Juan José Díaz Bermúdez/Análisis Oaxaca, México (Punto y Aparte) El preámbulo del informe en el caso Oaxaca investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), podría ser la posición definitiva del pleno que analiza “a consciencia” si se violaron o no los derechos humanos durante la rebelión de los de abajo en el 2006-2007 en la capital oaxaqueña, los ministros llegan a la conclusión al reconocer que si hubo violaciones graves a las garantías de la población cometidas por diversas autoridades, aunque en el reporte que la Suprema Corte revisará y dará un dictamen no se incluye la desaparición de personas, como sería el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las dos personas que el Ejército Popular Revolucionario reclama como parte de su estructura desde 2007, omisión que pretende dar impunidad a las
autoridades que participaron en la detención y desaparición de los dos guerrilleros el 25 de mayo de 2007 según lo ha denunciado en diferentes comunicados la Comandancia General ( CG) del EPR. El despotismo que puede generarse al proteger estás conductas arbitrarias de las autoridades, puede provocar acciones consecuentes que lleven a cacerías de luchadores sociales.Es notorio que l SCJN sigue retrasando su veredicto con interés proteccionista al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, hay quienes suponían quela posición de los magistrados en pleno se habría dado antes de julio, aunque se pensó que esto generaría rechazos políticos por parte de la bancada priísta en el Congreso General , para los expertos una posible sanción penal y económica estaría dándose a tiempo, de tal modo que los funcionarios implicados y que han sido entrevistados por la SCJN, tendrían que responder.Llama la atención que no se entrevisto a Ulises Ruiz Ortiz, ni se le preguntó su intervención en las órdenes que se dieron durante los operativos en contra de la APPO y el magisterio oaxaqueño, claro que hay declaraciones en donde hacen responsables a miembros de la APPO, en la quema de edificios, vehículos, toma de instalaciones de comunicación como el canal 9 y estaciones de radiodifusión comercial y la muerte del señor Bradley Ronald Willey. La declaración de la ex procuradora, Lisbeth Caña Cadeza, del ex Secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, del actual abogado del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del capitán retirado Delfino Cruz Hernández, ex director de la Policía Municipal de Oaxaca, Lino Celaya Luría ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos ex secretario de Protección Ciudadana, Pedro Hernández Hernández, comandante del grupo conocido como ( Fuerzas Policíacas de Alto Rendimiento, FPAR ) de la Policía Ministerial de Oaxaca hoy, Agencia Estatal de Investigaciones ( AEI) arraigado incluso al vincularlo el gobierno federal con la detención y desaparición de los dos guerrilleros del EPR, así como otros funcionarios menores, no arrojo detalles contundentes.Lo anterior podría sugerir que al final de las investigaciones de los ministros de la SCJN, los culpables podrían ser los hoy occisos, Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, ya muertos la sanción quedará en el aire y la impunidad seguirá siendo la careta social de un gobierno que hasta el final de su administración reprimirá a sus opositores.Llama la atención que en el informe que entregan los ministros Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino , no impacta en el delito de lesa humanidad que sigue siendo la desaparición de personas como el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y que junto con la muerte de más de 20 personas durante el desarrollo del conflicto social del 2006-2007, sigue siendo la prioridad que debería mover a las instituciones involucradas en esas indagatorias.La negativa del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que en Oaxaca hubieran desaparecido los dos guerrilleros en mayo de 2007, preocupa ya que la impunidad ha llegado a tal grado que se ha convertido en una mascarada burda y desvergonzada de lo que en México les puede pasar a quienes no coinciden con las políticas de los tres niveles de gobierno en el Estado mexicano.El hallar violaciones a los derechos humanos por parte de la SCJN , no implica que se vaya a castigar a los culpables, quién ordeno que sería el autor intelectual seguirá libre e impune para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad como es la desaparición de personas, porqué así conviene al sistema político, el encerrar, desaparecer privando de su libertad a los luchadores sociales, es una práctica que los gobiernos practican y que es apoyada y ocultada por los diferentes niveles de gobierno junto con las instituciones.Se debe de establecer claramente con justicia, el caso de los más de 30 muertos en el movimiento social de Oaxaca, la detención y desaparición de personas muy aparte de su condición política o militar, tal parece que cada quién hace conjeturas sobre el status político-militar de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales eran mandos dentro del EPR, olvidándose que la Constitución sigue protegiendo a quienes luchan desde la clandestinidad.La SCJN deberá de atender con prontitud el llamado de los familiares de los desaparecidos que suman más de cuatro personas, entre ellas Lauro Juárez y dos indígenas Triquis, las esperanzas sigue siendo la respuesta de los ministros de la SCJN, que ojalá no vaya a ser un chantaje político que usaría Felipe Calderón en el 2010 para imponer gobernador en Oaxaca, los muertos y desaparecidos no deben ser pretexto de los partidos políticos para sus fines mediáticos.
