sábado, 15 de agosto de 2009

Repudio general a la afirmación de magistrados de la SCJN de que en Oaxaca no hubo violaciones a garantías individuales en el conflicto del 2006

Rafael Bermúdez Santiago/ LA HORA
Generalizado el repudio, político y social, a la afirmación de magistrados de Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que no hubo violaciones a derechos y garantías individuales en el conflicto del 2006 en Oaxaca porque el uso de la fuerza pública del gobierno estatal y federal fue legítimo y en consecuencia el movimiento magisterial y popular son los únicos responsables de la violencia ocurrida en esa fecha.
De su lado, el secretario General del Comité Seccional del magisterio oaxaqueño, Azael Santiago Chepi, calificó de aberrante tal aseveración cuando el movimiento magisterial y popular del 2006 fue víctima de la brutal represión ejercida por las fuerzas policiacas, estatales y federales, por lo que a nombre de la Sección 22 manifiesta su más enérgico rechazo y manifiesta su total desaprobación ante tales declaraciones.
Consideró en consecuencia Santiago Chepi, en un comunicado y luego en entrevista, que el supuesto análisis de la investigación hecho por estos encubridores pone de manifiesto el vínculo de complicidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene con los dueños del dinero y quienes ejercen el poder mediante la violencia en nuestro país, en vez de responder a los reclamos de equidad del pueblo a quienes representan, puesto que señalan como responsables de los acontecimientos a la Sección 22 y a la Asamblea Popular.
Asimismo, reclama el dirigente, estos ministros tratan de minimizar las magnitudes del conflicto al precisar que “sólo hubo el deceso de 11 personas, cuando a consecuencia de la ingobernabilidad generada por las políticas fascistas del Gobierno del Estado, más de 20 compañeros fueron asesinados a sangre fría”.Además, dice, es absurdo que estos magistrados señalan en su informe preliminar, que por el levantamiento de barricadas las cuales sirvieron al movimiento como defensa ante los ataques de la llamada caravana de la muerte “que día a día y noche a noche disparaban contra nosotros”, se violaron derechos constitucionales.
Los define como encubridoresAseguran estos encubridores, señala el documento, que el movimiento magisterial y popular violó las garantías individuales de los ciudadanos de la capital, al no permitirles el libre tránsito, el cierre de negocios y el derecho a la información por la toma de las radiodifusoras, omitiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, así como la Comisión Civil Internacional y varios organismos más señalaron que el único “responsable de los sucesos del 2006 fue el mal gobierno priista de Ulises Ruiz”.
Por tanto, la Sección 22 del SNTE exige al pleno de la SCJN asuma como Alto Tribunal su responsabilidad de impartir de manera veraz e imparcial la justicia, puesto que actos como los ocurridos en Atenco y Oaxaca no pueden pasar desapercibidos y mucho menos encarpetados, ya que sería un elemento más para evidenciar que la única manera de lograr un Estado de Derecho real, con libertad, igualdad, democracia y justicia para todos no lo constituye el respeto a las instituciones, sino la insurgencia y la toma del poder por el pueblo explotado.
Finalmente se hace un llamado al Magisterio democrático de la Sección 22, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a la ciudadanía en general a no permitir que la descalificación a nuestras acciones legítimamente establecidas y la impunidad sean lo que se establezca como práctica común en nuestra entidad.Y advierte: “es el momento de avanzar consolidando el poder del pueblo y para el pueblo, mismo que en conjunto con el Magisterio construyan un mejor futuro para los oaxaqueños y todos los mexicanos”.
En conferencia de prensa el dirigente magisterial, Santiago Chepi, exigió que el órgano de justicia asuma su responsabilidad y rectifique tales aseveraciones, a fin de castigar a “los verdaderos culpables”, al calificar estos hechos como una campaña de agresión contra el movimiento magisterial y popular.Lamentó y rechazó consecuentemente el tantas veces repetido informe de los magistrados, dejando entrever el líder que este tipo de informes sólo revelan “que se actúa a favor del Gobierno y se opta por la impunidad”.

Instala la APPO mesa de denuncia en el zócalo
Por lo pronto, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), instalaron una mesa de denuncia en el zócalo de la ciudad, en el marco de su movilización por la justicia y el castigo a los asesinos de Lorenzo San Pablo Cervantes, a tres años de su muerte.
Igualmente lo hacen en enérgico rechazo al informe previo de los magistrados que vinieron a Oaxaca a investigar a nombre de la SCJN los hechos de viol3ncia ocurridos en la lucha magisterial y popular del 2006, quienes concluyen con una definición parcial a favor del gobierno estatal y federal, y acusando a la APPO de violentar el estado de derecho en Oaxaca.
Igualmente exigen el castigo a los responsables de más de 26 asesinatos ocurridos en ese lapso y en contra de militantes de su organización; tanto como para pedir la libertad de presos políticos, cancelación de ordenes de aprensión; la presentación con vida de los desaparecidos y una indemnización, para todos los familiares de los caídos.

Aplaude líder del Congreso el sentido que lleva la resolución de la SCJN

Al señalar que “si hubo excesos en la APPO que se castiguen”, el líder priísta del Congreso local, Herminio Cuevas Chávez, aplaudió a nombre de la bancada tricolor el sentido de la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la violencia ocurrida en el 2006 en Oaxaca.
Entrevistado por la prensa local, Cuevas Chávez también se refirió al caso del crimen del periodista norteamericano de Intimedia, Brad Hill, al darse a conocer las conclusiones de las investigaciones realizadas, por encargo, de los presuntos especialistas canadienses, que, dijo, “se empatan con los resultados de las investigaciones tanto de la PGR y la PGJE.
Estas conclusiones, sostuvo el legislador y presidente de la Cámara local de diputados, “dan certidumbre a la sociedad sobre el proceder del Gobierno del Estado.y con las instancias federales de la Suprema Corte, del Tribunal, en los dictámenes que están emitiendo”, dijo.
No hubo excesos para contener movilizaciones y actos ilegales, dice
Precisó que en base a los avances del fallo de la SCJN,se advierte que por parte de la fuerza pública estatal, no hubo excesos para contener las movilizaciones y actos al margen de la legalidad, porque en todo momento se buscó mantener el orden social durante los momentos más álgidos del conflicto; “los excesos se presentaron de la otra parte, del magisterio y la APPO”, señaló.
Advirtió el líder casmeral que el Congreso estatal apoyaría sanciones para quienes se extralimitaron en sus derechos, al precisar que “si hubo exceso en este tema, yo creo que hay que castigarlos,”, sentenció.Hemos fijado como Congreso nuestra posición, señaló Herminio Cuevas, y también hemos acatado la disposición de los tribunales, acotó, al tiempo que se refirió al tema sobre las sanciones que habrá que aplicarse al Ejecutivo estatal, Ulises Ruiz Ortiz, en el caso que aún no le ha dado vista el IFE, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrió en el pasado proceso electoral.“Lo anterior, para saber sí utilizó recursos públicos para promover su imagen, durante la contingencia sanitaria contra la influenza y en donde se utilizaron Unidades Móviles para el Desarrollo”, dijo.
Preparan movilizaciones APPO y MagisterioFinalmente tanto la APPO como la Sección 22 preparan ya movilizaciones próximamente, así lo dio a conocer el asesor jurídico de la APPO, Gilberto Hernández, quien adelantó que llevarán a cabo marchas y plantones permanentes, con el fin de pronunciarse en contra del informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los hechos sangrientos del 2006.“Estamos repudiando el informe tendencioso presentado por los magistrados de la Corte del país, el informe esta fuera de la realidad de los hechos del periodo que comprendió la averiguación” sostuvo el abogado.
Por ello estamos afinando los últimos detalles de un nuevo plan de acción que consiste en un plantón a las afueras de la Suprema Corte en la ciudad de México, además de una marcha y plantón simultáneo en la capital de Oaxaca. Aseguró que las fechas de estas movilizaciones se habrán de definir muy pronto, e igualmente se están preparando otras acciones para recordar los acontecimientos del mes de agosto de hace 3 años, dijo, las cuales estaremos dando a conocer próximamente, finalizó.
fuente- la hora de oaxaca

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