Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- En 2008, ante el desgaste de las tropas del Ejército por el combate al narcotráfico, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a Felipe Calderón Hinojosa que le asegurara un marco legal para seguir accionando en las calles.
Para ello, Calderón convocó a los integrantes del gabinete de Seguridad; les planteó las demandas del Ejército y les pidió que cada área elaborara una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las fuerzas armadas, se comprometieron a hacer llegar sus documentos lo antes posible.
Por su parte, el general Galván inició una serie de encuentros con diputados de la LX Legislatura para “sensibilizarlos” y allanar el camino para cuando la propuesta llegara a sus manos.
Para el 23 de abril de 2009, cuando Fernando Gómez Mont ocupaba la Secretaría de Gobernación, el general-secretario de la Defensa Nacional acudió a él para entregarle sus propuestas. Sin embargo, muy pronto supo de los alcances del nuevo secretario y de su toma de decisiones.
Gómez Mont le agradeció al secretario su presencia y el esfuerzo de su equipo jurídico; pero le aclaró que justo ese día Calderón enviaría al Senado de la República las modificaciones a la Ley que le darían legalidad a las acciones de los militares en las calles en su lucha contra el crimen organizado.
Quizá este pasaje --ocurrido hace más de dos años--, relatado por colaboradores de la Sedena nos ayude a entender las razones por las cuáles, una vez que el Senado de la República aprobó cambios a la ley, el 28 de abril de 2010, y los envió a la Cámara de Diputados, éstos, de inmediato, congelaron la minuta en la Comisión de la Defensa Nacional, por órdenes del propio general Galván.
En primer término, en la propuesta de Calderón enviada al Senado, en ningún momento participó la Sedena; en segundo, los cambios que PRD y PRI le hicieron en el Senado disgustaron a los militares. De ahí que en cuanto llegó a la Cámara la minuta fue de inmediato congelada por el operador más importante del general-secretario en el Poder Legislativo, el expolicía y exmiembro del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, hoy diputado del PRI y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
De mayo a septiembre, Vargas Fosado ha venido trabajando, tanto con el PRI, como con el PAN y la Sedena, para cambiar la minuta y aprobarla en el actual periodo ordinario de sesiones.
Cinco son los puntos básicos que hoy plantea la Sedena, los cuales ya ha cabildeado con legisladores:
--Que los militares no estarán sujetos al mando de civiles, como lo establece la minuta aprobada por el Senado.
--Que no será el Senado la instancia que avale la declaratoria de “afectación” a la seguridad, sino el presidente de la República. (En este segundo punto, en la Sedena sostienen que si el presidente los metió en la lucha contra el narcotráfico, aún sin tener el marco jurídico para ello, debe ser él mismo a quien se le llame a cuentas por las acciones de los militares. Por ello invocan el artículo 89 de la Constitución, fracción VI, la cual fija como “una obligación” del presidente, mantener la seguridad nacional, la interior y la exterior del país).
--Que se les autorice a los militares, y no sólo al Cisen, hacer labores de “inteligencia”, esto es, que se le brinden atribuciones de investigación, que puedan realizar interrogatorios cuando haya susceptibilidad de obtener información.
--Que se les autorice establecer retenes, en una suerte de pequeño Estado de excepción, en donde ellos, los militares, podrán realizar su labor de investigación hacia la gente.
--Clarificar las facultades del Ejército.
En este punto, quizá el más importante, los militares plantean cuatro “niveles de gradualidad” (sic) en los cuales, de acuerdo con hipotéticas eventualidades, se define su participación y grado de responsabilidad ante las autoridades civiles y militares de las acciones que realicen los miembros de la Sedena.
Ya con la negociación en un terreno amigable --la Cámara de Diputados--, el titular de la Sedena volvió a reunirse con los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, ahora en el Heroico Colegio Militar.
El encuentro incluyó una demostración de la capacidad de fuego que tienen los cárteles de la droga; la letalidad de sus acciones, y la incapacidad que tiene el Ejército para responderles, y no por falta de armamento, sino porque no pueden utilizarlo ante una población civil expuesta.
Por ello también, sin ser parte de la Ley de Seguridad Nacional pero en sintonía con sus objetivos, ese mismo día del encuentro con el general Galván, éste les pidió a los diputados su apoyo para que autoricen a la Sedena un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos, con los cuales se contratarían 9 mil soldados más, quienes formarían 18 unidades especializadas para actuar en contra del crimen organizado, pero sólo en las ciudades.
Estas unidades estarían de manera fija en 13 puntos del país, distribuidos entre las zonas de mayor presencia del narcotráfico y en donde sus acciones han sido más violentas.
