En lo que va de año, tres periodistas han perdido la vida y cuarenta y seis han sido agredidos de una u otra forma en México en el desempeño de su labor profesional, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Las agresiones comprenden detenciones arbitrarias, allanamiento, intimidación y trato cruel o degradante, entre otros. Los territorios que concentran más situaciones de esta clase son Oaxaca (27%, sur), Veracruz (27%, Golfo de México), Distrito Federal (23%, centro), Nuevo León (14%, norte) y Michoacán (sur, 9%).
La institución ha abierto expedientes de investigación en diecisiete de los casos, mientras que el resto de quejas reportados no caen bajo la competencia del organismo.
El informe no comprende los reclamos interpuestos ante organismos de derechos humanos de los diferentes estados de México.Las amenazas por parte del narcotráfico, principalmente, han motivado que los medios mexicanos extremen sus precauciones en algunos estados y demanden a las autoridades que acaben con la impunidad del crimen.Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el año pasado fueron asesinados en México cuatro periodistas en el ejercicio de su labor, mientras que decenas más fueron amenazados.En el mismo período de los años 2007 y 2008 se produjeron respectivamente 18 y 19 agresiones a informadores, apuntó la CNDH.
El organismo reseñó que este año emitió dos recomendaciones sobre casos que tienen que ver con periodistas.Uno de ellos afecta a la investigación sobre el asesinato en 2003 del informador Rafael Villafuerte Aguilar en Guerrero (sur), cuya investigación, según el organismo, no se ha llevado a cabo de forma adecuada.El otro compete a la retención por parte de agentes de policía en 2005 de la periodista Lydia Cacho, que la CNDH acreditó como tortura, violación del derecho a la salud, a la legalidad y a la libertad de expresión.Cacho denunció en un libro una trama de pederastia en el Caribe mexicano que implicó a empresarios y políticos, y se convirtió en una reconocida figura pública por su labor activista y de denuncia.
La Suprema Corte mexicana falló en contra de decretar su caso como una violación grave a los derechos humanos, lo que provocó gran indignación social.
La CNDH emitió en marzo, más de un año después de la sentencia, una recomendación a los gobernadores de los estados de Puebla (centro) y Quintana Roo (sur) para que investiguen los presuntos abusos y torturas a los que fue sometida Cacho.
fuente- terra
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