Arturo Gómez / El Sol de MéxicoCiudad de México.- Ante un clima de violencia exacerbada y creciente impunidad, México ya no puede darse el lujo de tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos acotada y carente de facultades para investigar y dar seguimiento legal a violaciones graves de las garantías individuales, señaló la diputada federal Omeheira López Reyna.La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cámara baja dijo que no puede perderse más tiempo en dotar a esa institución del andamiaje jurídico para adecuar su actuación acorde con los tratados internacionales que México tiene firmados en la materia y fortalecer su acción en la denuncia, seguimiento y resolución de las quejas y demandas.En entrevista, adelantó que en breve se presentarán diversas iniciativas no sólo para robustecer a la CNDH sino para que la protección de los derechos humanos se convierta en una política de Estado."El propósito es garantizar que toda denuncia o queja sean cabalmente ventiladas en las instancias judiciales y que todo infractor sea sancionado", enfatizó.Omeheira López aceptó que a muchos no satisface el reciente informe de José Luis Soberanes en diez años al frente de la CNDH, en el que se recibieron 36 mil denuncias, de las cuales 457 fueron atendidas y sólo 12 por ciento fueron concluidas. "Efectivamente, hay grandes rezagos que ya no debemos permitir y de ahí la necesidad de subir a tribuna las iniciativas necesarias para el fortalecimiento y plena autonomía de la institución", dijo.Expuso que un ejemplo de aberraciones inexplicables que limitan la autonomía de la CNDH, es que el nombramiento de los presidentes de las comisiones estatales dependa de los propios gobernadores, que de esa forma se convierten en juez y parte cuando la mayoría de las violaciones a los derechos humanos son de índole estatal.Un claro ejemplo, dijo, es el creciente número de denuncias por cateos ilegales y detenciones arbitrarias por parte de elementos del Ejército en sus operativos contra el narcotráfico.Apuntó que otro gran rezago que debe ser atendido en lo inmediato es armonizar la legislación mexicana con los tratados internacionales, para no dar lugar a interpretaciones creativas que limitan el actuar de las instancias de procuración de justicia contra quienes incurren en prácticas lesivas violatorias de los derechos humanos."El trabajo por delante debe ser intenso y para el caso se trabaja con las diferentes fracciones parlamentarias para promover las iniciativas de ley necesarias que permitan revitalizar a la CNDH y otorgarle mayores facultades, incluso para ejercitar acción penal en situaciones graves de violación a las garantías individuales", precisó.* Pobres resultadosAntonio López Ugalde, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien recién presentó un estudio sobre el desempeño y resultados de la CNDH, calificó de pobre y frustrante la actuación de la institución que -de acuerdo a Soberanes- en 2008 recibió seis mil denuncias, de las cuales fueron atendidas 428 y sólo 69 de ellas ameritaron una "recomendación".Expresó que frente al gran número de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y fuerzas policíacas, denuncias por negligencia médica y discriminación, las "recomendaciones" emitidas se quedan cortas y son prueba de que la CNDH no está cumpliendo con la responsabilidad para la que fue creada.Ugalde asentó que lo único que ha hecho muy bien la CNDH es promover su presupuesto, que entre 1999 y este año aumentó 335 por ciento, para un ejercicio de 886 millones de pesos que no justifican su pobre labor en defensa de los derechos humanos.* Las quejas y denunciasEn su informe anual presentado a mediados de marzo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el doctor José Luis Soberanes precisó que del total de quejas, mil 230 fueron contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mil contra el IMSS, 770 contra la Procuraduría General de la República, 284 contra la Policía Federal Preventiva y 258 contra el Instituto Nacional de Migración.A ese respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con estudios de organizaciones civiles mexicanas (Fundar, Cejil y CMDPDH), señala que del total de mil 230 denuncias contra elementos castrenses, que implican cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas, ninguna de ellas se investigó ni se tiene conocimiento de que fueran remitidas al fuero militar, donde el Ejército se convierte en juez y parte.Según el reporte, en los últimos dos años se sextuplicaron las denuncias contra elementos de las fuerzas armadas por violación a los derechos humanos, que pasaron de 182 a mil 230; sin embargo, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada diez averiguaciones previas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles.Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que ante la creciente violación de las garantías individuales por parte de elementos del Ejército, es urgente modificar el texto del Código de Justicia Militar para suprimir el fuero militar y los presuntos infractores sean juzgados de manera objetiva e imparcial.Explicó que el sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad por depender directamente del Poder Ejecutivo, con jueces y otros funcionarios nombrados al mando de la Secretaría de la Defensa, misma que puede decretar el desistimiento de la acción penal por razones discrecionales, lo que eleva considerablemente el índice de impunidad.* Actuación complacienteUn reporte de Human Rigths Watch (HRW) califica de complaciente y decepcionante la labor de la CNDH ante el sinnúmero de agravios que cada día se cometen en contra la población por parte de los elementos del Ejército y las fuerzas policíacas asignadas a labores de vigilancia.Sostiene que el trabajo de la CNDH ha sido en extremo deficiente porque no ejerce su mandato al máximo, abandona los casos que documenta y tolera prácticas abusivas, como son los casos de violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas.Además, puntualiza HRW, en diez años de gestión, Soberanes no asumió su facultad para promover cambios a la legislación acordes con los tratados internacionales en la materia, por lo que hay extrema discrecionalidad en las acciones de protección a las garantías individuales.Por su parte, Amnistía Internacional sostiene que es incomprensible que continúen las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y no se tenga una explicación al respecto y que en pleno siglo XXl se tolere la tortura para obtener confesiones de presuntos delincuentes, además de que nada se haya hecho por mejorar las condiciones de hacinamiento en las saturadas cárceles del país. Tan sólo, subraya, en los centros penitenciarios del Distrito Federal se tienen 39 mil reclusos, frente a una capacidad de apenas 17 mil.Ante tal complacencia y pasividad, la fracción del PRD en el Congreso anunció que presentará una iniciativa para transparentar y fiscalizar las acciones de la CNDH y para que amplíe su acción jurisdiccional, es decir, que pueda ejercitar acción penal en caso de violaciones graves a los derechos humanos, además de que el próximo presidente de la institución, que sustituya a Soberanes, demuestre abierta capacidad y compromiso en la defensa de las garantías de los sectores más vulnerables
fuente- el sol de Mexico
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