Para convencerlos, el general les presentó un mapa con la ubicación exacta del lugar en donde opera cada grupo del crimen organizado; sus líderes, su manera de operar y, sobre todo, les hizo una distinción entre el grupo de Los Zetas con el cártel que encabeza Joaquín, El Chapo, Guzmán.
Les aclaró que mientras El Chapo cuenta con una mando único, una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio ilícito del tráfico de droga, Los Zetas no tienen estructura ni líderes fijos; están involucrados en diversos delitos como el secuestro, la trata de personas, el robo de autos, etcétera. Esta desorganización, además de que dificulta combatir a dicho grupo, lo ha convertido en uno de los cárteles más violentos, debido a que constantemente ellos mismos están en pugna por liderazgos en diversas zonas del país.
Todo lo anterior forma parte del trabajo de cabildeo que Calderón no realizó y que hoy el general Galván impulsa para que la Ley de Seguridad Nacional pueda salir de la Cámara en el actual periodo ordinario de sesiones y sea avalada por el Senado de la República.
El nuevo dictamen, elaborado por la Sedena y la Comisión de la Defensa, será discutido la próxima semana con los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, José Luis Ovando, del PAN; de Gobernación, el panista Javier Corral Jurado; de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y de Justicia, Humberto Benítez Treviño, ambos del PRI.
Al diputado Ardelio Vargas Fosado le interesa cumplir lo más pronto posible con la demanda del general Galván debido a que en febrero próximo dejará la diputación para convertirse en el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla con el nuevo gobernador de la alianza (PAN-PRD), Rafael Moreno Valle, quien, en realidad, es una pieza más de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
De aprobarse los cambios de la Sedena, aunados a la recién avalada Ley Antisecuestros y las nuevas unidades de reacción contra el crimen organizado, el México dejará de ser un Estado de libertades y se convertirá en uno de autoritarismo y represión; de venganzas y de odios, en donde los instrumentos que le están otorgando a Felipe Calderón los diputados, pueden ser utilizados para aminorar, agraviar o desaparecer de la vida pública o política, a cualquier grupo antagónico a su manera de actuar. Todo en nombre del bien del país, de la justicia y de la seguridad pública.
mjcervantes@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- En 2008, ante el desgaste de las tropas del Ejército por el combate al narcotráfico, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a Felipe Calderón Hinojosa que le asegurara un marco legal para seguir accionando en las calles.
Para ello, Calderón convocó a los integrantes del gabinete de Seguridad; les planteó las demandas del Ejército y les pidió que cada área elaborara una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las fuerzas armadas, se comprometieron a hacer llegar sus documentos lo antes posible.
Por su parte, el general Galván inició una serie de encuentros con diputados de la LX Legislatura para “sensibilizarlos” y allanar el camino para cuando la propuesta llegara a sus manos.
Para el 23 de abril de 2009, cuando Fernando Gómez Mont ocupaba la Secretaría de Gobernación, el general-secretario de la Defensa Nacional acudió a él para entregarle sus propuestas. Sin embargo, muy pronto supo de los alcances del nuevo secretario y de su toma de decisiones.
Gómez Mont le agradeció al secretario su presencia y el esfuerzo de su equipo jurídico; pero le aclaró que justo ese día Calderón enviaría al Senado de la República las modificaciones a la Ley que le darían legalidad a las acciones de los militares en las calles en su lucha contra el crimen organizado.
Quizá este pasaje --ocurrido hace más de dos años--, relatado por colaboradores de la Sedena nos ayude a entender las razones por las cuáles, una vez que el Senado de la República aprobó cambios a la ley, el 28 de abril de 2010, y los envió a la Cámara de Diputados, éstos, de inmediato, congelaron la minuta en la Comisión de la Defensa Nacional, por órdenes del propio general Galván.
En primer término, en la propuesta de Calderón enviada al Senado, en ningún momento participó la Sedena; en segundo, los cambios que PRD y PRI le hicieron en el Senado disgustaron a los militares. De ahí que en cuanto llegó a la Cámara la minuta fue de inmediato congelada por el operador más importante del general-secretario en el Poder Legislativo, el expolicía y exmiembro del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, hoy diputado del PRI y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
De mayo a septiembre, Vargas Fosado ha venido trabajando, tanto con el PRI, como con el PAN y la Sedena, para cambiar la minuta y aprobarla en el actual periodo ordinario de sesiones.
