Corte revive apertura de boletas y spots de CCE contra AMLO

Carlos Avilés El Universal Martes 31 de marzo de 2009 mailto:caviles@eluniversal.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revivió dos juicios relacionados con el conflicto poselectoral de 2006: uno vinculado con la apertura de los paquetes que contienen las boletas de la elección presidencial, y otro con los spots que difundió, en ese mismo proceso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra el entonces aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.
La ministra Olga Sánchez Cordero analiza una petición que le hizo un tribunal federal para que atraiga un juicio de amparo del cual depende que se ordene o no al IFE la apertura de los paquetes de la elección.

Mientras, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió a sus compañeros analizar la posibilidad de atraer un amparo que promovió el CCE con base en el cual pretende evadir el requerimiento que le hizo el IFE para que le informe sobre los spots que difundió para incidir en los comicios.

En el primer caso, se trata del juicio de amparo que interpuso el académico Sergio Aguayo en contra del IFE por rechazar la petición que le hizo, en aras del acceso a la información que protege la Constitución, para tener acceso a las boletas, antes de que sean quemadas.


Hace justo un año, en marzo de 2008, la Corte desechó un amparo similar promovido por la revista Proceso, por considerar que el juicio de amparo ni siquiera procedía contra cuestiones de tipo electoral.

Pero ahora se estima que existe la posibilidad de que dicho criterio se revierta.

En el segundo caso, precisamente el presidente de la Corte pidió a sus compañeros que ejerzan su facultad de atracción para revisar el juicio de amparo del CCE en contra de una orden que le giró el IFE.

fuente- El Universal

México necesita el apoyo de petroleras británicas: Calderón

PEMEX PARA LOS MEXICANOS? O PARA LOS BRITANICOS

"Con nuestros recursos y apoyo de tecnología y conocimiento” de sus compañías construiremos “la nación que deseamos para las futuras generaciones", dijo en su visita a Gran Bretaña.

Claudia Herrera, enviada Publicado: 31/03/2009 08:14

Aberdeen. México tiene un "enorme potencial" en el mercado petrolero y necesita el apoyo de compañías como British Petroleum y de otras medianas o grandes, afirmó el presidente Felipe Calderón.
Ante empresarios británicos del sector energético, señaló que hay enormes posibilidades para que haya un esfuerzo conjunto entre Pemex y compañías especializadas en todas partes del mundo.
"Con nuestros recursos y con el apoyo de la tecnología y el conocimiento de las compañías británicas, y con el espíritu y la voluntad del pueblo y del gobierno de México, construiremos una nación que es la que deseamos para las futuras generaciones", dijo.
"Sabemos que con nuestros recursos y nuestra población podemos construir un país más seguro, más próspero y también una nación comprometida con el medio ambiente".
En un almuerzo que ofreció el Lord Provost de esta ciudad, el mandatario mexicano lamentó que la falta de tecnología y del marco regulatorio adecuado para explorar en aguas profundas haya provocado el retraso en el desarrollo de la paraestatal.
Pero se mostró confiado en que la reforma energética permitirá que recupere su capacidad de producir gas natural y petróleo.
Comparó la situación de Pemex con BP y dijo que la paraestatal mexicana tiene menos reservas petroleras que la empresa británica que además produce el doble.
La secretaria de Energía, Georgina Kessel dijo que hay un reto muy importante para transformar el sector.
Previamente, el michoacano fue a las oficinas de British Petroleum, donde recibió una explicación sobre la tecnología que usa esta empresa para la extracción de petróleo en aguas profundas. También se reunió con ejecutivos de Scotish and Southern Energy.

fuente- La jornada

OAXACA SERÁ EL CENTRO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE LAS INDUSTRIAS MINERAS MULTINACIONALES

En Oaxaca se tienen considerado 29 proyectos mineros de empresas multinacionales, en su mayoría canadienses y otras estadounidenses, que han iniciado exploraciones con la supuesta argumentación de propiciar el desarrollo de los pueblos nativos. Oaxaca se convertirá en los próximos años en una zona catastrófica de contaminación ambiental, situación peligrosa para todos los habitantes que vivimos a lo largo y ancho del estado, uno de los focos de contaminación es el proyecto minero de San José del Progreso.
En San Jerónimo Taviche se encontraron residuos de una mina que operó hace mas de 25 años y que a consecuencia muchos de sus habitantes han fallecido por enfermedades crónicas, renales y en su mayoría con padecimientos de Cáncer a causa de los residuos tóxicos del agua de Jale que han contaminado los mantos freáticos. La compañía minera CUZCATLAN filial de la FORTUNA SILVER, está llevando a los habitantes a un estado de grave riesgo, por el debilitamiento del suelo ejidal ante el uso de agresivos explosivos para la construcción de túneles; como resultado las estructuras de las casas ya presentan fracturas de los dos municipios más cercanos a la mina, que son San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.
Estas son las razones inmediatas que ya padecen los habitantes, cuando manifiesta según la empresa Cuzcatlán; “que están en la etapa de exploración”. Sin contar la grave contaminación por el uso de cianuro, el arsénico, y otras substancias toxicas que están envenenando las aguas, destruyendo el medio ambiente y la vida comunitaria, para la extracción del oro y la plata ya en la etapa de explotación.
Ante está situación las comunidades determinaron el sábado 14 de marzo, realizar una asamblea en el municipio de San José del Progreso, para solicitar a la autoridad retome con seriedad el problema y se negó rotundamente respaldando la posición de la empresa minera y mostrándose indiferente.
A partir de ese momento los habitantes de San José del Progreso se reunieron conforme a sus usos y costumbres integrando un Consejo de Gobierno Popular Municipal, para que investigue a fondo sobre la explotación del subsuelo que esta haciendo la empresa minera para la extracción de Oro y Plata.
Posteriormente, los Pueblos por acuerdo de mayoría se plantaron en las afueras del perímetro de la mina y el día 17 de marzo procedieron a clausurar el desarrollo de cualquier trabajo, quedando selladas las instalaciones documentadas por una notaria publica.
El tema de fondo el retiro de la empresa minera, por el daño ambiental que trae consigo; a partir de ese momento la compañía Cuzcatlan filial de Fortuna Silver, se torna rabiosa desatando una campaña negra y amenazas através del presidente municipal de San José del Progreso Venancio Oscar Martínez Rivera hacia varios sectores de la sociedad ocotéca que se han atrevido a pronunciarse ante los graves efectos de contaminación y destrucción ambiental a causa de la mina.
1.- El sábado 21 de marzo en una asamblea que se realizó en la explanada municipal de San José del progreso el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera, amenazo de manera directa a la compañera María del Carmen López Almazán y al compañero Agustín Ríos Cruz, miembros del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP), también integrantes de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN.
2.- El martes 24 de Marzo, a las 8:10 a.m. aproximadamente 10 elementos, supuestos agentes ministeriales, sin presentar orden de aprensión intentaron desaparecer al Sr. Agustín Ríos integrante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) y de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN, los secuestradores descendieron de dos vehículos, una camioneta blanca tipo Lobo y la otra unidad Tsuru de color blanco, con placas de circulación TJN -44 -78, irrumpieron en el campamento, cortando cartucho, amenazaron con disparar sus pistolas y armas largas, a mujeres, niños y hombres, que ahí se encontraban. En la batea de la camionera traían a una persona que señalo a Agustín Ríos. Cuando se les reclamo alguna orden de aprehensión o requerimiento judicial, cínicamente dijeron: “que llevaban ordenes directas del gobernador, por lo que no necesitaban ningún papel”, al instante amagaron con llevárselo.
3.- Los ambientalistas de Oaxaca que estamos instalados a las afueras de la mina intervenimos para rescatar a nuestro compañero que a punto estuvo de ser secuestrado. El gobierno de Oaxaca se ha convertido en instrumento del capital multinacional, que a través de los órganos ministeriales, o de sus grupos de choque como el presidente de San José del Progreso, que es el portavoz de la empresa minera Cuzcatlan, quien por prebendas ha sido comprado diseñando propaganda negra en contra de los ambientalistas. Con estos actos de provocación el gobierno del criminal Ulises Ruiz pretende justificar una brutal represión en contra del pueblo, como la cometida en el 2006.
4.- El mismo 24 de Marzo entre 10:00am y 11 de la mañana, logramos dar un paso importante en nuestra lucha, con el retiro de 30 toneladas de explosivos que pusieron en peligro la vida de los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, esto con la participación de representantes de la empresa OVIEDO, de la SEDENA, de la empresa minera y representantes de los pueblos, que hicieron constar ante el notario público número 78 de Oaxaca.
DEJAMOS CONSTANCIA: EN PRIMER ORDEN
De las amenazas de la empresa Cuzcatlán a través de sus representantes legales, hacia los compañeros Agustín Ríos, Hilario Vásquez Gómez, Apolinar García Vásquez y María del Carmen López Almazán y hacia todos integrantes del movimiento ambientalista, tanto de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN y del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP), responsabilizándolos de cualquier otra agresión.
La responsabilidad directa hacia Ulises Ruiz Ortiz, a las autoridades municipales y ejidales de San José del Progreso, que en días pasados han estado hostigando con sus patrullas y elementos policíacos a los compañeros plantonistas.
Y al gobierno federal, y a la Secretaria de Economía, Secretaria de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); las hacemos responsables de cualquier agresión que afecte la integridad física y psicológica de los compañeros ambientalistas.
Decimos que todas las acciones que las comunidades han realizado en el Valle Ocotlán, como es el cierre de la mina “LA TRINIDAD”, impuesta por empresas extranjeras, han sido altamente pacificas, organizadas y legales ya que se han hecho en presencia de las autoridades correspondientes (notarios, abogados, etc.)
Ante esta situación exigimos:

