Fabiola Martínez
La Secretaría de Gobernación afirmó que la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados.
“Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”, señaló.
Las fuerzas armadas, agregó, han tenido que “remover bloqueos organizados por grupos criminales en las principales carreteras de Tamaulipas, así como enfrentamientos y ataques a instalaciones militares”.
De acuerdo con la versión del gobierno federal, el pasado 3 de abril personal de la octava Zona Militar recibió información de que había ocurrido un enfrentamiento entre presuntos delincuentes sobre la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, por lo que procedió a hacer una verificación terrestre.
Derivado de los “enfrentamientos, en la secuencia de las agresiones” fallecieron los menores Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar de nueve.
El gobierno federal, señaló el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos “en este enfrentamiento”.
El funcionario no hizo referencia a algún tipo de indemnización para los deudos. Precisó que está en curso la investigación de los hechos “para que, en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública”.
Detalló el desarrollo del enfrentamiento y reconoció que durante las semanas recientes han aumentado las agresiones del crimen organizado contra la sociedad y los militares.
Presente en la conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dijo que el fallecimiento de los niños es un hecho que “nos duele muchísimo, de verdad, pero también el Ejército está haciendo su tarea; está cumpliendo cabalmente con México”.
Justificó que la muerte de los menores (que viajaban con sus padres en una camioneta rumbo a la playa de Matamoros) ocurrió en un contexto “en el que hubo fuego cruzado, porque había también, en ese retén, la presencia de delincuentes en otros vehículos”.
Sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones y confió en que “pronto” la Procuraduría General de la República atraiga el caso.
Gómez Mont señaló que estos temas “sí duelen, lastiman, preocupan y angustian, pero tienen qué ser enfrentados.”
Aquí, a todos nos quedó claro –agregó– que ya no funciona cerrar los ojos ni cerrar la boca; aquí hay que darle frente a los problemas, no hay de otra. El que me tenga mejor alternativa que le pueda contar a sus hijos, por ahí está la mía, órale. ¿Pero otras? Sin hipocresías, ¿no?
fuente- la jornada
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