29 Septiembre, 2009 - 20:37
Reuters, AP y AFP
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TEGUCIGALPA. El gobierno de facto hondureño se encuentra ahora no sólo bajo la presión internacional, sino que ha registrado su primera fisura interna en la que fuerzas que apoyaron el golpe de Estado, exigen que se dé marcha atrás con la suspensión de las libertades civiles decretadas el domingo.
Diputados de los partidos Liberal y Nacional -que habían respaldado el derrocamiento de Manuel Zelaya el 28 de junio- pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que termine sus medidas radicales.
Micheletti suspendió el domingo por decreto la libertad de asociación y movimiento -algo que sirvió a los golpistas silenciar las marchas en su contra- y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios de comunicación leales a Zelaya.
Lo quieren de regreso
El jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, declaró que diferentes sectores sociales están buscando una salida a la crisis desatada por el golpe de Estado el 28 de junio.
“Veo que rápidamente estamos llegando a una solución, que es lo que todos estamos esperando”, dijo Vásquez, figura clave del golpe que derrocó a Zelaya del poder.
Líderes empresariales propusieron, para terminar con la crisis política, que se restituya al depuesto presidente y el envío de 3,000 soldados de las Naciones Unidas para garantizar la paz en Honduras.
El presidente de la Asociación de Industriales, Adolfo Facussé aseguró que “sólo tratamos de que la paz retorne al país. Intentamos lograr un pacto entre las partes en conflicto que han expresado su disposición al diálogo, pero no lo llevan a cabo".
La iniciativa está enmarcada dentro del Acuerdo de San José que diseñó en julio el presidente costarricense Óscar Arias.
Para los empresarios, Zelaya deberá reasumir el cargo para entregar de inmediato el poder a las fuerzas armadas y un consejo de ministros de Estado, mientras que Micheletti regresaría a su curul en el Congreso.
“Micheletti no sería un diputado más, se le designaría como congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohibe la ley’’, dijo Facussé. Micheletti era el presidente del poder legislativo cuando ocurrió el golpe de Estado.
Zelaya se sometería a la justicia que lo ha encausado por cuatro delitos: atentar contra el sistema democrático de gobierno, traición a la patria, usurpar funciones públicas y abuso de autoridad.
Insiste en la resistencia
Por su lado, Zelaya llamó en una conferencia desde la Embajada brasileña “a la resistencia en la calle (...) para que se devuelva a los medios clausurados para que puedan volver al aire”.
El gobierno de facto volvió a impedir una marcha de unos 2,000 opositores para exigir la reinstalación del Mandatario.
El canciller brasileño, Celso Amorim, defendió ante el Senado de su país la presencia de Zelaya en la embajada brasileña en Tegucigalpa que, aseguró, conduce a un diálogo que antes no existía. “Brasil hizo lo correcto”, afirmó.
Reuters, AP y AFP
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TEGUCIGALPA. El gobierno de facto hondureño se encuentra ahora no sólo bajo la presión internacional, sino que ha registrado su primera fisura interna en la que fuerzas que apoyaron el golpe de Estado, exigen que se dé marcha atrás con la suspensión de las libertades civiles decretadas el domingo.
Diputados de los partidos Liberal y Nacional -que habían respaldado el derrocamiento de Manuel Zelaya el 28 de junio- pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que termine sus medidas radicales.
Micheletti suspendió el domingo por decreto la libertad de asociación y movimiento -algo que sirvió a los golpistas silenciar las marchas en su contra- y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios de comunicación leales a Zelaya.
Lo quieren de regreso
El jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, declaró que diferentes sectores sociales están buscando una salida a la crisis desatada por el golpe de Estado el 28 de junio.
“Veo que rápidamente estamos llegando a una solución, que es lo que todos estamos esperando”, dijo Vásquez, figura clave del golpe que derrocó a Zelaya del poder.
Líderes empresariales propusieron, para terminar con la crisis política, que se restituya al depuesto presidente y el envío de 3,000 soldados de las Naciones Unidas para garantizar la paz en Honduras.
El presidente de la Asociación de Industriales, Adolfo Facussé aseguró que “sólo tratamos de que la paz retorne al país. Intentamos lograr un pacto entre las partes en conflicto que han expresado su disposición al diálogo, pero no lo llevan a cabo".
La iniciativa está enmarcada dentro del Acuerdo de San José que diseñó en julio el presidente costarricense Óscar Arias.
Para los empresarios, Zelaya deberá reasumir el cargo para entregar de inmediato el poder a las fuerzas armadas y un consejo de ministros de Estado, mientras que Micheletti regresaría a su curul en el Congreso.
“Micheletti no sería un diputado más, se le designaría como congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohibe la ley’’, dijo Facussé. Micheletti era el presidente del poder legislativo cuando ocurrió el golpe de Estado.
Zelaya se sometería a la justicia que lo ha encausado por cuatro delitos: atentar contra el sistema democrático de gobierno, traición a la patria, usurpar funciones públicas y abuso de autoridad.
Insiste en la resistencia
Por su lado, Zelaya llamó en una conferencia desde la Embajada brasileña “a la resistencia en la calle (...) para que se devuelva a los medios clausurados para que puedan volver al aire”.
El gobierno de facto volvió a impedir una marcha de unos 2,000 opositores para exigir la reinstalación del Mandatario.
El canciller brasileño, Celso Amorim, defendió ante el Senado de su país la presencia de Zelaya en la embajada brasileña en Tegucigalpa que, aseguró, conduce a un diálogo que antes no existía. “Brasil hizo lo correcto”, afirmó.
Fuente- El economista
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