1. El alto al hostigamiento y la represión en contra del Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, particularmente a los integrantes de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN y del COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP).
2. La presencia de funcionarios federales de la SEMARNAT y la Secretaria de Economía, que con calidad resolutoria vengan a plantear el cierre y retiro definitivo de la empresa CUZCATLAN de San José del Progreso y San Jerónimo Taviche.
3. Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier hecho de violencia que sufran los habitantes del Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.
4. La salida inmediata de la policía ministerial Municipio de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

Hacemos un llamado a los pueblos, a los organismos ecologistas, de derechos humanos y organizaciones a que refuercen esta lucha, pronunciándose por el retiro de las empresas del Valle de Ocotlán y en contra de la represión que a diario están realizando, el ejército, los sicarios y grupos de choque organizados por las empresas mineras, las policías municipales, estatales y federales (judiciales) en contra de nuestra lucha pacifica y organizada.


¡POR LA VIDA, DEFENDAMOS A LA MADRE TIERRA!
¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO!
¡CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR!
COMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP)
COORDINACION DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE DEL VALLE DE OCOTLAN.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO, 26 DE MARZO DE 2009.
http://codepappo.wordpress.com/
Email: codep_cnpp_oax@yahoo.com.mx y codepappo@yahoo.com.mx

Echeverría: la historia no lo deja impune

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La historia no ha absuelto a Luis Echeverría y, sin duda, no lo absolverá. En cambio, el expresidente ya cuenta con la exoneración de las autoridades judiciales que han creado para él, según lo dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un "nicho de impunidad" al liberarlo de toda responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En ello coincide la subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas, Kerrie Howard, quien critica al Estado mexicano porque, arguye, no sólo incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que garantiza la impunidad de aquellos que los violan. Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable.El Colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró "ni una sola prueba" sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquel hecho sangriento porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, "no tuvo nada que ver" en la masacre.Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra.En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas masacres–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país.Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1691 que empezó a circular este domingo 29 de marzo.

fuente- proceso

-Lenin Lopez Nelio y Amador Jara se pelean por la lana

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lenin López Nelio, desconoció al presidente estatal de este partido, Amador Jara, y acusarlo de malversar fondos para actividades propias de su corriente política y de trabajar para el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cuando es sabido que el que ha operado desde el 2006 a favor del PRI ha sido Lenin Lopez Nelio
López Nelio, indicó que el actual presidente estatal del PRD, utilizó cerca de 2 millones de pesos para beneficiar a su corriente política la Unión Campesina Democrática (UCD), afectando las finanzas del partido.
Por otro lado, acusó a Amador Jara de realizar actividades en contra de militantes del PRD en varias partes del estado, incluso dijo esta trabajando a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual a toda luces es una traición.Lo que no indicó es que el mismo ha recibido recursos de parte del Gobierno del Estado y del PRI.
Finalmente Lenin López Nelio, exigió al presidente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas, respeto a las autoridades municipales del PRD y a sus militantes y a no utilizar recursos públicos para coptarlos. Cuando todo la clase política sabe que el PRD con los chuchos al frente es una brazo mas del mismo PRI.

fuente- la hora de Oaxaca

Las FARC aceptan el canje de rehenes

BUENOS AIRES.— En el mismo momento en que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, endureció su discurso y volvió a negarse a negociar con la guerrilla, las FARC anunciaron ayer que aceptan una negociación para el canje de rehenes y abandona la exigencia de desmilitarizar un territorio para llevar adelante el diálogo.
En una carta enviada por el secretariado del grupo insurgente a Colombianos por la Paz, que lidera la senadora Piedad Córdoba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclaman también “una veeduría internacional” para garantizar esos diálogos y adelantan que “ni bien la situación de orden público lo permita”, entregará a sus familiares “los restos del mayor (de policía Julio Ernesto) Guevara”.
“A la vez elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares”, reclamó la guerrilla en esa misiva.
Guevara falleció en cautiverio en algún lugar de la selva colombiana en febrero de 2006, después de permanecer en cautiverio más de siete años, tras ser secuestrado en noviembre de 1998 durante el asalto insurgente a la ciudad de Mitú, departamento de Vaupés.
La propuesta y reclamo de las FARC, aparece como un avance en el marco del tire y afloje que a lo largo de los últimos tres años mantienen con el gobierno para alcanzar el intercambio de rebeldes encarcelados a cambio de secuestrados. Desde las últimas liberaciones del pasado mes de febrero, sólo 22 policías del grupo de “los canjeables” quedan en cautiverio.
La difícil coyuntura por la que atravesaban las FARC desde hace más de un año, cuando una serie de golpes del Ejército acabaron con la vida de dos miembros del secretariado y la salud terminó con la de su líder histórico, Manuel Marulanda o Tirofijo, llevó ahora a la guerrilla a dejar de lado la exigencia de un territorio desmilitarizado en los municipios de Florida y Pradera, departamento del Valle.
“Estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes”, puntualizó la guerrilla en esa carta dirigida a Córdoba, donde reitera que los designados como delegados de las FARC son Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Fabián Ramírez (estos dos últimos de actuación destacada en las fracasadas negociaciones de Paz en el Caguán durante 1998 y 2002). “La carta significa una gran posibilidad para avanzar en un acuerdo que había sido obstaculizado por planteamientos inamovibles de las partes, como el despeje de una zona para negociar”, explicó Iván Cepeda, de Colombianos por la Paz.
El sábado el mandatario Uribe había reiterado su negativa a negociar con las FARC debido a la “ofensiva terrorista” de los últimos 10 días en las que murieron nueve soldados y por lo menos 20 terminaron heridos en distintos puntos del país y con la que la guerrilla celebró el primer aniversario del deceso de su dirigente Tirofijo.
“¿Qué diálogo puede haber con estos bandidos que se lucen poniendo explosivos en la vecindad de las escuelas y en el camino de los niños? El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas”, había subrayado Uribe en la capital colombiana.
Para el analista Carlos Lozano, director del periódico La Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano, “este es un gran paso adelante y es de esperar que el gobierno también tenga la grandeza de revisar sus exigencia y entienda que lo mejor es aprovechar esta oportunidad para realizar el canje”.
Mientras la guerrilla busca con esta propuesta reposicionarse políticamente, el gobierno está obligado a medir su próximo paso ya que un “sí” sólo conformaría a sus seguidores y ratificaría una estrategia donde sólo prima la “guerra” y una respuesta negativa terminaría por distanciarlo de la comunidad internacional y de aquellos que buscan que avanzar en el acuerdo humanitario.
fuente- El universal

Riesgo de represión en San José del Progreso, Ocotlán

Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán:

Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México

AntecedentesLa extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.HechosSegún la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.Exigencias:- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.Violaciones a derechos humanos:- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,- Derecho a la información,- Derecho a la consulta,- Derecho a la participación,- Derecho a la integridad física,- Derecho al desarrollo,- Derecho a la organización y a la protesta social.Marco jurídico relevanteEl Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones2 Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataquesOaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.Por las organizaciones:Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México

