Magdalena Gómez
La militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que el fin justifica los medios.
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad.
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
La militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que el fin justifica los medios.
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad.
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
fuente- la jornada
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