Mientras Andrés Manuel López Obrador se esfuerza en recomponer el desastre en el que han convertido a México los gobiernos prianistas, Felipe Calderón insiste en mantener las medidas que ha tomado su desgobierno con el único fin de proteger los privilegios de los que lo impusieron en el poder.
El día que Amnistía Internacional dio su último informe sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen los miembros del Ejército, sin reciben castigo alguno, Calderón emprendió una nueva defensa de la política de seguridad adoptada por su administración, y lo hizo justamente durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. El mismo titular de la CNDH, Raúl Plascencia, durante el acto de premiación, señaló que ha habido un incremento notable en las quejas por la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Pero Calderón ni ve ni escucha, sólo arremete contra las críticas a su gestión aun cuando vengan de los miembros de su partido. Su necedad refleja, además de una visión superficial y oportunista, que el verdadero objetivo de la lucha contra el narcotráfico es militarizar por completo al país para evitar la protesta social, que en los últimos meses ha dado muestras de una gran organización por parte de los trabajadores afectados así como de los ciudadanos solidarios con las causas justas.
En su tercera entrega a La Jornada, sobre la gira por Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador revela también la corrupción, los abusos, las irregularidades y las injusticias que cometen en el estado funcionarios estrechamente vinculados a Ulises Ruiz. La mayoría de ellos, después de haber ocupado cargos en su gobierno, como muestra de su impunidad, han pasado a ser diputados federales. En ese documento, Andrés Manuel describe la responsabilidad de Ulises Ruiz y de su grupo en los asesinatos de más de 20 maestros y simpatizantes de la APPO, que ha sido reconocida hasta por los indolentes ministros de la Suprema Corte. Y dice que no sólo se han dado estos lamentables casos, que hay muchos otros, como el ocurrido el 6 de abril de 2009, en Jicayán, donde fue cobardemente asesinada Beatriz López Leyva, coordinadora del Gobierno Legítimo, por denunciar la corrupción del presidente municipal.
Felipe Calderón intenta silenciar las denuncias, las críticas, las inconformidades, las recomendaciones de organismos internacionales, en fin, todo lo que hable de la realidad que él se niega a reconocer, motivo por el cual no podrá obtener ningún resultado favorable, ni para el país ni para los mexicanos.
fuente- SDP noticias
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