LA SCJN Y LOS DESAPARECIDOS EN OAXACA

Juan José Díaz Bermúdez/Análisis Oaxaca, México (Punto y Aparte) El preámbulo del informe en el caso Oaxaca investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), podría ser la posición definitiva del pleno que analiza “a consciencia” si se violaron o no los derechos humanos durante la rebelión de los de abajo en el 2006-2007 en la capital oaxaqueña, los ministros llegan a la conclusión al reconocer que si hubo violaciones graves a las garantías de la población cometidas por diversas autoridades, aunque en el reporte que la Suprema Corte revisará y dará un dictamen no se incluye la desaparición de personas, como sería el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las dos personas que el Ejército Popular Revolucionario reclama como parte de su estructura desde 2007, omisión que pretende dar impunidad a las
autoridades que participaron en la detención y desaparición de los dos guerrilleros el 25 de mayo de 2007 según lo ha denunciado en diferentes comunicados la Comandancia General ( CG) del EPR. El despotismo que puede generarse al proteger estás conductas arbitrarias de las autoridades, puede provocar acciones consecuentes que lleven a cacerías de luchadores sociales.Es notorio que l SCJN sigue retrasando su veredicto con interés proteccionista al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, hay quienes suponían quela posición de los magistrados en pleno se habría dado antes de julio, aunque se pensó que esto generaría rechazos políticos por parte de la bancada priísta en el Congreso General , para los expertos una posible sanción penal y económica estaría dándose a tiempo, de tal modo que los funcionarios implicados y que han sido entrevistados por la SCJN, tendrían que responder.Llama la atención que no se entrevisto a Ulises Ruiz Ortiz, ni se le preguntó su intervención en las órdenes que se dieron durante los operativos en contra de la APPO y el magisterio oaxaqueño, claro que hay declaraciones en donde hacen responsables a miembros de la APPO, en la quema de edificios, vehículos, toma de instalaciones de comunicación como el canal 9 y estaciones de radiodifusión comercial y la muerte del señor Bradley Ronald Willey. La declaración de la ex procuradora, Lisbeth Caña Cadeza, del ex Secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, del actual abogado del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del capitán retirado Delfino Cruz Hernández, ex director de la Policía Municipal de Oaxaca, Lino Celaya Luría ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos ex secretario de Protección Ciudadana, Pedro Hernández Hernández, comandante del grupo conocido como ( Fuerzas Policíacas de Alto Rendimiento, FPAR ) de la Policía Ministerial de Oaxaca hoy, Agencia Estatal de Investigaciones ( AEI) arraigado incluso al vincularlo el gobierno federal con la detención y desaparición de los dos guerrilleros del EPR, así como otros funcionarios menores, no arrojo detalles contundentes.Lo anterior podría sugerir que al final de las investigaciones de los ministros de la SCJN, los culpables podrían ser los hoy occisos, Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, ya muertos la sanción quedará en el aire y la impunidad seguirá siendo la careta social de un gobierno que hasta el final de su administración reprimirá a sus opositores.Llama la atención que en el informe que entregan los ministros Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino , no impacta en el delito de lesa humanidad que sigue siendo la desaparición de personas como el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y que junto con la muerte de más de 20 personas durante el desarrollo del conflicto social del 2006-2007, sigue siendo la prioridad que debería mover a las instituciones involucradas en esas indagatorias.La negativa del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que en Oaxaca hubieran desaparecido los dos guerrilleros en mayo de 2007, preocupa ya que la impunidad ha llegado a tal grado que se ha convertido en una mascarada burda y desvergonzada de lo que en México les puede pasar a quienes no coinciden con las políticas de los tres niveles de gobierno en el Estado mexicano.El hallar violaciones a los derechos humanos por parte de la SCJN , no implica que se vaya a castigar a los culpables, quién ordeno que sería el autor intelectual seguirá libre e impune para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad como es la desaparición de personas, porqué así conviene al sistema político, el encerrar, desaparecer privando de su libertad a los luchadores sociales, es una práctica que los gobiernos practican y que es apoyada y ocultada por los diferentes niveles de gobierno junto con las instituciones.Se debe de establecer claramente con justicia, el caso de los más de 30 muertos en el movimiento social de Oaxaca, la detención y desaparición de personas muy aparte de su condición política o militar, tal parece que cada quién hace conjeturas sobre el status político-militar de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los cuales eran mandos dentro del EPR, olvidándose que la Constitución sigue protegiendo a quienes luchan desde la clandestinidad.La SCJN deberá de atender con prontitud el llamado de los familiares de los desaparecidos que suman más de cuatro personas, entre ellas Lauro Juárez y dos indígenas Triquis, las esperanzas sigue siendo la respuesta de los ministros de la SCJN, que ojalá no vaya a ser un chantaje político que usaría Felipe Calderón en el 2010 para imponer gobernador en Oaxaca, los muertos y desaparecidos no deben ser pretexto de los partidos políticos para sus fines mediáticos.

fuente- punto y aparte

¿Otra vez al filo del agua?

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI / LA JORNADA

MÉXICO, DF., 28 DE MARZO / Mi padre nació en junio de 1909, la víspera de la revolución mexicana. Hoy seguramente sigue tan campante haciendo su voluntad en el cielo como lo había hecho en la tierra. Según los periódicos de la época la gente no estaba preocupada por una posible revolución.
Las declaraciones del presidente Porfirio Díaz en el sentido de que no buscaría su enésima reelección habían causado revuelo en la clase política. Francisco I. Madero había iniciado su actividad política. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Elihu Root había hecho meses antes una visita para estrechar los lazos las relaciones entre los dos países. El Presidente Díaz se preparaba para las fiestas del centenario. En marzo se incendió la Cámara de Diputados. Salvo algunos visionarios, nadie creía que estábamos “al filo del agua” es decir, en la víspera de una hecatombe.
El paralelismo con nuestra época es difícil de sostener. Tenemos hoy mucho más información de lo que acontece en el país con vicios de turbulencia y conflicto que son mucho mayores de los que existían hace un siglo. La sociedad entonces estaba sumergida en una beatífica negación. Hoy estamos más alertas. Los que nos observan desde los Estados Unidos están más preocupados que nosotros. Un síntoma: la designación de Carlos Pascual nuevo embajador norteamericano experto en estados fallidos y sociedades convulsas
En México, a pesar de que está creciendo la inquietud y hasta la angustia por la difícil situación económica, la desastrosa guerra contra el narcotráfico, la violación constante de los derechos humanos y la desigualdad monstruosa en la que vivimos nadie se atreve a pronosticar en serio una revolución. Incluso los que diagnostican graves dificultades son descalificados como “catastrofistas”.
La historia no se repite y el México de 2009 es radicalmente distinto del México de 1909. Sin embargo, de modo inequívoco podemos aceptar que los niveles de ruptura están creciendo debido a la pésima administración de los últimos presidentes del PRI y del PAN.
Uno podría sentirse inclinado a crear un escenario de desastre porque no hay salida para los problemas financieros y tampoco para la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la sociedad mexicana es más conciente y repudia la violencia. Se está organizando alrededor de AMLO un movimiento que quiere encausar la inconformidad de modo pacífico y legal.
La importancia del movimiento de AMLO se ha demostrado en dos hechos recientes: La Convención Nacional de comités municipales del gobierno Legítimo que atrajo a unos 12 mil cuadros de todo el país. Acudieron miembros de grupos de más de 1800 municipios, el 90% de los municipios de régimen de partido del país, Revisaron las propuestas del equipo de Andrés Manuel, tomaron protesta y resoluciones, e iniciaron una tarea de expansión. Al día siguiente, AMLO llenó otra vez el Zócalo. La 33va. vez que colma la plancha en 5 años. Los que han vaticinado, incluso certificado la muerte política del tabasqueño y de su organización tendrían que revisar sus conclusiones. Es seguro que no lo harán. Mejor así.

