México, 26 Mar (Notimex).- La comisión que creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en Oaxaca durante protestas de maestros de la Sección 22 del SNTE y de la APPO presentó su informe preliminar.
En la sesión en la que se escuchó a los magistrados de circuito, Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, no se dieron a conocer las conclusiones de dicha comisión sobre los hechos ocurridos entre el 1 de mayo de 2006 el 17 de julio de 2007.
Indicaron que en dicho informe "no se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Ante el pleno de ministros explicaron que las indagatorias incluyeron testimonios de funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes de diversos sectores de la sociedad.
Afirmaron que durante las diligencias, que constaron de cuatro etapas, se respetaron en todo momento los derechos de quienes participaron en los hechos, de las personas y grupos sociales, así como de las autoridades señaladas, con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.
Los cuatro aspectos en los que se centró la investigación de la comisión fue la probable violación de garantías de personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras.
En segundo término dieron a conocer que se investigó la probable violación generalizada de garantías individuales, como libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, así como probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales.
Las indagatorias tuvieron como fin determinar si existieron omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trata, durante los acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en Oaxaca y su zona conurbada.
Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández detallaron que se recabaron 151 informes de autoridades, de los cuales 29 son de funcionarios federales, 71 estatales y 51 de municipales, así como colaboraciones y entrevistas de diversos integrantes de la sociedad, como comerciantes, empresarios y representantes del clero.
De igual manera se obtuvieron testimonios de organizaciones protectoras de derechos humanos, artesanos, prestadores de servicios, medios de comunicación, así como integrantes de la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Las 56 colaboraciones están documentadas con material fotográfico y videográfico, al igual que las 346 entrevistas a autoridades federales, estatales y municipales, funcionarios y ex funcionarios, en 20 viajes durante los cuales se levantaron las respectivas actas circunstanciadas.
Dijeron que toda esta información fue digitalizada y se conformaron 418 tomos con 217 mil 977 fojas aproximadamente, aunque el informe preliminar que se entregó a los ministros está compuesto por 39 tomos con seis mil 600 páginas.
Al término del informe el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró extinguida la comisión para que los magistrados que la conformaron retomen las funciones que desempeñaban hasta antes del encargo.
El pleno del alto tribunal designó al ministro Mariano Azuela Güitrón para que elabore el proyecto de sentencia que será discutido y determine en definitiva si existieron violaciones graves a los derechos fundamentales durante estos hechos y se emita un dictamen que será entregado a las autoridades correspondientes.
En la sesión en la que se escuchó a los magistrados de circuito, Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, no se dieron a conocer las conclusiones de dicha comisión sobre los hechos ocurridos entre el 1 de mayo de 2006 el 17 de julio de 2007.
Indicaron que en dicho informe "no se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Ante el pleno de ministros explicaron que las indagatorias incluyeron testimonios de funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes de diversos sectores de la sociedad.
Afirmaron que durante las diligencias, que constaron de cuatro etapas, se respetaron en todo momento los derechos de quienes participaron en los hechos, de las personas y grupos sociales, así como de las autoridades señaladas, con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.
Los cuatro aspectos en los que se centró la investigación de la comisión fue la probable violación de garantías de personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras.
En segundo término dieron a conocer que se investigó la probable violación generalizada de garantías individuales, como libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, así como probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales.
Las indagatorias tuvieron como fin determinar si existieron omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trata, durante los acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en Oaxaca y su zona conurbada.
Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández detallaron que se recabaron 151 informes de autoridades, de los cuales 29 son de funcionarios federales, 71 estatales y 51 de municipales, así como colaboraciones y entrevistas de diversos integrantes de la sociedad, como comerciantes, empresarios y representantes del clero.
De igual manera se obtuvieron testimonios de organizaciones protectoras de derechos humanos, artesanos, prestadores de servicios, medios de comunicación, así como integrantes de la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Las 56 colaboraciones están documentadas con material fotográfico y videográfico, al igual que las 346 entrevistas a autoridades federales, estatales y municipales, funcionarios y ex funcionarios, en 20 viajes durante los cuales se levantaron las respectivas actas circunstanciadas.
Dijeron que toda esta información fue digitalizada y se conformaron 418 tomos con 217 mil 977 fojas aproximadamente, aunque el informe preliminar que se entregó a los ministros está compuesto por 39 tomos con seis mil 600 páginas.
Al término del informe el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró extinguida la comisión para que los magistrados que la conformaron retomen las funciones que desempeñaban hasta antes del encargo.
El pleno del alto tribunal designó al ministro Mariano Azuela Güitrón para que elabore el proyecto de sentencia que será discutido y determine en definitiva si existieron violaciones graves a los derechos fundamentales durante estos hechos y se emita un dictamen que será entregado a las autoridades correspondientes.
fuente- Notimex
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