autoridades que participaron en la detención y desaparición de los dos guerrilleros el 25 de mayo de 2007 según lo ha denunciado en diferentes comunicados la Comandancia General ( CG) del EPR. El despotismo que puede generarse al proteger estás conductas arbitrarias de las autoridades, puede provocar acciones consecuentes que lleven a cacerías de luchadores sociales.Es notorio que l SCJN sigue retrasando su veredicto con interés proteccionista al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, hay quienes suponían quela posición de los magistrados en pleno se habría dado antes de julio, aunque se pensó que esto generaría rechazos políticos por parte de la bancada priísta en el Congreso General , para los expertos una posible sanción penal y económica estaría dándose a tiempo, de tal modo que los funcionarios implicados y que han sido entrevistados por la SCJN, tendrían que responder.Llama la atención que no se entrevisto a Ulises Ruiz Ortiz, ni se le preguntó su intervención en las órdenes que se dieron durante los operativos en contra de la APPO y el magisterio oaxaqueño, claro que hay declaraciones en donde hacen responsables a miembros de la APPO, en la quema de edificios, vehículos, toma de instalaciones de comunicación como el canal 9 y estaciones de radiodifusión comercial y la muerte del señor Bradley Ronald Willey. La declaración de la ex procuradora, Lisbeth Caña Cadeza, del ex Secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, del actual abogado del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del capitán retirado Delfino Cruz Hernández, ex director de la Policía Municipal de Oaxaca, Lino Celaya Luría ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos ex secretario de Protección Ciudadana, Pedro Hernández Hernández, comandante del grupo conocido como ( Fuerzas Policíacas de Alto Rendimiento, FPAR ) de la Policía Ministerial de Oaxaca hoy, Agencia Estatal de Investigaciones ( AEI) arraigado incluso al vincularlo el gobierno federal con la detención y desaparición de los dos guerrilleros del EPR, así como otros funcionarios menores, no arrojo detalles contundentes.Lo anterior podría sugerir que al final de las investigaciones de los ministros de la SCJN, los culpables podrían ser los hoy occisos, Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, ya muertos la sanción quedará en el aire y la impunidad seguirá siendo la careta social de un gobierno que hasta el final de su administración reprimirá a sus opositores.Llama la atención que en el informe que entregan los ministros Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino , no impacta en el delito de lesa humanidad que sigue siendo la desaparición de personas como el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y que junto con la muerte de más de 20 personas durante el desarrollo del conflicto social del 2006-2007, sigue siendo la prioridad que debería mover a las instituciones involucradas en esas indagatorias.La negativa del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que en Oaxaca hubieran desaparecido los dos guerrilleros en mayo de 2007, preocupa ya que la impunidad ha llegado a tal grado que se ha convertido en una mascarada burda y desvergonzada de lo que en México les puede pasar a quienes no coinciden con las políticas de los tres niveles de gobierno en el Estado mexicano.El hallar violaciones a los derechos humanos por parte de la SCJN , no implica que se vaya a castigar a los culpables, quién ordeno que sería el autor intelectual seguirá libre e impune para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad como es la desaparición de personas, porqué así conviene al sistema político, el encerrar, desaparecer privando de su libertad a los luchadores sociales, es una práctica que los gobiernos practican y que es apoyada y ocultada por los diferentes niveles de gobierno junto con las instituciones.Se debe de establecer claramente con justicia, el caso de los más de 30 muertos en el movimiento social de Oaxaca, la detención y desaparición de personas muy aparte de su condición política o militar, tal parece que cada quién hace conjeturas sobre el status político-militar de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales eran mandos dentro del EPR, olvidándose que la Constitución sigue protegiendo a quienes luchan desde la clandestinidad.La SCJN deberá de atender con prontitud el llamado de los familiares de los desaparecidos que suman más de cuatro personas, entre ellas Lauro Juárez y dos indígenas Triquis, las esperanzas sigue siendo la respuesta de los ministros de la SCJN, que ojalá no vaya a ser un chantaje político que usaría Felipe Calderón en el 2010 para imponer gobernador en Oaxaca, los muertos y desaparecidos no deben ser pretexto de los partidos políticos para sus fines mediáticos.
fuente- punto y aparte
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