El rechazo del gobierno de Ulises Ruiz a la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acerca de la detención y desaparición forzada de dos militantes del EPR, es de un total despropósito, mismo que busca legitimar nuevamente la impunidad como ha sucedido con otros eventos donde se han violado los derechos fundamentales de los oaxaqueños, consideró Gabino Cué Monteagudo.
El legislador oaxaqueño calificó como una contradicción que en el texto de la contestación al Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, se afirme que el gobierno de Oaxaca tiene como “primacía” la defensa absoluta de los derechos humanos y en los hechos se haga exactamente lo contrario.
Como muestra irrefutable ahí están las 26 personas muertas durante el conflicto del 2006, más los ataques sufridos por decenas de oaxaqueños que en lugar de un trato civilizado han recibido golpes, persecución, acoso, encarcelamiento, incluso torturas como es el caso más reciente de Marcelino Coache Verano, dirigente social.
Un gobierno como el de Oaxaca que tantas veces ha sido señalado de violentar los derechos de sus gobernados, debe asumir la responsabilidad que le corresponde por estos hechos acreditados como tales en la Recomendación 7/2009, refirió el también Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Respecto a las denuncias sobre los presuntos actos de tortura de Marcelino Coache, que incluso requirió del inicio del procedimiento de aplicación del Protocolo de Estambul de la ONU, Cué Monteagudo exigió que se realicen las indagatorias pertinentes para dar con los responsables. Igual exigencia para quienes atentaron contra la integridad física de Emeterio Marino, quien fuera salvajemente golpeado por policías en julio del 2007.
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