JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF, 26 de marzo (apro).- La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Oaxaca encontró que hubo "graves violaciones a las garantías individuales", pero será el pleno de ministros el que determine, en definitiva, si esos hechos constituyen violaciones a derechos humanos.Los ministros resolverán a partir de un proyecto que presente al pleno el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien es uno de los principales opositores a que la Corte realice este tipo de investigaciones.La comisión encargada de indagar la represión gubernamental al movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), presentó el martes al pleno de la Corte el informe preliminar, en el que se evitó identificar responsables de tales violaciones."Únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", precisaron los magistrados de Circuito Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández, comisionados por la Corte para hacer la investigación.La comisión se centró en indagar la probable violación de garantías a determinadas personas, especialmente la de vida e integridad física, inviolabilidad de domicilio, libertad individual y respeto al derecho a propiedad, entre otras, durante los hechos "que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, entre 2006 y 2007".Según lo establecido por el pleno de ministros cuando en junio de 2007 decidió ejercer su facultad de investigación, los magistrados también investigaron la probable violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito, de trabajo y derecho a la información.Otra de sus asignaciones fue indagar sobre los probables excesos de las fuerzas policiales municipales, estatales y federales; así como las omisiones o pasividad de las autoridades de los tres niveles para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona.El informe preliminar, que consta de 39 tomos con más de 6 mil 600 páginas, pasará a manos de Azuela para que elabore el proyecto de resolución que será presentado para su votación a los plenos de ministros. No hay fecha para que ello ocurra.Sin embargo, serán los ministros los que determinen en definitiva si los hechos investigados constituyen violaciones graves a las garantías individuales y derechos fundamentales.La comisión investigó los hechos ocurridos en Oaxaca, del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como los del 16 de julio de este último año.Los magistrados subrayaron que su actuación no fue de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos, ni para calificar la legalidad de las acciones de las distintas autoridades.Indicaron que solicitaron información a las autoridades involucradas y tuvieron la colaboración de la sección 21 magisterial, de la APPO, cámaras y grupos empresariales, medios de comunicación, comerciantes, artesanos, prestadores de servicios y representantes eclesiásticos.
MÉXICO, DF, 26 de marzo (apro).- La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Oaxaca encontró que hubo "graves violaciones a las garantías individuales", pero será el pleno de ministros el que determine, en definitiva, si esos hechos constituyen violaciones a derechos humanos.Los ministros resolverán a partir de un proyecto que presente al pleno el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien es uno de los principales opositores a que la Corte realice este tipo de investigaciones.La comisión encargada de indagar la represión gubernamental al movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), presentó el martes al pleno de la Corte el informe preliminar, en el que se evitó identificar responsables de tales violaciones."Únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", precisaron los magistrados de Circuito Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández, comisionados por la Corte para hacer la investigación.La comisión se centró en indagar la probable violación de garantías a determinadas personas, especialmente la de vida e integridad física, inviolabilidad de domicilio, libertad individual y respeto al derecho a propiedad, entre otras, durante los hechos "que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, entre 2006 y 2007".Según lo establecido por el pleno de ministros cuando en junio de 2007 decidió ejercer su facultad de investigación, los magistrados también investigaron la probable violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito, de trabajo y derecho a la información.Otra de sus asignaciones fue indagar sobre los probables excesos de las fuerzas policiales municipales, estatales y federales; así como las omisiones o pasividad de las autoridades de los tres niveles para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona.El informe preliminar, que consta de 39 tomos con más de 6 mil 600 páginas, pasará a manos de Azuela para que elabore el proyecto de resolución que será presentado para su votación a los plenos de ministros. No hay fecha para que ello ocurra.Sin embargo, serán los ministros los que determinen en definitiva si los hechos investigados constituyen violaciones graves a las garantías individuales y derechos fundamentales.La comisión investigó los hechos ocurridos en Oaxaca, del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como los del 16 de julio de este último año.Los magistrados subrayaron que su actuación no fue de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos, ni para calificar la legalidad de las acciones de las distintas autoridades.Indicaron que solicitaron información a las autoridades involucradas y tuvieron la colaboración de la sección 21 magisterial, de la APPO, cámaras y grupos empresariales, medios de comunicación, comerciantes, artesanos, prestadores de servicios y representantes eclesiásticos.
fuente- proceso
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