OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha reanudado las investigaciones del asesinato del camarógrafo de Indymedia, Brad Will “para encontrar a los verdaderos responsables”, después de ser puesto en libertad el activista de la APPO, Juan Manuel Martínez Moreno a quien acusó como autor material del crimen, afirmó el abogado de la familia del estadunidense, Miguel Ángel de los Santos Cruz, al cumplirse cuatro años del suceso.
A la fecha, “ni la familia del periodista ni yo hemos recibido alguna notificación del reinicio de la indagatoria”, señaló.
Will, fue muerto el 27 de octubre del 2006 por disparos de arma de fuego durante la agresión de policías municipales de Santa Lucía del Camino y personas vestidas de civil, vinculadas al entonces presidente municipal, el priísta Manuel Martínez Feria, a la barricada instalada por APPO, sobre avenida Ferrocarril y la calle Calicanto.
Fotógrafos de prensa, captaron a los agresores, vestidos de camisas y camisetas de color rojo, que posteriormente fueron identificados como Abel Santiago Zárate, regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino; Fernando Espinoza Corona, director de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, y Orlando Manuel Aguilar Coello, suboficial de esa corporación, así como a los civiles Juan Carlos Martínez Sumano, Luis López Velasco y Pedro Carmona.
El representante legal de Kathy y Howard Will, padres del estadunidense, dijo que la PGR con su inactividad, “demuestra su interés por proteger con el manto de la impunidad a quienes cometieron el crimen”.
Además, destacó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas ---ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR---, “demuestra su ineficacia como mexicanismo creado por el Estado para investigar los delitos” cometidos en contra de comunicadores.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y prestigiado defensor de los derechos humanos, dijo que la familia Will espera ahora con prontitud el reinicio de las investigaciones “liberada de prejuicios”.
“Queremos que lleve a cabo una investigación genuina, objetiva e imparcial que conduzca al completo esclarecimiento de los hechos y al establecimiento de las responsabilidades”, señaló.
Ante esto, urgió a la PGR que la investigación sea retomada a la brevedad “por un equipo profesional y competente que recupere el tiempo inútilmente perdido” con la persecución a Martínez Moreno y otros activistas de la APPO, por el supuesto delito de encubrimiento.
“Lamento que el caso se sume a la larga lista de pendientes de investigación y justicia, y que se tengan que buscar instancias internacionales de protección de los derechos humanos para lograr que asuman seriamente su obligación de investigar y castigar a los responsables de crímenes contra los periodistas”, asentó.
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha reanudado las investigaciones del asesinato del camarógrafo de Indymedia, Brad Will “para encontrar a los verdaderos responsables”, después de ser puesto en libertad el activista de la APPO, Juan Manuel Martínez Moreno a quien acusó como autor material del crimen, afirmó el abogado de la familia del estadunidense, Miguel Ángel de los Santos Cruz, al cumplirse cuatro años del suceso.
A la fecha, “ni la familia del periodista ni yo hemos recibido alguna notificación del reinicio de la indagatoria”, señaló.
Will, fue muerto el 27 de octubre del 2006 por disparos de arma de fuego durante la agresión de policías municipales de Santa Lucía del Camino y personas vestidas de civil, vinculadas al entonces presidente municipal, el priísta Manuel Martínez Feria, a la barricada instalada por APPO, sobre avenida Ferrocarril y la calle Calicanto.
Fotógrafos de prensa, captaron a los agresores, vestidos de camisas y camisetas de color rojo, que posteriormente fueron identificados como Abel Santiago Zárate, regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino; Fernando Espinoza Corona, director de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, y Orlando Manuel Aguilar Coello, suboficial de esa corporación, así como a los civiles Juan Carlos Martínez Sumano, Luis López Velasco y Pedro Carmona.
El representante legal de Kathy y Howard Will, padres del estadunidense, dijo que la PGR con su inactividad, “demuestra su interés por proteger con el manto de la impunidad a quienes cometieron el crimen”.
Además, destacó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas ---ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR---, “demuestra su ineficacia como mexicanismo creado por el Estado para investigar los delitos” cometidos en contra de comunicadores.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y prestigiado defensor de los derechos humanos, dijo que la familia Will espera ahora con prontitud el reinicio de las investigaciones “liberada de prejuicios”.
“Queremos que lleve a cabo una investigación genuina, objetiva e imparcial que conduzca al completo esclarecimiento de los hechos y al establecimiento de las responsabilidades”, señaló.
Ante esto, urgió a la PGR que la investigación sea retomada a la brevedad “por un equipo profesional y competente que recupere el tiempo inútilmente perdido” con la persecución a Martínez Moreno y otros activistas de la APPO, por el supuesto delito de encubrimiento.
“Lamento que el caso se sume a la larga lista de pendientes de investigación y justicia, y que se tengan que buscar instancias internacionales de protección de los derechos humanos para lograr que asuman seriamente su obligación de investigar y castigar a los responsables de crímenes contra los periodistas”, asentó.
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