El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se volvió a llevar el año en el Estado, pues los reflectores que en determinado momento quiso alejar de su figura siguieron estando a su lado.
El año de este personaje se puede dividir en dos partes. El 5 de julio del 2009, día en que se celebraron las votaciones para elegir diputados federales, marcan el fin e inicio de sus dos momentos en el año.
De enero al 5 de julio de 2009, URO anduvo demasiado activo, no solamente intentaba mejorar su imagen ante los medios de comunicación y demostrar que a tres años del conflicto en la ciudad de Oaxaca las cosas pintaban mejor o que al menos había regresado a los estándares anteriores al 2006. Considero que las cosas han regresado a estándares anteriores y que el avance hacia un sistema democrático ha vivido un in pass o simplemente comienza a demostrar que la posible transición a la democracia está al borde del naufragio.
Se puede sintetizar en unas cuantas palabras que URO tenía que andar activo hasta antes del 5 de julio, porque es el mejor operador político que tiene el PRI oaxaqueño y de los mejores a nivel nacional. Poco importa que se viole la ley o que se esconda ante los ciudadanos esta manera de actuar, pero el activismo de URO en el proceso electoral fue un factor que pesó más a favor del tricolor que en contra.
Después del 5 de julio, la mayoría de columnistas oaxaqueños consideraba que el gobernador iba a comenzar a desaparecer de los medios de comunicación local por decisión propia, pues se dedicaría al proceso de la sucesión. En efecto, todo apuntaba a que el retiro voluntario era una estrategia que el gobernador buscaba. Todo iba bien hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió su investigación sobre los eventos sucedido en Oaxaca en 2006 y 2007.
Cuando los medios locales –en su mayoría- señalaban que este era un mero trámite para el gobernador, el debate en la SCJN dio un giro inesperado para los actores que esperaban la resolución de la Corte. Ulises Ruiz Ortiz es culpable del 2006.
A 24 horas de que termine este 2009, los presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) siguen abandonando las cárceles donde estaban recluidos, demostrando que las cuestiones que les imputa el Estado Oaxaqueño no las ha podido comprobar. Nada está dicho sobre lo sucedió en Oaxaca y menos sobre las repercusiones que tenga la resolución de la Corte sobre Ulises Ruiz Ortiz, un gobernador que ya pertenece a las páginas negras del autoritarismo oaxaqueño.
fuente- adn sureste
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