fuente- el despertar

El IFE contra AMLO (y contra la libertad): es la hora de Luis Maldonado

La siguiente es una historia de terror. La ha contado el diario El Universal.
"Un informe de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) revela que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es investigado por los mítines que ha realizado, al parecer con el apoyo de los partidos del Trabajo y Convergencia. La indagatoria se inició con base en la denuncia presentada desde el 16 de febrero por el Partido Socialdemócrata (PSD) sobre el origen de los recursos de dichos eventos".
Aunque más adelante, en la misma nota del diario propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, se menciona también al PRD como uno de los partidos cuyos gastos va a "verificar" el IFE, está claro en el arranque de la información de El Universal que la investigación va directo contra Convergencia y el PT.
Es la hora de los dirigentes de ambos partidos, en particular del de Convergencia, el senador Luis Maldonado, quien tiene no solo un perfil académico destacado, sino también una trayectoria política que lo califica para dar la batalla en este momento en el que IFE, claramente, está atentando contra la libertad de un ciudadano que, por cierto, no es cualquier ciudadano, sino el legítimo presidente de México: Andrés Manuel López Obrador.
Vemos por qué digo que Maldonado puede, y debe, encabezar este combate a favor de la libertad. Nacido en Veracruz, Maldonado es abogado con estudios en la Escuela Libre de Derecho y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo diplomados en administración pública en sendos institutos especializados de Francia y España. Ha dado clases en la UNAM, en el Colegio de la Defensa Nacional y en la Universidad de las Américas. Cuenta además con experiencia administrativa en el gobierno. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría del Trabajo, en la CONASUPO, en el gobierno del Distrito Federal, en la Secretaría de Pesca, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Gobernación, en la Presidencia de la República, en el Cisen, en Sedesol, en Hacienda; colaboró en la campaña presidencial priista de 1994, ha sido diputado federal y senador por Convergencia y representante del poder legislativo ante el IFE.
Maldonado ha ocupado, además, los puestos de vicepresidente del Colegio Mexicano de Abogados, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Legión de Honor Nacional de México, presidente del Patronato de la Academia Nacional de Historia, vicepresidente del Instituto Mexicano de Cultura, presidente del Fideicomiso Horizonte Siglo XXI, vicepresidente del Patronato del Museo de la Revolución Mexicana, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
A Luis Maldonado, sin duda, le sobran experiencia y trayectoria para enfrentar la ofensiva del IFE contra López Obrador, contra el PT y contra Convergencia. Hay otros personajes, tanto en Convergencia como en el PT (Dante Delgado, Alejandro Chanona, Alberto Anaya) que también deberán dar la batalla. Pero dadas las características de esta agresión del IFE, creo que el más calificado para desactivarla es Maldonado.
Está claro que el IFE, junto con sus jefes del PRI y del PAN, lo que pretende es sacar a López Obrador de los comerciales de radio y televisión que han producido el PT y Convergencia. Al grupo en el poder le aterra el crecimiento de AMLO que, necesariamente, se va a traducir en la consolidación de los dos partidos a los que Andrés Manuel apoya.
Así, el IFE ha armado un tramposo expediente, a partir de una denuncia del PSD (mini partido palero del PRI y del PAN) para intentar parar a AMLO, al PT y a Convergencia.
De la habilidad de políticos como Luis Maldonado, y otros, dependerá que el IFE, el PRI y el PAN (es decir, la mafia) se salgan con la suya.

fuente- SDP noticias

Ángeles Cruz y Andrea Becerril

Representantes del Comité del 68, Amnistía Internacional (AI) y la senadora Rosario Ibarra deploraron la resolución judicial que exonera al ex presidente Luis Echeverría de responsabilidad en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ya que “es ejemplo del clima de impunidad que hay en México”.
La gran ausente de México sigue siendo la justicia, porque no se le ve por ninguna parte, resaltó Ibarra, dirigente del Comité Eureka. Para ella, Echeverría debe ser juzgado también por los cientos de desaparecidos políticos durante su sexenio.
Por su parte, el dirigente del Comité del 68, Raúl Álvarez Garín, desmintió la versión difundida por Juan Velázquez, abogado de Echeverría, de que éste puede salir de su casa, ya que –explicó– la sentencia que lo exculpa del crimen estudiantil surtirá efecto hasta que forme parte del expediente.
Álvarez Garín exigió a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que expliquen públicamente las consideraciones hechas para llegar a la conclusión de que Echeverría es inocente de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
Destacó que conforme a lo difundido, parece que los juzgadores se limitaron a retomar los criterios del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien concedió el amparo al ex mandatario con el argumento de que no hay pruebas para culparlo de lo ocurrido en Tlatelolco. “De especial gravedad y significación política es que en este momento ese magistrado está sujeto a un proceso disciplinario de la Judicatura por dos resoluciones muy controvertidas, ya que dejó en libertad a Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y al secuestrador Maldonado Leza”, dijo.
Integrante del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, informó que una vez agotadas las instancias nacionales, sobre todo si prevalece la impunidad, el caso Echeverría será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistada por separado, la senadora Rosario Ibarra destacó que de poco serviría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exoneró a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, a pesar de la represión contra movimientos sociales.
Absolver a Echeverría –insistió– es desconocer la lucha popular, pero en el caso del ex presidente no se ha dicho la última palabra, porque falta que lo enjuicien por los desaparecidos políticos, que son más de 300.

fuente- la jornada

Criminalización de las radios comunitarias

Miguel Concha

La situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en México pone en evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país.
Los cierres de radios comunitarias con el apoyo de más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la interposición de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), constituyen el inicio de una política aún más represiva por parte del gobierno mexicano en contra de las emisoras comunitarias. Tenemos por lo menos conocimiento de tres casos de radios comunitarias que han sido cerradas aplicando un uso desmedido de la fuerza pública, entre junio del año pasado y lo que va de este año. Ellas son la radio Ñomndaa, la palabra del agua, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero; la emisora Tierra y Libertad, en Monterrey, y en enero de este año la radio purépecha Uékakua en Michoacán.
De acuerdo con los testimonios de integrantes de la radio, en esta última más de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a cerrar la emisora, amagando a dos jóvenes mujeres y amenazando a una menor de edad con ser golpeada. En el caso de la radio Tierra y Libertad, uno de sus integrantes enfrenta hoy una acusación penal interpuesta por la SG, con el riesgo de ser detenido. Cabe resaltar que esta radio surgió como parte de un proyecto de una organización que lleva trabajando más de 30 años en labores relativas a la defensa y promoción de los derechos humanos en una zona marginal de Monterrey.
Desde hace tiempo los integrantes de la emisora han solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. La utilización, por tanto, de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, representa una criminalización de las radios comunitarias por parte del gobierno mexicano, pues ahora se privilegia para perseguir a integrantes de la emisora, mermando con ello su derecho a la libertad de expresión y poniendo en riesgo su libertad personal.
La voluntad del Estado por evitar que radios comunitarias como Tierra y Libertad ejerzan su derecho a la libertad de expresión se demuestra con la conducta omisa y discrecional que las autoridades han asumido respecto de la solicitud de permiso que las radios han hecho. Cabe recordar lo que han establecido organismos internacionales de derechos humanos en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana.
Los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, sobre todo cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro radioeléctrico, propiedad de la nación, para ellas. Igualmente, en el reciente Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno, representado por el secretario de Gobernación, estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Federación Rusa y los Países Bajos, en el sentido de “llevar a cabo reformas jurídicas para garantizar la apertura y la transparencia de los medios de comunicación en el país, y revisar la legislación de radio, televisión y medios de comunicación, y el seguimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los medios de comunicación”.
El Estado mexicano ha establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), como una de las líneas de acción: “Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas”. En la actualidad, el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que ha endurecido sus políticas, criminalizando a las comunidades que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión al usar el medio que resulta más accesible para la gente hasta ahora: la radio. Con ello, el gobierno mexicano está retrocediendo en lo que parcialmente y con muchas dificultades ya se había avanzado en 2004 y 2006, con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en el país. No sólo no ha cumplido con las recomendaciones en materia de libertad de expresión, a fin de establecer las condiciones para que las radios comunitarias puedan existir y subsistir dignamente, sino que está utilizando medios excesivos para su persecución y criminalización.

fuente- La jornada

Las FARC, después de “Tirofijo”

