A pesar de que el gobierno federal lanzó una campaña de spots acusando a Luz y Fuerza del Centro de ineficiencia, cobros excesivos y hasta sugiriendo robo por parte de la paraestatal, la información sobre Luz y Fuerza del Centro en poder del ejecutivo federal fue puesta bajo reserva. Es decir, fue ocultada.
De acuerdo con La Jornada, cuando la cámara de diputados solicitó la información de LyFC para poder hacer un análisis sobre una posible controversia constitucional contra la liquidación de la paraestatal, la respuesta que recibió del ejecutivo fue que la Secretaría de Energía puso bajo reserva esta información.
No sólo eso. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Sener se amparó en el en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por este motivo se niega a dar la información.
Irónicamente, en 2003, cuando Felipe Calderón fue secretario de energía, ordenó que la Sener se amparara para que no le aplicara la ley de transparencia. Ese amparo fue declaradon inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios de 2006.
Los diputados federales ue buscan interponer la controversia constitucional señalan que los trabajadores de LyFC no fueron los responsables del quebranto de la paraestatal, por lo cual exigen al ejecutivo deslindar las responsabilidades correspondientes en base a la información sobre LyFC que ahora Calderón oculta.
Además, los diputados consideran que hubo una irregularidad al enviar primero a la policía a tomar las instalaciones de LyFC y después hacer el decreto de liquidación.
Finalmente, dice La Jornada, los diputados señalan que fue el Legislativo el que aprobó un presupuesto de 35 mil millones de pesos para LyFC, y por lo tanto debe ser parte de la decisión sobre cómo proceder con LyFC, ya que el ejecutivo no puede hacer uso discrecional de ese presupuesto, lo cual contravendría el artículo 74 constitucional.
De acuerdo con La Jornada, cuando la cámara de diputados solicitó la información de LyFC para poder hacer un análisis sobre una posible controversia constitucional contra la liquidación de la paraestatal, la respuesta que recibió del ejecutivo fue que la Secretaría de Energía puso bajo reserva esta información.
No sólo eso. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Sener se amparó en el en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por este motivo se niega a dar la información.
Irónicamente, en 2003, cuando Felipe Calderón fue secretario de energía, ordenó que la Sener se amparara para que no le aplicara la ley de transparencia. Ese amparo fue declaradon inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios de 2006.
Los diputados federales ue buscan interponer la controversia constitucional señalan que los trabajadores de LyFC no fueron los responsables del quebranto de la paraestatal, por lo cual exigen al ejecutivo deslindar las responsabilidades correspondientes en base a la información sobre LyFC que ahora Calderón oculta.
Además, los diputados consideran que hubo una irregularidad al enviar primero a la policía a tomar las instalaciones de LyFC y después hacer el decreto de liquidación.
Finalmente, dice La Jornada, los diputados señalan que fue el Legislativo el que aprobó un presupuesto de 35 mil millones de pesos para LyFC, y por lo tanto debe ser parte de la decisión sobre cómo proceder con LyFC, ya que el ejecutivo no puede hacer uso discrecional de ese presupuesto, lo cual contravendría el artículo 74 constitucional.
fuente- SDP noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario