Fernando Camacho Servín
Sin lugar a dudas, y con todos los elementos para afirmarlo tal como es, lo que sucedió en Oaxaca en 2006 fue un operativo de represión ordenado por las más altas esferas del poder estatal, una agresión descarada contra un movimiento social pacífico, que no debe quedar impune.
De esa manera se expresó en entrevista con La Jornada el investigador José Sotelo Marbán, autor del libro Oaxaca: insurgencia civil y terrorismo de Estado (Ediciones Era), en el que explora los motivos que generaron el estallido social en la entidad del sur del país y la forma en que el gobernador Ulises Ruiz pretendió sofocarlo mediante el uso de la violencia.
El estudio, prologado por el escritor y analista Carlos Montemayor, reúne buena parte de las conclusiones a las que llegó el grupo de intelectuales, académicos y defensores de los derechos humanos –entre ellos el propio Sotelo– que integraron el llamado tribunal popular, instancia que condenó de manera simbólica al mandatario oaxaqueño “por sus abusos y crímenes”.
Luego de recopilar abundantes datos sobre la represión ejercida por la policía y diversos grupos clandestinos paramilitares, el investigador señala que las autoridades incurrieron en el “terrorismo de Estado” para someter a los activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Al utilizar de manera desmedida los cuerpos de seguridad para fines “no legítimos e incluso criminales”, se produce el terrorismo de Estado, como ya se perfiló en algunas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó Sotelo.
El gobierno de Ulises Ruiz “ya era ilegítimo de origen, pues nunca hubo certeza de que ganara las elecciones de manera limpia, pero lo más grave es cómo después ejerció el poder, confrontando de manera violenta a las organizaciones populares, lo cual va más allá de las facultades de un Estado civilizado”.
A esta situación, de por sí grave, se suma un factor más: el sistema local de justicia operó de forma consciente para inculpar y criminalizar a las víctimas de la represión oficial. “Todas estas características hacen que se pueda hablar con toda propiedad de terrorismo de Estado, que enfrentó a una insurgencia popular pacífica totalmente ejemplar.”
Uno de los engranajes para que todo esto sucediera sin generar demasiadas reacciones de indignación fueron los medios informativos. El papel de éstos “fue absolutamente crucial. Los medios, en este momento, ya forman parte de una estrategia de guerra”, acusó el autor.
La prensa nacional, en su mayoría, “nos vendió una idea totalmente equivocada de lo que ahí sucedía. Si los grupos paramilitares del gobernador quemaban un autobús, de inmediato la prensa decía: ‘ésos, los de la APPO, son unos bárbaros’, lo cual suscitó el rechazo de la población, que no quería tener nada que ver con extremistas”.
Como resultado de esa labor cotidiana de desprestigio, los activistas no lograron explicar el sentido de sus demandas, quedaron aislados y no hubo ningún movimiento nacional en su defensa, ni siquiera de los intelectuales.
A la luz, la podredumbre
La cancelación de las vías legales para manifestar su descontento, afirmó Sotelo, provocó que la APPO buscara a un grupo de personas que actuara como especie de conciencia moral para juzgar los hechos. Ese tribunal popular respaldó su veredicto con una investigación previa, en la cual “conocimos la realidad de Oaxaca y la parte más podrida del sistema”.
Si el movimiento alcanzó tales niveles, no fue producto de la casualidad. Oaxaca es un estado en el que existen organizaciones sociales de todo tipo, que se aglutinaron en torno de la figura de la APPO orilladas por la política represiva de Ulises Ruiz, puntualizó Sotelo.
Esa organización tuvo la virtud de dar voz a todos los colectivos que lo integraron, por diversos que fueran, e incluso a los ciudadanos sin militancia política. “En las barricadas y hasta como reporteros, los oaxaqueños se dieron cuenta de que podían manejar la situación, como cuando las mujeres operaron la radio y la televisión, y lo hicieron con éxito.”
A futuro, lo que corresponde a los activistas es aprender de estas experiencias para definir las siguientes etapas de la lucha. “Tenemos que ser perseverantes para encontrar resquicios donde buscar justicia. Como en los casos de la matanza de Acteal y del desaparecido Rosendo Radilla, en esta lucha no podemos claudicar jamás.”
Por su parte, Carlos Montemayor apuntó que la obra de Sotelo Marbán “es resultado de una investigación acuciosa de la conformación de la APPO y de las estrategias oficiales de control y sometimiento, que se caracterizan como terrorismo de Estado”.
Mediante esta investigación podemos conocer “las condiciones de violencia oficial que priman en México. Es un documento sustancial para entender este proceso, además de un modelo de lo que podría ocurrir en el país cuando la justicia esté al servicio de los pueblos y no de las elites”.
fuente- la jornada
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