Oaxaca.- El gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, se pronunció a favor de promover una justicia transicional en su administración que acabe con la impunidad y el manejo faccioso de la ley.
En el caso de los crímenes políticos, dijo que éstos tienen que ser investigados a fondo por las instituciones encargadas de hacer justicia.
“No comparto la idea de crear comisiones, aunque sí habrá una fiscalía especial dentro de la propia Procuraduría de Justicia Estatal que se avoque a esclarecer la serie de crímenes que se cometieron en los regímenes priistas, particularmente aquellos que se cometieron tras la revuelta social del 2006”, señaló Cué.
El gobernador expresó que la Procuraduría debe de dejar de actuar bajo consigna y basar su trabajo en el conocimiento y práctica del derecho.
“Quien encabece la Procuraduría en el régimen de la transición será una persona honesta, que procure justicia sin color partidista”, aseguró.
El mandatario reconoció que heredará un Oaxaca agraviado por la impunidad, con un tejido, político y social, dañado por la violencia y la impunidad.
Antes, el triunfador de las elecciones del pasado 4 de julio, aseguró que los cambios que demanda la administración e impartición de justicia en Oaxaca también deben alcanzar a la Policía, la cual ya no puede estar al servicio de la seguridad de funcionarios y ex gobernadores o amigos y familiares de éstos.
“Quien quiera justicia personal que la pague, porque todos los elementos de la actual Agencia Estatal de Investigaciones estarán destinados a combatir la criminalidad”, dijo.
Afirmó que para que en Oaxaca exista alternancia política y democracia, deberá primero haber una refundación profunda de las instituciones.
“Hay que pasar de un régimen autoritario a un democrático y ello implica la consolidación de nuevos mitos, hasta cambios en la forma de gobernar y mandar, implicado ello que la actuación de quienes estén al frente de las diversas dependencias sea mas sensible”, señaló.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, existen al menos unos 300 elementos destinados tanto a la seguridad personal de funcionarios del régimen de Ulises Ruiz como de ex gobernadores y líderes políticos.
En el caso de los crímenes políticos, dijo que éstos tienen que ser investigados a fondo por las instituciones encargadas de hacer justicia.
“No comparto la idea de crear comisiones, aunque sí habrá una fiscalía especial dentro de la propia Procuraduría de Justicia Estatal que se avoque a esclarecer la serie de crímenes que se cometieron en los regímenes priistas, particularmente aquellos que se cometieron tras la revuelta social del 2006”, señaló Cué.
El gobernador expresó que la Procuraduría debe de dejar de actuar bajo consigna y basar su trabajo en el conocimiento y práctica del derecho.
“Quien encabece la Procuraduría en el régimen de la transición será una persona honesta, que procure justicia sin color partidista”, aseguró.
El mandatario reconoció que heredará un Oaxaca agraviado por la impunidad, con un tejido, político y social, dañado por la violencia y la impunidad.
Antes, el triunfador de las elecciones del pasado 4 de julio, aseguró que los cambios que demanda la administración e impartición de justicia en Oaxaca también deben alcanzar a la Policía, la cual ya no puede estar al servicio de la seguridad de funcionarios y ex gobernadores o amigos y familiares de éstos.
“Quien quiera justicia personal que la pague, porque todos los elementos de la actual Agencia Estatal de Investigaciones estarán destinados a combatir la criminalidad”, dijo.
Afirmó que para que en Oaxaca exista alternancia política y democracia, deberá primero haber una refundación profunda de las instituciones.
“Hay que pasar de un régimen autoritario a un democrático y ello implica la consolidación de nuevos mitos, hasta cambios en la forma de gobernar y mandar, implicado ello que la actuación de quienes estén al frente de las diversas dependencias sea mas sensible”, señaló.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, existen al menos unos 300 elementos destinados tanto a la seguridad personal de funcionarios del régimen de Ulises Ruiz como de ex gobernadores y líderes políticos.
fuente- milenio
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