José Gil Olmos
MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como “bajas colaterales”, es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una “lucha por la seguridad pública”, pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.
MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como “bajas colaterales”, es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una “lucha por la seguridad pública”, pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.
fuente- proceso
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