BUENOS AIRES.— “Será un golpe difícil de superar...”. Esa fue la frase con la que Manuel Marulanda, más conocido como Tirofijo, se refirió a la muerte de Raúl Reyes, en una carta enviada al secretariado de las FARC el 21 de marzo de 2008.
Eso fue cinco días antes de su deceso en la Selva del Yavi. En esa misiva, que las autoridades consideran hoy su testamento político, el hasta entonces guerrillero más viejo del mundo daba muestras su larga experiencia.
No se equivocó. Hasta la actualidad, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no parecen repuestas de aquel primer gran golpe del gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, que abrió lo más parecido a “la serie negra” a lo largo de su historia insurgente.
Su testamento, imágenes de su sepelio por televisión (Telesur), homenajes en Caracas y en todas las capitales sudamericanas organizadas por el Partido Comunista, al que perteneció desde sus días de joven campesino, se sucedieron el jueves para celebrar el primer año de su muerte. Pedro Antonio Marín, tal su nombre legal, dejaba entonces a las FARC en su peor momento político y sin posibilidades de alcanzar un acuerdo humanitario o una negociación con el gobierno, como él mismo lo expresó tras la muerte de Reyes.
“Actualmente, en medio del triunfalismo, veo muy difícil cualquier acuerdo humanitario; antes debemos endurecer nuestra posición frente al gobierno”, dijo en esa misiva días antes de morir, a los 78 años. La ofensiva militar de las FARC de las últimas semanas, que terminó con nueve soldados muertos y 23 heridos en distintos puntos del país, podría ser una de las últimas órdenes acatadas a su jefe histórico.
Aun así, ayer la senadora Piedad Córdoba, al frente del grupo de Colombianos por la Paz, dijo que espera “una respuesta positiva de las FARC” para un intercambio de rehenes por guerrilleros detenidos. “El intercambio de cartas y las últimas liberaciones nos permite ver que hay un mejor clima. Veremos cómo avanzamos con el gobierno”, dijo la legisladora aquí, en Buenos Aires.
Las FARC, ahora bajo las órdenes de Alfonso Cano, destacaron el miércoles en un comunicado que “estamos unidos, cohesionados, actuando sobre lo ya elaborado, que es nuestra línea política militar, la vamos actualizando a la luz del marxismo-leninismo, de acuerdo a la realidad colombiana”, lo que contrasta con la cadena de deserciones y de militantes que se sometieron a las políticas de reinserción social impulsadas por el gobierno de Uribe.
A eso se suman algunas disputas internas, que algunos analistas y contactos de la guerrilla en Bogotá confirman y que muestra a la guerrilla aún sin poder terminar de asimilar su peor momento histórico.

Es esa coyuntura la que obligó a Cano a ordenar un “viraje estratégico encaminado a que su accionar produzca efectos políticos y concreto. Eso puede verse en los documentos recientes haciendo eco de causas sociales concretas más que de su esquema de secuestros y ofensivas militares, según un estudio del Centro de Estudios Geoestratégicos de la Universidad de Nueva Granada.
Álvaro Villaraga fue guerrillero en el Ejército Popular de liberación (EPL) y hoy es el director de la Fundación de Cultura Democrática, para quien Tirofijo es una figura paradigmática de la historia del último medio siglo en Colombia. “Por un lado, es símbolo de la rebeldía campesina y el descontento popular, pero también evidencia los atropellos y delitos cometidos por su grupo bajo la premisa de tomarse el poder”.
Para Villaraga, la constante ofensiva del gobierno y del Ejército sobre las FARC “las debilitó y eso es innegable”, pero al mismo tiempo “tienen su capacidad militar y logística en varias regiones del país. No es como la que ostentaban a fines de los 90, pero suficiente como para no hacer viable el proyecto de Uribe de acabarlas con el Ejército”.
“Las FARC perdieron mucho más en el terreno político e internacional con sus propios errores que por la propia crisis de su capacidad militar”, acotó.
Errores políticos y golpes, lo cierto es que aquellas palabras que Tirofijo pronunció en su “legado político”, aún resuenan con fuerza.

fuente- El Universal

Alejandro Encinas: CARTA AL PRD

Me refiero a la campaña de comunicación que se está llevando a cabo a nombre del PRD en distintos medios de comunicación.
Más allá de las valoraciones subjetivas que reviste toda campaña mediática, quiero señalar la indebida promoción personal de algunos de los integrantes de la actual dirección nacional. La reciente reforma al artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personal, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de los servidores públicos —diputados y senadores incluidos—, situación que cobra una connotación especial en los partidos, pues sus campañas se financian, además de con recursos públicos, con las cuotas de sus militantes, pertenezcan o no a sus corrientes internas, por lo que al menos esta campaña debería reflejar la pluralidad que caracteriza al PRD y no sólo a alguna de sus expresiones.
Por otro lado, si bien las formas son importantes, lo son más los asuntos de fondo. Algunos de los contenidos de dicha campaña no sólo denotan confusión, sino se apartan de los lineamientos básicos del PRD. Es el caso del mensaje que señala que el PRD propone una economía basada en el “libre mercado”.
¿En realidad estamos a favor del libre mercado? Nada más ajeno a nuestra línea programática. Durante décadas, el PRD ha cuestionado el modelo económico neoliberal fundado en el libre mercado, ya que el mercado actúa bajo la lógica de la acumulación del capital que ha ampliado la brecha de pobreza e inequidad.
Hemos sostenido que la integración económica internacional y nacional es un problema mucho más amplio que el comercio y la economía, y que debe incluir aspectos de desarrollo y cohesión social que la liberalización del mercado es incapaz de atender. Resulta absurdo reivindicar esta propuesta cuando la actual crisis económica ha puesto en evidencia el fracaso del mercado y su incapacidad para garantizar el desarrollo y abatir la desigualdad, lo que ha obligado a replantear la intervención del Estado en la regulación de la economía y en el rescate del sector financiero internacional.
¿Dónde está nuestra propuesta? ¿Cuál es el nuevo rol que el Estado debe cumplir en este proceso? No se trata de restituir el estatismo anacrónico, autoritario y paternalista del pasado, sino de identificar las responsabilidades sociales del mismo y su papel regulador en la economía como parte de los desafíos de la democracia. Ese es el asunto que debería plantear el PRD.
Entiendo que en la disputa del poder político a través de la competencia electoral los partidos busca mantener y ampliar su electorado. Sin embargo, la lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han llevado al PRD a tal pragmatismo que la “disputa por el centro” ha diluido su discurso y, por tanto, las diferencias ante los proyectos que representan otras opciones políticas.
La campaña electoral debe convertirse en un espacio para impulsar un proyecto propio. El PRD debe diferenciarse claramente de los otros partidos, tomar iniciativas e impulsar cambios, vinculando su acción con los gobiernos que encabeza y con el movimiento social, para desde ahí definir su agenda parlamentaria.
Es un error alentar la percepción en la sociedad de que todos los partidos somos igual y lo mismo. Por el contrario, el PRD debe ofrecer al elector una opción que se identifique como una alternativa frente a la derecha neoliberal, que ha impulsado un modelo de desarrollo económico basado en el mercado libre y que ha llevado a la ruina a nuestro país.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

fuente- El Universal

CIDH pide que tribunales civiles juzguen abusos militares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció porque los tribunales civiles juzguen las violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por militares.Expresó su preocupación porque la justicia militar investigue y juzgue abusos y delitos cometidos pos miembros del ejército.
Al concluir el 134 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional indicó que el Estado tiene obligatoriedad de suministrar todos los recursos legales para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El 20 de marzo, un colectivo de organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria y Pro Juárez, entre otros, presentaron el documento "Violaciones a la Convención Americana por la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos en México".
Informaron que el actual sexenio aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército en 600% de los cuales 99% queda impune.
Durante la audiencia pidieron que en México se suprima el fuero militar y que los juzgados civiles sean los encargados de investigar los abusos de los elementos castrences.
Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH le preguntaron a los representantes de las secretarías de Gobenación, Defensa Nacional y Relacionex Exteriores si México ya había definido una postura sobre las interpretaciones al código de justicia militar y por qué no se investigaban las violaciones a los derechos humanos.
Pero no hubo respuesta del Estado mexicano a las inquietudes de la comisión ni a los señalamientos a las organizaciones.
Se limitaron a mencionar que las fuerzas armadas está comprometidas en el respeto a los derechos humanos y que existía un proceso intenso para capacitar a los elementos castrenses en la materia.
Al finalizar el actual periodo ordinario, la CIDH expresó "su preocupación porque en algunos países de la región --incluido México-- se continúa empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía".
Explicó que la jurisdicción militar es "excepcional" y sólo debe ser utilizada para delitos de función, todas aquellas conductas de los militares en servicio activo que vayan contra los bienes jurídicos castrenses.
"Los Estados tienen la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron o no cometidas por militares", manifestó.
La CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró su 134º período ordinario de sesiones del 16 al 27 de marzo de 2009.
En 2009 se cumplen 50 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se celebrará una ceremonia conmemorativa durante la primera semana de septiembre en Chile, donde el 18 de agosto de 1959 se tomó la decisión de crear la Comisión.