Cinco son los puntos básicos que hoy plantea la Sedena, los cuales ya ha cabildeado con legisladores:
--Que los militares no estarán sujetos al mando de civiles, como lo establece la minuta aprobada por el Senado.
--Que no será el Senado la instancia que avale la declaratoria de “afectación” a la seguridad, sino el presidente de la República. (En este segundo punto, en la Sedena sostienen que si el presidente los metió en la lucha contra el narcotráfico, aún sin tener el marco jurídico para ello, debe ser él mismo a quien se le llame a cuentas por las acciones de los militares. Por ello invocan el artículo 89 de la Constitución, fracción VI, la cual fija como “una obligación” del presidente, mantener la seguridad nacional, la interior y la exterior del país).
--Que se les autorice a los militares, y no sólo al Cisen, hacer labores de “inteligencia”, esto es, que se le brinden atribuciones de investigación, que puedan realizar interrogatorios cuando haya susceptibilidad de obtener información.
--Que se les autorice establecer retenes, en una suerte de pequeño Estado de excepción, en donde ellos, los militares, podrán realizar su labor de investigación hacia la gente.
--Clarificar las facultades del Ejército.
En este punto, quizá el más importante, los militares plantean cuatro “niveles de gradualidad” (sic) en los cuales, de acuerdo con hipotéticas eventualidades, se define su participación y grado de responsabilidad ante las autoridades civiles y militares de las acciones que realicen los miembros de la Sedena.
Ya con la negociación en un terreno amigable --la Cámara de Diputados--, el titular de la Sedena volvió a reunirse con los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, ahora en el Heroico Colegio Militar.
El encuentro incluyó una demostración de la capacidad de fuego que tienen los cárteles de la droga; la letalidad de sus acciones, y la incapacidad que tiene el Ejército para responderles, y no por falta de armamento, sino porque no pueden utilizarlo ante una población civil expuesta.
Por ello también, sin ser parte de la Ley de Seguridad Nacional pero en sintonía con sus objetivos, ese mismo día del encuentro con el general Galván, éste les pidió a los diputados su apoyo para que autoricen a la Sedena un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos, con los cuales se contratarían 9 mil soldados más, quienes formarían 18 unidades especializadas para actuar en contra del crimen organizado, pero sólo en las ciudades.
Estas unidades estarían de manera fija en 13 puntos del país, distribuidos entre las zonas de mayor presencia del narcotráfico y en donde sus acciones han sido más violentas.
Para convencerlos, el general les presentó un mapa con la ubicación exacta del lugar en donde opera cada grupo del crimen organizado; sus líderes, su manera de operar y, sobre todo, les hizo una distinción entre el grupo de Los Zetas con el cártel que encabeza Joaquín, El Chapo, Guzmán.
Les aclaró que mientras El Chapo cuenta con una mando único, una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio ilícito del tráfico de droga, Los Zetas no tienen estructura ni líderes fijos; están involucrados en diversos delitos como el secuestro, la trata de personas, el robo de autos, etcétera. Esta desorganización, además de que dificulta combatir a dicho grupo, lo ha convertido en uno de los cárteles más violentos, debido a que constantemente ellos mismos están en pugna por liderazgos en diversas zonas del país.
Todo lo anterior forma parte del trabajo de cabildeo que Calderón no realizó y que hoy el general Galván impulsa para que la Ley de Seguridad Nacional pueda salir de la Cámara en el actual periodo ordinario de sesiones y sea avalada por el Senado de la República.
El nuevo dictamen, elaborado por la Sedena y la Comisión de la Defensa, será discutido la próxima semana con los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, José Luis Ovando, del PAN; de Gobernación, el panista Javier Corral Jurado; de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y de Justicia, Humberto Benítez Treviño, ambos del PRI.
Al diputado Ardelio Vargas Fosado le interesa cumplir lo más pronto posible con la demanda del general Galván debido a que en febrero próximo dejará la diputación para convertirse en el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla con el nuevo gobernador de la alianza (PAN-PRD), Rafael Moreno Valle, quien, en realidad, es una pieza más de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
De aprobarse los cambios de la Sedena, aunados a la recién avalada Ley Antisecuestros y las nuevas unidades de reacción contra el crimen organizado, el México dejará de ser un Estado de libertades y se convertirá en uno de autoritarismo y represión; de venganzas y de odios, en donde los instrumentos que le están otorgando a Felipe Calderón los diputados, pueden ser utilizados para aminorar, agraviar o desaparecer de la vida pública o política, a cualquier grupo antagónico a su manera de actuar. Todo en nombre del bien del país, de la justicia y de la seguridad pública.
mjcervantes@proceso.com.mx
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