MÉXICO, D,F., 8 de febrero (apro).- La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya memoria mancilló de manera vil.
Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero también a la nación entera que ha sido ofendida.
Si no tiene valentía de ir a esa ciudad ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, donde se guarece con la tropa.
Pero que lo haga sin simulaciones: Que públicamente confiese a las madres y familiares de los jóvenes asesinados el sábado 30 de enero que fue una estupidez atribuir el crimen de Villas de Salvárcar a una rivalidad entre pandillas de las que, según él, formaban parte.
Porque con el mismo impudor que lo hizo Fernando Gómez Mont, el pendenciero secretario de Gobernación que este lunes ofreció en Juárez que habría una disculpa pública, Calderón no consideró siquiera la presunción de inocencia de los muchachos en su declaración emitida desde Japón, tres días después de los hechos.
“No sabemos qué haya ocurrido ahí: Si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes, o si esto refleja una lógica de pandillas o bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.”
Así, para ese individuo, cualquiera de las dos variantes de esta ecuación arroja el mismo resultado: Los 16 jóvenes abatidos con balas de AK-47 y R-15, mientras disfrutaban carne asada en un domicilio particular, son criminales.
Aun si los muchachos hubiesen sido pandilleros, como los hay en cientos en tanto víctimas de la marginación, Calderón y Gómez Mont tampoco tienen derecho a justificar por ello la masacre, como lo ha hecho con al menos otras dos ocurridas en septiembre del año pasado, en las que fueron acribillados más de 30 adictos en dos centros de rehabilitación.
Por ello, tolerar no sólo el juvenicidio en Juárez sino la calumnia, sobre todo de quien se autodenomina jefe de Estado --ya se sabe que ilegítimamente--, implica convalidar el proceso de decadencia que sufre la nación, en la que, desde el poder, se han invertido los valores y las categorías, incluyendo las jurídicas.
Las víctimas pasan a ser delincuentes y los criminales gozan de un aura de santidad, algo inaceptable para quien tenga respeto por sí mismo. Menos aceptable es que la propia autoridad, con todo su poder, proceda contra inocentes sólo con afanes electorales o, por ineptitud, libere a bandoleros.
Y esto es lo que ha ocurrido en otro episodio de vergüenza del gobierno de Calderón: La liberación de 12 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán que hace ocho meses --justo en el proceso electoral-- fueron capturados por fuerzas federales, exhibidos con vestimenta amarilla y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.
Ahora que están libres, el muy personalísimo representante de Calderón, Gómez Mont, regatea ya no sólo una disculpa a los acusados, sino la propia presunción de inocencia. La falta de pruebas, dice, no quiere decir que los liberados sean inocentes. ¡Vaya lógica de quien es, junto con Diego Fernández de Cevallos, de los litigantes más costosos de México!
Pero, además, ese talante de Gómez Mont es la confesión nítida de la ineptitud: Con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos de las policías y procuraduría federales, así como los “soplones” del crimen organizado acogidos al programa de testigos protegidos, no fueron capaces de probar que esos funcionarios están coludidos con el crimen y, si lo están, los dejaron impunes.
¡Vaya papelazo!
En fin, qué se puede esperar de un gobierno encabezado por alguien que confunde la Biblia con la Constitución y asegura que en ésta se “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, argumento principal para que, en complicidad con el clero, su gobierno pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la unión entre personas del mismo sexo.
¡Ya ni los más obtusos panistas ni sus jilgueros en los medios son capaces de defender tales aberraciones!
fuente- proceso
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