Oaxaca, 6 Oct (Notimex).- La dirigencia de la Sección 22 del SNTE, se pronunció en contra del proyecto de dictamen que emitió el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, en el que excluye de responsabilidad al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en la violación de las garantías individuales durante el conflicto de 2006.
Tras una reunión plenaria de la Comisión Política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presidida por Azael Santiago Chepi, secretario general del gremio, la dirigencia sindical señaló que la intención es mantener en la impunidad a los responsables de las violaciones durante el conflicto.
"Es evidente que los agresores se mantienen en la impunidad, que los responsables son protegidos", enfatizó Santiago Chepi.
Al mismo tiempo, cuestionó el proyecto de dictamen en el que se excluye de responsabilidad a Ruiz Ortiz y a los altos mandos policiacos que intervinieron durante las movilizaciones del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Prueba de ello, aseguró, es la "liberación" del cargo de Lizbeth Caña Cadeza, quien entonces se desempeñaba como procuradora de Justicia local, y hoy ostenta la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.
En esta misma situación, agregó, se encuentra el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y diputado federal, Jorge Franco Vargas, entonces secretario general de Gobierno.
"Lanzamos un rechazo enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que refrenda que las instituciones están violentando al pueblo o que no están respondiendo a su fin histórico, que hoy están simulando y protegiendo, en muchos casos, a quienes representan las esferas del poder", añadió.
El líder magisterial adelantó que en la próxima Asamblea Estatal, a realizarse el próximo fin de semana, el magisterio democrático analizará las acciones a realizar en caso de aprobarse dicho proyecto de dictamen.
Tras una reunión plenaria de la Comisión Política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presidida por Azael Santiago Chepi, secretario general del gremio, la dirigencia sindical señaló que la intención es mantener en la impunidad a los responsables de las violaciones durante el conflicto.
"Es evidente que los agresores se mantienen en la impunidad, que los responsables son protegidos", enfatizó Santiago Chepi.
Al mismo tiempo, cuestionó el proyecto de dictamen en el que se excluye de responsabilidad a Ruiz Ortiz y a los altos mandos policiacos que intervinieron durante las movilizaciones del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Prueba de ello, aseguró, es la "liberación" del cargo de Lizbeth Caña Cadeza, quien entonces se desempeñaba como procuradora de Justicia local, y hoy ostenta la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.
En esta misma situación, agregó, se encuentra el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y diputado federal, Jorge Franco Vargas, entonces secretario general de Gobierno.
"Lanzamos un rechazo enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que refrenda que las instituciones están violentando al pueblo o que no están respondiendo a su fin histórico, que hoy están simulando y protegiendo, en muchos casos, a quienes representan las esferas del poder", añadió.
El líder magisterial adelantó que en la próxima Asamblea Estatal, a realizarse el próximo fin de semana, el magisterio democrático analizará las acciones a realizar en caso de aprobarse dicho proyecto de dictamen.
fuente- SDP noticias
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