CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
Los cientos de presos políticos que llenan las cárceles de este país son la demostración evidente del autoritarismo que distingue al régimen calderonista, ocurriendo que no puede existir un ejemplo más contundente para exhibir el carácter hueco y retrógrada de la “transición democrática” encabezada por la derecha mexicana y convenencieramente ensalzada por los partidos políticos y grupos económicos que de ella se han beneficiado.
Los presos políticos que hoy llenan las cárceles han sido privados de su libertad, en todos los casos e independientemente de los métodos que hayan reivindicado, por defender los derechos más fundamentales que la Constitución Federal reconoce en favor de cualquier ser humano; haciéndose palpable que el Estado mexicano es un violador constante de los derechos humanos, ajeno a las formas y procedimientos democráticos que supuestamente habrían de otorgar fundamento a un régimen de gobierno republicano y democrático que, en el triste caso del México contemporáneo, no es otra cosa que la coartada ideal para la imposición de las más atroces políticas neoliberales a partir de las decisiones que adopta una reducida camarilla integrada por políticos, empresarios, jerarcas religiosos e intelectuales orgánicos del gran capital.
La forma vil en que han sido tratados los 13 compañeros presos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), particularmente Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, recluidos, incomunicados y privados de sus derechos básicos, como reos de alta peligrosidad, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, nos muestra cuán hondamente ha sido prostituida la justicia y mancilladas las garantías constitucionales con el abyecto propósito de satisfacer los intereses y los apetitos vengativos de una oligarquía neoliberal cada día más soberbia, cruel y ambiciosa. De hecho, Ignacio del Valle purga actualmente una sentencia por 112 años, en tanto que Galindo y Alvarez fueron sentenciados a 67 años de cárcel.
Sin embargo, esta vileza de Estado mostrada en los casos del FPDT, se repite en Ayutla, Guerrero, con el caso reciente del asesinato de los naa savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos; y con la persecución contra la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, que hace algunas semanas consiguió la liberación de cuatro de sus integrantes –uno sigue preso todavía– acusados de haber asesinado a un informante del Ejército, cuando la realidad es que se trata de defensores de los derechos humanos.
Vileza que se repite en el injusto proceso penal seguido en contra de los otrora mandos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, quienes a pesar de haber desvanecido las principales acusaciones en su contra siguen presos merced a los artilugios y mañas de las autoridades ministeriales y judiciales. Vileza que se ahonda con los presos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la desaparición forzada de los integrantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o la detención y tortura, el pasado 13 de abril, de seis indígenas tzeltales, habitantes del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas y adherentes a la Otra Campaña.
En dicha tesitura resulta crucial para la lucha verdaderamente democrática de nuestros pueblos y para la salud entera de la Nación, la inmediata liberación de todos los presos políticos que hay en México, la presentación con vida de quienes han sido desaparecidos por fuerzas militares o paramilitares gubernamentales y el esclarecimiento de los asesinatos perpetrados en contra de defensores de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes indígenas a lo largo y ancho del país, incluido, por supuesto, el castigo de los responsables.
En vísperas de las próximas y seguramente anodinas jornadas electorales es importante recordar que sin justicia y libertad la democracia no es más que una charada.
Los cientos de presos políticos que llenan las cárceles de este país son la demostración evidente del autoritarismo que distingue al régimen calderonista, ocurriendo que no puede existir un ejemplo más contundente para exhibir el carácter hueco y retrógrada de la “transición democrática” encabezada por la derecha mexicana y convenencieramente ensalzada por los partidos políticos y grupos económicos que de ella se han beneficiado.
Los presos políticos que hoy llenan las cárceles han sido privados de su libertad, en todos los casos e independientemente de los métodos que hayan reivindicado, por defender los derechos más fundamentales que la Constitución Federal reconoce en favor de cualquier ser humano; haciéndose palpable que el Estado mexicano es un violador constante de los derechos humanos, ajeno a las formas y procedimientos democráticos que supuestamente habrían de otorgar fundamento a un régimen de gobierno republicano y democrático que, en el triste caso del México contemporáneo, no es otra cosa que la coartada ideal para la imposición de las más atroces políticas neoliberales a partir de las decisiones que adopta una reducida camarilla integrada por políticos, empresarios, jerarcas religiosos e intelectuales orgánicos del gran capital.
La forma vil en que han sido tratados los 13 compañeros presos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), particularmente Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, recluidos, incomunicados y privados de sus derechos básicos, como reos de alta peligrosidad, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, nos muestra cuán hondamente ha sido prostituida la justicia y mancilladas las garantías constitucionales con el abyecto propósito de satisfacer los intereses y los apetitos vengativos de una oligarquía neoliberal cada día más soberbia, cruel y ambiciosa. De hecho, Ignacio del Valle purga actualmente una sentencia por 112 años, en tanto que Galindo y Alvarez fueron sentenciados a 67 años de cárcel.
Sin embargo, esta vileza de Estado mostrada en los casos del FPDT, se repite en Ayutla, Guerrero, con el caso reciente del asesinato de los naa savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos; y con la persecución contra la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, que hace algunas semanas consiguió la liberación de cuatro de sus integrantes –uno sigue preso todavía– acusados de haber asesinado a un informante del Ejército, cuando la realidad es que se trata de defensores de los derechos humanos.
Vileza que se repite en el injusto proceso penal seguido en contra de los otrora mandos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, quienes a pesar de haber desvanecido las principales acusaciones en su contra siguen presos merced a los artilugios y mañas de las autoridades ministeriales y judiciales. Vileza que se ahonda con los presos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la desaparición forzada de los integrantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o la detención y tortura, el pasado 13 de abril, de seis indígenas tzeltales, habitantes del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas y adherentes a la Otra Campaña.
En dicha tesitura resulta crucial para la lucha verdaderamente democrática de nuestros pueblos y para la salud entera de la Nación, la inmediata liberación de todos los presos políticos que hay en México, la presentación con vida de quienes han sido desaparecidos por fuerzas militares o paramilitares gubernamentales y el esclarecimiento de los asesinatos perpetrados en contra de defensores de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes indígenas a lo largo y ancho del país, incluido, por supuesto, el castigo de los responsables.
En vísperas de las próximas y seguramente anodinas jornadas electorales es importante recordar que sin justicia y libertad la democracia no es más que una charada.
fuente- la jornada
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