Exculpa tribunal a Luis Echeverría

Gustavo Castillo

El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó este jueves que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es inocente del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968, y quedó absuelto de todos los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
El Consejo de la Judictaura Federal informó por medio de un comunicado de prensa que “los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión”.
Esto significa que, si bien sí se cometió el delito de genocidio el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y no había prescrito en 2007, el ex mandatario no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
Al respecto, el abogado Juan Velázquez afirmó: “ya no queda nada. Las dos acusaciones que había contra mi cliente resultaron sin cargos para él. Los casos fueron la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y el 2 de octubre en Tlatelolco 1968.
“Estamos agradecidos, Luis Echeverría y yo, con el fiscal del pasado porque nos permitió que mi cliente fuera sometido a un juicio y que en un proceso legal se le declarara inocente. Desde hoy, uno será el dicho de la gente y otro, absolutamente distinto, el fallo de un tribunal”.
Minutos después de que el litigante conociera la decisión del tribunal colegiado, acudió a la casa de Luis Echeverría y dijo que intentaría que el ex presidente subiera a su coche para darle una vuelta a la manzana como un símbolo de que había recobrado su libertad.
“Tendré la mayor satisfacción de un penalista, acompañar a mi cliente del aprisionamiento a la libertad, ya que voy a llevarlo a dar una vuelta en el coche y luego lo regresaré a su casa, no habrá nada de show”, agregó Juan Velázquez.
El 2 de julio de 2002, Echeverría fue llamado a comparecer ante el MP Federal. La primera orden de captura en su contra fue en junio de ese año, pero obtuvo un amparo. Luego, el 30 de noviembre de 2006, un magistrado federal libró una orden de aprehensión domiciliaria y ordenó que fuera juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
Ayer, el ex mandatario recuperó su libertad plenamente.

fuente- la jornada

La mentira al servicio del imperio

Fidel Castro Ruz

La Reuters encabezó ayer la lista de las agencias internacionales de noticias que presentan a Pedro Miret y a Osmany Cienfuegos como figuras históricas destituidas por Raúl Castro.
Le sigue en orden la EFE, que textualmente afirma: “fueron destituidos como Vicepresidentes del Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo.”
El pretexto para esta intriga, ampliamente divulgada en el mundo, fue la publicación en la Gaceta Oficial, el día 24 de marzo, del Decreto sobre la reestructuración del Consejo de Ministros del Gobierno de Cuba, aprobado el día 2 de este mes.
Pedro Miret es un magnífico compañero, con grandes méritos históricos al que todos respetamos y por el que siento gran afecto. Hace varios años, por razones de salud, no puede ocupar cargo alguno. La lenta instalación de su enfermedad dio lugar al cese progresivo de su actividad política. No es justo presentarlo como un “destituido”, sin consideración alguna.
Osmany Cienfuegos, hermano de Camilo, realizó importantes tareas, no solo como Vicepresidente del Consejo de Ministros, sino también como miembro del Partido o cumpliendo instrucciones mías cuando era Comandante en Jefe. Fue siempre y es, revolucionario. Sus funciones fueron cesando progresivamente, desde mucho antes de que yo enfermara. Ya no ejercía como Vicepresidente del Consejo de Ministros. El compañero Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado, no tiene responsabilidad alguna en esto. Se trataba, en ambos casos, de trámites simplemente legales.
Reuters y EFE son dos de las agencias occidentales más cercanas a la política imperialista de Estados Unidos. La segunda a veces se comporta peor, aunque es mucho menos importante que la primera.
Haciendo uso de una técnica habitual, EFE toma las palabras de Joaquín Roy, director del European Union Center, de Miami, para publicar en otro cable del 24 de marzo, lo siguiente: “Se ha redescubierto a España como país clave en ciertas regiones del mundo de interés para Estados Unidos como América Latina y en particular, en dos países: Cuba y Venezuela.”
De inmediato EFE añade: “El experto consideró que el mayor interés de Estados Unidos, más que presionar para la apertura, los cambios, etcétera, es la estabilidad en la Isla.
“Desde hace años, explicó, los estudios de las agencias de seguridad estadounidenses no señalan a Cuba como una amenaza militar, sino que permanecen atentos al desarrollo de cambios para evitar que las eventuales fricciones internas puedan desestabilizar la región.
“A Estados Unidos no le interesa que el resultado de la apertura sea una guerra civil en Cuba.
“La Unión Europea y España, según Roy, no tienen inconveniente en trabajar conjuntamente con Estados Unidos pero, ‘con cautela’ para que no se dé a entender o se les acuse desde Cuba, de que siguen la guía de Washington.”
Más claro ni el agua: las ideas del viejo imperio español en muletas, tratando de ayudar al corrupto, tambaleante y genocida imperio yanqui.
Nada han aprendido la superpotencia de Estados Unidos y la minipotencia española de la heroica resistencia de Cuba a lo largo de más de medio siglo.
Marzo 25 de 2009
3 y 02 p.m.

escrito por Fidel Castro Ruz

15 ONG integraron la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales

MÓNICA CAMACHO
Para poder combatir la deplorable situación económica, social y política que vive el estado, 15 agrupaciones integraron la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales, la cual será asesorada por los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para servir de contrapeso al gobierno “autoritario” que encabeza el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Así lo informó el dirigente de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, quien lamentó que los habitantes de Puebla y Oaxaca compartan el mismo problema: ser dirigidos por autoridades que operan en la impunidad por carecer de un sistema judicial independiente.
Flavio Sosa explicó que la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales forma parte de un movimiento nacional que surge ante la incapacidad de los funcionarios y representantes de partidos políticos para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad.
“Los partidos atraviesan por una crisis; por eso es importante que surjan dichos movimientos, para construir salidas populares”, afirmó el líder social, encarcelado durante más de un año por participar en las protestas del movimiento magisterial en Oaxaca durante la visita que realizó a la ciudad de Puebla.
La presentación de la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales se efectuó en el Sindicato de Telefonistas, donde se congregaron líderes sociales, representantes de asociaciones civiles y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El secretario general del Sindicato Nacional del Colegio de Bachilleres, Saúl García Pacheco, aseveró, durante su intervención, que el principal reto de la coordinadora será defender los derechos laborales de los trabajadores en esta crisis económica que ha provocado la reducción del salario en 50 por ciento, ante el incremento de la inflación.
A eso se le suma, dijo, “el problema de desempleo, el cual no sólo crece de manera alarmante, sino que también se genera con un corte deshumanizado en virtud de una política errónea de los gobiernos”.
El perredista Horacio Gaspar Lima aseguró que la nueva organización tendrá que fungir como un canal de negociación entre los integrantes de la sociedad civil y los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal para resolver los problemas de corrupción, empleo, salud, educación y alimentación que padece la entidad.
Los representantes de las 15 agrupaciones que conforman a la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales coincidieron en que dicha agrupación será un escudo para la defensa de los derechos más sentidos de la población.
“Ponemos de manifiesto nuestra voluntad y capacidad de organización para encabezar una lucha civil pacífica, así como nuestra disposición para dialogar y llevar a cabo mesas de trabajo con las instancias y organizaciones necesarias para cumplir nuestros objetivos”, se afirmó en el comunicado de prensa que se distribuyó durante el acto.
Al concluir el acto, Flavio Sosa concluyó que la integración de esta coordinadora representa “un esfuerzo muy importante para evitar que el imperio de la ley se vea sojuzgado por la autoridad y se ponga punto final al régimen de impunidad”.

