A 12 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y la posterior extinción de esa entidad pública por vía de un decreto presidencial todavía cuestionado –por más que su constitucionalidad haya sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo no menos polémico–, el gobierno federal ha sido incapaz de revertir los agravios cometidos por esa medida contra los derechos laborales, la libertad sindical y la propiedad pública. Adicionalmente, y a contrapelo del cálculo original del grupo gobernante, la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el suministro en las entidades en que operaba LFC ha contribuido a exacerbar la percepción deldecretazo mencionado como una acción injusta, improcedente y nociva para la viabilidad de la zona centro del país.
El tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE: en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad ha colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes –inundaciones por pérdida de capacidad de bombeo y drenaje; mayores atascos de tránsito; fallas en el transporte colectivo y deterioro de la seguridad pública– y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.
Aunque la empresa encabezada por Alfredo Elías Ayub no ha hecho públicos los datos oficiales sobre la calidad del servicio eléctrico en la zona centro del país, ésta se puede ponderar con base en la inconformidad ciudadana hacia el trabajo de la entidad paraestatal. Significativamente, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 9 mil expedientes en contra de la CFE entre octubre de 2009 y septiembre de este año –casi 3 mil más respecto del mismo periodo entre 2008 y 2009– y las quejas diarias de usuarios ascendieron a 25 durante los últimos 12 meses, contra las 17 que se recibieron un año antes de la extinción de LFC.
Hasta ahora, los intentos gubernamentales por culpar al SME de acciones de sabotaje en instalaciones de LFC han carecido de las pruebas correspondientes y han chocado con el comportamiento pacífico y ejemplar de ese sindicato y de su entorno social de apoyo. Es mucho más claro el vínculo entre el deterioro en el servicio eléctrico y la incapacidad del personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para remplazar a LFC y sus trabajadores en una tarea que de suyo se había vuelto complicada: y es que, en efecto, LFC acusaba un severo deterioro desde antes de su extinción, pero éste se debía a la determinación oficial de propiciar la obsolescencia de ese organismo y de negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración.
Por lo demás, el año transcurrido también ha significado una derrota para los planes gubernamentales de desactivar un movimiento integrado actualmente por 16 mil 300 trabajadores electricistas, que ha resistido a campañas de desprestigio y a la hostilidad gubernamental y que hoy cuenta con vigencia y con una demostrada capacidad organizativa. En la circunstancia presente, el desastroso desempeño de la CFE en la zona operada por LFC, las condiciones de inseguridad en que opera el personal subcontratado por el organismo paraestatal y las afectaciones que ello ha supuesto para millones de usuarios en el último año tendrían que ser motivos suficientes para que el gobierno federal atienda las demandas de otorgamiento de la toma de nota a la dirigencia del SME y la recontratación colectiva de sus integrantes bajo la figura de patrón sustituto. Tales reivindicaciones no sólo tienen viabilidad jurídica, dado que no fueron atacadas por el referido fallo del máximo tribunal: ante la precariedad que enfrenta el corazón político y económico de la nación, la reinstalación, en sus puestos de trabajo, de electricistas con probada capacidad y experiencia se presenta como una medida de obvia sensatez y necesidad.
El tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE: en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad ha colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes –inundaciones por pérdida de capacidad de bombeo y drenaje; mayores atascos de tránsito; fallas en el transporte colectivo y deterioro de la seguridad pública– y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.
Aunque la empresa encabezada por Alfredo Elías Ayub no ha hecho públicos los datos oficiales sobre la calidad del servicio eléctrico en la zona centro del país, ésta se puede ponderar con base en la inconformidad ciudadana hacia el trabajo de la entidad paraestatal. Significativamente, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 9 mil expedientes en contra de la CFE entre octubre de 2009 y septiembre de este año –casi 3 mil más respecto del mismo periodo entre 2008 y 2009– y las quejas diarias de usuarios ascendieron a 25 durante los últimos 12 meses, contra las 17 que se recibieron un año antes de la extinción de LFC.
Hasta ahora, los intentos gubernamentales por culpar al SME de acciones de sabotaje en instalaciones de LFC han carecido de las pruebas correspondientes y han chocado con el comportamiento pacífico y ejemplar de ese sindicato y de su entorno social de apoyo. Es mucho más claro el vínculo entre el deterioro en el servicio eléctrico y la incapacidad del personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para remplazar a LFC y sus trabajadores en una tarea que de suyo se había vuelto complicada: y es que, en efecto, LFC acusaba un severo deterioro desde antes de su extinción, pero éste se debía a la determinación oficial de propiciar la obsolescencia de ese organismo y de negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración.
Por lo demás, el año transcurrido también ha significado una derrota para los planes gubernamentales de desactivar un movimiento integrado actualmente por 16 mil 300 trabajadores electricistas, que ha resistido a campañas de desprestigio y a la hostilidad gubernamental y que hoy cuenta con vigencia y con una demostrada capacidad organizativa. En la circunstancia presente, el desastroso desempeño de la CFE en la zona operada por LFC, las condiciones de inseguridad en que opera el personal subcontratado por el organismo paraestatal y las afectaciones que ello ha supuesto para millones de usuarios en el último año tendrían que ser motivos suficientes para que el gobierno federal atienda las demandas de otorgamiento de la toma de nota a la dirigencia del SME y la recontratación colectiva de sus integrantes bajo la figura de patrón sustituto. Tales reivindicaciones no sólo tienen viabilidad jurídica, dado que no fueron atacadas por el referido fallo del máximo tribunal: ante la precariedad que enfrenta el corazón político y económico de la nación, la reinstalación, en sus puestos de trabajo, de electricistas con probada capacidad y experiencia se presenta como una medida de obvia sensatez y necesidad.
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