque seguramente te está dando dinero el PRD”, me dijo un funcionario de gobierno de Ulises Ruiz, al que le rechacé caballerosamente una invitación a viajar a las bellas bahías de Huatulco con todos los gastos pagados. La riqueza producto de ese buen negocio que es la política no se esconde. Entre las múltiples propiedades que tiene el gobernante está una mansión en Oaxaca y otra en la Ciudad de México, justo en el mismo barrio donde vive el empresario Carlos Slim. El gobernador de uno de los estados más pobres de México y el hombre más rico del mundo son vecinos. Y por aquello de cómo se puedan poner las cosas en el futuro, el gobernante decidió hace unos meses construirse una nueva casa. Tras los agitados sucesos de 2006, Ulises Ruiz Ortiz decidió comprarse un condominio de 255 mil dólares en la avenida 128 de Miami.
De acuerdo con la constancia 04-2028-071-0280 del registro público de la propiedad del estado de Florida, a la cual tuvo acceso M Semanal, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz es el nombre de la persona que adquirió en septiembre de 2007 el condominio multifamiliar. Un colaborador cercano al mandatario, quien pidió el anonimato, aseguró que el departamento es utilizado con regularidad por Ruiz Ortiz.
Diego Enrique Osorno
fuente- Semanal.milenio
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