México, 4 dic (EFE).- Miles de ex trabajadores y simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharon hoy en la capital mexicana en protesta por la liquidación de la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LyFC), a dos meses de que el Gobierno decretase su extinción.
Contingentes de organizaciones populares, sindicales y estudiantiles participaron desde temprano en una serie de protestas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, lo que generó atascos en el tráfico en varias avenidas.
Por la tarde, miles de manifestantes se concentraron en el céntrico Monumento a la Revolución para exigir la derogación del decreto presidencial de extinción de la empresa LyFC, así como la salida de los militares y policías de sus instalaciones.
También exigieron la reinstalación de los 44.500 trabajadores despedidos de la empresa y, finalmente la renuncia del presidente Felipe Calderón por el delito de "traición a la patria".
Las organizaciones sindicales, campesinas y sociales anunciaron también la creación de un nuevo frente denominado Movimiento Campesino Antineoliberal y Anticapitalista para el Diálogo Nacional.
Esta coalición se propone organizar una huelga política nacional "e incluso, una nueva insurrección popular" y dar un cambio de rumbo a las políticas económica y social del país.
El líder del SME, Martín Esparza, reiteró que con el decreto de extinción de LyFC se pretende entregar el sector eléctrico a empresas extranjeras.
Añadió que ya existe entre el sindicato y la Secretaría de Gobernación (Interior) un acuerdo para que se otorgue el servicio del Seguro Social a todos los ex trabajadores de la extinta LyFC.
Gracias a un plantón de mujeres que están en huelga de hambre desde hace un par de semanas "quedaron garantizados los servicios médicos para los electricistas" aseguró.
Esparza dijo que a partir del lunes próximo buscarán una negociación con la Secretaría de Gobernación.
El pasado 11 de octubre, el presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de LyFC, que atendía a 6 millones de clientes en el Valle de México con el argumento de ineficacia operativa y administrativa.
Sin embargo, los sindicalistas aseguran que su despido se debe a intereses políticos y económicos.
De los 44.500 ex trabajadores de al empresa extinta, más del 60% ya aceptó su liquidación con un bono extra ofrecido por el Gobierno federal, de acuerdo a las autoridades.
fuente- agencia efe
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