Carlos Montemayor
A menudo los gobiernos mexicanos traducen toda movilización popular como manipulación y toda solución como represión, Este rasgo, típico de viejos gobiernos priístas, se ha agudizado en la administración de Felipe Calderón. Seguridad Nacional podría ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de una ponderación social; podría generar una útil información de vastos alcances políticos de reconocer que no deben desdibujarse las condiciones sociales que las acciones gubernamentales producen. No debe ser un apoyo para el endurecimiento público, sino un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Creer que detrás de todo movimiento campesino o urbano, que detrás de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacción el descontento social o sindical, sin suponer que hay errores graves en la conducción política o económica del país, es un error de seguridad nacional.
Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función, incluiría la detección de los posibles detonantes de la inconformidad social, detonantes que podrían abarcar desde decisiones del Presidente de la República hasta decisiones del agente del Ministerio Público presionado por el poder o el soborno. Las tareas de Seguridad Nacional no implican, como quizás desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o sindicatos insumisos tienen la culpa de la catástrofe del país.
Desde 2007 se inició un gran despliegue militar en muchas zonas rurales y urbanas del país en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico. Sin embargo, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas los contingentes del Ejército estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia. En regiones de Guerrero o Oaxaca se efectuó un desplazamiento encubierto del Ejército para hostigar a bases sociales inconformes o a bases posibles guerrilleras. En esta lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua el Ejército mostró un comportamiento igual al de la guerra sucia de los años setenta en perjuicio de la población civil; es decir, el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, se convirtieron en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes con una estrategia que pudiéramos llamar, precisamente, inteligente.
La insuficiencia estratégica y operativa en los servicios de seguridad nacional se deben a un error de análisis, pero también se acentúan por el sometimiento de las funciones de Seguridad Nacional a los intereses políticos de los grupos de poder en turno.
Las medidas represivas policiales o militares no siempre han logrado frenar los movimientos populares de inconformidad social. El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, en la sierra de Guerrero, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese año, en agosto, la masacre de veintisiete copreros en Acapulco desencadenó las acciones de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La represión policial y militar desplegada del 26 al 29 de julio de 1968 no frenó las pugnas estudiantiles, sino que dio origen al movimiento estudiantil de 1968. La represión del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México y en el estado de Nuevo León no detuvo la inconformidad popular; por el contrario, provocó el surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización esta última que en las décadas finales del siglo XX aportó la base de trabajo de la que surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La respuesta a la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, en Guerrero, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. Posiblemente conectada con el conflicto social de Oaxaca del año 2006, la desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 en perjuicio de dos militantes eperristas, Eduardo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, provocó devastadores atentados del EPR a oleoductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato los días 5 y 10 de julio de ese mismo año.
Ahora, con el país vuelto al revés por una lucha contra el narcotráfico mal conducida y sin salida; con la economía en recesión y un proyecto de egresos para 2010 sin seso y sin corazón, el ataque abierto al Sindicato Mexicano de Electricistas, en medio de la complaciente alianza con lacras sindicales del magisterio, Pemex y del Congreso del Trabajo, es un peculiar alarde del “poder del Estado”. No se escatima esfuerzo por apartar la inteligencia y la Seguridad Nacional de las decisiones políticas. No se escatima esfuerzo por alejar la paz y la justicia social en el presente y en el futuro inmediato del país. Difícil entender por qué al gobierno federal le bastan las campañas mediáticas y no los análisis de inteligencia. ¿Una nueva visión de Estado? ¿Una nueva demostración de que el Estado se derrumba?
A menudo los gobiernos mexicanos traducen toda movilización popular como manipulación y toda solución como represión, Este rasgo, típico de viejos gobiernos priístas, se ha agudizado en la administración de Felipe Calderón. Seguridad Nacional podría ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de una ponderación social; podría generar una útil información de vastos alcances políticos de reconocer que no deben desdibujarse las condiciones sociales que las acciones gubernamentales producen. No debe ser un apoyo para el endurecimiento público, sino un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Creer que detrás de todo movimiento campesino o urbano, que detrás de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacción el descontento social o sindical, sin suponer que hay errores graves en la conducción política o económica del país, es un error de seguridad nacional.
Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función, incluiría la detección de los posibles detonantes de la inconformidad social, detonantes que podrían abarcar desde decisiones del Presidente de la República hasta decisiones del agente del Ministerio Público presionado por el poder o el soborno. Las tareas de Seguridad Nacional no implican, como quizás desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o sindicatos insumisos tienen la culpa de la catástrofe del país.
Desde 2007 se inició un gran despliegue militar en muchas zonas rurales y urbanas del país en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico. Sin embargo, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas los contingentes del Ejército estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia. En regiones de Guerrero o Oaxaca se efectuó un desplazamiento encubierto del Ejército para hostigar a bases sociales inconformes o a bases posibles guerrilleras. En esta lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua el Ejército mostró un comportamiento igual al de la guerra sucia de los años setenta en perjuicio de la población civil; es decir, el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, se convirtieron en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes con una estrategia que pudiéramos llamar, precisamente, inteligente.
La insuficiencia estratégica y operativa en los servicios de seguridad nacional se deben a un error de análisis, pero también se acentúan por el sometimiento de las funciones de Seguridad Nacional a los intereses políticos de los grupos de poder en turno.
Las medidas represivas policiales o militares no siempre han logrado frenar los movimientos populares de inconformidad social. El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, en la sierra de Guerrero, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese año, en agosto, la masacre de veintisiete copreros en Acapulco desencadenó las acciones de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La represión policial y militar desplegada del 26 al 29 de julio de 1968 no frenó las pugnas estudiantiles, sino que dio origen al movimiento estudiantil de 1968. La represión del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México y en el estado de Nuevo León no detuvo la inconformidad popular; por el contrario, provocó el surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización esta última que en las décadas finales del siglo XX aportó la base de trabajo de la que surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La respuesta a la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, en Guerrero, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. Posiblemente conectada con el conflicto social de Oaxaca del año 2006, la desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 en perjuicio de dos militantes eperristas, Eduardo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, provocó devastadores atentados del EPR a oleoductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato los días 5 y 10 de julio de ese mismo año.
Ahora, con el país vuelto al revés por una lucha contra el narcotráfico mal conducida y sin salida; con la economía en recesión y un proyecto de egresos para 2010 sin seso y sin corazón, el ataque abierto al Sindicato Mexicano de Electricistas, en medio de la complaciente alianza con lacras sindicales del magisterio, Pemex y del Congreso del Trabajo, es un peculiar alarde del “poder del Estado”. No se escatima esfuerzo por apartar la inteligencia y la Seguridad Nacional de las decisiones políticas. No se escatima esfuerzo por alejar la paz y la justicia social en el presente y en el futuro inmediato del país. Difícil entender por qué al gobierno federal le bastan las campañas mediáticas y no los análisis de inteligencia. ¿Una nueva visión de Estado? ¿Una nueva demostración de que el Estado se derrumba?
fuente- la jornada
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