fuente- la jornada

Encuentra la SCJN violación a garantías individuales en Oaxcaca

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF, 26 de marzo (apro).- La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Oaxaca encontró que hubo "graves violaciones a las garantías individuales", pero será el pleno de ministros el que determine, en definitiva, si esos hechos constituyen violaciones a derechos humanos.Los ministros resolverán a partir de un proyecto que presente al pleno el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien es uno de los principales opositores a que la Corte realice este tipo de investigaciones.La comisión encargada de indagar la represión gubernamental al movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), presentó el martes al pleno de la Corte el informe preliminar, en el que se evitó identificar responsables de tales violaciones."Únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", precisaron los magistrados de Circuito Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández, comisionados por la Corte para hacer la investigación.La comisión se centró en indagar la probable violación de garantías a determinadas personas, especialmente la de vida e integridad física, inviolabilidad de domicilio, libertad individual y respeto al derecho a propiedad, entre otras, durante los hechos "que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, entre 2006 y 2007".Según lo establecido por el pleno de ministros cuando en junio de 2007 decidió ejercer su facultad de investigación, los magistrados también investigaron la probable violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito, de trabajo y derecho a la información.Otra de sus asignaciones fue indagar sobre los probables excesos de las fuerzas policiales municipales, estatales y federales; así como las omisiones o pasividad de las autoridades de los tres niveles para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona.El informe preliminar, que consta de 39 tomos con más de 6 mil 600 páginas, pasará a manos de Azuela para que elabore el proyecto de resolución que será presentado para su votación a los plenos de ministros. No hay fecha para que ello ocurra.Sin embargo, serán los ministros los que determinen en definitiva si los hechos investigados constituyen violaciones graves a las garantías individuales y derechos fundamentales.La comisión investigó los hechos ocurridos en Oaxaca, del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como los del 16 de julio de este último año.Los magistrados subrayaron que su actuación no fue de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos, ni para calificar la legalidad de las acciones de las distintas autoridades.Indicaron que solicitaron información a las autoridades involucradas y tuvieron la colaboración de la sección 21 magisterial, de la APPO, cámaras y grupos empresariales, medios de comunicación, comerciantes, artesanos, prestadores de servicios y representantes eclesiásticos.

fuente- proceso

Cazadores han matado en dos días 17 mil 200 focas en Canadá

El gobierno autorizó para este año la matanza de 338 mil 200 focas, 55 mil más que el año pasado.
DPA Publicado: 26/03/2009 10:53

Nueva York/Québec. Cazadores de focas canadienses mataron en sólo dos días 17 mil 200 ejemplares, en su mayoría de la especie foca de Groenlandia, con lo que casi agotaron la cuota establecida para esta temporada por el Ministerio de Pesca en Ottawa para la región alrededor de las islas Magdalena en el este de Canadá.
El gobierno autorizó para este año la matanza de 338 mil 200 focas, 55 mil más que el año pasado.
Dependiendo de las condiciones del tiempo, la cacería podría continuar esta semana entre las islas Magdalena y cabo Bretón.
Según la emisora de radio CFJW, en esta región están autorizados a cazar unos 50 hombres de las provincias canadienses vecinas de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo.

fuente- la jornada

Entrega comisión de SCJN informe preliminar sobre caso oaxaca

México, 26 Mar (Notimex).- La comisión que creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en Oaxaca durante protestas de maestros de la Sección 22 del SNTE y de la APPO presentó su informe preliminar.
En la sesión en la que se escuchó a los magistrados de circuito, Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, no se dieron a conocer las conclusiones de dicha comisión sobre los hechos ocurridos entre el 1 de mayo de 2006 el 17 de julio de 2007.
Indicaron que en dicho informe "no se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Ante el pleno de ministros explicaron que las indagatorias incluyeron testimonios de funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes de diversos sectores de la sociedad.
Afirmaron que durante las diligencias, que constaron de cuatro etapas, se respetaron en todo momento los derechos de quienes participaron en los hechos, de las personas y grupos sociales, así como de las autoridades señaladas, con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.
Los cuatro aspectos en los que se centró la investigación de la comisión fue la probable violación de garantías de personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras.
En segundo término dieron a conocer que se investigó la probable violación generalizada de garantías individuales, como libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, así como probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales.
Las indagatorias tuvieron como fin determinar si existieron omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trata, durante los acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en Oaxaca y su zona conurbada.
Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández detallaron que se recabaron 151 informes de autoridades, de los cuales 29 son de funcionarios federales, 71 estatales y 51 de municipales, así como colaboraciones y entrevistas de diversos integrantes de la sociedad, como comerciantes, empresarios y representantes del clero.
De igual manera se obtuvieron testimonios de organizaciones protectoras de derechos humanos, artesanos, prestadores de servicios, medios de comunicación, así como integrantes de la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Las 56 colaboraciones están documentadas con material fotográfico y videográfico, al igual que las 346 entrevistas a autoridades federales, estatales y municipales, funcionarios y ex funcionarios, en 20 viajes durante los cuales se levantaron las respectivas actas circunstanciadas.
Dijeron que toda esta información fue digitalizada y se conformaron 418 tomos con 217 mil 977 fojas aproximadamente, aunque el informe preliminar que se entregó a los ministros está compuesto por 39 tomos con seis mil 600 páginas.
Al término del informe el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró extinguida la comisión para que los magistrados que la conformaron retomen las funciones que desempeñaban hasta antes del encargo.
El pleno del alto tribunal designó al ministro Mariano Azuela Güitrón para que elabore el proyecto de sentencia que será discutido y determine en definitiva si existieron violaciones graves a los derechos fundamentales durante estos hechos y se emita un dictamen que será entregado a las autoridades correspondientes.

fuente- Notimex

Recibe el pleno de la SCJN informe de magistrados sobre caso Oaxaca

El documento no “califica la legalidad” sobre la actuación de las autoridades federales, sino que “únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos”.
Jesús Aranda Publicado: 26/03/2009 14:08
México, DF. La comisión de magistrados encargada de elaborar la investigación sobre los hechos ocurridos en el estado de Oaxaca del 1 de mayo de 2006 al 16 de julio de 2007 entregó su informé al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que “no se califica la legalidad” en la actuación de las autoridades federales, estatales, y municipales involucradas en los hechos; tampoco “adjudica responsabilidades” sino que “únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.
Este informe, elaborado por Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, que consta de 39 tomos con mil 660 páginas incluye mil fotografías y mil 780 imágenes de notas periodísticas sobre los hechos en los que los integrantes de la APPO denunciaron la violación de, entre otros, el derecho a la vida e integridad corporal a la libertad personal, a la propiedad privada, a la inviolabilidad del domicilio entre otros. El ministro Mariano Azuela será el encargado de elaborar el dictamen.

fuente- la jornada

En carta a Hillary, AMLO cuestiona política antinarcóticos panista

ROSALíA VERGARA
MÉXICO, DF, 25 de marzo (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta a la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clínton, en la que señala que la causa del narcotráfico en el país es el proteccionismo de los gobiernos corruptos a los capos de la droga. A la impunidad, señaló el tabasqueño, se suma el nulo crecimiento económico del país, el mantenimiento de las políticas neoliberales y el rezago social. López Obrador llevó a cabo un mitin a las puertas de la Cámara de Diputados y aprovechó para leer una carta abierta dirigida a Clinton, en la que le ofrece su visión de la inseguridad en la frontera México-Estados Unidos. "Desde nuestra visión, el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país se ha originado por la corrupción y la impunidad imperantes, y porque desde hace 26 años no ha habido crecimiento económico y millones de jóvenes han sido marginados de la educación y no han tenido oportunidades de trabajo", señaló en la misiva.Esta situación, puntualizó, detonó "cuando un grupo de traficantes de influencias se apoderó del Estado mexicano y a través de esta política de pillaje ha enriquecido a una minoría de manera exagerada y obscena y ha condenado al pueblo al destierro y la supervivencia".Sostuvo que México padece de un gobierno usurpador y fallido. "Esa debilidad podría llevarlo a tomar acuerdos contrarios al interés nacional", advirtió.E insistió en que no es con muros ni con militarización de la frontera como se combatirá con éxito la inseguridad, violencia y flujo migratorio. Exigen aprobar ley de salarios máximos En el mitin en San Lázaro, López Obrador exigió a los legisladores federales aprobar a la brevedad la ley de salarios máximos, que prohíbe que los funcionarios ganen más que el presidente de la República, para reducir los 'megasueldos' de la alta burocracia.En la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, señaló que esa iniciativa se aplicará a todos los funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.Esta medida, sostuvo ante simpatizantes y dirigentes de los partidos del Trabajo y Convergencia, así como de legisladores perredistas, forma parte de la trasformación del país."Queremos que dicha ley incluya la reducción de sueldos a ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores y a otros altos funcionarios públicos y que entre en vigor de inmediato".De lo contrario, advirtió López Obrador, habrá acciones de resistencia civil.

