Un grupo integrado por un medio centenar de cooperantes, miembros de organizaciones internacionales y periodistas, intentaba repartirropa y alimentosentre los pobladores de San Juan de Copala, municipio autónomo hostigado y cercado por elementos armados.
La caravana estaba conformada por miembros del colectivo Vocal,del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano; maestros y concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); y un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía constatar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.
Reportes oficiales confirmaron que en la zona La Sabanafueron recogidos los cuerpos sin vida de la directora de la ONG Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Beatriz Cariño, y del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola.
Antero pertenecía a la organización finlandesa Uusi Tuuli Ry, que también formaba parte de la otra campaña, un movimiento simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Cariño fue una luchadora social de Oaxaca que participó activamente en el congreso constitutivo de esa entidad en Panamá en 2007.También formaba parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y en tal carácter había participado el 3 de diciembre del año pasado en un acto realizado frente a la embajada de Canadá en México. Era un acto de homenaje a Mariano Abarca, líder opositor contra la empresa minera canadiense Blackfire, asesinado días antes por sicarios en el estado de Chiapas.
Dijo ese día esta valiente mujer:"Estamos aquí para decirles a estas grandes empresas transnacionales, para decirles a estos malos gobiernos que están mal representando asus pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando. Que no vamos a permitir que la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos siga en juego. Es necesario como bien decía Mariano(Mariano Abarca, el activista asesinado en Chiapas)que vayamos trabajando juntos desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario hermanos y hermanas que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos, con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días para llevar el pan a la boca. Somos gente sencilla, somos gente pobre y somos gente campesina".
Por otro lado, en la emboscada resultó herida por arma de fuegoMónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia dela Cruz Roja al hospital ruralde Santiago Juxtlahuaca. Laambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares.
Entre los desaparecidos figuran Erika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de la revista “Contralínea”.También desaparecieron Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martín Sautan, un observador de nacionalidad alemana.
Los vehículos de la caravana recuperados por la policía estatal presentan daños y decenas de impactos de armas automáticas. El Dodge en el que viajaban los periodistas tiene 25 impactos de bala.
Según varios activistas de la región, se trata de un mensaje aterrador del fascismo internacional. Primero impusieron bases militares en Colombia y Panamá, luego invadieron Haití aprovechando la miseria y el dolor de la gente afectada por el terremoto; después derrocaron el gobierno de Honduras y ahora construyen aparatos de seguridad desde los Estados represivos para perseguir y asesinar a los luchadores sociales.
Acusan al gobernador de Oaxaca
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) denunció que laorganización vinculada con el PRI denominadaUnidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) son las responsables del ataque.
El municipio autónomo de San Juan Copala en la zona Triqui se encuentra cercado desde eneropor un retén paramilitar de la UBISORT, grupoque ha sido denunciado como responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. El cerco paramilitar impide la realización de las actividades escolares y ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio en el intento de impedir el autogobierno ejercido por el municipio autónomo declarado por los pobladores indígenas de la zona.
En Oaxaca y en diversos lugares de México se han levantado voces de protesta por el ataque paramilitar contra la caravana humanitaria. Frente a la Secretaria de gobierno del estado, manifestantes exigieron la intervención federal y reclamaron justicia. Uno de los oradores,Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la emboscada "fue un acto premeditado orquestado por los grupos paramilitares que tiene bajo su tutela el gobierno de Ulises Ruiz".
El gobernador Ulises Ruiz afirmó que no tiene ningún vínculo con la emboscada y asesinatos, afrontando con esa frase las múltiples denuncias que lo señalan como responsable del ataque.
Por la connivencia y falta de acción para resolver los problemas y las dificultades enfrentadas por las comunidades indígenas de la región, también están siendo responsabilizados por los actos criminales el procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez; el secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas y el candidato a diputado local por el PRI Carlos Martínez.
Este nuevo hecho de violencia es intencionalmente mimetizado desde el gobierno y por medios de comunicación con las acciones de lo que denominan "crimen organizado", o la brutal injerencia de los sicarios ligados con el narcotráfico en Ciudad Juárez y en otros estados del país. Pero en realidad, estos hechos son parte de las operaciones represivas que intentan anular las acciones legales y pacíficas organizadas por entidades de la sociedad civil.
Sin excepción, los conflictos sociales no encuentran cauces de negociación y suelen ser tratados como"asuntos de orden público".Chiapas, Atenco y Oaxaca son ejemplos de cómo el poder criminaliza a los opositores y les reprime con violencia desmedida con la intención de paralizar por el miedo cualquier tipo de protesta social.
El gobierno federal ha iniciado un proceso gradual de militarización del país, pero no solo donde ha perdido prácticamente el control, como ocurre en Ciudad Juárez, sino también en regiones donde existen movimientos indígenas, campesinos o urbanos que demandan diversas reivindicaciones, mejoras sociales o derechos políticos.
El mismo día del violento ataque en Oaxaca, el Senado de la República aprobó una "Ley de Seguridad Nacional" que permite a Ulises Ruiz o a cualquier otro gobernador solicitar la presencia del ejército en su estado. Y además, otorga al Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de determinar el área geográfica de actuación y el tiempo de permanencia de esas fuerzas militares en el lugar asignado.
El presidente de ese Consejo es Genaro García Luna, imputado por la represión y de los crímenes en San Salvador Atenco. La justicia mexicana nunca encontró responsables de los homicidios, secuestros, detenciones ilegales y abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en aquellos hechos represivos. Y ahora este "experto" en Seguridad es quien preside el Consejo Nacional del gobierno federal que preside Felipe Calderón.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Méxicoexigió que el gobierno federal informe sobre los hechos, garantice la atención a los heridos yencuentre a los desaparecidos. También solicitó una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala.
"Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana de observación de derechos humanos en la Agencia de San Juan Copala y a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui", indica el texto del Alto Comisionado.
Amnistía Internacional (AI) urgió a las autoridades mexicanas investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión de observadores de derechos humanos que se dirigían a San Juan Copala, Oaxaca. En un comunicado, la organización demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque "las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a investigar violaciones graves a los derechos humanos en el estado". Pidió a la dependencia proteger a los afectados por el ataque.
Para responsabilizar al gobierno por el ataque en la región de La Sabana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos inició una campaña internacional de envío de una petición. En la página virtual de la red (http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=89) es posible llenar el documento con nombre y e-mail y enviarlo a todos los que están siendo señalados como actores conniventes y encubridores del atentado.
Con datos de SERPAL, Adital y Notimex.
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