fuente- proceso

Detenciones de inmigrantes en EEUU violaron DDHH: reporte

Por Deborah Charles
WASHINGTON (Reuters) - La detención de cientos de miles de inmigrantes cada año en Estados Unidos representa una violación a los derechos humanos, dijo el miércoles Amnistía Internacional USA en un reporte.
En un día promedio, dijeron grupos de derechos humanos, más de 30.000 inmigrantes se encuentran en recintos de detención. Eso es el triple de la cantidad que estaba bajo custodia hace una década, según el reporte de Amnistía "Jailed Without Justice: Immigration Detention in the USA".
"Estados Unidos debería estar indignado por la escala de los abusos a los derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras", dijo Larry Cox, director de Amnistía Internacional USA.
"Estados Unidos ha sido por largo tiempo un país de inmigrantes, y no importa si han estado aquí cinco años o cinco generaciones, sus derechos humanos deben ser respetados", agregó.
Amnistía dijo que más de 300.000 personas son detenidas por funcionarios de inmigración de Estados Unidos cada año. Entre ellos se incluyen sobrevivientes a la tortura, solicitantes de asilo, víctimas de tráfico humano, residentes permanentes legales y padres de niños con ciudadanía estadounidense.
"El uso de la detención como una herramienta de combate contra la inmigración no autorizada no cumple con la ley internacional sobre derechos humanos", afirma el reporte.
Según Amnistía, decenas de miles de personas languidecen cada año en centros de detención estadounidenses para inmigrantes -entre ellos varios ciudadanos estadounidenses- sin recibir una audiencia para determinar si su detención es legítima.

El jueves en la Corte, reporte sobre abusos graves en Oaxaca

Jesús Aranda

Sin grandes expectativas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá este jueves el informe sobre Oaxaca, elaborado por la comisión de magistrados que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa entidad de mayo de 2006 a julio de 2007; de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el documento será sólo descriptivo, sin juicios de valor sobre la existencia de violaciones graves a las garantías individuales.
Una vez que rindan su informe los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunciará que por cuestión de turno, corresponderá a Mariano Azuela la elaboración del proyecto de dictamen.
En el máximo tribunal se dijo que tras la resolución del caso Atenco, en que la decisión quedó en un catálogo de buenas intenciones y sin responsabilizar a ningún alto funcionario federal o estatal de violaciones graves de garantías, se espera que en el caso Oaxaca ocurra algo similar.
Es decir, que el pleno hará algunas recomendaciones en cuanto al uso de la fuerza pública, para que ésta no vulnere las garantías ciudadanas, pero también con respecto a la omisión de las autoridades en el uso de ésta se hará énfasis en que los gobiernos de los tres niveles deben de actuar a tiempo, antes de que se desborden los conflictos sociales.
Tampoco se espera que la Corte determine responsabilizar a autoridad alguna, incluido el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, de los actos que dieron origen a la investigación y a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan: determinar quién ordenó la represión en la entidad, qué autoridad ordenó movilizar a la Armada de México y a la Policía Federal Preventiva; quién ordenó el traslado de los detenidos, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a penales de alta seguridad en otras entidades, pese a que las acusaciones en su contra fueron por delitos del fuero común, y finalmente, quién ordenó el desalojo violento de los activistas del Cerro del Fortín, en julio de 2007.
En su momento, Ulises Ruiz trató de impedir que la SCJN, con base en en el artículo 97 constitucional, decidiera investigar la presunta violación grave de garantías, con el argumento de que iba a dar cumplimiento a la respectiva recomendación de la CNDH.
El pleno desechó los argumentos Ruiz y creó la comisión, pero meses más tarde adoptó un acuerdo general, en el que determinó que en estas investigaciones los ministros no estaban facultados para imputar personalmente a los funcionarios responsables de violar las garantías, si acaso, podrá hacer un recuento de los hechos.
Así las cosas, la comisión de magistrados presentará su informe y, si el pleno lo considera suficiente, lo turnará al ministro instructor para que elabore el proyecto de dictamen.
Por cierto, Azuela deja su cargo el 30 de noviembre próximo y, según ministros consultados, conociéndolo, seguramente se apurará para que el pleno resuelva este asunto antes de que se vaya.

fuente- la jornada

Tendrá AMLO asamblea frente a la Cámara de Diputados

MEXICO- El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizará hoy a las 17:00 horas una asamblea informativa frente a la Cámara de Diputados, solicitará que el proyecto de Ley de Salarios Máximos para funcionarios públicos pase al pleno de inmediato y sea sometido a la votación respectiva.De acuerdo con AMLO, de aprobarse esta ley, los salarios de funcionarios públicos podrían reducirse en casi 50%.Sin embargo aseguró que la medida no comprende todas las demandas de su Movimiento en Defensa de la Economía Popular.El próximo 31 de marzo López Obrador iniciará una nueva gira por todo el país, tendrá inicio con visitas a cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal.El proyecto de Ley de Salarios Máximos para funcionarios públicos fue aprobado el 18 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

fuente-terra

Un aniversario más del natalicio de Benito Juárez

Lilia Mendoza fue abucheada por miles de maestros no se le escuchó nada.

Por Verónica Villalvazo

Aproximadamente a las ocho de la mañana la concentración de miles de maestros inicio en San Pablo Guelatao de Juárez Oaxaca, tierra del Benemérito de las Américas Benito Juárez con el objetivo de impedir la llegada de URO a tierras de Juárez en el CCIII aniversario de su natalicio, “las corrompería con su presencia” era la opinión de muchos de estos maestros.Un poco antes de la diez de la mañana un grupo reducido de personas se encontraba en la plaza cívica esperando el acto oficial al cual acudiría la presidenta municipal de Guelatao Gloria Rojas Solano y la representante del gobierno estatal Lilia Mendoza Cruz.A las diez con 15 minutos inicio el acto vacio en su mayoría pero arriba en el cerro donde se encuentra la bandera de México las gradas de la plaza se encontraba repleta de maestros de la sección 22 y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos d Oaxaca, los cuales al iniciar la ceremonia oficial iniciaron con consignas tales como “La APPO VIVE; LA LUCHA SIGUE,” “SECCIÓN 2 LA ÚNICA NO HAY DOS”, Y “ASESINOS”, consigna que se mantuvo prácticamente todo el evento.
Durante los honores a la bandera los maestros se mantenía en silencio para de inmediato al iniciar la voz del orador oficial iniciar nuevamente las protestas, durante la intervención de la presidenta municipal los abucheos fueron menores, sin embargo el enojo y la inconformidad fue mostrada en su totalidad con la presencia de la representante estatal Lilia Mendoza Cruz representante estatal de la secretaria de asuntos indígenas.Finalmente el evento oficial llego a su fin entre ansiedades de los oficialistas y el grupo de militares que acompañaron el evento con la banda de guerra del ejército y por otro lado los maestros entonando el venceremos cuando era leída una poesía a Juárez por uno de los miembros de la gran logia masónica quien dirige como primer vigilante Juan Gopar.Luego de dicho evento los maestros de la sección 22 iniciaron el evento alterno a un costado de la plaza pública, con los honores a la bandera, poniendo una ofrenda a la estatua de Juárez. lugar al cual llego también la presidenta municipal Gloria Rojas Solana, para dar la bienvenida a los profesores, y saludar a la Comisión de la Sección 22 encabezada por Azael Santiago Chepi.El evento de los profesores inicio a las once con 30 minutos y concluirá a las 16: 00 horas.El evento fue calificado de exitoso por que se evitó que URO llegará a Guelatao, señaló Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22.Última actualización el Lunes, 23 de Marzo de 2009 03:48

fuente- la hora de oaxaca